El nuevo decreto del llamado escudo social entrará en vigor este jueves tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y prorroga, hasta el 31 de diciembre de 2026, la suspensión de desahucios para hogares vulnerables sin alternativa habitacional cuando el propietario sea un gran tenedor o un fondo de inversión.

La norma fue aprobada en el Consejo de Ministros después de que el Congreso rechazara hace días un decreto previo que mezclaba pensiones y medidas sociales. Ahora, el texto deberá volver a pasar por la Cámara para su convalidación, con un escenario incierto: Junts ya ha anunciado su voto en contra por considerar que no protege lo suficiente a los pequeños propietarios.

Cambios clave tras el pacto con el PNV

El Gobierno ha introducido una modificación relevante: los propietarios de dos o menos viviendas no quedarán afectados por la suspensión de desahucios, incluso si el inquilino es vulnerable. En estos casos, serán los servicios sociales quienes deban ofrecer una alternativa habitacional de emergencia.

Para acogerse a la suspensión, el inquilino deberá acreditar su vulnerabilidad económica. El propietario tendrá diez días para alegar también vulnerabilidad o demostrar que posee dos o menos viviendas.

Los procedimientos ya suspendidos a fecha 27 de enero de 2026 seguirán paralizados automáticamente.

Refuerzo de vivienda social y compensaciones a propietarios

El Ejecutivo mantiene la financiación a las comunidades autónomas para ampliar el parque de vivienda social y ha reforzado las compensaciones a propietarios, con un sistema de avales dotado con 300 millones de euros.

El decreto también prorroga hasta finales de 2026 el bono social energético y la prohibición de cortar el suministro de agua, luz y gas a consumidores vulnerables.

En empleo, se mantiene la prohibición de despido en empresas que reciban ayudas públicas. En materia fiscal, el decreto introduce múltiples ajustes como los incentivos a vehículos eléctricos y puntos de recarga, deducciones por obras de eficiencia energética en viviendas y los cambios en módulos del IRPF e IVA para autónomos del sector agrícola, ganadero y pesquero, así como la exención en el IRPF por indemnizaciones de incendios forestales.

Ayudas por la DANA y financiación autonómica

El ‘escudo social’ amplía además las ayudas directas por la DANA y declara exentas en IRPF y Sociedades las concedidas por la Generalitat Valenciana.

Por último, actualiza las entregas a cuenta a comunidades y ayuntamientos, flexibiliza el endeudamiento autonómico y prorroga medidas contables para empresas afectadas por pérdidas derivadas de crisis recientes.