La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de talante conservadora y mayoritaria en la Carrera Judicial, ha advertido de que la medida del Gobierno de ampliar las circunstancias excepcionales para que el Ministerio del Interior pueda ordenar escuchas sin permiso judicial en delitos graves, "roza" con varios artículos de la Constitución, que exigen esta autorización y solo la excluyen para casos de organizaciones criminales o terroristas.

Según el Anteproyecto de Ley de reforma de la LECrim aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, el número 3 del art. 579 de la misma pasaría a tener la siguiente redacción:

"Artículo 579. De la correspondencia escrita y telegráfica.

(...) 3. En caso de urgencia, cuando las investigaciones se realicen para la averiguación de delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales, delitos de terrorismo, delitos contra menores o personas con capacidad modificada judicialmente u otros delitos que, en virtud de las circunstancias del caso, puedan ser considerados de especial gravedad, y existan razones fundadas que hagan imprescindible la medida prevista en los apartados anteriores de este artículo, podrá ordenarla el Ministro del Interior o, en su defecto, el Secretario de Estado de Seguridad, comunicándolo inmediatamente y, en todo caso, dentro del plazo máximo de 24 horas, haciendo constar las razones que justificaron la adopción de la medida, la actuación realizada, la forma en que se ha efectuado y su resultado. El Juez competente, también de forma motivada, revocará o confirmará tal actuación en un plazo máximo de 72 horas desde que fue ordenada la medida." 

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la APM, Pablo Llarena, ha calificado, , de "inadecuada" esta modificación, al entender que "no procede" extender esta intervención de las comunicaciones "fuera de los supuestos" recogidos en la Carta Magna.

En este sentido, ha puesto de relieve que el artículo 18.3 de la Ley Fundamental garantiza el derecho al secreto de las comunicaciones, salvo resolución judicial, y que el 55.2 permite suspenderlo en investigaciones sobre "bandas armadas o elementos terroristas". Sin embargo, el anteproyecto extiende las escuchas policiales a "delitos contra menores, personas con capacidad modificadas judicialmente u otros delitos considerados de especial gravedad".

Dicho esto, Llarena ha recordado que hay jueces de guardia trabajando en todo el territorio, por lo que en una situación de emergencia no hay razón para que las Fuerzas de Seguridad no recurran a ellos si quieren interceptar las comunicaciones en casos de especial gravedad.

Jueces y fiscales progresistas también en contra

En la misma línea, se ha expresado el portavoz de la asociación Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, al entender que se trata de una medida "inadmisible" de "dudosa constitucionalidad", que se ha propuesto "sin una adecuada justificación" y que puede "generar espacios de inseguridad jurídica". "Los informes que van a ser emitidos por los órganos consultivos harán reconsiderar al Gobierno esta opción", ha vaticinado.

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha considerado que el nuevo precepto afecta también directamente a la "legalidad constitucional" y ha recordado que los jueces de guardia trabajan en todos los partidos judiciales, por lo que no es necesario que el ministro del Interior ordene esas escuchas a las Fuerzas de Seguridad.

Su presidente, Álvaro García Ortiz, ha advertido de que los tres representantes de la asociación en el Consejo Fiscal manifestarán su rechazo a la medida. Este órgano consultivo tendrá que remitir un dictamen sobre el anteproyecto al Gobierno. (EUROPA PRESS)