Así será la coordinación entre la entidad administrativa y la nueva Fiscalía Europea
El Congreso ya tiene el calendario para su tramitación. El próximo 11 de noviembre, se iniciarán las votaciones, casi dos semanas antes de lo que venía siendo habitual. Según el Gobierno se trata de unas cuentas públicas expansivas que recogen el mayor gasto social de la historia.
Se presentará una segunda declaración del Impuesto sobre Sociedades si se retrasó la aprobación de cuentas por el Covid-19, el aplazamiento de deudas tributarias y aduaneras no genera intereses durante 4 meses, exención en AJD por moratoria de préstamos hipotecarios y retraso en el plazo de publicación de listado de deudores
La Sala de competencia de la CNMC, en el expediente de vigilancia V/0587/16, ha dictado una resolución de fecha 27 de febrero de 2020, notificada hoy, donde declara que los nuevos criterios orientadores en tasación de costas del ICAB, dan cumplimiento y se ajustan a las normas de competencia. Desde el colegio afriman que seguiran defendiendo la potestad normativa para aprobar unos criterios más cuantitativos.
El órgano de control podrá solicitar datos sobre la titularidad real de operaciones realizadas por gestores públicos y perceptores de subvenciones, que resultan de gran utilidad para la adopción de medidas cautelares, en la fase de instrucción o de enjuiciamiento, así como en la ejecución de las sentencias dictadas por el Tribunal de Cuentas.
Las personas físicas que presten los servicios enumerados en el artículo 2.1.o) de la ley de prevención del blanqueo de capitales actuando como profesionales, y por tanto no como empresarios, deben inscribirse de forma telemática mediante la simple cumplimentación de un formulario preestablecido y no tienen la obligación de depositar sus cuentas anuales, sino únicamente de realizar el depósito telemático dentro de los tres primeros meses de cada año de un documento cuyo contenido se determinará mediante la orden de la Ministra de Justicia que está siendo objeto de tramitación y redacción.
Pide actualizar las tablas de mortalidad, 'congeladas' desde 2000, ante posibles desfases en los recargos a costa de la Seguridad Social
La Sala ha absuelto al exdirector general de la CAM Roberto López Abad y al exdirector general de Inversiones y Riesgos Francisco José Martínez García del delito societario continuado de falsedad contable.
La Directiva (UE) 2019/1153, de 20 de junio de 2019, establece medidas para facilitar tanto el acceso directo a la información conservada en los registros centralizados de cuentas bancarias a determinadas autoridades de los Estados miembros competentes para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales graves, como el acceso a la información de los servicios de seguridad de las Unidades de Información Financiera para la prevención y la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
La Orden Ministerial de presentación de cuentas anuales, de 21 de marzo de 2018, que había sido impugnada, obliga a la declaración del Titular Real de las empresas
¿Qué documentos son necesarios aportar? ¿Puedo proceder a una jura de cuentas por servicios extrajudiciales? ¿Cuál es el plazo para presentarlo? Repasamos las claves de este procedimiento especial exclusivo para abogados y procuradores
Permitirá a la CNMV conocer la titularidad real de las entidades inscritas en el Registro
Las cuentas de pago básicas están disponibles para la mayoría de los españoles por 3 euros al mes desde el pasado 25 de marzo. Y aún más, a partir del 23 de abril, justo casi un mes después, serán gratuitas para personas en situación de vulnerabilidad o con riesgo de exclusión financiera.
El que no se constituya jurídica y formalmente una comunidad de bienes, sino que exista de facto, de modo que sus miembros disponen de cuentas conjuntas donde se ingresan cantidades y de donde se hacen frente a diversos gastos, no impide que se pueda deducir como gasto de personal por uno de los comuneros, el de una empleada que está contratada por el otro.
El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019 remitido a las Cortes Generales recogen mayor gasto en pensiones, dependencia. becas al estudio y lucha contra la violencia de género. Para atender a ello está prevista la subida en los impuestos de Sociedades, IRPF e IVA y la creación de nuevas figuras tributarias. Habrá rebajas en varios impuestos, como el IVA en libros y revistas digitales o en los productos de higiene femenina.
