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17/09/2007 04:57:00 Redacción NJ TRIBUNALES 2 minutos

Comienza el juicio por el caso Gescartera

La Audiencia Nacional juzgará hasta finales de año el escándalo financiero de la agencia de valores Gescartera, descubierto en 2001 y que afectó a 4.000 inversores por un desajuste patrimonial que alcanzó los 52 millones de euros.

La Sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional juzgará hasta final de año la responsabilidad de los catorce imputados por apropiación indebida y delito continuado de falsedad en el escándalo de Gescartera.

La Fiscalía Anticorrupción pide once años de prisión para José Antonio Camacho, principal responsable, así como para Aníbal Sardón, responsable comercial, y Javier Ruiz de la Serna, apoderado y ex técnico de la CNMV. Les siguen la presidenta de Gescartera, Pilar Giménez Reyna, y los consejeros Francisco Javier Sierra de la Flor y Miguel Ángel Vicente González para los que reclama ocho años de prisión. Para la mujer de Camacho, Laura García Morey, se piden tres años de cárcel.

En el juicio están personadas 46 acusaciones, la Fiscalía Anticorrupción, responsables civiles y subsidiarios, partícipes a título lucrativo y perjudicados, lo que suma un total de 100 partes personadas. También estarán presentes 61 abogados entre defensas y acusaciones y declararán alrededor de 120 testigos, 81 de ellos propuestos por la Fiscalía.

En el sumario, de más de 50.000 folios, figuran como responsables civiles directos las sociedades Gescartera Dinero AV, Gescartera Gestión SGIIC y Asesoría y Gestión de Patrimonios. Las entidades Caja Madrid y 'La Caixa' están considerados responsables civiles subsidiarios por las acusaciones particulares después de no conseguir responsabilizar al Estado.

Entre las acusaciones particulares se encuentran la Fundación Once, poseedora del 10% del capital social de Gescartera, el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Gestora del Fondo General de Garantía de Inversiones (FOGAIN), así como numerosas órdenes religiosas como el Arzobispado de Valladolid, el Instituto Español de Misiones Extranjeras o las Hermanas Dominicas.

En la actualidad, los afectados por esta presunta estafa han recibido más de 26 millones de euros de indemnización (con un tope legal de 20.000 euros por caso), la mitad del "agujero" que la Fiscalía Anticorrupción detectó en Gescartera. Las indemnizaciones salieron del Fondo de Garantía de Inversiones (Fogain).

A partir de hoy, en sesiones que se celebrarán los lunes, martes y miércoles, el tribunal presidido por Carmen Paloma González y compuesto por Juan Francisco Martel y Ángeles Barreiro, se encargará de enjuiciar la actividad de la agencia de valores y la actuación de sus responsables. La acusación de la Fiscalía Anticorrupción la ejercerá el fiscal Vicente González Mota.

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