Primera Objeto del Convenio de Colaboración

El presente Convenio tiene por objeto la colaboración entre la Administración General del Estado, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y la Junta de Castilla y León en materia de contratación pública, en los términos establecidos en el presente Convenio, de cara a la realización de las siguientes actividades:

• I. Utilización de la Plataforma de Contratación del Sector Público para aportar información sobre los procesos de contratación en el ámbito de competencias de la Junta de Castilla y León inicialmente mediante un intercambio de información entre portales o sistemas informáticos similares de la Junta de Castilla y León y de la Administración General del Estado, dejando para un momento posterior la integración o utilización de una única Plataforma de Contratación.
• II. Coordinación de las competencias en materia de Registros de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado y de la Junta de Castilla y León, mediante la utilización compartida de un único Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas.

I. Plataforma de Contratación del Sector Público.

A) Ámbito objetivo de aplicación:

El presente Convenio, en el ámbito de coordinación de la Plataforma de Contratación del Sector Público, tiene por objeto unificar la publicación de las convocatorias de licitaciones de todas las entidades pertenecientes al Sector Público, y sus resultados en un mismo sistema de información que ofrezca a través de internet toda la información de forma accesible a las empresas y ciudadanos.

Se pretende con ello facilitar el cumplimiento de la disposición adicional tercera de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de unidad de mercado, en la que se establece que:

«La Plataforma de Contratación del Estado regulada en el artículo 334 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, pasará a denominarse Plataforma de Contratación del Sector Público.

En la Plataforma se publicará, en todo caso, bien directamente por los órganos de contratación o por interconexión con dispositivos electrónicos de agregación de la información de las diferentes administraciones y entidades públicas, la convocatoria de licitaciones y sus resultados de todas las entidades comprendidas en el apartado 1 del artículo 3 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.»

B) Actuaciones:

Ambas administraciones públicas ejecutarán los compromisos establecidos en la cláusula octava y realizarán los desarrollos informáticos que les correspondan en los plazos más breves posibles.

C) Procedimiento:

Para llevar a cabo dicha propuesta se han previsto dos fases. La Dirección General del Patrimonio del Estado y la Junta de Castilla y León realizarán los desarrollos normativos, organizativos y técnicos necesarios para hacer posible el cumplimiento de los objetivos de cada una de ellas.

• 1.ª Fase: Agregación de información sobre convocatorias de licitaciones y sus resultados mediante mecanismos de interconexión.

  La Junta de Castilla y León mantendrá los perfiles del contratante de los órganos de contratación dependientes de la misma alojados en su propia plataforma, y notificará a la Plataforma de Contratación del Sector Público sobre todas las publicaciones relativas a convocatorias de licitaciones y sus resultados mediante mecanismos de interconexión para la agregación de información.

  El conjunto de datos a compartir, especificaciones técnicas de los formatos, protocolos y mecanismos de intercambio de información serán acordados entre la Dirección General del Patrimonio del Estado y el gobierno de la Junta de Castilla y León que haga uso de este mecanismo de agregación de información.

  La Plataforma de Contratación del Sector Público facilitará a los ciudadanos y empresas la búsqueda global de toda la información publicada, y el acceso a las publicaciones en las plataformas interconectadas.

• 2.ª Fase: Adhesión a la Plataforma de Contratación del Sector Público de todos los perfiles del contratante correspondientes a órganos de contratación de la Junta de Castilla y León.

  En función de los resultados obtenidos durante la primera fase, los perfiles del contratante de todos los órganos de contratación de la Comunidad Autónoma se integrarán en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

D) Compromiso de las partes:

Ambas Administraciones acuerdan que el servicio se ofrecerá conforme a las siguientes condiciones:

Ambas Administraciones Públicas aceptan la utilización de las especificaciones funcionales y técnicas que se acordarán entre la Dirección General del Patrimonio del Estado y las Administraciones Públicas conectadas con la Plataforma de Contratación del Sector Público para la agregación de información.

