El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, la secretaria general de Políticas de Igualdad, Soledad Murillo, (en representación del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales) y el presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, han firmado esta mañana un Convenio para la formación y capacitación de los letrados del turno de oficio que prestan asistencia jurídica en los procesos de violencia de género.

Este Convenio se inscribe en el marco del Plan Nacional de Sensibilización y Prevención contra la Violencia de Género, aprobado por el Consejo de Ministros el 15 de diciembre de formación especializada de estos letrados, con programas homologados por el Ministerio de Justicia en colaboración con el Consejo General de la Abogacía Española.

En concreto, la Ley Integral exige que los profesionales que participen en el desarrollo de los respectivos procesos judiciales que traigan causa directa o indirecta en la violencia de género, tengan una formación específica que coadyuve al ejercicio profesional de una defensa eficaz.

Se trata de que estos letrados puedan ejercer en óptimas condiciones de cualificación la mejor defensa a las víctimas, no sólo en el proceso principal, sino también en todos los procesos y procedimientos administrativos que traigan causa, directa o indirecta, de la violencia de género.

Para ello, junto con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, - a través de la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer-, y el Consejo General de la Abogacía española, se cofinancia este proyecto en todo el territorio nacional con la finalidad de que adquieran una preparación especializada en materia de violencia de género que les permita articular la mejor defensa a las víctimas, no sólo en el proceso principal, sino también en todos los procesos y procedimientos administrativos que traigan causa, directa o indirecta, de la violencia padecida.

El Consejo General de la Abogacía Española organizará y articulará los cursos de formación con programas homologados por el Ministerio de Justicia.

El Ministerio de Justicia, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Consejo General de la Abogacía Española financiarán a partes iguales el coste de los cursos de formación y especialización, hasta un máximo de 140.000 euros, y colaborarán en la organización de dichos cursos formativos. El Ministerio de Justicia aportará 46.666,67 €.