La Asociación Profesional de Letrados de la Administración de Justicia (PROLAJ) ha celebrado su I Congreso Nacional bajo el lema La Justicia como motor del cambio, un encuentro que ha reunido en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) a destacados representantes del ámbito judicial, político y académico.
El congreso, inaugurado el jueves 26 de marzo, contó con la participación del decano del ICAM, Eugenio Ribón Seisdedos; el presidente de PROLAJ, Alejandro Asensio Muñoz; el director general de Infraestructuras Judiciales de la Comunidad de Madrid, Pablo García Valdecasas; y el presidente territorial de PROLAJ en Madrid, Adrián Gómez Linacero.
Durante la apertura, Gómez Linacero subrayó una de las ideas centrales del encuentro: la necesidad de una justicia “predecible, eficaz y ágil” como condición imprescindible para el desarrollo económico, la cohesión social y la confianza ciudadana.
En la cita, PROLAJ reconoció con el Premio al Compromiso Social y Legal a Cristina Sancho Ferrán, presidenta del Patronato de la Fundación Aranzadi LA LEY y directora de Corporate Affairs & PR Manager de Karnov Group. El galardón le fue entregado por Isabel Perelló, presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (C.G.P.J.) durante la clausura. Sancho destacó el protagonismo de los letrados de la administración de justicia en la implantación de los nuevos Tribunales de Instancia, un colectivo profesional "que conoce primera mano las fortalezas y las debilidades del sistema de Justicia, y cuyo punto de vista es imprescindible para entender en toda su dimensión el funcionamiento de nuestros tribunales".
Llamamiento al consenso y a reformas estructurales
La sesión inaugural reunió también a figuras clave como las exministras y exministros de Justicia Pilar Llop y Juan Carlos Campo, junto a los exfiscales generales del Estado Eduardo Torres-Dulce y Consuelo Madrigal. Todos coincidieron en la necesidad de impulsar reformas estructurales, superar la actual crisis institucional y recuperar la cultura del consenso para garantizar leyes rigurosas.
Asimismo, se puso el foco en la digitalización y en la redefinición del papel de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) dentro del sistema judicial.
La ejecución judicial, uno de los grandes retos
Uno de los bloques más críticos del congreso abordó la ejecución en el proceso judicial. Representantes del ámbito de la procura y expertos jurídicos coincidieron en señalar las carencias del sistema actual, respaldadas por datos empíricos.
En este sentido, se reclamó una mayor atribución de competencias en ejecución, siguiendo modelos de otros países europeos, así como una mayor eficiencia mediante la participación de entidades especializadas.
Gómez Linacero incidió además en el impacto directo de la ejecución en la economía, defendiendo medidas como la automatización de procesos y la obligatoriedad de aportar el número de cuenta en la demanda para agilizar pagos extrajudiciales.
Más visibilidad y modernización tecnológica
El papel de los medios de comunicación en la percepción de la justicia también fue objeto de debate. Periodistas especializados coincidieron en la necesidad de dar mayor visibilidad a la figura del LAJ en la sociedad.
Por su parte, la mesa dedicada a la inteligencia artificial y la automatización dejó claro que ambas son ya una realidad en la Administración de Justicia. Los participantes insistieron en la importancia de implementar herramientas tecnológicas seguras que permitan un uso responsable.
Debate político y divergencias sobre el modelo judicial
La segunda jornada estuvo marcada por el debate entre representantes políticos de los principales grupos parlamentarios. Las posiciones evidenciaron diferencias en torno al modelo de justicia, el papel de los MASC (métodos alternativos de solución de conflictos) y el grado de modernización del sistema.
Mientras algunos partidos criticaron la falta de consenso o la politización de la justicia, otros defendieron los avances en modernización y la necesidad de fomentar una cultura de acuerdo.
Propuestas para mejorar seguridad jurídica y carrera profesional
El congreso abordó también cuestiones como el régimen de costas procesales, donde se debatió la posibilidad de regular los honorarios mediante un sistema arancelario, y la carrera profesional en la Administración de Justicia.
En este último ámbito, se reclamó una estructura más definida que incentive la productividad y establezca con claridad las funciones y competencias dentro del sistema.
Reconocimientos y clausura institucional
Durante el encuentro, PROLAJ entregó el Premio Ars Iuris a la Excelencia Jurídica al magistrado del Tribunal Constitucional Enrique Arnaldo Alcubilla.
En la clausura, celebrada el viernes 27 de marzo, se reconoció la trayectoria de María Jesús Fraile Martín, secretaria de Gobierno de la Audiencia Nacional, y el compromiso social y legal de Cristina Sancho Ferrán, presidenta del Patronato de la Fundación Aranzadi.
El acto contó con la intervención de la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló Doménech, junto a representantes del ICAM y de PROLAJ, en un cierre marcado por la reivindicación del papel esencial de los LAJ en el sistema judicial.