La Dirección General del Patrimonio del Estado:

• a) Desarrollará un conjunto de especificaciones funcionales y técnicas del sistema de interconexión para la agregación de información en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
• b) Ofrecerá soporte técnico a la integración de los sistemas informáticos de la Comunidad Autónoma con la Plataforma de Contratación del Sector Público, conforme a las especificaciones desarrolladas.
• c) Asegurará la integridad de la información comunicada desde la Junta de Castilla y León, una vez puesto el servicio en funcionamiento.
• d) Asegurará la disponibilidad del servicio en modo 24 x 7. Podrán programarse paradas del servicio fuera del horario habitual de trabajo con un aviso previo a los usuarios de al menos 48 horas, salvo causa justificada.
• e) Desarrollará las especificaciones técnicas y funcionales que sean necesarias para asegurar que en la fase de adhesión a la Plataforma de Contratación del Sector Público de todos los perfiles del contratante correspondientes a órganos de contratación de la Junta de Castilla y León, se dé siempre y en todo momento adecuado cumplimiento a la normativa Nacional y Europea en materia de transparencia y publicidad de la información contractual.

La Junta de Castilla y León:

• a) Tomará las medidas organizativas, desarrollará la normativa, y acometerá los desarrollos informáticos necesarios, para asegurar la comunicación a la Plataforma de Contratación del Sector Público de todas las publicaciones de convocatorias de licitaciones y sus resultados que se realicen en el perfil del contratante de sus órganos de contratación o en sus plataformas.
• b) Será responsable de la veracidad y completitud de la información enviada a, o puesta a disposición de la Plataforma de Contratación del Sector Público relativa a las publicaciones realizadas en su perfil del contratante o plataforma.
• c) Asegurará la disponibilidad y accesibilidad de la información publicada en el perfil del contratante de sus órganos de contratación a través de los enlaces proporcionados a la Plataforma de Contratación del Sector Público.
• d) Autoriza a que la Plataforma de Contratación del Sector Público pueda ofrecer servicios públicos a ciudadanos y empresas basados en la explotación de esta información: servicios de suscripciones y alertas, informes sobre actividad contractual de las administraciones, etc.

E) Comité Técnico:

Al objeto de impulsar y coordinar la ejecución de las actuaciones necesarias para la ejecución de las medidas contempladas en este Convenio así como para el seguimiento del mismo, en este apartado, se creará un Comité Técnico formado por dos miembros, uno perteneciente a cada Administración Pública.

El representante de la Administración General del Estado será la Subdirectora General de Coordinación de la Contratación Electrónica de la Dirección General del Patrimonio del Estado del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

El representante de la Junta de Castilla y León será el Jefe de Servicio de Normalización de la Contratación y Apoyo a la Junta Consultiva de la Secretaría General de la Consejería de Hacienda.

A requerimiento de dichos representantes, podrán incorporarse a las sesiones del Comité uno o más expertos, con carácter no permanente, en función de las materias a ser tratadas en cada sesión.

El Comité Técnico se reunirá cuantas veces sea necesario y a petición de cualquiera de las partes, reuniéndose al menos una vez al año para evaluar los resultados derivados de la ejecución del Convenio, y en su caso proponer la adopción de medidas que contribuyan a su cumplimiento.

F) Costes de este apartado del Convenio de Colaboración:

Los servicios de la Plataforma de Contratación del Sector Público se ofrecerán por la Administración General del Estado a la Junta de Castilla y León de forma totalmente gratuita.

La Administración General del Estado por medio de la Dirección General del Patrimonio del Estado asumirá con sus recursos técnicos y humanos y, en su caso, con cargo a sus consignaciones presupuestarias y previa la tramitación de los oportunos expedientes de gasto, el coste de:

• a) Los desarrollos informáticos para las adaptaciones de la Plataforma de Contratación del Sector Público que resulten necesarias para facilitar la posibilidad de publicar la información por parte de la Junta de Castilla y León.
• b) El desarrollo de especificaciones funcionales y técnicas de los sistemas de interconexión entre sistemas, cuando fuera necesario.
• c) El servicio de soporte de usuarios institucionales relativo al uso de la Plataforma, o el soporte técnico relativo a la interconexión de los sistemas.
• d) El mantenimiento de la infraestructura informática y los servicios necesarios para el correcto funcionamiento de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

No obstante la Junta de Castilla y León asumirá el coste de:

• a) Los desarrollos informáticos que fuera necesario acometer en sus propios sistemas de información para la interconexión con la Plataforma de Contratación del Sector Público, si fuera necesario.
• b) Servicios de comunicaciones necesarios para conectar con la Plataforma de Contratación del Sector Público a través de Internet o de la red SARA.

II. Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas (ROLECE).

