El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha valorado como un “respaldo decisivo” a los principios del Estado de Derecho la condena dictada por el Tribunal Supremo contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos.
El Alto Tribunal considera probado que García Ortiz divulgó sin autorización una comunicación reservada entre un abogado y un fiscal, vulnerando el secreto profesional. A juicio del ICAM —que ejerció la acusación popular durante el proceso—, el fallo refuerza la vigencia de las garantías procesales que sustentan un proceso penal equitativo y respetuoso con los derechos fundamentales.
El decano del Colegio, en una valoración firme del pronunciamiento, subrayó que “todo sistema de justicia digno de ese nombre se sostiene sobre fundamentos que no admiten dilución: el respeto al derecho de defensa, la preservación de la confidencialidad profesional y la lealtad procesal entre partes”. En su opinión, la quiebra de estas garantías no afecta únicamente al caso concreto, sino que “debilita el modelo de justicia que consagra nuestra Constitución”.
Aplicación del principio de legalidad
El ICAM destacó que la condena al máximo responsable del Ministerio Fiscal evidencia que la ley se aplica sin excepciones, incluso cuando se trata de altos cargos públicos. Para la institución, la resolución judicial no debilita el sistema, sino que fortalece su credibilidad ante la ciudadanía.
La Junta de Gobierno quiso remarcar que el procedimiento no cuestiona la legitimidad del Ministerio Fiscal ni el trabajo de sus integrantes, y lo enmarca en una actuación “concreta y excepcional” que no empaña la labor profesional de los fiscales.
“La condena confirma que existen límites claros en el ejercicio de la función pública, y que el Estado de Derecho no es una formulación teórica, sino una práctica viva que exige responsabilidad”, concluyó la Junta. El Colegio reafirmó su compromiso de seguir defendiendo “un modelo de justicia basado en garantías, equilibrio procesal y respeto a los valores constitucionales”.
