Entra en vigor la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, cuyo objetivo fundamental es el de mejorar las condiciones de seguridad de los trabajadores y propiciar un empleo de mayor calidad en este sector.

Esta norma reconoce la subcontratación como un mecanismo empresarial legítimo, aunque establece una serie de garantías imprescindibles para evitar que se convierta en un instrumento que beneficie y fomente la precariedad laboral.

Una de las novedades de esta Ley es la limitación de la subcontratación a un solo nivel en los casos de actividades de mano de obra intensiva y hasta tres niveles para los trabajos especializados.

Además, se creará un registro de todas las empresas cuya actividad consista en ser contratadas o subcontratadas de forma habitual para la ejecución de obras, y que deberán cumplir unos requisitos mínimos para hacerlo, tales como contar con un número de trabajadores con contrato indefinido de, al menos, el 10 por ciento durante el primer año de vigencia, porcentaje que se irá incrementando progresivamente hasta el 20 y el 30 por ciento en los años siguientes.

Por su parte, las obras deberán disponer de un libro de subcontratación en el que figurarán todas las empresas que participan en los trabajos, el objeto de cada contrato, la identificación de los responsables y los planes de seguridad con los que cuenta.

La Ley trata de impedir las irregularidades y de introducir una mayor transparencia en la cadena de la subcontratación, lo que se traduce en en una mayor seguridad de los trabajadores y, en consecuencia, en una reducción de la siniestralidad laboral.

Esta Ley, que es la primera que regula en España el funcionamiento de la subcontratación, se debe fundamentalmente a amplio consenso entre los agentes sociales y las fuerzas políticas.