A) Ámbito objetivo de aplicación:

El TRLCSP establece en sus artículos 326 a 332 el contenido y regulación básica del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE), habilitando igualmente a las Comunidades Autónomas para crear sus propios Registros Oficiales de Licitadores, y disponiendo que facilitarán a las otras Administraciones la información que precisen sobre el contenido de los respectivos Registros. Adicionalmente, en su artículo 83 atribuye a las inscripciones del ROLECE plenos efectos de acreditación frente a todos los órganos de contratación del Sector Público, y a las de los Registros creados por las Comunidades Autónomas iguales efectos en sus respectivos ámbitos propios de contratación y en los de las entidades locales de su ámbito territorial.

En el ámbito de los Registros de Licitadores el presente Convenio tiene por objeto coordinar y consolidar en un único Registro toda la información actual y futura relativa a empresarios y demás operadores económicos, tanto la inscrita o susceptible de inscripción en el ROLECE como la inscrita o susceptible de inscripción en el Registro de Contratistas de la Junta de Castilla y León, manteniendo invariables las competencias de las respectivas Administraciones respecto de la tramitación y resolución de los expedientes de inscripción registral, otorgando los mismos efectos y eficacia plenos frente a todos los órganos de contratación del Sector Público a los asientos practicados en el Registro por ambas Administraciones.

El nuevo Registro, de carácter electrónico y acceso telemático, facilitará tanto a los órganos de ambas Administraciones como a los interesados el acceso al mismo de modo remoto y descentralizado, a través de Internet. Todas las operaciones necesarias para la tramitación de las inscripciones en el Registro se practicarán sobre una única base de datos centralizada, tanto si la solicitud de inscripción se insta ante los órganos competentes de la Junta de Castilla y León o ante los de la Administración General del Estado.

Los formularios, modelos e interfaces de la aplicación informática se adaptarán en todo lo que resulte necesario a la simbología, denominaciones y demás circunstancias específicas de la Junta de Castilla y León para todos los trámites y actuaciones que hayan de ser efectuados por sus órganos competentes, así como en los trámites y actuaciones de los empresarios que soliciten ante éstos su inscripción en el Registro.

B) Gestión del procedimiento:

Para alcanzar los objetivos enunciados ambas Administraciones se comprometen a promover e impulsar los cambios normativos, organizativos y de procedimientos necesarios en sus respectivos ámbitos de competencias, a adoptar los acuerdos necesarios, y a realizar, implantar y poner en servicio los nuevos aplicativos y sistemas informáticos que resulten necesarios, así como a modificar los actualmente existentes, todo ello de la forma más diligente posible.

La tramitación de los expedientes de inscripción en el Registro y la adopción de los correspondientes acuerdos serán competencia de la Administración a la que se dirija el solicitante, cuando el empresario tenga su domicilio en el ámbito territorial de la Junta de Castilla y León, y de los órganos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en los demás casos.

La llevanza del Registro, así como la gestión de los aspectos técnicos necesarios para su buen funcionamiento, corresponderán al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

C) Actuaciones a acometer:

La ejecución de esta medida exige varios tipos de actuaciones:

• – Medidas normativas, consistentes en la modificación del TRLCSP en su artículo 83 y en sus artículos 326 a 332 y disposiciones concordantes y de desarrollo, así como la modificación de las normas que regulan el Registro de Contratistas de la Junta de Castilla y León. A esos efectos, se promoverán las modificaciones normativas elevando, en su caso, éstas a los correspondientes órganos legislativos.
• – Revisión, comparación y conciliación de los modelos de información y de gestión del ROLECE y del Registro de Contratistas de la Junta de Castilla y León.
• – Conciliación y consolidación en un único Sistema de Registro de los asientos obrantes en el ROLECE y en el Registro de Contratistas de la Junta de Castilla y León.
• – Definición de las características formales específicas y demás requerimientos institucionales que deberán cumplir las interfaces, modelos y formularios del nuevo Registro.
• – La aportación de documentación a los expedientes por los interesados se efectuará de conformidad con la normativa específica que, en su caso, resulte de aplicación en función del órgano competente para la tramitación del expediente, instrumentándose los mecanismos necesarios para el acceso compartido a la documentación acreditativa disponible por todos los órganos que la necesiten.
• – Diseño, desarrollo e implantación de los sistemas y aplicaciones informáticas necesarios para la puesta en servicio del nuevo Registro, tomando como punto de partida y reutilizando en la medida de lo posible los activos informáticos del ROLECE.
• – Formación de los usuarios.

