El Consejo de Ministros ha aprobado este martes en primera vuelta un paquete de medidas anticorrupción que refuerza las condenas a empresas implicadas y endurece el control sobre los fondos de los partidos políticos.

En rueda de prensa, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado el anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, con 84 medidas que afectan a 18 normas y que, según el Gobierno, abordan todo el ciclo de la corrupción. Entre ellas, el registro público de empresas vetadas para contratar con la Administración y el aumento de la inhabilitación máxima de 15 a 20 años, periodo en el que tampoco podrán recibir subvenciones ni beneficios fiscales.

84 medidas que afectan a 18 normas

La reforma reduce de 25.000 a 2.500 euros el umbral a partir del cual las donaciones a partidos y fundaciones deberán hacerse públicas y obliga a realizar auditorías externas independientes, cuyo incumplimiento constituirá infracción grave o muy grave. La multa por ocultar donaciones podrá alcanzar el doble del importe no declarado.

El texto prevé además la creación de la Agencia Independiente de Integridad Pública, que integrará organismos existentes y coordinará la protección de los intereses financieros de la Unión Europea, así como la ampliación de la prescripción de los delitos de corrupción de 5 a 7 años.

El Gobierno quiere reforzar la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos para permitir embargos desde el inicio de la investigación e introducir figuras como el decomiso sin condena o el decomiso de riqueza no justificada. También impulsará la conexión de bases de datos, el uso de la herramienta Minerva y sistemas de análisis avanzado e inteligencia artificial en contratación pública y subvenciones.

Previsión de aprobación

El Ejecutivo confía en reunir apoyos parlamentarios —especialmente para la nueva agencia— y prevé aprobar de nuevo el texto en el Consejo de Ministros antes de Semana Santa para iniciar después su tramitación en las Cortes.