Los ministerios de Interior, Empleo y Justicia trabajarán con Vicepresidencia del Gobierno, para estudiar las posibles medidas a adoptar para negar el acceso a prestaciones sociales del Estado a etarras que no se han arrepentido de sus crímenes ni han pagado sus indemnizaciones. Estos son los dos requisitos que ha establecido la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Ha argumentado que si la Administración Pública hace "un esfuerzo de solidaridad en general con personas con necesidad económica", que al menos "se les puedan exigir estos compromisos como arrepentirse de los crímenes o tener satisfechas sus responsabilidades civiles".
En ese sentido, ha reconocido la existencia de "un grupo de trabajo interministerios" que analiza si estas prestaciones asistenciales, dentro de la Constitución Española, se puede condicionar su obtención al cumplimiento de estos compromisos legales o de arrepentimiento. "En ese punto estamos", ha dicho después de que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz avanzase ayer esta iniciativa tras la petición formulada en este sentido por UPyD en el Congreso de los Diputados.
Además, la vicepresidenta ha añadido que Inés del Río aún debe al Estado 253.000 euros que no están prescritos. Desde el Ministerio del Interior cifran en 19 millones de euros la deuda total que el Estado tuvo que asumir por las acciones terroristas de esta etarra. Ese dinero fue en su día anticipado por la Administración para hacer frente al pago de las indemnizaciones para sus víctimas ya que la terrorista se declaró insolvente.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha insistido en que esa cantidad corresponde a la parte que aún no ha prescrito. Por esta razón se van a bloquear los 31.500 euros con los que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo condenó a España a pagar a la etarra por haber permanecido cinco años de mas en prisión por la aplicación de la doctrina Parot.
"No es que no se vaya a cumplir la sentencia de Estrasburgo, se va a compensar como consecuencia del embargo que el Estado puede hacer de los bienes de Inés del Río, esa deuda que ella tiene con el Estado computará como reducción de deuda", ha explicado el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.
Las asociaciones de jueces divididas ante la aplicación de esta reforma
Las asociaciones de jueces tienen puntos de vista distintos sobre las posibilidades de aplicación de una reforma legal para que los etarras --y otros criminales-- que no se arrepientan y no paguen su responsabilidad civil no puedan recibir prestaciones sociales del Estado.
Para el presidente de la Asociación Foro Judicial Independiente, Ángel Dolado, este tipo de medidas "se tienen que mantener" porque sino se incumple claramente la Ley. Según él, "uno de los principios básicos de la reinserción" es precisamente esta ayuda económica, y por este motivo, "una interpretación restrictiva" sería contraria a la legislación penitenciaria.
Además, ha manifestado que la medida anunciada no podría aplicarse retroactivamente. "Ninguna ley que suponga restricción de derechos a los ya contemplados se puede aplicar en naturaleza penal o penitenciaria con carácter retroactivo, nunca", ha explicado.
Medida de dudosa constitucionalidad
Según el portavoz de la asociación Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, esta medida sería "de dudosa constitucionalidad" porque, en su opinión, hay que tener en cuenta que son ayudas que "están destinadas a todos los penados con la finalidad de provocar su reinserción".
En este sentido, Bosch ha manifestado que "hay que recordar que el artículo 25.2 de la Constitución establece que las penas privativas de libertad estarán orientadas hacia la reinserción social de los reclusos". "El hecho de que se facilite la reinserción de unos y de otros no, podría vulnerar el principio de igualdad", ha advertido.
Asimismo, JpD considera que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha remarcado una cuestión esencial a través de su resolución sobre la etarra Inés del Río y es que "no vale todo para luchar contra los delitos de terrorismo". "El Estado de Derecho tiene una serie de principios que no se pueden vulnerar", ha señalado.
Sobre la posibilidad de aplicar una medida de estas características con efecto retroactivo, Joaquim Bosch ha declarado que "el carácter retroactivo todavía agravaría más las dudas jurídicas que genera una decisión de este tipo", porque además de "poder vulnerarse el principio de igualdad, se podría vulnerar en el pasado en relación con personas que estaban en la misma situación y que sí que van a cobrar esa prestación".
En cambio, para Joaquín González Casso, de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, la medida podría tener efectos retroactivos porque "no es una sanción penal". En su opinión, la reforma es posible mientras no afecte al principio de igualdad, es decir, si se fijan los mismos requisitos para todos los condenados.
Indemnización prevista en la sentencia del TEDH
Por otro lado, las asociaciones sí coinciden en respaldar la decisión de la Audiencia Nacional de no abonar a la etarra Inés del Río la compensación de 30.000 euros por daños morales que le concedió el Tribunal de Estrasburgo, y destinar en cambio este dinero a una "compensación de deudas", puesto que la etarra debe al Estado 19 millones de euros en concepto de indemnizaciones por sus asesinatos.
Para Joaquim Bosch, de Jueces para la Democracia, la decisión es "ajustada". Aunque la defensa de Inés del Río alegue que los daños morales son "personalísimos", ha puntualizado que lo son originariamente, pero que una vez que se han cuantificado son un elemento patrimonial que puede ser embargado como cualquier otro.
Así, ha recalcado que la sentencia de Estrasburgo decreta para Del Río puesta en libertad y una indemnización, pero cómo se abonen éstas no se competencia de Estrasburgo, sino de los tribunales españoles que ejecutan la sentencia.
Al respecto, Dolado ha señalado que la indemnización impuesta a del Río por Estrasburgo "tiene que quedar destinada" a la compensación económica de las víctimas de del Río. En su opinión el recurso de la etarra tiene que ser "desestimado". (EUROPA PRESS)
