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25/02/2015 05:58:00 Redacción NJ Ley Catalana de Consultas 9 minutos

El TC declara inconstitucionales algunos preceptos de la Ley Catalana de Consultas y anula el Decreto de convocatoria del 9-N

El Pleno del TC ha dictado sendas sentencias de fecha 25 de febrero de 2015, en las que declara por unanimidad la inconstitucionalidad de dos artículos de la Ley Catalana de consultas por entender que regulan encubiertamente referendos, cuya competencia corresponde en exclusiva al Estado, y anula el Decreto de convocatoria del 9-N.

El Pleno del Tribunal Constitucional, reunido en sesión extraordinaria, ha dictado sentencia de fecha 25 de febrero de 2015, por la que ha declarado, por unanimidad de sus miembros, la inconstitucionalidad de dos artículos de la Ley del Parlamento de Cataluña 10/2014, de 26 de septiembre, de consultas populares no referendarias y otras formas de participación ciudadana.

En concreto, la sentencia anula los preceptos que regulan la convocatoria por la Generalitat de Cataluña de consultas de carácter general por entender que, bajo esa denominación, lo que realmente se regula son los referendos, cuya competencia corresponde en exclusiva al Estado.

Asimismo, y también con el acuerdo de todos los Magistrados que integran el Pleno, el Tribunal ha dictado una segunda sentencia que declara inconstitucional y, en consecuencia, nulo, el decreto del Presidente de la Generalitat de Cataluña 129/2014, de 27 de septiembre, de convocatoria de consulta popular no referendaria sobre el futuro político de Cataluña.

Han sido ponentes de las dos sentencias los Magistrados Pedro González-Trevijano- del recurso sobre la Ley-  y Juan Antonio Xiol, que ha valorado el decreto de convocatoria del referéndum.

Antecedentes

La vigencia de ambos preceptos se encontraba suspendida desde el pasado 29 de septiembre, con motivo de la admisión a trámite de los recursos interpuestos por la Abogacía del Estado.

Recordemos que el Consejo de Estado aprobó, por unanimidad, el dictamen solicitado por el Gobierno con carácter previo a los recursos que se presentaron ante el Tribunal Constitucional contra la ley catalana 10/2014, de consultas no referendarias y el Decreto de convocatoria de la consulta del  próximo 9 de noviembre.

El Gobierno central argumentó que una Comunidad Autónoma no tiene competencia para organizar un referéndum y, además, en el caso de la convocatoria del 9N, que "su contenido atenta contra la atribución de la soberanía nacional, que corresponde al pueblo español" y contra la "indisoluble unidad de la Nación española".

La admisión a trámite  al día siguiente de los recursos, lunes 30 de septiembre,  supuso que el Alto Tribunal suspendiera la aplicación tanto de la ley como del decreto.

Finalmente la consulta que incluía dos cuestiones: ¿Quiere que Catalunya sea un Estado? En caso afirmativo ¿Quiere que este Estado sea independiente?, fue celebrada con la colaboración ciudadana organizados en movimientos de voluntariado.

  1. Sentencia del recurso contra la Ley catalana de consultas: los referendos son competencia exclusiva del Estado.

La sentencia del TC, declara parcialmente inconstitucionales los artículos 3.3 y los puntos del 4 a 9 del artículo 16 de la Ley de Consultas, que son los que regulan la convocatoria por la Generalitat de Cataluña de consultas de carácter general por entender que, bajo esa denominación, lo que realmente se regula son los referendos, cuya competencia corresponde en exclusiva al Estado.

La sentencia declara inconstitucionales y nulas las dos primeras frases del artículo 3.3 (“Las consultas populares no referendarias pueden ser de carácter general o sectorial. Las consultas generales son las abiertas a las personas legitimadas para participar en los términos establecidos en el artículo 5”) y los apartados apartados 4 a 9 del art. 16 de la Ley del Parlamento de Cataluña de consultas populares no referendarias y otras formas de participación ciudadana, que se refieren a la tramitación de la iniciativa.

  Antes de entrar en el análisis del fondo del recurso presentado por la Abogacía del Estado contra la ley catalana de consultas, el TC incide en que la Constitución prevé otras modalidades de participación ciudadana que no derivan del artículo 23 de la Constitución –referéndum - reservados al Estado- y que encarnan lo que se ha denominado "democracia participativa". Entre estas últimas figuran las llamadas consultas no referendarias.

La sentencia especifica también cuáles son los rasgos fundamentales del referéndum. El primero de ellos radica en que “a través del referéndum se produce un llamamiento del poder público a la ciudadanía para ejercer el derecho fundamental de participación en los asuntos públicos”.

El referéndum es por tanto, como se ha dicho, expresión del derecho fundamental del art. 23.1 CE. Además, “el destinatario” de la consulta referendaria “es el conjunto de los ciudadanos que tienen reconocido el derecho de sufragio activo en un determinado ámbito territorial o, lo que es lo mismo, el cuerpo electoral”; sin que se pueda confundir, advierte la sentencia, el cuerpo electoral con “el titular de la soberanía” o, lo que es lo mismo, con el conjunto del pueblo español. A diferencia del referéndum, las consultas no referendarias “recaban la opinión de cualquier colectivo”, sea social, económico, cultural o de otra índole. En definitiva, se participa en ellas “a título individual” y no “como ciudadano”.

