La Asociación de Usuarios Financieros en España (ASUFIN) ha emitido una nota apropósito de la multa de la empresa intermediaria Airbnb de más de 64 millones de euros impuesta por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Su presidenta, Patricia Suárez, ha declarado que las plataformas de base tecnológica "tienen un poder amplísimo y no pueden pretender ser un mero intermediario que se lleve solo los beneficios sin asumir ninguna responsabilidad”.
Suárez aclaró que la plataforma “ha sido castigada por hacer una intermediación sin asumir ningún tipo de responsabilidad ni ejercer una labor de mínimo control de aquello que anuncia, siendo vivienda de uso turístico tratada como un producto más, debe cumplir con la ley”, al tiempo que valoró positivamente la acción ejercida por el ministerio.
En esta materia, apuntó que “la economía de la vivienda turística está desplazando a la de los ciudadanos”. Esta sanción “es un aviso para navegantes: si quieres alquilar tu vivienda en uso turístico tienes que registrarla y cumplir con la ley”.
