El magistrado del Tribunal Supremo (TS) Vicente Magro ha advertido de que en España se producen alrededor de 16.000 ocupaciones ilegales de viviendas al año y ha defendido la necesidad de aprobar con urgencia una reforma legal que permita autorizar al juez de instrucción para que, en un plazo máximo de 24 horas, pueda acordar la expulsión inmediata de los okupas.
El magistrado ha realizado estas declaraciones en L'Alfàs del Pi (Alicante), donde ha participado en el I Foro de Policía Local y Turismo, con una ponencia centrada en los aspectos prácticos de la ocupación ilegal y las viviendas turísticas.
Magro ha señalado que actualmente no existe una “legislación contundente” que permita que, en un plazo máximo de 72 horas, la vivienda sea devuelta a su legítimo propietario, según recoge el Ayuntamiento del municipio en un comunicado.
Reforma legal y papel de las administraciones
En relación con el impago de rentas, ha reconocido que existen situaciones de vulnerabilidad, pero ha subrayado que corresponde a la administración pública garantizar el acceso a la vivienda a quienes carecen de ella. En este sentido, ha afirmado que “no puede utilizarse a los propietarios privados como instrumento para resolver un problema que es responsabilidad de los poderes públicos”.
Además, ha apuntado: "Lo que no puede ser es que se esté utilizando a las personas que tienen propiedades para que las cedan a personas que no tienen vivienda. Los ciudadanos españoles no pueden tener una servidumbre obligatoria forzada por la administración".
Asimismo, ha advertido de que los propietarios se encuentran en una situación de inseguridad jurídica, ya que temen no recuperar sus viviendas en caso de impago u ocupación ilegal: "No saben cuando ponen su vivienda en alquiler si la van a recuperar cuando dejan de cobrar rentas o por si tienen una vivienda y es ocupada y no la recuperan de forma inmediata. Además, el inversor extranjero y español está dejando de invertir en vivienda para alquilar ante semejante panorama legislativo", ha sostenido.