El estado de información no financiera debe describir los procedimientos de diligencia debida aplicados por la empresa y, cuando sea pertinente y proporcionado, en relación con sus cadenas de suministro y subcontratación, con el fin de detectar, prevenir y atenuar efectos adversos existentes y potenciales.
Tal irregularidad en la tramitación del procedimiento no es causa de exención de la responsabilidad criminal. La consecuencia debe ser la de reponer las actuaciones al momento en que se produjo el defecto para su subsanación.
La sentencia recuerda que la propia legislación catalana desde su Estatuto, establece la obligación de respeto del principio de legalidad presupuestaria, la vinculación del gasto con su finalidad pública, ajustada a Derecho, y las consecuencias de incumplir dichas normas.
Los auditores consideran que el sistema propuesto para proteger a las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión ayudaría a mejorar la gestión de las políticas y programas de la UE y serviría de complemento a los procedimientos de infracción iniciados por la Comisión contra los Estados miembros.
El banco, a petición de la mujer y empleada de la entidad, bloqueó de forma unilateral y sin comunicarlo al esposo la cuenta "especial empleados" que mantenía conjuntamente con su marido, mientras se hallaban en proceso de divorcio.
Respuestas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas a todas estas cuestiones.
La sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional describe la causa como el paradigma de las estafas piramidales.
Incluyen subida de pensiones, el aumento del sueldo de los funcionarios o la bajada del IRPF.
La Comisión Europea ha decidido, en el contexto de su remisión de las autoridades de España ante el Tribunal de Justicia de la UE, proponer una sanción financiera inferior a la que estableció en octubre de 2017, ya que España ha realizado, entretanto, una transposición parcial de la Directiva de la UE sobre las cuentas de pago. (Directiva 2014/92/UE).
CEPYME y el Consejo General del Notariado interponen recurso contencioso-administrativo contra la Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo, por la que se aprobaron los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil, y solicitan, como medida cautelar, su inmediata suspensión, dado que se obliga a las empresas a inscribir en el registro mercantil quién es su titular real.
La Ley 1/2018, de 21 de marzo , regula la transparencia de la actividad pública en su doble vertiente de publicidad activa y de derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública, así como la reutilización de ésta. Incluye en su ámbito de aplicación no sólo al sector público de la Comunidad Autónoma de Cantabria, sino también a las personas privadas que ejerzan potestades administrativas, adjudicatarios de contratos públicos, partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas que perciban subvenciones. La ley contempla, entre otras, la transparencia en la contratación pública, en las cuentas bancarias y en la ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente.
José de la Mata, juez de la Audiencia Nacional, ha dictado un auto en relación a los supuestos delitos cometidos por los administradores de la empresa Pescanova en el que acusa a su expresidente Manuel Fernández de Sousa-Faro, otras 18 personas y 12 sociedades de haber cometido delitos de falseamiento de cuentas anuales, falseamiento de información económica y financiera y estafa entre otras faltas en las cuentas anuales de la compañía.
El magistrado del caso por el 1-O acuerda también que se investiguen tres transferencias bancarias por una cantidad total de 139.700 euros relacionadas con tres cuentas corrientes abiertas por la “Delegación de Catalunya Davant la Unió Europea en Bruselas” en una sucursal del BBVA de Bruselas.
El próximo 8 de febrero se celebrará en Madrid, en el Auditorio CECABANK el 1er Congreso Nacional en materia de prevención y lucha contra el fraude organizado por la World Compliance Association con la colaboración y apoyo de estamentos públicos, universidades, asociaciones empresariales y con la participación de expertos nacionales e internacionales.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirma la multa de 19 millones de euros por tergiversación de cuentas impuesta por la Comisión europea, y califica la actuación del Gobierno de “negligencia grave” .
En dos autos, el Supremo no acepta ninguno de los argumentos esgrimidos por la Generalitat para lograr que se suspendiese cautelarmente la decisión del Gobierno y Hacienda. Así, destaca que no existe riesgo de que la no suspensión provoque la pérdida de la finalidad legítima del recurso ni que vaya a causar perjuicios irreparables.
La Comisión Europea ha decidido este miércoles llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no haber notificado las disposiciones para la plena aplicación de la Directiva sobre las cuentas de pago de la UE (Directiva 2014/92/UE).
