El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha defendido este jueves que la necesidad de una reforma Ley de Enjuiciamiento criminal es "realmente un clamor" porque la actual norma, elaborada hace ya 130 años y objeto de 67 reformas parciales, "se ha quedado antigua y presenta carencias y limitaciones".
A su juicio, esta no es una cuestión política, ni de reparto de poderes, ni de protagonismos, sino "un problema de Estado" y de ahí la trascendencia de su objetivo.
En una intervención en el Club Siglo XXI, el fiscal general del Estado ha afirmado que "todos nos vemos afectados por lo que diga o deje de decir la ordenanza procesal penal".
"Todos podemos ser potencialmente investigados; todos podemos lamentablemente ser víctimas o testigos de hechos con relevancia penal", ha dicho.
El objetivo, según el fiscal general, pasa por "profundizar en garantías y, simultáneamente, en la eficacia", y sobre todo mostrar a una sociedad desmoralizada "que el delito no renta, que no hay zonas de penumbra en las que se puedan agazapar quienes se lucran a costa del interés común".
Torres-Dulce ha señalado que un rápido diagnóstico de la situación subrayaría que los procesos penales en España son "extraordinariamente lentos e innecesariamente dilatados", a lo que se suma la percepción en la ciudadanía de que hay injerencia de la política en las decisiones de la Justicia y los juicios paralelos en los medios de comunicación.
La reforma penal debe implicar en primer término, según Torres-Dulce, la eliminación completa de las faltas. Anualmente se celebran en España unos 800.000 juicios de faltas que suponen "una inversión de esfuerzos totalmente desproporcionada". Propone igualmente avanzar en el modelo actual de juicio rápido.
En cuanto a las víctimas, el fiscal general otorga la máxima importancia a esta función del fiscal en protección de la víctima, convirtiéndose en su "inflexible valedor". Mientras que para favorecerlas también incide en la necesidad de avanzar en soluciones como las conformidades --recientemente ha propuesto en el Congreso de los Diputados una reforma legislativa al respecto-- la mediación y la conciliación. (EUROPA PRESS)
