Las cuatro asociaciones de jueces han reclamado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la aplicación de la ley de prevención de riesgos laborales a jueces y magistrados, anunciando que utilizarán "todos los cauces institucionales" para exigir el cumplimiento de la normativa.
Así han reaccionado la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia y el Foro Judicial Independiente (FJI) tras el rechazo del Pleno del CGPJ a la propuesta de uno de los vocales esta semana, que reclamaba una política de prevención de riesgos laborales para la carrera judicial.
En su lugar, el órgano de gobierno de los jueces sacó adelante una propuesta en la que "no considera aplicable la normativa de prevención de riesgos laborales a jueces y magistrados", según las entidades firmantes.
Las organizaciones rechazan el acuerdo argumentando que el propio CGPJ "desconoce" su propia posición al respecto, puesto que, dicen, en el plan de prevención de riesgos laborales de la carrera judicial que aprobaron se especifica que el CGPJ "regulará la carga de trabajo a efectos de salud laboral".
Afirman, asimismo, que el acuerdo contradice la doctrina de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que en la resolución de un recurso de las cuatro asociaciones declaró que el CGPJ "ha asumido la obligación de regular la carga de trabajo a efectos de salud laboral" y que esa obligación "no es un compromiso meramente político o futuro".
Regulación
Las entidades ven "incompatibilidad" en el acuerdo del Pleno y los "compromisos" del CGPJ en materia de prevención y considera "imprescindible" que el órgano de gobierno de los jueces "reoriente su actuación en esta materia" para "alinearse con la ley de prevención de riesgos laborales, con el reglamento de la carrera judicial y con la doctrina de la Sala de lo Social del Supremo, avanzando así hacia "una regulación efectiva de las cargas de trabajo a efectos de salud laboral".
"Utilizaremos los cauces institucionales de forma proporcionada y leal al marco constitucional para exigir el cumplimiento efectivo de la normativa de prevención de riesgos laborales. (...) Sin condiciones de trabajo seguras, con cargas de trabajo reguladas y evaluadas preventivamente, no hay protección real de la integridad física y moral de jueces y magistrados, ni tampoco una independencia judicial materialmente garantizada", zanjan.
