El gasto en políticas de Justicia se situará en 1.500,75 millones de euros en 2014, lo que representa una caída del 2,7% respecto al año anterior. El presupuesto en Justicia Gratuita y en atención a víctimas de delitos violentos o sexuales se mantiene, aunque disminuye la inversión en nuevas tecnologías u obras en edificios judiciales.

El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) dedica una dotación de 1.442,80 millones de euros para que el Ministerio de Justicia desarrolle esta política, y de 57,96 millones para que lo haga el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El grueso del presupuesto se destina, como es habitual, a gastos de personal, que decrecen de 1.259 a 1.227 millones de euros. El Gobierno contempla la convocatoria de oposiciones de ingreso a las Carreras Judicial y Fiscal para dar cabida a 50 nuevos aspirantes --30 plazas en lo judicial y 20 en la fiscal-- y tiene en cuenta que se incorporarán 204 nuevos jueces a la Escuela Judicial el próximo año.

Para afrontar la reforma del Registro Civil y las actuaciones competenciales de los Registros Vinculados con la Fe Pública, la asignación presupuestaria se eleva a 24,46 millones de euros.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha mantenido en 34,15 millones de euros la partida dedicada a sostener el sistema de asistencia jurídica gratuita para que se beneficien las personas que acreditan una insuficiencia de recursos económicos o están incluidas entre los colectivos beneficiados por la ley. Justicia revisará el modelo para hacerlo "más eficiente" y comprobará la "existencia real de este derecho, imposibilitando el fraude".

La contribución del Estado permanece también intacta en materia de asistencia jurídica y psicológica a víctimas de delitos violentos y sexuales y violencia doméstica, que cuenta con una dotación de 1.18 millones de euros.

Recorte en implantación de nuevas tecnologías en los Juzgados

En el otro extremo, el dinero que el Estado transferirá a la implantación de nuevas tecnologías en los juzgados se sitúa en los 43,3 millones de euros. Esta partida ya sufrió un pequeño recorte el pasado ejercicio cuando pasó de 53,57 a 52,15 millones.

El total de los créditos asignados a equipamiento e infraestructura alcanza la cifra de 18,25 millones. En 2013, se contempló una dotación inicial de 22,5 a las obras de rehabilitación y ampliación de la Audiencia Nacional y otras sedes judiciales.

Obras en sedes judiciales

En 2014, continuará la ejecución de la obra de rehabilitación en la Audiencia Nacional, así como las obras de mejora en el Palacio de Justicia de Soria, "previas a la intervención integral prevista para ejercicios futuros", y se entregarán los proyectos de Valladolid, Badajoz, Ibiza y Guadalajara.

El Ejecutivo seguirá desarrollando planes de optimización de los espacios disponibles e incorproando medidas que permitan obtener un ahorro energético.

El CGPJ y el TC también ven reducidas sus dotaciones presupuestarias

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sufrirá un recorte del 7,7 por ciento en 2014, al pasar de 62,7 a 57,8 millones de euros.

La contención del gasto también se revela en otros aspectos, como la variación de los horarios del comienzo de las acciones formativas de los jueces con el objetivo de "disminuir los gastos de alojamiento y manutención". "Sin perjuicio de la disminución general que se ha producido en los cotes de alojamiento en Madrid", recoge el articulado. 

El proyecto de ley de Presupuestos para el próximo año recoge además una disminución del 2,7 por ciento en la partida dedicada al Tribunal Constitucional, que dispone de 23,57 millones de euros frente a los 24,24 millones del ejercicio anterior.

Con todo, el Gobierno mantiene el salario de los presidentes que dirigen ambas instituciones. Si el presidente del órgano de gobierno de los jueces cobra 130.152 euros, su homólogo en el Alto Tribunal recibe un total de 129.271,46 euros.

Las retribuciones de los vocales del Consejo del Poder Judicial quedan congeladas en los 112.249,60 euros y la del secretario general en 109.662 euros al año. Sin embargo, el próximo Consejo será más austero ya que la mayoría de sus miembros compaginará el cargo con el ejercicio de su profesión, percibiendo dietas por la asistencia a plenos.

Por su parte, el presidente del Tribunal de Cuentas, el presidente de Sección y los consejeros cobrarán un salario anual de 112.578,34 euros, mientras que el secretario general de esta institución será remunerado con 96.921,72 euros. (EUROPA PRESS)