El Ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, acomete la organización de la Abogacía del Estado en el ámbito autonómico, con la creación de la figura de un Abogado del Estado-Jefe de Comunidad Autónoma. Este nuevo perfil se crea como una instancia funcional de auxilio a la propia Abogacía General del Estado y de apoyo y coordinación de las Abogacías del Estado provinciales, con funciones de asesoramiento especial al Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma.

La Orden 1492/2007 de 21 de mayo, publicada hoy en el BOE, indica que la organización de la Abogacía del Estado responde a la necesidad de adecuar este servicio a la lógica del Estado de las Autonomías, con el objetivo de racionalizar la gestión y coordinación de los asuntos derivados de las mismas. La nueva organización permite adaptar este servicio público tanto a la estructura periférica de la Administración General del Estado, en la que prevalece la figura institucional de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma, como a aquello que representa el hecho autonómico en el ejercicio de las competencias del Estado; teniendo en cuenta la circunstancia relevante de que son los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas quienes culminan la organización jurisdiccional de índole autonómica.

Además del asesoramiento especial al Delegado del Gobierno, que será permanente, directo e inmediato, y de la asistencia a las Comisiones Territoriales, los Abogados del Estado-Jefes de Comunidades autónomas desarrollarán sus funciones en dos ámbitos: la gestión de los denominados asuntos “supraprovinciales” de cada Comunidad y la coordinación y el apoyo a las Abogacías del Estado provinciales, tanto en relación a los criterios de actuación como en los medios personales y materiales.

El puesto de trabajo del Abogado del Estado-Jefe en el territorio de una Comunidad Autónoma sustituye al de Abogado del Estado Jefe en la provincia donde tenga su sede la Delegación del Gobierno, asumiendo sus competencias y funciones.

La cifra total de pleitos en los que intervino el Servicio Jurídico del Estado en 2006, fue de unos 125.000. En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, por ejemplo, se gestionaron 80.000 procesos, con un porcentaje de éxito aproximado del 80%.

En la actualidad el Cuerpo de Abogados del Estado en activo para la representación y defensa en juicio y el asesoramiento de las distintas Instituciones Estatales, Gobierno, Departamentos Ministeriales, Organismos Autónomos, Agencias Estatales, Empresas de capital público y Entidades de Derecho Público consta de 341 Abogados.