El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebrará un Pleno ordinario este miércoles, en el que se confirmará a Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas, los candidatos apoyados por el sector conservador, como presidentes de las salas de lo Penal y lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS).  Ambos ya ocupaban dichos puestos de manera interina después de que las únicas contrincantes que quedaban, Ana Ferrer y Pilar Teso, decidieran retirar sus candidaturas. Este paso tiene como objetivo desbloquear el proceso de nombramientos.

La convocatoria de estas presidencias se produjo en octubre del año pasado, cuando el CGPJ abrió también la convocatoria para las otras dos presidencias vacantes del TS: las de las salas de lo Civil y lo Social. En febrero, el Consejo optó por separar estas dos vacantes, permitiendo así que el conservador Ignacio Sancho fuera nombrado presidente de la Sala Primera, mientras que la progresista Concepción Ureste asumió la Sala Cuarta, descartando a su contrincante conservador, Juan Molins.

Desde entonces, el CGPJ ha intentado varias veces avanzar en la elección de los presidentes de las otras dos salas. Estos nombramientos son de especial relevancia debido a que la Sala de lo Penal es responsable de investigar y juzgar a los aforados, lo que incluye a miembros del Gobierno, senadores, diputados, y altos cargos como el fiscal general. La Sala de lo Contencioso-Administrativo, por su parte, tiene la función de controlar la legalidad de las decisiones del Ejecutivo.

En mayo, la presidenta del TS y del CGPJ, Isabel Perelló, llevó el asunto a Pleno por tercera vez, siendo esta la primera ocasión en que se sometió a votación. El resultado fue de un empate a diez votos, con todo el bloque progresista apoyando a Ferrer y Teso, y el bloque conservador respaldando a Martínez Arrieta y Lucas, además del voto en blanco de Perelló. Ante la falta de acuerdo, Perelló decidió devolver el tema a la Comisión de Calificación para dar más tiempo a las negociaciones.

Fuentes cercanas al CGPJ señalaron que la presidenta tenía la intención de resolver este tema antes del cierre del curso judicial, pero las posiciones entre los bloques conservador y progresista seguían sin ceder. Finalmente, las propias candidatas, Ferrer y Teso, decidieron retirar sus candidaturas el pasado jueves para evitar que la falta de acuerdo resultara en un nuevo fracaso. De este modo, se evitaría que la convocatoria quedara desierta y que se abriera la puerta a otros aspirantes, prolongando aún más la situación de interinidad en dos de las salas más importantes del alto tribunal.

"Interés de servicio público"

"Dado el tiempo transcurrido sin que la convocatoria se haya resuelto, y ante la incapacidad de ese Consejo para aunar los consensos necesarios a favor de alguno de los dos candidatos en liza, el mismo interés de servicio público que me animó a presentarme a la convocatoria, me anima ahora a renunciar", señaló Ferrer en una carta dirigida a Perelló.

En la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, Ferrer explicó que "ninguna de las salas" del Supremo, "pero aún menos la Sala Segunda, dada la naturaleza de los asuntos de los que conoce, merece perpetuar su funcionamiento con una presidencia en funciones". "La confianza de la ciudadanía en sus instituciones, y en particular en el funcionamiento de los tribunales de Justicia, se debilita ante la apariencia de que los vetos ideológicos prevalecen sobre los criterios de mérito, capacidad y presencia equilibrada de hombres y mujeres en las instituciones públicas". "Mi principal impulso ha sido contribuir a mejorar el funcionamiento de la Sala, aprovechando mi experiencia jurisdiccional y de gestión, de acuerdo con el plan de actuación que acompañé a la solicitud. Me avalan más de 10 años como magistrada de la Sala y más de 40 en la judicatura, además del respaldo sin objeciones de la Sala de Gobierno de este tribunal", reivindicó.

Desde el bloque progresista, se defendió que Ferrer y Teso representaban las mejores candidatas, no solo por su programa de gobierno, sino también por su capacidad de asumir el cargo durante un mandato completo de cinco años renovables. Este aspecto era una diferencia importante con Lucas y Martínez Arrieta, quienes se jubilarán en los próximos años: en 2026 y 2027, respectivamente.

Por otro lado, los vocales conservadores, que describían a Ferrer y Teso como "las candidatas del Gobierno", destacaban la veteranía de Martínez Arrieta, número uno del escalafón judicial, y de Lucas, número tres. Ambos ya ocupan sus cargos de manera interina desde diciembre de 2022, tras la salida de César Tolosa al Tribunal Constitucional.

Sin rivales

Fuentes cercanas al CGPJ apuntaron que tanto Ferrer como Teso tomaron la decisión de retirarse por su cuenta, al darse cuenta de que no lograrían los 13 votos necesarios para obtener el cargo.

Algunas fuentes también mencionan las "presiones" que ambas candidatas habrían recibido dentro de sus respectivas salas para no competir con Martínez Arrieta y Lucas, a quienes se percibe como figuras veteranas que merecen esta culminación a sus carreras. A esto se suma el "veto encubierto" de Perelló hacia Teso, debido a una "animadversión personal ampliamente conocida", así como el temor de que, al reabrir la terna, surgieran candidatos menos idóneos desde la perspectiva progresista.

Este cúmulo de circunstancias ha allanado el camino para que Martínez Arrieta y Lucas sean confirmados en sus cargos el próximo miércoles. Se espera que la votación cuente con el apoyo unánime del bloque conservador, y posiblemente el respaldo de varios progresistas, aunque algunos de estos últimos podrían optar por manifestar su descontento votando en blanco.

En cualquier caso, se espera que la votación sea suficientemente amplia para que Perelló no tenga que visibilizar su apoyo a los candidatos apoyados por el sector conservador, pese a que los vocales progresistas le reprochan no haber respaldado con firmeza a Ferrer o Teso, particularmente a la primera.

Una treintena de nombramientos

Fuentes del ala progresista han señalado que, aunque no se plantean vetar a Martínez Arrieta y Lucas, esperan que el sector conservador valore el gesto de las dos magistradas y haga concesiones en la treintena de nombramientos pendientes, que se espera queden resueltos durante este Pleno.

El actual CGPJ comenzó su mandato hace un año, después de que el anterior Consejo estuviera más de cinco años en funciones debido a la falta de acuerdo entre el PP y el PSOE para renovarlo. Esta situación de interinidad, que se prolongó hasta marzo de 2021 debido a un cambio legal, provocó que el Consejo no pudiera hacer nombramientos discrecionales durante ese tiempo.

Como resultado, el CGPJ heredó más de cien nombramientos pendientes en la cúpula judicial, a los que se sumaron otros por vacantes generadas desde su toma de posesión. De acuerdo con datos del propio Consejo, hasta ahora se han realizado 135 nombramientos, de los cuales solo 58 han recaído en mujeres.

Esta situación también ha generado un debate sobre la aplicación de la regla de paridad, que exige un equilibrio en las designaciones de altos cargos para que ni hombres ni mujeres representen más del 60% ni menos del 40%. Mientras los progresistas defienden que esta regla debe aplicarse a cada 'pack' de nombramientos, los conservadores argumentan que debe observarse en el conjunto de la carrera judicial.