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09/07/2012 08:20:00 Consejo de Ministros Plan Anual de Política de Empleo 7 minutos

El Gobierno aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2012

Los objetivos del Plan, dotado con 1.318 millones de euros, son reducir la tasa de desempleo juvenil, apoyar a los emprendedores y a los colectivos con más dificultades para acceder al empleo y luchar contra el fraude laboral. El Gobierno también ha estudiado un informe sobre la reforma del Consejo General del Poder Judicial.

El Plan Anual de Política de Empleo para el año 2012 mejorará la coordinación entre las distintas administraciones para lograr la inserción de los desempleados en el mercado de trabajo. El texto recoge una serie de acciones y medidas de políticas activas de empleo que desarrollarán las comunidades autónomas.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado como principal novedad que se incluyen por primera vez mecanismos de control y de explicación a posteriori del empleo de los fondos y de los efectos de la inversión para "la formación y la creación de empleo".

Los objetivos prioritarios del plan son: reducir la tasa de desempleo juvenil; mejorar la empleabilidad de los colectivos más afectados por el paro; apoyar a los emprendedores; fomentar la participación publico-privada para potenciar mecanismos de búsqueda de empleo; apoyar específicamente a los colectivos que tienen más dificultades para acceder al empleo; como los discapacitados, y luchar contra el empleo sumergido.

La vicepresidenta ha concretado que se distribuirán 966 millones de euros para reforzar la formación de trabajadores y desempleados y 318 millones para medidas de fomento del empleo como la orientación profesional, acciones concretas para colectivos con dificultades, el autoempleo y la creación de empresas. Otros 30 millones se destinarán para mejorar los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas, y cuatro millones para favorecer la flexibilidad en el sector.

Inmuebles patrimonio del Estado

El Consejo de Ministros ha analizado un informe sobre el grado de cumplimiento del Plan de racionalización del uso de inmuebles de Patrimonio del Estado, que persigue reducir el gasto en alquileres, optimizar el uso del espacio y mejorar el rendimiento del patrimonio inmobiliario.

La vicepresidenta ha subrayado que "se está procediendo por primera vez en la historia de la Administración General del Estado a tener un inventario detallado de las características de los 53.662 inmuebles, entre rústicos y urbanos, que tiene el Estado y de los 1.380 inmuebles arrendados". "Tendremos por primera vez información sobre su uso, gastos de mantenimiento y de conservación", ha añadido.

Soraya Sáenz de Santamaría ha avanzado que en el periodo comprendido entre 1 de enero y 2 de julio de 2012 se han tramitado expedientes que suponen un ahorro neto de 17.310.145 euros mediante dos actuaciones: la resolución de 61 contratos de arrendamiento y la negociación a la baja de 58 contratos. "Se ha obtenido prácticamente en la rebaja de los contratos de alquiler una media de un 20% respecto al precio pagado anteriormente".

Por otra parte, la vicepresidenta ha explicado que el Gobierno está llegando a acuerdos con otras administraciones públicas para que las fincas rústicas puedan ofertarse a pequeños agricultores.

Reforma del Consejo General del Poder Judicial

El Gobierno ha analizado un informe sobre la reforma del Consejo General del Poder Judicial elaborado por una comisión de expertos.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallarón, ha explicado que el Gobierno comenzará inmediatamente las conversaciones con los grupos parlamentarios para buscar el mayor consenso posible: "Pensamos que sería extremadamente positivo que la reforma tuviera un máximo consenso parlamentario y eso le daría una garantía de permanencia al margen de cuál sea la voluntad de los electores en cada una de las sucesivas convocatorias electorales".

Además, según el ministro, tras los acontecimientos ocurridos recientemente en el propio Consejo General del Poder Judicial ese consenso "contribuiría de una forma muy importante al reconocimiento del profundo valor institucional que tiene este órgano".

Conclusiones de los expertos

Las conclusiones de la comisión de expertos señalan que las dos fórmulas utilizadas hasta el momento para la elección de vocales del Consejo son plenamente constitucionales, tanto si la elección de los 20 miembros se produce por el Parlamento, como si el Parlamento elige ocho y los jueces y magistrados los doce restantes.

