“El alquiler da opción a las familias para adaptar su proyecto de vida y su capacidad financiera, facilita la movilidad laboral y la emancipación de los más jóvenes”. Bajo esta afirmación, la ministra de Vivienda ha desgranado las medidas que el Gobierno está adoptando para fomentar y profesionalizar el mercado de alquiler en España.
En respuesta a una pregunta del Grupo Parlamentario Socialista en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, acerca de las medidas para potenciar el alquiler, Beatriz Corredor ha abogado por “una oferta suficiente y un mercado más profesionalizado del alquiler en España que mejore la calidad de las viviendas y tire a la baja de los precios para hacerlos más competitivos”. La ministra ha comparado la situación de nuestro país donde solo un 11% de las familias residen en viviendas de alquiler con la del resto de Europa donde el porcentaje ronda el 40%;“nos queda mucho trecho por recorrer” ha concluido.
La ministra ha anunciado que el nuevo Plan Estatal de Vivienda, que centrará la Conferencia Sectorial de Vivienda que se celebrará el martes 30 de septiembre, “mejorará la financiación de la promoción de viviendas en alquiler, haciendo compatibles las ayudas a los inquilinos que opten también por estas viviendas”. Además se abordarán nuevas vías para potenciar su construcción. Corredor ha anunciado que los Ministerios de Vivienda y Economía y Hacienda trabajan en las modificaciones normativas necesarias para favorecer la inversión privada en los suelos de las administraciones públicas cedidos en derecho de superficie “a fin de mejorar el parque público de viviendas en alquiler a disposición de las administraciones para las generaciones actuales y futuras”.
No serán las únicas reformas. El Gobierno tiene en marcha otros cambios legislativos para potenciar el mercado del alquiler. Así, en coordinación con el Ministerio de Justicia, ha presentado al Consejo de Ministros, sendas propuestas para reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Arrendamientos Urbanos.
Las reformas persiguen, ha explicado la ministra, “reforzar la seguridad jurídica del propietario que alquila su vivienda vacía y al mismo tiempo establecer medidas procesales para agilizar los desahucios, las rentas impagadas y acortar la resolución de los conflictos arrendatarios, sin menoscabo de la seguridad jurídica del inquilino”. Con la modificación de la LAU, el propietario de una vivienda podrá recuperarla cuando la necesite para un descendiente o ascendiente en primer grado y no sólo para su uso propio como hasta ahora.
La ministra se ha referido también a las dos medidas anunciadas por el presidente del Gobierno: las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria que se van a crear y los préstamos de intermediación para favorecer que las viviendas en stock se pongan en alquiler “con lo cual se seguirá profesionalizando el mercado, como exige nuestra economía”.
En su intervención, Beatriz Corredor ha querido además dejar claro que “mientras mantenga la confianza del Presidente, seguirá trabajando al frente del Ministerio para que sea un poco más fácil para las familias españolas acceder a una vivienda independientemente de lo que pidan otros grupos políticos”.