D) Comité Técnico:

Al objeto de impulsar y coordinar la ejecución de las actuaciones necesarias para la ejecución de las medidas contempladas en este Convenio así como para el seguimiento del mismo, en este apartado, se creará un Comité Técnico formado por dos miembros, uno perteneciente a cada Administración Pública.

El representante de la Administración General del Estado será el Subdirector General de Clasificación de Contratistas y Registro de Contratos de la Dirección General del Patrimonio del Estado del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

El representante de la Junta de Castilla y León será el Jefe de Servicio de Normalización de la Contratación y Apoyo a la Junta Consultiva de la Secretaría General de la Consejería de Hacienda.

A requerimiento de dichos representantes, podrán incorporarse a las sesiones del Comité uno o más expertos, con carácter no permanente, en función de las materias a ser tratadas en cada sesión.

El Comité Técnico se reunirá cuantas veces sea necesario y a petición de cualquiera de las partes, reuniéndose al menos una vez al año para evaluar los resultados derivados de la ejecución del Convenio, y en su caso proponer la adopción de medidas que contribuyan a su cumplimiento.

E) Costes de este apartado del Convenio de Colaboración:

Los costes derivados de las actuaciones contempladas en este apartado del Convenio relativas a las modificaciones y mantenimientos de las plataformas informáticas de apoyo a ROLECE, serán asumidos por la Administración General del Estado, por medio de la Dirección General del Patrimonio del Estado, con aplicación de sus recursos técnicos y humanos y, en su caso, con cargo a sus consignaciones presupuestarias, previa tramitación de los correspondientes expedientes de gasto.

Segunda Consolidación de la información obrante en el ROLECE y en el Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Castilla y León

Las circunstancias relativas a los empresarios que figuran inscritas en el ROLECE y las que figuran inscritas en el Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, con excepción de aquellas sobre las que obre información contradictoria, se trasladarán de oficio al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. Al objeto de llevar a cabo dicho traslado se procederá del siguiente modo:

• Primero. Elaboración del censo consolidado de empresarios inscritos y de la relación de empresarios inscritos en ambos Registros.

  En primer lugar, a partir de la información obrante en ambos Registros, se procederá a elaborar el censo consolidado de empresarios inscritos, identificados unívocamente por su NIF si son españoles, por su NIE si son personas físicas residentes en España y de nacionalidad no española, y por su VIES o DUNS en los demás casos. Se procederá igualmente a establecer la relación de los empresarios que estén inscritos en ambos Registros. A tal efecto, los responsables de los respectivos Registros proporcionarán a la Dirección General del Patrimonio del Estado la relación de empresarios en ellos inscritos, con expresión del identificador y de la denominación social de cada empresario.

• Segundo. Traslado al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público de los asientos registrales de empresarios inscritos en un solo Registro.

  La información contenida en los asientos del ROLECE y la contenida en los del Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Castilla y León que no se refiera a empresarios que figuren en la relación de empresarios inscritos en ambos Registros, se trasladará de oficio al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, previa realización de las transformaciones de formatos de datos que, en su caso, resulten necesarias para ello.

  A tal fin, el órgano responsable de la llevanza del Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Castilla y León remitirá a la Dirección General del Patrimonio del Estado certificación con el contenido de los asientos del Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Castilla y León que hayan de ser trasladados al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, en el formato estructurado de intercambio de información que a tal efecto se defina para facilitar su tratamiento automatizado e incorporación al Registro.

• Tercero. Traslado al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público de asientos relativos a prohibiciones de contratar.

  Las inscripciones relativas a prohibiciones de contratar en vigor que figuren inscritas en el Registro llevado por la Administración en cada caso competente para dicha inscripción se trasladarán de oficio, con carácter preferente a cualquier otra circunstancia, previa verificación y en su caso subsanación de oficio de los datos de identificación y de denominación social del interesado en caso de existir informaciones contradictorias, dudosas o incompletas sobre dichas circunstancias.

• Cuarto. Empresarios con inscripciones relativas a su clasificación como contratista de obras o de servicios.

  Las inscripciones relativas a la clasificación del empresario como contratista de obras o de servicios que figuren inscritas en el Registro llevado por la Administración en cada caso competente para otorgar dicha clasificación y que no hubieran sido trasladadas en aplicación de lo señalado en el punto Segundo, se trasladarán de oficio junto con los datos correspondientes a su personalidad y capacidad de obrar a los que se refieren los apartados 1 o 2 –según se trate de personas jurídicas o de empresarios individuales–, del artículo 16 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, con carácter preferente a cualquier otra circunstancia con excepción de las indicadas en el punto Tercero.

