El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, defendió ante la Cámara este real decreto, en el que se establece un mecanismo al que podrán acogerse los proveedores que tengan obligaciones pendientes de pago con entidades locales o cualquiera de sus organismo y entidades dependientes.

 

Además, las obligaciones de pago deben reunir varios requisitos: ser vencidas, líquidas y exigibles; anteriores al 1 de enero de 2012; y que se trate de contratos incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

El mecanismo de financiación implica, además, una operación de endeudamiento a largo plazo y la obligación por parte de las entidades locales de aprobar un plan de ajuste que garantice la sostenibilidad financiera de la operación. 

 

Finalmente, el texto también establece la obligación de remisión de información por parte de las entidades locales con el objetivo de identificar el volumen real de deuda con sus proveedores. Dicha información tendrá que ser certificada previamente por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. A partir de ese momento, las entidades locales podrán bien satisfacer sus deudas o bien acudir a una operación financiera. 

 

Pese a que algunos grupos parlamentarios han pedido que este Real Decreto-Ley se tramitara como proyecto de ley, la propuesta ha sido rechazada por el pleno con 177 votos en contra, 140 a favor y 4 abstenciones.