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JUSTICIA GRATUITA

16/07/2008 02:51:00 | Consejo General de la Abogacía Española | JUSTICIA GRATUITA| 3 minutos

Los españoles valoran positivamente la Justicia gratuita

Los usuarios del turno de oficio califican con un 6,5 este servicio y dos de cada tres no encuentran problemas o deficiencias de importancia en su funcionamiento.

La Justicia Gratuita funciona razonablemente bien en España. De hecho, los usuarios del turno de oficio califican con un 6,5 este servicio y dos de cada tres no encuentran problemas o deficiencias de importancia en su funcionamiento, según datos de una encuesta de Metroscopia para el II Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita CGAE-LA LEY. La encuesta se realizó «a pie de juzgado» entre usuarios de la justicia civil, penal, familia, contencioso-administrativo, violencia de género y extranjería.

El Observatorio de la Justicia Gratuita está dedicado a la reflexión sobre los problemas y al análisis de los indicadores para la mejora del servicio prestado por la abogacía a la sociedad. Anualmente hace público su informe en el que se incluyen datos económicos del gasto en este servicio por jurisdicciones, autonomías, etcétera, y otros análisis. La parte más importante la constituyen las Recomendaciones y Sugerencias de cambio o mejora elaboradas por un Comité de Expertos independiente, en el que están integrados representantes de la Administración, de las diversas profesiones jurídicas y de los sectores sociales afectados.  Estas Recomendaciones se elevan al Ministerio de Justicia, Consejerías de Justicia de las distintas comunidades autónomas y demás instituciones implicadas.

Según los datos del Informe, el sistema de Asistencia Jurídica Gratuita en España gestionó 629.405 expedientes en el Turno de Oficio, un 7,8% de la carga del Sistema Judicial.

En cuanto al acceso al derecho de Justicia Gratuita, éste no plantea demasiados problemas para los ciudadanos, ya que según un 78% de los encuestados, ver reconocido este beneficio resultó fácil, frente a un 7% que encontró dificultades para hacerlo.

Respecto a la figura del abogado de oficio, es importante señalar que en un 80% de los casos, los usuarios afirman que la atención de su letrado fue buena o muy buena, frente a un 10% que considera fue regular, y un 10% mala.

Para un 72%, además, el abogado estudió suficientemente su caso, mientras que un 17% estima que no lo hizo y un 11% que no sabe no contesta.

Recomendaciones y Sugerencias

Entre las recomendaciones del Comité de Expertos del Observatorio de la Justicia Gratuita para mejorar el turno de oficio figuran: una mayor formación de los profesionales; la agilización de la concesión de beneficio de Justicia Gratuita en la jurisdicción penal; que el derecho a la asistencia jurídica comprenda la solución extrajudicial de conflictos; la ampliación del beneficio de justicia gratuita en la vía administrativa previa; el aumento del número de letrados de guardia; la revisión automática de los baremos con arreglo al IPC; prever el supuesto extraordinario de macroprocesos como el del 11-M o similares; mayor control en las peticiones de justicia gratuita que sólo buscan dilatar el procedimiento; la entrega del atestado a la mayor brevedad posible; evitar los recursos virtuales en los supuestos de "rechazo en fronteras"; la libre elección del abogado en determinados órdenes jurisdiccionales; o el incremento del servicio de guardia para víctimas de violencia de género, etc.

Para el presidente del Consejo General de la Abogacía española, Carlos Carnicer, "lo que las Administraciones públicas dedican a este capítulo de la asistencia jurídica gratuita, aunque haya crecido en los últimos años por razones objetivas, no es un  gasto. Es una inversión y una garantía de seguridad y de salud democrática del Estado de Derecho". El presidente del CGAE añade que "los Colegios de Abogados y los abogados estamos empeñados en mejorar la formación de los abogados del Turno de Oficio -y de todos los abogados- y en mejorar la calidad del servicio de asistencia jurídica gratuita. Porque nos corresponde, pero sin olvidar que a las Administraciones públicas les compete garantizar que ese servicio se desarrolle con la calidad, los medios, las contraprestaciones y las condiciones que marca la Constitución para hacer efectivo, real y pleno la el acceso a la justicia".

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