La Abogacía del Estado, siguiendo las instrucciones recibidas del Gobierno y adoptadas en el Consejo de Ministros celebrado el pasado 25 de enero, presentó ayer ante la Sala Especial del art. 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Tribunal Supremo dos demandas solicitando la ilegalización y disolución de los partidos políticos ANV y PCTV.
Las demandas se fundan en las causas siguientes:
- Desde el punto de vista orgánico y funcional, el complejo ETA-BATASUNA ha fagocitado a ambos partidos, apropiándose de su estructura y utilizándolos desde las elecciones autonómicas del 2005 y municipales de 2007 para obtener cobertura política y presencia institucional.
- Desde el punto de vista económico y financiero, los partidos políticos citados se han convertido en parte de un circuito de financiación de Batasuna y de su mesa nacional, y de soporte y empleo a personas significadas en el complejo ETA-Batasuna.
Las demandas presentadas por los servicios jurídicos del Estado solicitan la tramitación de un proceso declarativo de ilegalización pero se fundan, esencialmente, en la existencia de una relación de sucesión o continuación de ambos partidos respecto de Batasuna.
En ambas demandas se solicita la adopción de las siguientes medidas cautelares:
- Que se suspenda la entrega de toda financiación pública por parte del Estado, Comunidades Autónomas y municipios.
- Que se embarguen todas las cuentas corrientes y activos económicos y financieros de que sean titulares ambos partidos.
- Que, previa audiencia de los partidos demandados, se suspenda su derecho de presentación de candidaturas a las elecciones generales convocadas para el mes de marzo o se suspendan las candidaturas proclamadas.