  En caso de existir informaciones contradictorias sobre alguna de dichas circunstancias, prevalecerán los datos que al respecto de ese empresario y circunstancia figuren en el Registro llevado por la Administración que otorgó la clasificación que se traslada, salvo prueba en contrario, informándose al interesado de lo actuado.

  En el caso de que las informaciones contradictorias afecten a circunstancias de un empresario que disponga de clasificaciones en vigor otorgadas por ambas Administraciones se procederá a la verificación de oficio de dichas circunstancias, trasladándose al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público los datos de dichas circunstancias verificadas y en su caso subsanadas, así como las clasificaciones otorgadas por ambas Administraciones, informándose al interesado de lo actuado.

• Quinto. Traslado del contenido de los demás asientos correspondientes a empresarios inscritos en ambos Registros.

  Las circunstancias de inscripción voluntaria recogidas en los asientos obrantes en el ROLECE y en los obrantes en el Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Castilla y León correspondientes a empresarios inscritos en ambos Registros y no incluidas en los casos contemplados en los puntos anteriores se trasladarán de oficio al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público siempre y cuando no figuren datos contradictorios sobre las mismas.

  Cuando en los asientos de origen figure información contradictoria que afecte a alguna de las circunstancias recogidas en los apartados 1 y 2 del artículo 16 del Real Decreto antes citado, no se procederá al traslado al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público de información alguna relativa al interesado, a quien se informará de ello y de las razones que motivan la improcedencia del traslado de sus datos.

  Cuando la información contradictoria afecte a alguna otra circunstancia susceptible de inscripción voluntaria y distinta de las anteriores, esta deficiencia impedirá su traslado al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. En tales casos se procederá al traslado a dicho Registro de los datos del empresario relativos a las demás circunstancias, que no adolecen de informaciones contradictorias bien por figurar inscritas sólo en uno de los Registros como si, figurando en ambos, la información sobre dichas circunstancias es coincidente, informándose al empresario de lo actuado y de las razones que lo motivan.

• Sexto. Cierre y apertura de Registros.

  Una vez trasladados al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público los asientos obrantes en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado y en el Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en los términos descritos en los puntos anteriores, y previa adopción de las medidas normativas y de procedimiento que resulten necesarias, los dos últimos quedarán cerrados y se procederá a la apertura del primero, que los sustituirá a todos los efectos legalmente previstos.

  A partir de la apertura del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, las solicitudes de inscripción voluntaria que se reciban se entenderán referidas a este Registro, y las inscripciones que por disposición legal hayan de practicarse de oficio se practicarán igualmente en dicho Registro por los órganos competentes tanto de la Administración del Estado como de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, de conformidad con sus respectivas competencias.

Tercera Procedimiento de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público

La instrucción de los expedientes y la práctica de los asientos de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público por ambas Administraciones estarán sujetas a las reglas del procedimiento común que a tal efecto se acordará por la Comisión Mixta establecida en la Cláusula Sexta del Convenio, a propuesta del Comité Técnico previsto en la Cláusula Primera.II del Convenio, al objeto de garantizar la aplicación de criterios homogéneos de calificación e inscripción registral.

Cuarta Publicación

Una vez suscrito, el presente Convenio de Colaboración será publicado en el Boletín Oficial del Estado, pudiendo ser objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Castilla y León y/o en la Plataforma de Contratación del Sector Público, sin perjuicio de que se pueda hacer en otros medios.

Igualmente, deberán ser objeto de publicación las modificaciones del mismo y su extinción. Mediante resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», en su caso, la extensión de la vigencia del Convenio a que se refiere el apartado 4 de la cláusula siguiente.

Quinta Entrada en vigor, modificación, vigencia y extinción

1. El presente Convenio producirá efectos desde el momento de su firma y tendrá una duración de cinco años.

2. Con el fin de facilitar el cumplimiento de los fines del presente Convenio, este podrá ser modificado en cualquier momento a lo largo de su vigencia, por mutuo acuerdo entre las partes firmantes del mismo.

