A menos de dos meses de la entrada en vigor de la Fase III del Tribunal de Instancia, los representantes del cuerpo de letrados judiciales alertan de que el sistema no está preparado para su puesta en marcha. Tanto el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ) como la Unión Progresista de Letrados (UPSJ) han solicitado públicamente al Ministerio de Justicia la suspensión de esta fase durante, al menos, seis meses, al considerar que no se cumplen las condiciones mínimas para una implantación efectiva.
Las asociaciones profesionales denuncian que el proceso de acoplamiento de letrados y funcionarios aún no se ha realizado en ninguno de los territorios, ni se ha aprobado la resolución definitiva que regulará sus normas. Tampoco se han nombrado los directores, jefes de área y responsables de equipos en las comunidades más pobladas, lo que impide conocer con claridad las nuevas estructuras de trabajo.
Según señalan, tampoco están definidos los protocolos de funcionamiento de las oficinas judiciales, ni se ha determinado la forma en que se organizarán los servicios comunes. Esta falta de planificación provoca, advierten, que muchos profesionales deban confirmar sus destinos sin conocer con precisión las funciones que desempeñarán, generando un perjuicio a su carrera profesional y a la especialización adquirida en sus anteriores plazas.
Carencia de medios tecnológicos y materiales
A la ausencia de planificación se suma la carencia de medios tecnológicos y materiales. Las organizaciones denuncian que no existen las adaptaciones necesarias en los sistemas de gestión procesal ni en los permisos de acceso a las aplicaciones judiciales, como el Punto Neutro Judicial, y que tampoco se ha impartido la formación específica a los equipos. Esta situación, añaden, puede comprometer gravemente la operatividad de los juzgados.
Las asociaciones recuerdan que las dos fases anteriores se desarrollaron ya con dificultades y falta de coordinación entre administraciones. Ahora, subrayan, el riesgo es mayor, puesto que la Fase III afecta a los partidos judiciales más grandes del país, donde se concentra la mayoría de la población y del volumen de trabajo jurisdiccional.
Por todo ello, CNLAJ y UPSJ solicitan al Ministerio de Justicia que utilice el mecanismo de aplazamiento previsto en la disposición transitoria quinta de la LO 1/2025, o cualquier otro que considere adecuado, para retrasar la implantación y garantizar una transición ordenada, con medios suficientes y en beneficio del servicio público de Justicia.
