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09/07/2013 04:19:00 Redacción NJ Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal 3 minutos

La nueva Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal empezará a funcionar este año

La finalidad de esta institución, independiente y con autonomía funcional, será la supervisión global de todas las Administraciones Públicas, y garantizar el cumplimiento efectivo de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

La nueva Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRF) empezará a funcionar a finales de este año, tras la aprobación de la Ley Orgánica que desarrolla su creación, aprobación prevista para el mes de octubre o noviembre.

Esta es, al menos, "la idea" que tiene el Gobierno, después de que el anteproyecto de ley orgánica recibiera, el pasado 28 de junio, luz verde en el Consejo de Ministros y se haya remitido al Congreso, como ya informamos en Noticias Jurídicas. De esta forma, si se cumplen los plazos fijados, la autoridad fiscal podrá pronunciarse sobre los presupuestos de este año, a partir por ejemplo de las estadísticas de ejecución, mientras que el próximo ejercicio podrá valorar la totalidad de las cuentas públicas.

Así lo ha destacado en Santander la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, Marta Fernández Currás, durante una conferencia que ha versado sobre el anteproyecto y con la que ha inaugurado un curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) centrado en este organismo, que supone 'Un reto para la economía española'.

En su intervención, Fernández Currás ha destacado que esta institución independiente  velará por el cumplimiento de las reglas y la definición de "rigurosas" políticas fiscales, lo que a su vez contribuirá a asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas y, también, a reforzar la "credibilidad" de las medidas adoptadas.

Intérprete para los ciudadanos en materia de información económico-financiera de las administraciones públicas

Además, Fernández Currás ha señalado que la nueva autoridad fiscal será un "intérprete" para los ciudadanos en materia de información económico-financiera de todas las administraciones públicas. Así, ha detallado que sus representantes serán escogidos entre personalidades de reconocido prestigio, y ha precisado que ni el presidente --cargo que deberá ser aceptado por las Cortes Generales e incompatible con cualquier otra actividad--, ni el personal de la entidad podrán solicitar o aceptar instrucciones de ninguna entidad pública o privada. Así, su adscripción al Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas es meramente formal.

Además, la fuente principal de financiación será una tasa que habrá de ser satisfecha por las administraciones públicas sometidas a supervisión, lo que fortalecerá la autonomía e independencia del ente. Entre sus principales funciones estará la evaluación de las previsiones macroeconómicas del Gobierno que sirven de base para el proceso presupuestario y el seguimiento del cumplimiento de las reglas fiscales.

En este sentido, ha indicado que el anteproyecto cumple con las expectativas de consenso en el ámbito internacional. La secretaria de Estado recordó también que el proyecto de ley orgánica para la creación de la autoridad fiscal ha sido sometido a las observaciones de las instituciones nacionales e internacionales, así como al dictamen del Consejo de Estado.

30.000 millones de reducción de gastos en las administraciones públicas

En este sentido, ha añadido que en un entorno económico "tremendamente desfavorable", con una disminución del PIB de 1,4% durante el ejercicio 2012, el déficit en términos de contabilidad nacional, sin tener en cuenta las ayudas al sistema financiero, se ha reducido en dos puntos del PIB, pasando del 9% al 7%.

A ello se suma que todas las administraciones territoriales han participado en esta reducción, ha apuntado Fernández Currás, para destacar que el déficit en el conjunto de todas ellas se redujo en 22.000 millones de euros el año pasado.

En este punto, ha resaltado el esfuerzo total realizado, que ha ascendido a 40.000 millones de euros, de los cuales cerca de 30.000 millones han correspondido a una reducción de gastos en las administraciones públicas "sin precedentes" y algo más de 10.000 millones se han debido a un "esfuerzo adicional" pedido a la sociedad mediante la adopción de medidas tributarias. (EUROPA PRESS)

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