Fogasa

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado que el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) debe cubrir indemnizaciones impagadas por empresario insolvente a trabajadores que no acepten traslado que implique cambio domicilio.

Según el TS, "lo único que puede impedir el juego del silencio positivo por el transcurso del plazo máximo en resolver, en los procedimientos iniciados de instancia o de parte, es que exista norma con rango de Ley o norma de Derecho Comunitario que prevea para el caso el efecto negativo del silencio, lo cual no ocurre en el caso de autos."

Según el Informe de fiscalización sobre la gestión y control de las prestaciones abonadas por el Fogasa, en el ejercicio 2013, el Tribunal de Cuentas teme que el Fondo esté pagando "prestaciones fraudulentas" como consecuencia de la ineficacia en su gestión, su "falta de previsión" y la falta estructural de personal que sufre desde hace años.

El exceso indemnizatorio es indicio de la inexistencia de la extinción por despido objetivo individual y determina que el FOGASA no deba hacerse cargo del exceso indemnizatorio pactado, conforme al artículo 33.8 del ET.

Ante las dificultades con que se encuentran las empresas en insolvencia actual o inminente para conseguir créditos quedan, habitualmente, en un segundo plano, las responsabilidades salariales, que se intentan soslayar mediante el recurso a las medidas de extinción, modificación y suspensión de contratos previstas en el ET y cuya aplicación en materia de concurso de acreedores se hace en virtud del procedimiento dispuesto en el artículo 64 de la LC. En este artículo se propone introducir en el ET una nueva figura de Procedimiento de subrogación anticipada en el pago del salario que, con el mismo procedimiento dispuesto en el citado artículo 64 permita que, en determinados supuestos tasados y autorizados por el juez, el FOGASA se hiciera cargo del pago de los salarios durante un periodo máximo de 120 días.

La Ley de Relaciones Laborales 16/1.976 de 8 de Abril (que atendía también a antecedentes internacionales, fijados, entre otros, en el art. 11 del Convenio nº 117 de la O.I.T.) y en su art. 31 dispuso la constitución de un Fondo de Garantía Salarial para garantizar y anticipar a los trabajadores contratados el percibo de sus remuneraciones correspondientes a tres meses como máximo (ampliada a cuatro meses por el R.D. Ley 34/1.978) y que estén pendientes de pago y las prestaciones e indemnizaciones sustitutivas del salario o de las prestaciones sociales en caso de insolvencia, suspensión de pagos o quiebra de la empresa.

Resulta curioso que en toda la Exposición de Motivos del RDL 20/2012, de 13 de Julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y el fomento de la competitividad, sólo se haga expresa mención de forma casi inadvertida a una reducción tan importante como la que se ha realizado respecto de las prestaciones del Fondo de Garantía Salarial, en adelante, FOGASA. Concretamente, el apartado III de dicha Exposición de Motivos menciona literalmente: "A su vez, se articulan medidas encaminadas a preservar la viabilidad financiera del Fondo de Garantía Salarial, en la línea de las funciones para las que fue concebido". Es sorprendente como con una pequeña frase, ni siquiera conjugada dificultosamente, el legislador vuelve a recortar una vez más en este año 2012, una de las fuentes gracias a la cual muchos trabajadores, aunque cada vez menos, podían acogerse para no acabar, y disculpen la expresión, con una mano delante y una detrás, después de prestar servicios en empresas durante gran parte de su vida.

La antigüedad media de los expedientes pendientes de tramitar por el Fondo de Garantía Salarial es de siete meses, con algunos casos excepcionales que datan de 2012. A 30 de septiembre de 2013 había pendientes de resolución 181.579 expedientes, registrándose los mayores retrasos son Barcelona (37.588), Madrid (33.800) y Valencia (26.547). Para paliar la situación se han encomendado a la empresa pública estatal Tragsatec algunas labores de apoyo e instrumentales al Fondo.

El Fondo de Garantía Salarial, destinó 1.373,6 millones de euros al pago de prestaciones en 2013, un 10,2% menos que en 2012 pero un 60% más que su presupuesto inicial de 840 millones de euros. Por ello el Gobierno debió autorizar en junio pasado un suplemento de crédito por importe de 530,6 millones de euros para que el Fogasa pudiera hacer frente a sus pagos.

Aunque el presupuesto inicial del organismo para 2013 tuvo que ser aumentado en agosto, de los 840 a los 1.300 millones de euros. El gasto en prestaciones de garantía salarial del Fogasa se ha cuadruplicado en los últimos seis años.

Mientras que el importe dedicado al pago de salarios, disminuyó respecto al año anterior, el destinado al abono de indemnizaciones aumentó casi en la misma proporción.

Su gasto en prestaciones se ha cuadruplicado en los últimos seis años, sin embargo, las previsiones de gasto en prestaciones para 2013 era inferior a la del año anterior. La posibilidad de externalizar algunas tareas instrumentales del Fondo se considera como una medida transitoria.