El Consejo General del Poder Judicial publica los resultados de una encuesta realizada por Metroscopia entre los pasados 8 y 22 de septiembre mediante entrevistas telefónicas a mil jueces y magistrados. La inmensa mayoría de los consultados afirma no haber recibido nunca sugerencias o presiones
El grupo de expertos que vigila el cumplimiento de la Convención se ha interesado por la capacitación de jueces y magistrados y por la elaboración de estudios sobre la actividad judicial.
Un periodo de pruebas que irá del 1 de julio al 30 de septiembre permitirá a jueces y magistrados familiarizarse con las aplicaciones informáticas necesarias para cumplimentar los nuevos formularios. Durante ese tiempo, un Grupo de Respuesta formado por miembros de los órganos técnicos del CGPJ atenderá todas las consultas que se planteen.
Cumple así con su obligación, prevista en la LOPJ, de adaptar de forma inmediata la situación de los miembros de la Carrera Judicial a las mejoras aprobadas para otros empleados públicos
No es posible extender los efectos de la norma que ha recuperado el derecho de los funcionarios públicos al disfrute de 4 días adicionales de vacaciones a los jueces y magistrados, sometidos únicamente al imperio de la Ley, y siendo la LOPJ la que determina su estatuto.
El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ pide un “especial esfuerzo” para luchar contra este fenómeno y afirma que la Guía es una herramienta de gran utilidad para el trabajo policial y judicial.
Según los datos remitidos por los Tribunales Superiores de Justicia y los órganos centrales al Consejo General del Poder Judicial.
A causa de los acontecimientos producidos en la población de Sant Cugat del Vallès, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial manifiesta su más absoluto rechazo frente a toda conducta de intimidación que pretenda dirigirse contra los Jueces y Magistrados que prestan servicio en Cataluña.
La guía, que se podrá consultar desde la página web, plasma de forma clara y sencilla la demarcación y planta judicial. Ofrecerá información sobre el número de jueces y magistrados que integran cada órgano, así como datos de contacto de la sede judicial.
Los textos, que analizan la pérdida de poder adquisitivo de los miembros de la Carrera Judicial, el sistema de retribuciones variables o las prestaciones de jubilación, han sido elaborados por los diferentes servicios del CGPJ, entre ellos el Gabinete Técnico, el Servicio de Inspección, la Sección de Estadística y Gerencia e Intervención. El CGPJ, que ha expresado en reiteradas ocasiones su respaldo a las reivindicaciones judiciales, cumple así el compromiso adquirido con las asociaciones profesionales.
El número de jueces y magistrados que han comunicado a las presidencias de sus respectivos Tribunales Superiores de Justicia, mediante las vías habilitadas al efecto en cada territorio, su decisión de secundar la jornada de paro convocada para el día de hoy por las asociaciones judiciales ha sido de 2.916.
El Consejo General del Poder Judicial ha anunciado que los seis miembros titulares serán los magistrados del Tribunal Supremo Ignacio Sancho Gargallo y Celsa Pico; los magistrados Eduardo Lopez Causapé, Gonzalo Sancho y Ramón Badiola y la juez Teresa García Villanueva. Un total de 1.979 de los 5.409 jueces y magistrados en activo emitieron su voto, lo que supone una participación del 36,6 %. La sesión constitutiva de la Comisión de Ética Judicial tendrá lugar el próximo 9 de mayo.
El Consejo General del Poder Judicial anuncia que un total de diecisiete jueces y magistrados optan a los seis puestos de titular –y otros tantos de suplente- para formar parte de la Comisión Ética Judicialn. Las elección de candidatos se elegirán en una votación que tendrá lugar los próximos días 24 y 25.
Los jueces y magistrados españoles elegirán los próximos días 13 y 14 de marzo a los seis miembros de origen judicial de la primera Comisión de Ética Judicial constituida hasta ahora, la cual emitirá dictámenes sobre consultas de casos y emitir informes relacionados con el comportamiento ético que han de tener los jueces.
El Consejo General del Poder Judicial ha concedido en 2017 un total de 434.479,98 euros en subvenciones a las cuatro asociaciones judiciales: Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI); lo que supone un incremento del 3 % respecto a 2016.
El Ministerio de Justicia continúa con el proyecto de dotación de medios para que unos 2.500 jueces, magistrados, letrados de la Administración de Justicia y fiscales de su ámbito competencial, puedan acceder en remoto al sistema de Justicia Digital.