Las medidas aprobadas por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos mediante Acuerdo publicado como anexo a la Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre, suponen la toma de control sobre las cuentas de la Comunidad Autónoma de Cataluña por parte del Ministerio de Hacienda.
Para el Supremo, la ausencia de tal comunicación fue trascendente y relevante, ya que era información necesaria para conocer las causas esgrimidas por la empresa para llevar a cabo el despido colectivo.
Vuelve a proponer que se les congelen las subvenciones tras elevarse al 27% el porcentaje de entidades locales que no cumplió en 2016.
El Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 21 de julio de 2017, incorporado como anexo a la Orden PRA/686/2017, de 21 de julio, establece la supervisión semanal, a partir del miércoles 26 de julio de 2017, de las cuentas de Cataluña, con el fin de comprobar que no se están usando fondos públicos para sufragar los gastos derivados del referéndum de independencia previsto para el 1 de octubre.
El Colegio de Madrid interviene como entidad especializada en el nuevo convenio y el objetivo de que todos los bienes, muebles o inmuebles, embargados por el Tribunal de Cuentas, se subasten a través del portal de subastas electrónicas del Consejo General de Procuradores de España.
La Comisión Europea ha impuesto a Facebook una multa de 110 millones de euros por proporcionar información incorrecta o engañosa durante la investigación de la adquisición de Whatsapp por parte de Facebook. Dijo a la Comisión que no podría establecer una correspondencia automatizada y fiable entre las cuentas de los usuarios,y posteriormente actualizó los términos del servicio para incluir la posibilidad de vincular los números de teléfono y las cuentas de los usuarios. Esta es la primera multa a una empresa por haber proporcionado información incorrecta o engañosa desde la entrada en vigor del Reglamento de control de concentraciones entre empresas de 2004.
El Gobierno de la Generalidad de Cataluña ha aprobado un proyecto de ley de voluntades digitales, para regular la vida digital de las personas fallecidas, que prevé la posibilidad de designación en el testamento de un heredero digital, que será el encargado de administrar todas las cuentas y contenidos del difunto en la red, de acuerdo con su voluntad.
La Sala II del Tribunal Supremo acepta como prueba válida la ‘lista Falciani’ en la primera sentencia en que se pronuncia sobre el uso de esos datos para fundar una condena por delito fiscal en España. El alto tribunal confirma, en base a esta prueba, la condena de 6 años de cárcel por dos delitos contra la Hacienda Pública para un español que había ocultado más de 5 millones de euros en cuentas bancarias suizas.
La cuestión tiene su origen en una consulta que realizó un letrado de justicia sobre la regulación en nuestro ordenamiento de los expedientes de jura de cuentas. Según señala el Tribunal de Justicia de la UE en su sentencia, no pueden ser considerados como "órgano jurisdiccional" en este contexto, y por tanto no pueden presentar cuestiones prejudiciales ante el Tribunal Europeo.
El condenado difundió a través de dos cuentas de Twitter distintos mensajes de enaltecimiento del terrorismo y de incitación al odio.
Te contamos las principales novedades que el Real Decreto introduce en el Derecho contable español, de aplicación para la elaboración de las cuentas anuales de los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2016.
Según las conclusiones de la abogada general del Tribunal de Justicia, los antiguos secretarios judiciales deben poder comprobar de oficio los honorarios de los abogados en un procedimiento de jura de cuentas. Al mismo tiempo les considera "órgano jurisdiccional" a efectos de plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE.
Una sentencia considera a la entidad bancaria responsable de preservar la seguridad del acceso a las cuentas de los clientes.
El embargo por vía telemática, que ya se utilizaba para las cuentas a la vista, se aplicará a los depósitos a plazo fijo también a partir de la entrada en vigor de la Resolución de la AEAT que establece el procedimiento a seguir. Quedan fuera las cuentas a plazo e imposiciones a plazo fijo cuya moneda no sea el euro.
El TS fija como doctrina jurisprudencial que: «En las compraventas de viviendas regidas por la Ley 57/1968 las entidades de crédito que admitan ingresos de los compradores en una cuenta del promotor sin exigir la apertura de una cuenta especial y la correspondiente garantía responderán frente a los compradores por el total de las cantidades anticipadas por los compradores e ingresadas en la cuenta o cuentas que el promotor tenga abiertas en dicha entidad».
