Este lunes, el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha remitido una petición formal al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la Fiscalía General del Estado. En ella, solicita que se le comunique diariamente —antes de las 14:00 horas— el listado de jueces y fiscales que no se presenten a trabajar durante los días de huelga contra las reformas judiciales impulsadas por el Gobierno, con el fin de aplicar el correspondiente descuento salarial.
Fuentes ministeriales han indicado a Europa Press que el propósito de esta medida es "conocer el seguimiento de la convocatoria" y "detraer el salario de quienes la secunden", amparándose en que es una actuación "necesaria" para "asegurar el buen uso de los fondos públicos", ya que el Ministerio actúa como "el órgano pagador de jueces, fiscales y magistrados".
La solicitud se produce en vísperas de los paros convocados para los días 1, 2 y 3 de julio por casi todas las asociaciones de jueces y fiscales, salvo Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF). Estas protestas rechazan las nuevas reformas del Ejecutivo, consideradas un atentado contra la independencia judicial. No obstante, el ministro Félix Bolaños ha defendido que las modificaciones son "imprescindibles" para modernizar el sistema judicial.
Descuento salarial en 2018
Cabe recordar que en 2018, por primera vez, el Ministerio procedió al descuento salarial a los huelguistas. Sin embargo, la Audiencia Nacional falló posteriormente contra esta práctica, dando la razón a un juez que presentó recurso y obligando a devolver lo descontado.
Pese a que el Ejecutivo ha manifestado que "respeta las acciones convocadas para mañana por diferentes asociaciones judiciales y fiscales y a quienes se sumen a ellas, así como a los jueces, magistrados y fiscales que decidan no hacerlo", insiste en "la necesidad" de unas reformas que "modernizan" las Carreras Judicial y Fiscal "por primera vez en 40 años", especialmente en lo relativo a unas pruebas de acceso que "son del siglo XIX".
Entre las novedades previstas, el Gobierno ha subrayado que "Se trata de blindar las becas para opositores, incluir un examen escrito para medir más habilidades además de las memorísticas, garantizar que los exámenes escritos son anónimos y los orales son grabados, que los jueces que preparen a opositores se inscriban en un registro público y establecer un proceso de estabilización para juezas y fiscales sustitutas para cumplir con la UE y evitar una sanción millonaria a España por la Comisión Europea".