En las conclusiones de sus Jornadas anuales, muestran su “respeto, solidaridad y apoyo” a los jueces catalanes. Además han demandado la mejora de condiciones profesionales y de salud de los jueces.
En una nota hecha pública hoy demandan al Consejo General del Poder Judicial que se fijen unos módulos adecuados y compatibles con el derecho al descanso y a la conciliación de la vida personal y familiar. Por su parte el CGPJ acordó tomar en consideración, “como principios programáticos de su actuación en materia de protección social de la Carrera Judicial”, las 130 propuestas contenidas en el documento elaborado por el Grupo de Trabajo sobre protección social de la Carrera Judicial.
Magistrado de la Audiencia Provincial de Cuenca, ingresó en la Carrera Judicial hace 27 años.
La guía ofrece un catálogo de buenas prácticas y pautas de actuación en la investigación de delitos de defraudación, corrupción entre particulares, blanqueo de capitales, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación y contra la Hacienda Pública, entre otros. Se incluye asimismo un apartado sobre los medios de comunicación y la información que, a través de las Oficinas de Comunicación del CGPJ, se puede ofrecer en cada etapa del procedimiento.
El Consejo se compromete a continuar el proceso de fijación de los módulos y cargas de trabajo, consciente del malestar de la Carrera Judicial por el retraso en su establecimiento.
Celebradas en León, en ellas se han abordado asuntos como el expediente judicial electrónico, la Oficina Judicial, la ética judicial o los procedimientos por las cláusulas suelo
La Comisión Permanente reduce de 67 a 61 el número de Juzgados de Menores en los que podría darse esta circunstancia. Desarrolla así el acuerdo adoptado en su reunión del pasado 23 de marzo por el que acordó utilizar esta medida de apoyo en régimen de comisión de servicio sin relevación de funciones.
El texto, que pretende servir de pauta en el desempeño de la jurisdicción y fortalecer la confianza de la ciudadanía en la Justicia, abarca principios generales como la independencia, la imparcialidad y la integridad, recoge modelos de comportamiento como la cortesía, la diligencia y la transparencia y prevé la creación de una Comisión de Ética Judicial que emita dictámenes sobre las consultas que se planteen y promueva la difusión y el conocimiento de los principios y proposiciones de ética judicial.
Las cuatro grandes asociaciones de jueces se “alegran” del acuerdo alcanzado y lo consideran “un primer paso para un Pacto de Estado por la Justicia”. Por ello, esperan que sea apoyado por todas las fuerzas parlamentarias, porque es "una oportunidad que no se puede desaprovechar".
Diversas asociaciones judiciales han expresado críticas sobre el alcance que en materia de Justicia y lucha contra la corrupción, pueda cobrar el acuerdo que están negociando el Partido Popular y Ciudadanos para permitir la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.
Los jueces proponen que la designación de su órgano de gobierno se haga como "originariamente" y no por los partidos políticos, pues el poder político puede utilizar ese sistema para menoscabar en la independencia judicial.
Según la información hecha pública, 420 miembros de la carrera judicial han obtenido la compatibilidad para ejercer otra actividad, la gran mayoría como docentes. Los ciudadanos podrán consultar en la página web del Poder Judicial si el juez que tramita su caso tiene concedida alguna compatibilidad y de qué tipo.
En la presentación del I Encuentro Hispano-Luso de Tribunales Supremos, Carlos Lesmes y Antonio Henriques destacan la importancia de la independencia judicial en las sociedades democráticas.
El objetivo del grupo es convertirse en un foro que permita a los jueces y magistrados de estos órganos judiciales poner en común los diversos problemas que encuentran en el ejercicio de sus funciones.
En este portal los ciudadanos podrán encontrar los datos de contaco con todos los juzgados y tribunales de España.
El próximo viernes 26 de febrero tendrá lugar en Madrid la primera Jornada de la Asociación de Mujeres Juezas de España, convocada con el título “No hay justicia sin igualdad”. En la misma se debatirán dos mesas de trabajo, sobre las discriminaciones en el empleo y las violencias de género y otras discriminaciones sociales, en la que participarán diez ponentes.
No cabe estimar la concurrencia del grave daño para el interés general, dado que no se ha acreditado suficientemente el alcance del posible efecto multiplicador de la doctrina contenida en la sentencia impugnada, ni la entidad de la cuantía a que pudiera ascender el eventual perjuicio económico, ni el número aproximado de posibles afectados.