Según el TS, el ordenamiento no puede hacer descansar en los padres unas obligaciones de velar por sus hijos menores y al mismo tiempo desposeerles de toda capacidad de control en casos como el presente en que las evidencias apuntaban inequívocamente en esa dirección.
Reseñamos los principales aspectos de la Instrucción de 9 de febrero de 2016, de la DGRN, que, entre otras cuestiones, regula la consulta por el registrador mercantil del listado de auditores ejercientes del Registro Oficial de Auditores de Cuentas; la fijación de los honorarios de los auditores designados por el registrador mercantil o la ampliación del plazo para que los auditores designados por el registrador mercantil puedan deliberar sobre la aceptación del encargo.
Como consecuencia de esta nueva norma, la banca deberá identificar la residencia fiscal de los titulares o de quien ostente el control de todas las cuentas financieras y la Agencia Tributaria podrá acceder de forma automática a información sobre las personas o entidades que controlan las cuentas financieras abiertas en entidades españolas y de otros Estados o podrán conocer, de forma automática, los valores negociables o fondos de inversión que un residente en España tenga en una institución financiera en países como Luxemburgo, Austria o Irlanda.
El BOE de 21 de julio de 2015, publica la ley de auditoría de cuentas, que culmina el proceso de adaptación de la normativa española a la normativa de la UE. Informamos de los aspectos básicos y sus principales novedades.
Con la reforma de la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas y del Código Civil, los saldos de las cuentas abandonadas, se destinarán a la financiación de programas de formación dirigidos a personas con discapacidad, y lo obtenido de las herencias abintestato se sumará al 0,7% del IRPF para fines sociales.
La Comisión de Economía del Congreso de los Diputados ha aprobado, con 23 votos a favor, 15 en contra y dos abstenciones, el proyecto de Ley de Auditoría de Cuentas solo con enmiendas del PP, un punto que ha provocado las críticas de la oposición, que entiende que no ha habido consenso en el trámite parlamentario.
El acuerdo entre AEB, CECA y el Consejo del Notariado responde al interés de los bancos de contar con un instrumento que les facilite el cumplimiento de la obligación, establecida por la normativa de prevención del blanqueo de capitales, de conocer al titular real de cuentas bancarias u otras operaciones, así como de identificar, entre sus clientes, a las personas con responsabilidad pública.
El nuevo texto trata de elevar la calidad de las auditorías, con el objetivo final de reforzar la confianza en la información económica y financiera. El Proyecto prevé un período de duración máxima del contrato de diez años y una limitación de los honorarios percibidos por el auditor.
Según el Informe de fiscalización sobre la gestión y control de las prestaciones abonadas por el Fogasa, en el ejercicio 2013, el Tribunal de Cuentas teme que el Fondo esté pagando "prestaciones fraudulentas" como consecuencia de la ineficacia en su gestión, su "falta de previsión" y la falta estructural de personal que sufre desde hace años.
La nueva norma prevé un periodo de rotación de los auditores de diez años; se limitan honorarios para otros servicios en las Entidades de Interés Público y se recogen hasta once servicios incompatibles para el auditor en relación a la auditada. Se establece un mayor contenido del informe de auditoría y se amplían las competencias del ICAC respecto de materias como la valoración de la existencia de riesgos sistémicos y de concentración, el análisis de las declaraciones de los auditores o la remisión de información y cooperación con las autoridades europeas de supervisión.
Cada órgano judicial dispone de una de estas cuentas bancarias, de cuya gestión se encarga el secretario judicial, para que en ella se efectúen los ingresos y los pagos relacionados con los procesos judiciales en trámite. En estas cuentas se depositan por ejemplo las fianzas para eludir la prisión provisional, responder en concepto de responsabilidad civil o asegurar la realización de un acto procesal.
Recibido el oficio del juzgado, la entidad bancaria comunico que no constaban cuentas con saldo acreedor a nombre de la ejecutada por lo que no podía materializar el embargo, constatándose posteriormente que la ejecutada disponía de cuentas con saldo suficiente, derivados de un préstamo concedido por la propia entidad demandada, por lo que ha de entenderse una actuación negligente de la entidad bancaria por no haber dado cumplimiento a la orden de embargo cursada por el juzgado.
