El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo sobre el balance de los casi tres años de aplicación de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Entre las acciones que impulsa la Ley se encuentra el garantizar la asistencia social integral de las mujeres víctimas de violencia y la creación de un servicio de teleasistencia móvil servicio, que en estos momentos cuenta con 5.436 usuarias y con 660 corporaciones locales adheridas al programa.
La preocupación del Gobierno por proteger y combatir de forma efectiva estas agresiones a los derechos y libertades de las mujeres se ha visto claramente reflejada, no sólo en el importante incremento de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -1.392 en los casi tres años de aplicación de la Ley, un 87,6 por 100 más- sino en su especialización en la problemática de la violencia de género. La mejora de la formación de otros profesionales que también intervienen en la lucha contra la violencia de género, como profesores, médicos, jueces, fiscales y forenses es otra de las iniciativas puestas en marcha como consecuencia de la aplicación de la Ley.
Igualmente, la implantación de Juzgados específicos –en este momento 459 Juzgados de violencia y cuarenta Juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer- y el nombramiento de Fiscales delegados en todos los Tribunales Superiores de Justicia, Audiencias Provinciales y la Audiencia Nacional –un total de cincuenta- y su coordinación mediante la Fiscalía de Sala Delegada contra la Violencia sobre la Mujer, son algunas de las medidas más destacadas adoptadas en materia de justicia. Además, se han creado veintitrés unidades de valoración integral forense de los riesgos de las mujeres victimas de violencia de género de los menores y de los agresores y existe una garantía plena del derecho de asistencia letrada gratuita.
804 mujeres han recibido ayuda para hacer un cambio de residencia y a 8.223 se les ha reconocido el derecho a percibir la Renta Activa de Inserción de enero de 2005 a junio de 2006, como consecuencia de la protección y garantía de los derechos laborales de las mujeres víctimas de malos tratos reconocidos por la norma.
Además de la puesta en marcha de la Comisión contra la Violencia de Género del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se ha experimentado una profunda implicación de los profesionales sanitarios en la detección y tratamiento de las consecuencias de la violencia contra la mujer. Igualmente, el sistema educativo ha comenzado su adaptación a las exigencias que marca la Ley.
La Creación de la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer y del Observatorio Estatal ha venido a reforzar la tutela institucional de las mujeres frente a la violencia machista, así como a mejorar la coordinación de las actuaciones de las diferentes administraciones en esta materia. Concretamente, la Delegación Especial se ha personado en más de sesenta causas penales desde su creación.
Como continuación de sus acciones en este sentido, el Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género (2007-2008) y el Catálogo de Medidas urgentes contra la Violencia de Género. Con la puesta en marcha de estas iniciativas se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3.1 de la Ley Integral contra la Violencia de Género.
