La inexistencia de medios para hacer frente a esta "sobrecarga" de trabajo pone de manifiesto, según la APIF, el "absoluto desconocimiento que por parte de la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, del trabajo desarrollado en estos órganos, por lo que existen su dimisión.
La Fiscalía general del Estado ha dictado su Circular 5/2015, de 13 de noviembre de 2015, para informar a los fiscales sobre los plazos para la instrucción penal introducidos en la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que entrará en vigor el próximo 6 de diciembre.
En dos actos celebrados separadamente, los jueces Mercedes Alaya y Pablo Ruz, han criticado la brevedad de los nuevos plazos de instrucción de los procedimientos establecidos por la reciente reforma de la LECrim. Ambos magistrados han criticado igualmente las dificultades que los organismos públicos y las entidades bancarias oponen a su trabajo de investigación.
El CGAE solicita que se dote a fiscalías y juzgados de los medios personales y materiales necesarios para cumplir el mandato legal y recuerda que los abogados, en representación de las partes procesales, también pueden solicitar al juez de Instrucción la prórroga de los plazos de las investigaciones judiciales.
El ministro considera que está "absolutamente confundido" quien piense así, ya que el juez tendrá la posibilidad de ampliar los plazos.
Según el ministro Catalá, si bien la parte relacionada con las comunicaciones electrónicas y la presentación telemática de documentos, estará operativa a nivel general en los próximas semanas, la conexión de la entrada telemática con los sistemas procesales de gestión "requiere aún trabajo".
La reciente publicación de la reforma de la LECrim ha levantado las críticas de las asociaciones de jueces y fiscales consideradas de orientación progresista.
Hoy se ha publicado la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica y la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, de las que resumimos conjuntamente sus contenidos más relevantes.
Resumimos los principales contenidos de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, publicada hoy.
Ante la avalancha legislativa de los últimos meses ¿qué grandes reformas están todavía pendientes de publicación? Aquí las reseñamos.
La reforma introduce una amplia mofidicación de la LEC con la finalidad, entre otras, de hacer que las comunicaciones telemáticas sean el medio habitual de comunicación en el ámbito de la Administración de Justicia.
La cámara alta ha avalado, con los votos del PP, los dos proyectos de ley en los que se ha dividido la reforma, uno de Ley Orgánica y otro de Ley Ordinaria.
La nueva redacción, pactada con asociaciones de periodistas y editores, incluye mención expresa al derecho a la información.
La introducción de una enmienda a la reforma de la LEC para que los graduados sociales puedan formar parte del turno de oficio en materia laboral y de la Seguridad Social ha desatado la polémica entre este colectivo y la abogacía. El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, ha declarado que la institución que lidera “se opone rotundamente a la inclusión de los graduados sociales en la Ley de Justicia Gratuita”.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha comprometido a estudiar la una mejora de la nueva redacción prevista para el artículo 520.1 de la LECrim, para asegurar el equilibrio entre el derecho a la información y el respeto al derecho al honor, intimidad e imagen de los detenidos o presos.
Representantes de editores y de periodistas han suscrito este martes un documento conjunto en el que exigen la retirada una medida incorporada a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que impedirá tomar imágenes de personas que han sido detenidas pues pone en peligro el derecho constitucional a la información.
El texto aprobado por el Gobierno en febrero de 2014 cosechó un amplio rechazo de todos los sectores afectados. La reforma de la LEC, actualmente en tramitación, recogerá parte de su contenido previsto.
Ambas Corporaciones quieren que sus colegiados estén preparados para llevar a cabo la comunicación electrónica con la Administración de Justicia y otros trámites on-line que requieren un proceso judicial de acuerdo con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
La reforma afectará, además, a la regulación del juicio verbal, al proceso monitorio y a los plazos civiles de prescripción. Tras su aprobación pasará al Senado.
El ministro de Justicia ha reiterado su apoyo a la profesión de procurador que, con la próxima reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil pasará de ser el representante procesal de los litigantes a convertirse en auténtico colaborador en los actos de comunicación, ya se trate de citaciones, notificaciones, requerimientos o emplazamientos.
La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal actualmente en trámite en el Congreso, ha incorporado una enmienda que obligará a proteger la imagen, el honor y la intimidad de los detenidos en el momento en que se practique su arresto y en los traslados posteriores, con la intención de "asegurar el respeto a sus derechos constitucionales".
Juristas y magistrados han criticado este martes ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados el establecimiento de plazos para las instrucciones, que prevé la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y han advertido de que pueden servir de abono para que crezca la impunidad.
El ministro de Justicia ha defendido, en la tramitación de la reforma que la LECrim, que los nuevos plazos de instrucción previstos para las causas pensales, de seis meses para causas sencillas y de 18, con la posibilidad de prorrogarlo hasta 36 meses, en las complejas, no se han aplicado "caprichosamente" ya que las investigaciones duran 245 días de media.
El ministro de Justicia ha defendido, en la tramitación de la reforma que la LECrim, que los nuevos plazos de instrucción previstos para las causas pensales, de seis meses para causas sencillas y de 18, con la posibilidad de prorrogarlo hasta 36 meses, en las complejas, no se han aplicado "caprichosamente" ya que las investigaciones duran 245 días de media.
Según ha informado el Ejecutivo, las Fuerzas de Seguridad, previa autorización judicial, podrán instalar programas de los denominados 'troyanos' en los equipos informáticos que utilicen presuntos delincuentes, para acceder, de forma remota y telemática y sin conocimiento de su titular o usuario, a su actividad.
La reforma abarca dos Proyectos de Ley, uno de Ley Orgánica y otro de Ley Ordinaria.
Se prevé que la instrucción de los delitos dure un máximo de seis meses o de 18 cuando la investigación sea compleja.
El término ‘imputado’ se sustituye por ‘investigado’ en la fase de instrucción y por ‘encausado’ tras el auto formal de acusación.
Las sentencias de las Audiencias Provinciales serán revisadas en segunda instancia por los TSJ y las de la Audiencia Nacional por una Sala de Apelación propia.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado que el Gobierno renunciará a su propuesta de aumentar los casos en que se permite la intervención de las comunicaciones sin autorización judicial si el CGPJ concluye que no tiene encaje constitucional, tal como dice en el dictamen que aprobó el lunes.
El Consejo General del Poder Judicial ha aprobado hoy por unanimidad su informe al Anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que, partiendo de una valoración global positiva del texto, solicita que se establezca con claridad la naturaleza jurídica de los plazos de instrucción de los procedimientos y las consecuencias que tendría el incumplimiento por parte del juez instructor de los mismos,
La versión inicial del dictamen del CGPJ sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal parte de una valoración "necesariamente positiva" en términos generales del texto remitido por el Gobierno, ya que es el resultado "de una concepción ágil y moderna de la justicia penal", sin embargo, considera que lo referido a la intervención de las comunicaciones sin autorización judicial previa prevista para determinados casos, plantea "serias dudas de encaje constitucional".
El Consejo de Ministros de hoy aprobará previsiblemente un decreto ley de modificación de la Ley Concursal que incluirá también un cambio en la Ley de Enjuiciamiento Civil requerido por el Tribunal de Justicia de la UE para que los deudores puedan optar a presentar recurso contra una sentencia desfavorable como ya pueden hacer los acreedores.
El desempeño por el abogado de una de las partes de las nuevas tareas que la proyectada reforma de la LEC atribuye al procurador resultaría incompatible con la independencia y apariencia de la misma que debe exigirse a quien como abogado actúe como colaborador de la Administración de Justicia.