Así lo indica María de los Reyes Rueda Serrano, Secretaria General y portavoz de la Asociación Española de Abogados Urbanistas, ante la reforma del Código Penal que se está tramitando en el Senado y tras conocer el acuerdo al que se ha alcanzado entre los dos grupos políticos PP Y PSOE en la cámara.

La Enmienda recoge textualmente:

“En cualquier caso, los jueces o tribunales, motivadamente, podrán ordenar, a cargo del autor del hecho, la demolición de la obra y la reposición a su estado originario de la realidad física alterada, sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe, pudiendo el Juez, oída la Administración competente, condicionar temporalmente la demolición a la constitución de garantías que aseguren el pago de aquellas.”

Con esto se da un paso importante para las personas afectadas, compradores de buena fe, a las cuales no se les podrá demoler sus viviendas sin antes recibir la indemnización correspondiente o se les garantice al menos el cobro de la misma.

Y nos referimos a muchos ciudadanos, un número importante de extranjeros, muchos de ellos británicos, que compraron en Andalucía y en otros lugares de la costa española, creyendo comprar una vivienda dentro de la legalidad, y que posteriormente supieron que no era así al encontrarse en suelo no apto para la edificación residencial, incumpliendo las normas urbanísticas y por tanto la vivienda tenía que ser demolida.

María de los Reyes Rueda añade, la enmienda, da tranquilidad a muchos ciudadanos que viven diariamente angustiados temiendo quedarse sin sus casas y sin ser compensados por la pérdida de sus viviendas. Muchos de los perjudicados habían contactado con la Asociación para recibir asesoramiento y buscar una solución a su caso.

Por lo que la medida adoptada es muy positiva y cuenta con el respaldo y apoyo de la Asociación Española de Abogados Urbanistas. Y añade, los políticos deben ponerse de acuerdo para legislar y dar solución a los problemas de estas personas que compraron de buena fe, como así ha sucedido tras el acuerdo alcanzado en el Senado de los dos partidos PP y PSOE.

No debemos olvidar que nuestro país es receptor de turismo extranjero. Queremos turismo de calidad y que los ciudadanos de los países de nuestro entorno vengan e inviertan en España, por lo que no podemos permitirnos, ahora que el sector Inmobiliario se está recuperando, que esto vuelva a suceder.

Al menos con esta enmienda que se introduce en el Código Penal, se dejará en manos de los Jueces y Tribunales la potestad de condicionar dicha demolición a la previa garantía que asegure el cobro para los compradores perjudicados.