Los mayores registros de esta opinión se encuentran en los Juzgados de lo Social y los Juzgados de Primera Instancia por otra parte, un 27 por ciento de los encuestados consideran la carga adecuada y un 2 por ciento llega a calificarla de "baja".
Las asociaciones judiciales Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente, han hecho público un comunicado en el que presentan una propuesta unitaria en relación con la Justicia.
Según el TS, si los jueces tuvieran que abstenerse o pudieran ser recusados cada vez que coinciden en un juicio con compañeros de clase, o con cualquiera de las personas con las que entran en contacto en su vida diaria, como ciudadanos corrientes, les resultaría imposible administrar justicia.
Entre las conclusiones de la VI Encuesta a la Carrera Judicial destaca, además, que nueve de cada diez jueces consideran que los medios con los que cuentan son diferentes según los territorios y que la mayoría está a favor de reformas procesales para mejorar la lucha contra la corrupción y se opone a atribuir la instrucción de las causas al Ministerio Fiscal.
La norma introduce un amplio paquete de medidas para mejorar la organización de la Justicia, un mejor reparto de asuntos entre juzgados, mayor especialización de los órganos judiciales, agiliza la instrucción de causas complejas y amplía las competencias de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
La asociación Jueces para la Democracia rechaza las interpretaciones judiciales forzadas y aclara que la carrera judicial ha hecho un esfuerzo ímprobo para dar respuesta a lo que los ciudadanos reclaman legítimamente.
La reforma establece mecanismos para la modificación de las normas de reparto en determinados juzgados, introduce el apoyo al juez instructor en las causas complejas o la especialización de órganos judiciales para la resolución de asuntos que generan gran número de demandas.
Se amplían las competencias de los jueces de violencia contra la mujer y se establecen equipos especializados en los Institutos de Medicina Legal
Jueces y magistrados, fiscales y secretarios judiciales, que pasan a denominarse letrados de la Administración de Justicia, podrán solicitar la permanencia en el servicio activo hasta los 72 años
Se introduce una nueva regulación del recurso de casación en el orden Contencioso-Administrativo basada en el concepto de interés casacional
El Ministerio de Justicia ha apagado la polémica suscitada por la desaparición de la figura del magistrado emérito, vinculada al incremento de la edad de jubilación de los jueces a los 72 años. En una transaccional, aprobada este jueves por la Comisión de Justicia del Senado, la puesta en marcha de la medida queda aplazada dos años.
La Abogacía propone que los jueces puedan, de oficio o a instancia de parte, convocar a cualquiera de las partes, a sus abogados o a sus representantes procesales en la sede del tribunal cuando lo consideren conveniente para la administración de Justicia, sin necesidad de constituirse en audiencia pública. En esa reuniones los abogados no podráín entregar pruebas, notas u otros documentos a los jueces en forma diferente a los establecido en las normas procesales.
Cientos de jueces de toda España han recurrido a la Audiencia Nacional para solicitar que haga extensiva a cada uno de ellos la sentencia del pasado mes de enero, por la que se reconocía el derecho de los jueces de Instrucción a ser compensados por no librar tras las guardias realizadas antes del 15 de octubre de 2013.
Eleva una propuesta al CGPJ para que su familia pueda cobrar la pensión extraordinaria
El estrés por sobrecarga de trabajo se considera factor de riesgo, el Plan establece que "el CGPJ regulará la carga de trabajo de la Carrera Judicial a efectos de salud laboral"
El CGPJ ha archivado las diligencias abiertas para averiguar si el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y otros jueces incurrieron en incompatibilidad al recibir una compensación económica por el desarrollo de una herramienta informática en Decanatos y Órganos Judiciales que se puso en marcha en 2010, por considerar que actuaron de buena fe y en beneficio de los usuarios de la Administración de Justicia.
El presidente del TSJM dará explicaciones en el marco de la investigación abierta por el CGPJ sobre los supuestos pagos de primas a jueces, mientras fuentes del sector progresista han manifestado sus dudas de que las funciones realizadas por los magistrados estén exentas de permiso de compatibilidad.
La Comunidad de Madrid requirió de la colaboración de jueces y magistrados para la implantación de este sistema y dado que la actividad se desarrolló fuera del horario laboral y suponía un gran esfuerzo de trabajo, se acordó una compensación económica que realizó la empresa contratada para desarrollar técnicamente este Sistema.
Dirigido a adoptar una política de "tolerancia cero" frente al acoso y la violencia, prevé la designación de asesores confidenciales que se encarguen de tramitar las quejas y orientar a las víctimas.