El presidente del Tribunal de Cuentas ha presentado este martes en la Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Tribunal de Cuentas el informe de fiscalización sobre el ejercicio del CGPJ referido a 2010, que desvela el elevado margen de "discrecionalidad" y las numerosas irregularidades detectadas durante la presidencia de Carlos Dívar. Si bien ha reconocido la "demora" del informe, la ha justificado por el "carácter minucioso" del estudio.
La reforma se orienta sobre cuatro aspectos principales: 1) Mejora de las competencias de la junta de accionistas y de los derechos de los accionistas; 2) composición y régimen de responsabilidad de los organos de administración social; 3) retribución de los consejeros y 4) exigencia de información en las cuentas sociales sobre el periodo medio de pago a los proveedores.
El Tribunal de Cuentas cree que hacen falta reformas legales para que la rendición de cuentas fuera un "requisito indispensable" para que las entidades locales puedan acceder a concesión de ayudas y subvenciones públicas, tras constatar que el 35% no presentan sus cuentas generales en el plazo legalmente establecido.
El Reglamento (UE) nº 655/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, publicado en el DOUE del pasado viernes, establece un procedimiento que permite al acreedor obtener una orden europea de retención de las cuentas bancarias que el deudor u otra persona por cuenta de este posean en un Estado miembro, para evitar que una transferencia o retirada de fondos desde la misma, ponga en peligro la ulterior ejecución de su crédito. Resumimos los principales aspectos del mismo.
Se permite a la junta general de accionistas impartir instrucciones de gestión salvo disposición contraria de los estatutos y se le atribuye la decisión sobre operaciones esenciales (aquellas en las que el volumen supere el 25% del total de activos del balance). Se propone extender a todas las sociedades la prohibición de voto del socio que resulte beneficiado en casos muy claros de conflicto de interés. Desaparece la distinción entre acuerdos de la junta nulos y anulables y se amplía el plazo de su impugnación a un año.
En cuanto a los administradores sociales, se tipifican de forma más precisa los deberes de diligencia y lealtad y los procedimientos que se deberían seguir en caso de conflicto de interés. Se amplía el alcance de la responsabilidad, más allá del resarcimiento del daño causado, incluyendo la devolución del enriquecimiento injusto. Se definen las facultades indelegables del consejo de administrción.
La remuneración de los administradores deberá ser razonable, acorde con la situación económica de la sociedad y con las funciones y responsabilidades que les sean atribuidas.
Se obliga a publicar en la memoria de las cuentas anuales el periodo medio de pago a los proveedores. Las sociedades que no sean cotizadas y no presenten cuentas anuales abreviadas publicarán además esta información en su página web, si la tienen.
Las sociedades anónimas cotizadas deberán publicar en su página web el periodo medio de pago a sus proveedores.
El Tribunal de Cuentas considera que las actuaciones de la Agencia Tributaria para aflorar economía sumergida en España son "aún insuficientes", a la luz de los datos de recaudación obtenida gracias a las medidas de lucha contra el fraude y su relación con las estimaciones existentes sobre el peso de la economía 'en negro' en nuestro país, que se mueven entre el 17% y el 25% del PIB.
En este último paso de las cuentas públicas del próximo ejercicio, el debate se centrará en las enmiendas que han incluido los senadores, como el aumento en 19 millones de euros de la partida para las becas Erasmus o el mantenimiento de la bonificación de 420 euros para financiar la formación profesional por el empleo en las empresas de uno a cinco trabajadores.
El Real Decreto 960/2013 modifica los reglamentos del Impuesto sobre Sociedades; el IRPF; del Impuesto sobre la de Renta de No Residentes; General de Recaudación y de Actuaciones y Procedimiento de Gestión e Inspección Tributaria. Su principal objetivo es desarrollar la flexibilización de los requisitos de comercialización de fondos de inversión españoles mediante el sistema de cuentas globales ("cuentas ómnibus"). Adicionalmente modifica ciertos plazos de ingreso de obligados tributarios y entidades colaboradoras. Por otro lado, el Real Decreto adecúa los citados Reglamentos a los cambios incorporados en la Ley de Emprendedores y su Internacionalización.