El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha hecho oficiales este jueves los nombramientos de los magistrados Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas como presidentes de las salas de lo Penal y de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, respectivamente. Ambos eran los candidatos respaldados por el sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Los nombramientos se formalizan mediante dos reales decretos firmados por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Tanto Martínez Arrieta como Lucas venían ejerciendo los cargos de forma interina desde el pasado mes de julio, tras la retirada de sus únicas rivales, Ana Ferrer y Pilar Teso, una maniobra que permitió desbloquear ambas designaciones para puestos clave en la cúpula judicial.
El CGPJ ratificó las propuestas el pasado 23 de julio. Martínez Arrieta obtuvo 15 votos, mientras que Lucas recibió 16, incluido el de la presidenta del CGPJ y del Supremo, Isabel Perelló, que votó a favor de ambos. El respaldo vino de los dos bloques, conservador y progresista, lo cual era imprescindible para que las candidaturas prosperaran, ya que se necesitaban al menos 13 votos.
Desde el sector progresista del CGPJ, se justificó el apoyo en una nota a la que tuvo acceso Europa Press, señalando que fue una muestra de "lealtad institucional" y subrayando que "en ningún momento" habían dudado de "su valía".
"Sin embargo, hemos perdido una oportunidad de marcar un antes y un después en la historia del Tribunal Supremo", lamentaron, en referencia a que esperaban que "al menos una" de las candidatas mujeres hubiera sido elegida "para hacer efectiva la ley de paridad".
"Desequilibrio" persistente entre hombres y mujeres
En ese sentido, alertaron sobre "el desequilibrio" persistente en "los puestos decisorios" y recordaron que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) obliga a que en los nombramientos discrecionales se garantice una presencia equilibrada entre hombres y mujeres, evitando que un sexo supere el 60% o quede por debajo del 40%.
El proceso se remonta a octubre del año pasado, cuando el CGPJ convocó los cuatro puestos vacantes en el Tribunal Supremo: las presidencias de las salas de lo Penal, lo Contencioso-Administrativo, lo Civil y lo Social. En febrero, el Consejo optó por separar las dos últimas para avanzar con los nombramientos. Así, Ignacio Sancho (sector conservador) fue designado para la Sala de lo Civil y Concepción Ureste (progresista) para la Sala de lo Social, dejando fuera a su competidor Juan Molins.
Desde entonces, el CGPJ realizó varios intentos hasta completar, en julio, los dos nombramientos restantes. La importancia de estas salas es estratégica: la de lo Penal tiene la competencia de investigar y juzgar a aforados —como ministros, senadores, diputados o el fiscal general—, mientras que la de lo Contencioso-Administrativo es clave para revisar judicialmente las decisiones del Gobierno a través de los recursos que se presentan.