El Tribunal Supremo considera que el magistrado de la Audiencia Provincial que enjuició el caso fue parcial en su interrogatorio, mostrándose partidario de las tesis de la acusación, y ordena repetir el juicio.
La asociación lamenta que el Ministerio de Justicia y el CGPJ hayan incumplido sus obligaciones y denuncia la desprotección en materia de seguridad y salud en el ejercicio de sus funciones del colectivo judicial.
La norma contempla la creación de 112 plazas para magistrados de órganos colegiados, 167 para jueces de adscripción territorial y tres nuevos juzgados de lo penal. El Ministerio de Justicia espera que estas unidades contribuyan a reforzar la lucha contra la corrupción. De hecho, dos plazas irán destinadas el próximo año a la sala de la Audiencia Nacional encargada de juzgar casos de corrupción. Las asociaciones judiciales acusan al Gobierno de "no decir la verdad" porque no se crean nuevas plazas sino que se regulariza la situación de quienes no tienen destino.
Según la asociación, el anuncio de la próxima incorporación de 300 jueces, como medida especial para luchar contra la corrupción, no crea en realidad nuevos juzgados ni va a incorporar ningún juez más de los que ya existen, sino que se va a limitar a regularizar la situación de los más de 300 jueces que ya llevan tiempo incorporados, pero que se encuentran en situación irregular de expectativa de destino. Es decir, que este Decreto únicamente regularizará esta situación a efectos administrativos.
El Ministerio de Justicia critica el "galimatías" al que ha contribuido el Consejo General del Poder Judicial, que ha gestionado este excedente de jueces "sin consultar" al Ministerio de Justicia ni las comunidades autónomas con las competencias transferidas. Justicia calcula que son necesarias 282 nuevas plazas para poner fin a "la situación de desequilibrio" entre el número de miembros de la Carrera Judicial que se encuentran en activo y la cantidad de plazas judiciales existentes.
El acuerdo impugnado está referido a la carga de trabajo de los Juzgados y Tribunales, sin referencia o exclusión alguna del personal ajeno a la carrera judicial, por lo que afecta sin duda a todo el personal integrante del órgano jurisdiccional, dependa o no del Consejo General del Poder Judicial; por ello debería haber sido aprobado con audiencia previa del Ministerio de Justicia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 110.3 LOPJ, al afectar a competencias propias de dicho departamento.
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha elegido este martes al magistrado de tendencia conservadora Manuel Marchena como nuevo presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Según un informe del Servicio de Inspección del CGPJ, el 43,53% de los juzgados españoles están saturados. En concreto, 1.695 superan en un 150% la media de asuntos recomendada por el órgano de gobierno de los jueces.
La mayoritaria APM es contraria a eliminarlo pero otros representantes de jueces y fiscales ve bien reducirlo al máximo, como en otros países.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado por unanimidad permitir que un joven estudiante de Derecho invidente pueda acceder a la carrera judicial, en el caso de que supere el proceso selectivo correspondiente y que desempeñe su función en puestos compatibles o adaptados a sus capacidades.
Los jueces tendrán cinco días de libre disposición, nueve justificados para resolver trabajo y otros 20 días para estudios jurídicos. También se ha aprobado delegar en las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia, la gestión de la jubilación del personal al servicio de esta Administración y las prórrogas de permanencia en el servicio.
El reciente promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, defiende la creación de esta nueva figura que ejerce a modo de "fiscal" en los expedientes disciplinarios, al no considerar positivo que vinieran siendo jueces en ejercicio los encargados de investigar disciplinariamente a otros compañeros. El CGPJ recibe más de 18.000 quejas anuales de ciudadanos respecto del funcionamiento de la Justicia, incoándose una media de 60 expedientes a jueces.
El objetivo de esta iniciativa es dotar a los jueces españoles de un texto semejante al que ya existe en otros países, que oriente a los miembros de la carrera a la hora de tomar decisiones sobre su comportamiento profesional, atendiendo a lo que la sociedad demanda del colectivo y como medio para afianzar y ampliar la confianza de los ciudadanos en la Administración de Justicia.
La asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria, la segunda en número de afiliados de la carrera judicial, ha decidido impugnar ante el Tribunal Supremo el nombramiento de los doce vocales de adscripción judicial y del presidente del órgano de gobierno de los jueces, por considerar que se trata de un cambalache que acredita la injerencia de los partidos y del propio Gobierno en el órgano de gobierno de los jueces.