El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha aprobado este viernes, 27 de junio, una declaración institucional en la que manifiesta su “enorme preocupación” por el conflicto entre cinco asociaciones de jueces y fiscales y el Gobierno, que ha desembocado en la convocatoria de una huelga para la próxima semana.

Desde la Abogacía se advierte de que las posiciones enfrentadas auguran no solo tres días de paros judiciales, sino una cadena de protestas que podrían devolver a la Justicia española a un estado de parálisis. La situación se complica aún más después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya señalado que la convocatoria carece de soporte normativo, por lo que no fijará servicios mínimos ni la considerará formalmente anunciada.

“La Abogacía reclama a ambas partes que reanuden el diálogo”, señala el comunicado, en el que también se insta a todas las instituciones implicadas a ejercer su responsabilidad constitucional, ya sean legislativas, de gobierno o jurisdiccionales.

El CGAE subraya que “ni la reforma es tan urgente después de décadas con el sistema vigente, ni las huelgas deberían ser la primera respuesta ante una iniciativa política”. Además, se hace un llamamiento a la “sensatez y empatía” con los miles de profesionales y ciudadanos que pueden verse afectados por la huelga, cuya consecuencia directa sería la vulneración del derecho a una tutela judicial efectiva en plazos razonables.

“El funcionamiento de muchos juzgados ya está muy por debajo de lo aceptable. Multiplicar esas dilaciones puede tener un efecto devastador”, alerta la Abogacía.

Por todo ello, el Pleno del CGAE considera incomprensible que no se haya producido aún un acercamiento entre las partes, y recuerda que “la Justicia se defiende todos y cada uno de los días en que funciona con normalidad”. La declaración concluye con una exhortación a evitar un daño grave a un servicio “ya de por sí muy vilipendiado”.