Alberto Ruiz Gallardón ha señalado que la comisión propone, como novedad, que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial tengan dedicación exclusiva y que los 20 vocales sigan ejerciendo su profesión. Solo percibirán dietas por participar en las sesiones del Consejo que les correspondan. La comisión de expertos, piensa que este sistema, vigente en otros organismos, es el más adecuado para conseguir una máxima eficiencia en el funcionamiento del propio Consejo.

En opinión del ministro de Justicia esta media aumentará el número de personas que estarán dispuestas a formar parte del Consejo porque no les supondrá dejar sus carreras profesionales y "se enriquecerá su calidad jurídica" al prestar su servicio al Estado.

Para ser elegido presidente será necesario ser magistrado del Tribunal Supremo con una antigüedad de tres años o ser jurista de reconocido prestigio con 25 años de experiencia. "De esta manera estamos llevando la excelencia a la presidencia del Tribunal Supremo", según Ruiz Gallardón.

Otra novedad es que se crea la figura del vicepresidente del Tribunal Supremo, que no forma parte del Consejo, pero sustituiría al presidente. "De esta forma se evitan situaciones de dualidad, como la que estamos viviendo, puesto que los sustitutos del Consejo y del Supremo son distintos", ha apuntado el ministro.

Por otra parte, el estudio establece que el Consejo estará sometido en la Ley de Transparencia en los mismos términos que está previsto para el resto de los órganos institucionales.Aunque mantiene la autonomía presupuestaria, no podrá establecer retribuciones o dietas y estará sometidos al control de la Intervención General del Estado y del Tribunal de Cuentas.

Además, los expertos sugieren que el Consejo General del Poder Judicial elabore el primer presupuesto en base cero, por lo que se tendrán que justificar todas las necesidades de la institución.

Alberto Ruiz Gallardón ha indicado que otra novedad sería la simplificación del sistema de mayorías para la toma de decisiones.

Asuntos de actualidad

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta ha señalado que se están evaluando los daños ocasionados por los graves incendios producidos en la zona de Levante; entre ellos, los propagados en Cortes de Pallás y Andilla, en la provincia de Valencia. Soraya Sáenz de Santamaría ha transmitido a los afectados el apoyo y reconocimiento del Gobierno.

Además, la vicepresidenta ha felicitado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por la recuperación del Códice Calixtino y ha anunciado que le presidente Mariano Rajoy entregará el domingo el Códice en la catedral de Santiago de Compostela.

La vicepresidenta ha recomendado tener "la cabeza fría" y mucha prudencia a la hora de valorar los vaivenes a los que está sometida la prima de riesgo española. "Hay que mirar todo con un horizonte de serenidad, tanto en la parte ascendente como en la descendente" y seguir trabajando en cumplir los compromisos marcados por el Consejo Europeo de la pasada semana.

Preguntada por las próximas reformas que va a acometer el Gobierno, Sáenz de Santamaría ha afirmado que el Ejecutivo seguirá con "el proyecto reformista que le llevó a ganar las elecciones" y tomará las decisiones que considere "imprescindibles" para volver a crecer y crear empleo.

Respecto a las filtraciones sobre el expediente de regulación de empleo presentado por el PSOE, la vicepresidenta ha dicho que corresponde al Gobierno, como en el caso de cualquier otra empresa, velar por el cumplimiento de la legalidad y de los derechos de los trabajadores. Sobre las filtraciones de datos publicados por diversos medios de comunicación, Sáenz de Santamaría ha dicho que esto mismo ha sucedido con los ERES de otras muchas empresas.

En cuanto a la Ley de Bases de Régimen Local, la vicepresidenta ha explicado que el Consejo de Ministros ha conocido hoy un primer borrador y que cuando tenga rango de anteproyecto, este mes de julio, se dará a conocer. Su objetivo está en la línea de racionalizar el marco competencial y financiero de las administraciones locales.

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