La Abogacía Española ha advertido este lunes sobre las consecuencias incuestionables que ha tenido el primer día de huelga de jueces y fiscales, tanto para la ciudadanía como para los profesionales del sector. La paralización de la actividad judicial ha afectado a decenas de miles de procedimientos que, según estimaciones de la organización, no podrán resolverse a lo largo de 2025, agravando aún más el colapso de un sistema que ya arrastra casi ocho millones de asuntos pendientes.

“No contamos con cifras oficiales del seguimiento de este primer día pero los decanos me han ido trasmitiendo ya las incidencias, las suspensiones y los desplazamientos en vano que se han producido en sus territorios. Sea cual sea la incidencia de la huelga, un solo día es mucho y el impacto es grande”, afirmó el presidente del Consejo General de la Abogacía, Salvador González. En su intervención, González recordó que “el 2024 se cerró con casi ocho millones de asuntos pendientes y podríamos terminar 2025 con un panorama mucho peor”, y reclamó que las asociaciones convocantes y el Gobierno retomen cuanto antes las negociaciones para evitar un deterioro aún mayor de la justicia.

Medidas urgentes

Mientras el conflicto siga activo, la Abogacía pide que se garantice el cumplimiento de los servicios mínimos y se adopten medidas urgentes para reducir los perjuicios. Entre ellas, se reclama que las vistas y juicios suspendidos se notifiquen con antelación suficiente, que las oficinas judiciales donde el titular esté en huelga continúen tramitando asuntos con personal disponible, y que los juzgados sin huelga mantengan su actividad habitual.

Además, Salvador González instó a que se planifiquen estrategias para paliar los retrasos acumulados, como la reprogramación de vistas cuanto antes y la puesta en marcha de planes de recuperación por parte de las administraciones competentes. Estas acciones son fundamentales para compensar el daño causado a los ciudadanos, señaló. “No olvidemos que detrás de cada juicio suspendido, hay ciudadanos y profesionales de la abogacía que les acompañan que no han podido obtener hoy el derecho a la tutela judicial efectiva que les reconoce nuestra Constitución”, concluyó el presidente de la Abogacía.