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12/06/2008 02:36:00 Consejo General de la Abogacía Española INMIGRACIÓN 3 minutos

Carnicer: 'Los inmigrantes no pueden ser considerados delincuentes'

El Consejo General de la Abogacía Española y la Organización Internacional para las Migraciones han firmado un convenio para el desarrollo de proyectos de cooperación, debate y formación de expertos jurídicos en la materia.

Con el objetivo de establecer vías de colaboración entre el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el presidente del CGAE, Carlos Carnicer y el representante especial del director general de la OIM, Manuel Pombo firmaron ayer un convenio en la sede del CGAE.

Partiendo de la premisa de que es función específica de la Abogacía el ejercicio de labores de orientación, asesoramiento, consejo y defensa de las libertades, derechos e intereses de los ciudadanos, especialmente de los grupos colectivo más vulnerables, entre los que se encuentran los extranjeros, inmigrantes y solicitantes de asilo, tanto la OIM como el CGAE se comprometen a través de este Convenio a llevar a cabo actividades y proyectos de cooperación, formación de expertos jurídicos en materia migratoria y extranjería, así como la organización de seminarios, foros de debate y jornadas en materia de derechos de personas inmigrantes.

Tal y como afirmó Carlos Carnicer, se trata de “un convenio de lujo”, que establece las bases para continuar con la “lucha permanente por los derechos de las personas inmigrantes y acabar con la especie de presunción de culpabilidad de lo que viene del exterior”. El presidente del CGAE insistió en la importancia de la asistencia letrada especializada para los inmigrantes y explicó que desde el CGAE siempre se ha apostado por la formación de los abogados.

“Los retornos son expulsiones”

Carnicer puntualizó que “los inmigrantes no pueden ser considerados delincuentes” e hizo un llamamiento a denunciar que “los retornos son verdaderas expulsiones y como tales son medidas sancionadoras y por ello hay que dotarles de asesoramiento legal”. En este sentido, Carnicer recordó que la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 13 establece la libre circulación de personas.

Manuel Pombo destacó durante su intervención que “el marco jurídico en España es muy bueno”, y mostró su deseo de que en el futuro “los abogados tengan cada vez más conocimientos” sobre esta materia, “ante una realidad social como es el gran número de extranjeros en España”.

En cualquier caso, se mostró convencido de que de la firma de este convenio “van a salir cosas importantes”.

Directiva de Retorno

Sobre la directiva de Retorno, el presidente del CGAE apuntó que es extraño que el Gobierno español la haya aceptado teniendo en cuenta la “cultura jurídica de nuestro país y los servicios de asesoramiento que también nacieron en España y son la envidia de media Europa”.

En el punto concreto en el que se apunta la intención de prolongar los internamientos de los inmigrantes hasta 18 meses el presidente del CGAE se ha referido a los Centros de Internamiento calificándoles de “auténticas cárceles”. En este sentido, recalcó que las personas en situación irregular no son delincuentes y por ello “no se les puede aplicar el concepto de pena ni el de prisión”.

Sobre este mismo tema, Pombo señaló que “el día 18 veremos exactamente cómo es” y respecto a los centros de internamiento se ha mostrado favorable a su existencia siempre que cumplan “con todas las garantías”, porque “es una manera de demostrar que el camino de la inmigración irregular no es el correcto”.

El presidente de la Subcomisión de Extranjería del CGAE, Pascual Aguelo, que también estuvo presente en la rueda de prensa, destacó que desde el CGAE se ha trasladado a la Unión Europea la importancia de que se tengan en cuentan tratados y convenciones como la de derechos humanos de 1990 en la que se establecen unos baremos mínimos sobre el respeto de los derechos humanos a la hora de fijar el texto final de la Directiva de Retorno.

Ambas partes manifestaron su entusiasmo con la firma de este convenio y lanzaron dos retos: tramitar con agilidad todos los expedientes de deportación y hacer una política activa de intervención y control de la oferta y demanda de empleo. Como explicó Carnicer “hay que intentar que la gente venga con su contrato y no a contratarse”.

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