La Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, incorpora al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 un nuevo programa de ayudas para minimizar el impacto del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual y otro de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas desahuciadas, sin hogar o especialmente vulnerables. También modifica el programa de fomento del parque de vivienda en alquiler.
La Comisión debería haber albergado dudas acerca de varios aspectos del régimen de ayudas proyectado y haber incoado el procedimiento de investigación formal para poder apreciar mejor la compatibilidad de dicho régimen con el mercado interior.
El juez de medidas provisionales ha dictado un auto en el que estima la pretensión del club de fútbol ilicitano ante el Tribunal General de la Unión Europea. Según la orden de recuperación notificada el 1 de septiembre de 2016 por el Instituto Valenciano de Finanzas al Elche, el club debía abonar 3 688 000 euros más intereses, es decir, un importe total de 4 106 906,51 euros. El juez toma esta decisión tras comprobar que el club ha demostrado que concurre el requisito de la urgencia, debido a los riesgos que pesan sobre su viabilidad financiera.
La Comisión Europea ha llegado a la conclusión de que Luxemburgo concedió beneficios fiscales indebidos a Amazon por unos 250 millones de euros. Este proceder es ilegal según las normas sobre ayudas estatales de la UE, ya que permitió a Amazon pagar sustancialmente menos impuestos que otras empresas. Luxemburgo debe ahora recuperar la ayuda ilegal.
Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea hecha pública hoy establece que pueden constituir ayudas prohibidas si se otorgan respecto de actividades que no tiene una finalidad estrictamente religiosa. Señala que la exención del impuesto municipal ICIO establecida en la Orden de 5 de junio de 2001 es una medida a priori selectiva que conferiría una ventaja económica a la Congregación.
Según las conclusiones de la Abogado General Juliane Kokott, una exención fiscal en favor de la Iglesia Católica en España por obras realizadas en un edificio escolar no es una ayuda estatal prohibida en la medida en que la Iglesia utilice el edificio para impartir enseñanza obligatoria y, por tanto, en el contexto de su labor social, cultural y educativa, pero sí en la medida en que lo utilice para una oferta educativa de carácter comercial.