La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha recuperado para las arcas públicas 1.015.379,28 dólares (878.735,85 euros) tras la subasta de dos apartamentos en Miami (Estados Unidos) embargados en el marco de la ejecutoria de la sentencia por la pieza 1 del denominado ‘Caso Cooperación’.
Las gestiones del Alto Tribunal valenciano con las autoridades estadounidenses, llevadas a cabo durante años en coordinación con la magistrada española de enlace en ese país, se intensificaron en las últimas semanas y han permitido culminar el proceso.
El Tesoro norteamericano transfirió el dinero a la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales el pasado viernes.
La cuantía se destinará a liquidar las responsabilidades fijadas en esta pieza del Caso Cooperación, en la que fueron condenados en 2015 siete acusados, entre ellos el exconseller de Inmigración y Ciudadanía Rafael Blasco, a penas de entre dos y seis años y medio de prisión por delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental.
Los hechos se referían al desvío de subvenciones públicas destinadas a mejorar las condiciones de vida de comunidades rurales en Nicaragua.
Solo llegó el 3% del dinero
Según establecieron el TSJCV y posteriormente el Tribunal Supremo, de los 1,6 millones de euros invertidos por la Generalitat Valenciana en esos proyectos solo llegó a su destino el 3%, exactamente 47.953 euros.
El 97% restante fue utilizado por los condenados para adquirir y reformar inmuebles en Valencia.
Embargos para cubrir responsabilidades
El Tribunal Superior de Justicia embargó en su momento diversos bienes para cubrir las responsabilidades derivadas de la causa, lo que permitió resarcir ya a la Administración autonómica con 633.123,55 euros.
Entre esos bienes figuraban los dos apartamentos de Miami propiedad de uno de los condenados, Augusto César Tauroni, cuya subasta ha permitido recuperar ahora otros 878.735,85 euros.
Para completar la ejecución de la sentencia, la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV ha acordado librar oficio al Tribunal de Cuentas para que informe de la cantidad exacta que aún queda pendiente de reintegrar a la Generalitat Valenciana.
