Primera Objeto del Convenio

El presente Convenio tiene por objeto establecer las condiciones para la encomienda de gestión por parte de la autoridad de certificación del Programa Operativo para el Sector Pesquero Español, FEGA (en adelante, autoridad de certificación), al organismo intermedio de certificación de la Comunidad Autónoma de Canarias (en adelante, organismo intermedio de certificación), de las funciones asignadas a la autoridad de certificación, con excepción de las incluidas en el apartado a) del artículo 60 del Reglamento (CE) n.^o 1198/2006 del Consejo relativo al Fondo Europeo de Pesca y en el artículo 46 del Reglamento (CE) n.^o 498/2007 de la Comisión por el que se establecen las disposiciones de aplicación del anterior, para las cuales prestará a la autoridad de certificación la colaboración necesaria para su correcta ejecución.

Segunda Obligaciones de la autoridad de certificación

La autoridad de certificación:

• 1. Certificará las declaraciones de de gastos y solicitudes de pago que puedan acogerse a financiación del FEP, a partir de los certificados y declaraciones de gastos y solicitudes de pago presentados por los organismos intermedios de certificación en cada uno de los periodos de cierre de pago.
• 2. De acuerdo con sus propios procedimientos, se asegurará de que la información recibida sobre la declaración de gastos constituye una base adecuada para la certificación de gastos, según se establece en el artículo 60 del Reglamento (CE) n.^o 1198/2006.
• 3. Remitirá a la Comisión Europea las declaraciones de gastos y solicitudes de pago, en las fechas previamente establecidas y comunicadas a los organismos intermedios de certificación con arreglo a sus propios procedimientos.
• 4. Comunicará a los organismos intermedios de certificación el gasto certificado y la fecha de presentación a la Comisión, además de las incidencias que ponga de manifiesto la Comisión Europea en relación con las certificaciones y declaraciones de gastos y solicitudes de pago remitidas.
• 5. Con respecto a los importes retirados, recuperados, pendientes de recuperación o declarados irrecuperables, remitirá a la Comisión Europea antes del 31 de marzo, la información previamente recibida de los organismos intermedios de certificación, una vez verificada y consolidada a nivel nacional.

Tercera Obligaciones del organismo intermedio de certificación

1. Procedimiento de certificación.

El organismo intermedio de certificación:

• 1.1 Presentará el certificado y declaración de gastos y solicitud de pago a la autoridad de certificación, firmado por la autoridad competente, siguiendo el modelo del anexo IX del Reglamento (CE) n.^o 498/2007, correspondiente a los periodos de cierre de pago que se establezcan en la Instrucción General del FEGA.
• 1.2 Remitirá a la autoridad de certificación la citada información, correspondiente a cada uno de los periodos de cierre de pago mencionados, con anterioridad al plazo fijado en la Instrucción General del FEGA.
• 1.3 Certificará, teniendo en cuenta el modelo del anexo IX del Reglamento (CE) n.^o 498/2007, que:
  • a) La declaración de gastos es exacta, que se ha elaborado aplicando sistemas de contabilidad fiables y que se basa en justificantes que sean verificables.
  • b) Los gastos declarados se ajustan a las disposiciones nacionales y comunitarias aplicables en la materia y han servido para financiar operaciones previamente seleccionadas a tal fin, siguiendo los criterios aplicables al Programa Operativo para el Sector Pesquero Español, y en cumplimiento de las normas nacionales y comunitarias.

2. Requisitos de certificación.

El organismo intermedio de certificación, al objeto de efectuar la certificación de gastos:

• 2.1 Se asegurará de que la información recibida sobre los procedimientos y comprobaciones realizados en relación con el gasto, e incluidos en las declaraciones de gastos, sean una base adecuada para la certificación.
• 2.2 Tendrá en cuenta los resultados de las auditorías efectuadas por la autoridad de auditoría o bajo su responsabilidad.
• 2.3 Llevará registros contables en soporte electrónico del gasto declarado y remitido a la autoridad de certificación.
• 2.4 Mantendrá una cuenta de los importes recuperables y de los importes retirados, debido a la cancelación de toda o parte de la contribución a una operación. Esta información deberá aportarse a la autoridad de certificación con anterioridad al 1 de marzo de cada año, siguiendo el modelo que figura en el anexo X del Reglamento (CE) n.^o 498/2007, que recoge el siguiente detalle:
  • a) Importes retirados de las declaraciones de gastos presentadas durante el año anterior, a raíz de la cancelación de toda o parte de la contribución pública a una operación.
  • b) Importes recuperados que se hayan deducido de las declaraciones de gastos presentadas durante el año anterior.
  • c) Importes que deban recuperarse a 31 de diciembre del año anterior, clasificados según el año de inicio del procedimiento de recuperación.
  • d) Lista de los importes declarados irrecuperables el año anterior, o que no se espera recuperar, clasificados según el año de inicio del procedimiento de recuperación.

3. Aplicación del FEP.

La aplicación informática APLIFEP, proporcionada por la Secretaría General de Pesca, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, será la herramienta informática a través de la cual se almacenará toda la información requerida a los organismos intermedios de certificación por la autoridad de certificación para el desempeño de sus tareas. Además, podrán establecerse otros cauces de intercambio de comunicación.

Cuarta Comprobación de las actuaciones de los organismos intermedios de certificación

La autoridad de certificación examinará anualmente las funciones encomendadas a los organismos intermedios de certificación, para comprobar que las mismas se desempeñan con arreglo a la normativa comunitaria y nacional de aplicación.

Quinta Comisión de Seguimiento

Se constituye una Comisión de Seguimiento, que estará integrada por dos representantes de la autoridad de certificación y dos representantes del organismo intermedio de certificación, presidida por uno de los representantes de la autoridad de certificación, que se reunirá cuantas veces sea necesario, a petición de cualquiera de las dos Administraciones, para deliberar y acordar la coordinación de las actuaciones relacionadas con la finalidad perseguida con la firma del presente Convenio de encomienda de gestión.

Sexta Financiación y corresponsabilidad financiera

Las actuaciones previstas en el presente Convenio no generarán costes ni darán lugar a contraprestaciones financieras entre las partes firmantes, sin perjuicio de las responsabilidades que pudiera corresponderles por actuaciones derivadas de su gestión o por cualquier incumplimiento de la normativa comunitaria que den lugar a correcciones financieras, a las que resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley General de Subvenciones.

Séptima Duración del Convenio

Este Convenio surtirá efectos desde su firma hasta el 31 de diciembre de 2013, entendiéndose prorrogado automáticamente por sucesivos períodos anuales, salvo denuncia expresa por cualquiera de las partes comunicada con una antelación mínima de tres meses a la fecha de su conclusión.

Octava Resolución

El presente Convenio de encomienda de gestión podrá ser resuelto, en cualquier momento, de mutuo acuerdo entre las partes o por decisión motivada de una de ellas, que deberá comunicarse por escrito a la otra parte con, al menos, tres meses de antelación.

Novena Naturaleza y jurisdicción

El presente Convenio de encomienda de gestión se formaliza de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6 y 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y tiene la naturaleza de lo previsto en el artículo 4.1.c) del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, siéndole de aplicación, en defecto de normas específicas, los principios de ambos textos legales para resolver las dudas y lagunas que pudieran producirse.

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir de su interpretación, modificación, efectos o resolución, serán resueltas una vez agotada la vía administrativa, por la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso–Administrativa.