3. El Convenio no podrá ser denunciado hasta que haya transcurrido un año de su vigencia. Trascurrido éste podrá denunciarse en su totalidad o solo en algunos de sus apartados, causando efecto la denuncia del Convenio a partir del transcurso de tres meses a contar desde su denuncia.

La denuncia del Convenio no eximirá a las partes del cumplimiento de los compromisos adquiridos hasta la fecha de efectos de la denuncia.

4. La vigencia del Convenio se entenderá prorrogada por un nuevo plazo igual al previsto en el apartado primero cuando, llegado el momento de su extinción, no hubiera sido denunciado por ninguna de las partes.

5. Asimismo el presente Convenio quedará sin efecto por alguna de las siguientes causas:

• a) Por el mutuo acuerdo entre las partes.
• b) Imposibilidad acreditada o sobrevenida de cumplimiento de los compromisos adquiridos por motivos ajenos a la voluntad de las partes.

Sexta Comisión Mixta

1. Para el control del cumplimiento y gestión de lo dispuesto en las cláusulas de este Convenio de Colaboración se constituirá, sin perjuicio de los comités técnicos previstos en la cláusula primera y de las comisiones de gestión a que se refiere la cláusula séptima, una Comisión Mixta, que actuará como comisión de seguimiento del convenio, con las siguientes funciones:

• 1.º) Verificar las conexiones y funcionamiento de la Plataforma de Contratación del Sector Público en relación con la Plataforma de la Junta de Castilla y León.
• 2.º) Verificar la coordinación entre el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas (ROLECE) de la Junta de Castilla y León con el ROLECE de la Administración General del Estado.
• 3.º) Resolución de las controversias que pudieran plantearse sobre la interpretación y ejecución del presente Convenio.
• 4.º) Analizar, estudiar y proponer cualquier medida que sea de utilidad para el buen funcionamiento del Convenio.

2. La Comisión estará integrada por cuatro vocales dos de ellos en representación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que serán designados por la Dirección General de Patrimonio del Estado y otros dos designados por la Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León, correspondiendo la Presidencia de la Comisión alternativamente, cada año, a la representación de una u otra Administración Pública.

3. La Comisión se reunirá como mínimo una vez al año, o antes si lo solicita alguno de sus miembros y a la misma podrán asistir cuantos asesores y colaboradores se estime necesario.

4. Serán de aplicación a la actuación de la Comisión las normas de constitución y actuación de los órganos colegiados establecidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Séptima Comisiones de gestión

Una vez desarrollados los diferentes apartados contenidos en este Convenio y aprobadas en su caso, las modificaciones normativas necesarias, la gestión de la Plataforma de Contratación del Sector Público y el ROLECE se efectuará por dos órganos colegiados en los cuales estarán representadas tanto la Administración General del Estado como la Junta de Castilla y León, en la forma que reglamentariamente se establezca.

Octava Compromisos

Las partes firmantes del presente Convenio se comprometen a tramitar los procedimientos legalmente previstos y adoptar los acuerdos necesarios de la forma más diligente posible, con el objeto de llevar cabo cuantas actuaciones se recogen en el presente Convenio, así como a desarrollar plenamente las disposiciones normativas previstas y demás actuaciones contempladas en este Convenio.

Novena Naturaleza e interpretación

El presente Convenio de Colaboración se celebra al amparo de lo dispuesto en los artículos 6 y 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, el presente Convenio tiene naturaleza administrativa, sujetándose en cuanto a su regulación al ordenamiento jurídico-administrativo. Las cuestiones litigiosas que puedan surgir de su interpretación y cumplimiento serán de conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo.

El órgano mixto de vigilancia y control que se crea en la cláusula sexta resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento que se planteen en la ejecución del presente Convenio.

El presente Convenio de Colaboración no está sujeto a las disposiciones del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el RDL 3/2011, de 14 de noviembre, a tenor de lo establecido en el artículo 4.1 c) del mismo. Sin embargo, las dudas y lagunas que en su caso pudiesen presentarse derivadas de su ejecución o interpretación se resolverán, por el órgano competente, aplicando los principios contenidos en la citada norma.

De conformidad con todo lo expuesto y convenido, en el ejercicio del que son titulares, los firmantes suscriben el presente Convenio por duplicado ejemplar.–Por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Pilar Platero Sanz, Subsecretaria del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.–

Por la Junta de Castilla y León, María Pilar del Olmo Moro, Consejera de Hacienda de la Junta de Castilla y León.