El ámbito de actuación de esta norma es la propia Administración General del Estado, respecto a la cual era preciso aclarar, de entrada, el concepto de Alto Cargo, sus requisitos, obligaciones y límites.

Se establece la exigencia de requisitos de idoneidad y de una declaración responsable, se regulan las causas por las que se considera que no concurre honorabilidad profesional y, por lo tanto, no puede considerarse idónea a una persona para el desempeño de un alto cargo y se fijan los principios que rigen el ejercicio de las funciones de alto cargo:

• Regulación del régimen retributivo y de protección social.
• Regulación de la compensación tras el cese.
• Control sobre los gastos de representación.
• Prohibición del uso de tarjetas de crédito.
• Creación de un sistema de alerta temprana de conflicto de intereses.
• Limitación al ejercicio de actividades económicas privadas tras el cese.
• Homologación de las declaraciones de actividades, bienes y derechos.
• Control de la situación patrimonial del alto cargo al final de su mandato.
• Refuerzo de la Oficina de Conflictos de Intereses.