La Oficina de Información a afectados por la posible sustracción de recién nacidos, dependiente del Ministerio de Justicia, ha dirigido 503 oficios a otros organismos, como el Ministerio de Sanidad, el Registro Civil, ayuntamientos, archidiócesis y cementerios, para obtener información sobre 'bebés robados' durante el último año.
Desde su inauguración hace un año, un total de 476 personas han recurrido a este servicio de atención para solicitar la documentación que está a disposición de la Administración, como expedientes sanitarios o datos registrales, y que pueden arrojar luz sobre sus orígenes.
Doscientos afectados pidieron cita previa en la propia oficina, 116 presentaron su solicitud a través de la Policía, 53 lo hicieron desde la Guardia Civil y uno lo pidió en una embajada.
El Ministerio de Justicia explica que los interesados prestan su consentimiento para remitir al Ministerio de Sanidad los datos relativos al nacimiento o parto para que así se puedan cruzar con los que figuran en su historia clínica o en otros documentos en poder de los centros sanitarios.
Con sus datos, la Oficina ha remitido durante este año 503 oficios a distintas administraciones e instituciones públicas que pudieran tener algún antecedente sobre el caso. En concreto, 210 se dirigieron al Ministerio de Sanidad y 156 fueron contestados, 130 a cementerios y 105 fueron respondidos, y 45 a Fiscalías, Diputaciones, Ayuntamientos, Archidiócesis y otros entes, que contestaron a 24 de ellos.
Según el lugar de nacimiento del posible recién nacido sustraído, la Comunidad de Madrid, con 162 casos, es la que ha registrado el mayor índice de expedientes dados de alta en el Servicio de Información, seguida de Cataluña (31), Canarias (23) y Andalucía (18). Asturias, La Rioja, Navarra, Ceuta y Melilla no han registrado ningún caso en este primer año de funcionamiento de la Oficina de bebés robados.
Inscripción gratuita del perfil genético del afectado en una base de datos centralizada
La oficina también ofrece la inscripción gratuita del perfil genético del afectado -realizado tanto en un laboratorio público como privado, pero siempre con las debidas garantías-, en una base de datos única, centralizada en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF) para cotejar estos perfiles y verificar la existencia de compatibilidades genéticas.
El Instituto de Toxicología valida técnicamente los informes genéticos recabados, comprobando que cumplen con los requerimientos científicos mínimos para garantizar la máxima calidad pericial. En total, 213 perfiles genéticos han sido aportados por los afectados en este primer año, aunque, por el momento, no ha habido indicios de compatibilidad genética, ya que se trata de una base de datos aún pequeña.
La directora de la Oficina, Carmen de Troya, ha hecho un llamamiento a los posibles afectados para que depositen su perfil genético en esta base de datos para aumentar las posibilidades de obtener coincidencias.
Si con el incremento de perfiles genéticos a lo largo de los próximos años aparecieran indicios de una compatibilidad genética, el Instituto requeriría a los afectados una nueva toma de muestras de referencia con el objeto de contrastar los resultados y emitir un informe definitivo. (EUROPA PRESS)