  En cuanto a las competencias, la sentencia recuerda que la Constitución atribuye al Estado la "competencia exclusiva" para autorizar la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum del artículo 149.1.32 de la Carta Magna, competencia que se extiende también a "su establecimiento y regulación".

   Por su parte, el Estatuto de Autonomía atribuye a la Generalitat de Cataluña la competencia "exclusiva" en todo lo relativo a "encuestas, audiencias públicas, foros de participación y cualquier otro instrumento de consulta popular, con excepción de lo previsto en el art. 149.1.32 de la Constitución".

   Fuera de la competencia autonómica, señala el Tribunal, quedan las consultas, aunque no sean referendarias, "sobre cuestiones fundamentales resueltas con el proceso constituyente y que resultan sustraídas a la decisión de los poderes constituidos".

Hechas las anteriores consideraciones, el Pleno entra a analizar el fondo del recurso y llega a la conclusión de que, de los dos tipos de consultas que regula le ley impugnada (generales y sectoriales) solo cabe declarar la inconstitucionalidad de las generales por tratarse, en realidad, de referendos encubiertos bajo la denominación de consultas populares no referendarias.

  Y ello es porque en una consulta general pueden participar "los mayores de dieciséis años que tengan condición política de catalanes y los nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de terceros Estados, siempre que cuenten con un determinado periodo de residencia y estén inscritos en el Registro de Población de Cataluña".

Por el contrario, las consultas sectoriales reguladas en la misma ley “presuponen un llamamiento a un sujeto jurídico más restringido que el cuerpo electoral (…) por lo que son cauces de participación cuya regulación por el legislador autonómico catalán resulta posible” en consideración a la competencia que le atribuye el art. 122 del Estatuto de Autonomía.

"Cuerpo electoral sui generis"

   Las consultas generales, por tanto, constituyen un llamamiento a "un cuerpo electoral sui generis" en el que "está sin duda comprendido o integrado el electorado, estatutario y legal, de Cataluña".

   El Pleno considera que "la circunstancia de que la consulta pueda extenderse a menores de dieciocho años y a los nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de terceros Estados no bosta para que sus resultados sean imputables al parecer de la ciudadanía de la Comunidad Autónoma y considerarse expresivos de su voluntad general".

   En definitiva, el cuerpo electoral al que se refiere la ley de consultas, "aunque lo desborda, abarca al conjunto de la ciudadanía de la Comunidad Autónoma de Cataluña o del ente territorial local, cuyos sufragios no exteriorizan meras voluntades particulares o de colectivos sectoriales sino su voluntad general" como ciudadanos.

   Por el contrario, las consultas sectoriales pueden dirigirse "por razón de su objeto específico (...) a un determinado colectivo de personas". Es decir, suponen "un llamamiento a un sujeto jurídico más restringido que el cuerpo electoral de la colectividad territorial de que se trate".

El registro era un censo

   Del mismo modo, el llamado Registro de participación en consultas populares no referendarias "es materialmente un censo". En definitiva, afirma la sentencia, la ley analizada "regula -bajo la denominación de consultas generales - una verdadera consulta referendaria, articulada como llamamiento al cuerpo electoral a través del voto".

  1. Sentencia del recurso contra el decreto de convocatoria del 9-N: está convocando una consulta refendaria.

La declaración de inconstitucionalidad de los citados preceptos de la Ley de consultas, determina el fallo de la segunda sentencia, que resuelve el recurso de la Abogacía del Estado contra el decreto de convocatoria del 9-N, también declarado inconstitucional y nulo.

El Pleno explica que el decreto firmado por el Presidente de la Generalitat, dictado al amparo de la ley impugnada, “está convocando una consulta referendaria” y, por lo tanto, “incurre “en las mismas infracciones de la Constitución en las que incurrió esta norma”.  

El Decreto 129/2014, al convocar una consulta al amparo de lo establecido en la Ley 10/2014 y, en desarrollo de esta Ley, establecer la regulación específica por la que se rige la consulta convocada, vulnera las competencias del Estado en materia de referéndum, al haber convocado un referéndum sin la preceptiva autorización estatal, como exige el art. 149.1.32 CE, y sin seguir los procedimientos y garantías constitucionalmente exigidos, que, como declara este Tribunal en la STC de esta misma fecha, solo pueden ser aquellos establecidos por el legislador estatal, que es a quien la Constitución ha encomendado regular el proceso y las garantías electorales (art. 149.1.1 CE en relación con los arts. 23.1 CE, 81.1 CE y 92.3 CE y art. 149.1.32 CE).

  1. Recurso pendiente

Tras las sentencias del TC que declaran inconstitucional y nulo los preceptos y el decreto de convocatoria de “referéndum”, aún queda pendiente para resolver por el TC un recurso más antiguo, el presentado en su día por el Gobierno contra ley catalana de consultas populares de 2010, que es la que permite solicitar al Ejecutivo central la convocatoria de referéndum sobre "cuestiones de especial trascendencia política". Su resolución se dejará para más adelante.

A él se añade un último recurso que debe resolverse en relación con el 9N es el presentado contra el denominado proceso participativo del 9N junto con sus actos de preparación, algo que ha costado a Mas una querella por desobediencia que se tramita en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).     (EUROPA PRESS)

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