El portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Sergio Oliva, ha rechazado entregar al Ministerio de Justicia el "listado verificado" de los jueces y fiscales que participaron en la huelga de julio, tal como solicitó el Gobierno. Según Oliva, facilitar dicho listado podría implicar "responsabilidades penales" para las asociaciones convocantes.

"¿Cómo vamos a suministrar al Ministerio el listado de los que participaron en la huelga? Podíamos haber tenido responsabilidades penales si hubiésemos trasladado un listado", afirmó Oliva durante una entrevista con Europa Press.

El desencadenante de la polémica fue una misiva enviada el 1 de agosto por el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, a las asociaciones que convocaron la huelga del 1, 2 y 3 de julio. En su carta, Olmedo les pedía un listado de los profesionales que no acudieron a sus puestos de trabajo esos días para proceder a deducirles los salarios correspondientes.

Oliva calificó la petición de "absurda en términos jurídicos" y explicó que, desde el comité de huelga, no han respondido al requerimiento del Ministerio. "Ningún huelguista tiene obligación de informar" sobre su participación en la huelga, señaló Oliva, quien lamentó que Justicia les haya solicitado esa información.

Un enfoque de "orientación" y no de control

El portavoz de la AJFV aclaró que el comité solicitó, de manera voluntaria, que los jueces y fiscales notificaran su participación en la huelga solo con fines informativos y para conocer el alcance de la convocatoria. "Una vez finalizada la jornada de huelga, esos correos se eliminaron", detalló. A su juicio, cualquier otro uso de esa información, como el que pretende el Ministerio, podría derivar en "responsabilidades penales" para quienes organizaron el paro.

Además, Oliva recalcó que el comité de huelga no tiene funciones de "empleador/pagador", como parecía insinuarse en el texto oficial del Ministerio. Y, aunque el Gobierno podía haber descontado el salario de los huelguistas, se optó por "explotar un relato" en lugar de "enfrentarse a la verdad". "Si hay una cosa que ha quedado clara es que en el actual Gobierno son los reyes del relato", señaló Oliva. "No podemos vencer el aparato mediático del Gobierno. Tenemos que abrazar la verdad", añadió con contundencia.

Demandas de diálogo y mejoras legislativas

Oliva ha lamentado que el equipo de Félix Bolaños no haya fijado aún un calendario de negociación. "El Ministerio no nos llamó en ninguno de los tres días de huelga", ha señalado, al tiempo que ha afirmado que su deseo es que se produzca algún tipo de contacto para acercar posturas y "mejorar la ley en el trámite parlamentario".

"Entendemos que la ley, como está, tiene sombras. Creemos que estaría bien que Justicia escuchase de manera real nuestras quejas", ha manifestado. A su juicio, la reforma por la que se cambia el acceso a las carreras judicial y fiscal "es en sí mala", aunque ha reconocido que tiene "alguna luz", como el blindaje a las becas de opositores.

Para Oliva, "el punto más negativo" del texto es el proceso de estabilización de unos mil jueces "que van a entrar sin las exigencias fijadas hasta ahora". Considera que ello es "perjudicial no solo para el resto de opositores", sino también para los ciudadanos.

Respecto a la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, ha asegurado que ve "perjudicial" que se entregue "mayor poder" a la figura del fiscal general sin contrapeso dentro de la institución, en especial si finalmente las causas penales dejan de estar en manos de los jueces y recaen en los fiscales.

Preguntado sobre si hay algún punto de las reformas en el que estaría dispuesto a ceder, ha optado por no pronunciarse. Oliva ha recordado que el comité de huelga está conformado por varias asociaciones y que de cara a la negociación necesitan ser "una sola voz".

Ha reiterado que su deseo es que el Ministerio se siente con "todas" las asociaciones, incluso con las que no se sumaron a la huelga –Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Unión Progresista de Fiscales (UPF) – para mejorar las reformas.

"No hay jueces suficientes"

Para Oliva, la judicatura acumula varias necesidades "urgentes". "Con un aumento cada año de la litigiosidad, es evidente que no hay el número de jueces suficientes para dar una justicia de calidad y en un tiempo lógico", ha explicado. A su juicio, además de ser un problema para los ciudadanos lo es también "para la salud laboral de 5.500 jueces en España".

Preguntado sobre si "la mayor transformación de la justicia en décadas" que lidera Bolaños ayuda a paliar las necesidades en los juzgados, Oliva se ha mostrado reticente.

"Esa transformación supongo que se referirá a la ley de eficiencia, que tiene diferentes tiempos de aplicación y fases de entrada en vigor (...) Lo que se está produciendo ahora es un caos (...) Poco a poco supongo que se va a ir reordenando de manera natural, pero ahora mismo es mayor el caos", ha matizado.

Álvaro García Ortiz mantiene todas sus competencias

El portavoz de la AJFV también abordó la situación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien se encuentra procesado por un presunto delito de revelación de secretos. Aunque considera que este escenario no forma parte de la "normalidad", ha recalcado que "desde el punto de vista legal" el jefe del Ministerio Público "mantiene todas sus competencias".

En este sentido, ha subrayado que el procesamiento de García Ortiz "no implica su cese ni la suspensión de funciones", pero considera que "la imagen de la institución se ve dañada cuando quien la encabeza afronta un procedimiento judicial".

Quejas y denuncias contra los jueces, una práctica habitual

Por su parte, Oliva sí enmarca en la "normalidad" el que Bolaños haya presentado una queja ante el promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra el juez Juan Carlos Peinado por el interrogatorio que le practicó en el marco del 'caso Begoña Gómez', así como la queja de la exconsejera Salomé Pradas contra la juez que la investiga en la causa de la dana.

Ha recordado que "toda persona inmersa en un procedimiento judicial tiene la posibilidad de elevar queja ante el CGPJ si entiende que la labor del juez puede ser constitutiva de una infracción disciplinaria".

"Esto es muy normal, hay cientos de quejas anuales", ha apuntado; y ha defendido que éstas se tramitan con "profesionalidad". "Tengo plena confianza en el promotor y en el CGPJ", ha añadido.

La percepción de la justicia y el modelo del CGPJ

Finalmente, Oliva criticó la gestión del CGPJ bajo la presidencia de Isabel Perelló, destacando que, aunque la presidenta ha defendido a los jueces en varias ocasiones, el reparto de los nombramientos discrecionales ha sido "la crónica de un fracaso". A su juicio, el "sesgo asociativo" ha primado por encima del "mérito y la capacidad" en más de 100 nombramientos.

En cuanto a la percepción de la justicia en la sociedad, Oliva consideró "absolutamente comprensible" que los ciudadanos duden de la imparcialidad del sistema judicial, especialmente en casos políticos, dado el largo tiempo que lleva el reparto de los vocales del CGPJ entre dos partidos.

"Si dos partidos llevan 40 años repartiéndose los vocales del CGPJ que nombran a los jueces de los altos tribunales que van a enjuiciar los casos políticos, cómo no van a pensar que puede haber una influencia real o ficticia", reflexionó.

Para Oliva, la solución pasa por cambiar el modelo de elección de los vocales del CGPJ, para garantizar la independencia del Poder Judicial y restaurar la confianza de la ciudadanía.