EXPONEN

I. El Estado tiene competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia conforme establece el artículo 149.1.5.ª de la Constitución Española.

II. El Real Decreto 1702/2007, de 14 de diciembre, sobre traspaso de funciones de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón, en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia, establece en su Anexo, apartado B (Funciones y servicios de la Administración General del Estado que asume la Comunidad Autónoma de Aragón),1.2 que la adquisición y gestión de patrimonio mobiliario, inmobiliario y enseres para los órganos judiciales con sede en la Comunidad Autónoma de Aragón, corresponde a la citada Comunidad. Además, el apartado C del mismo Anexo establece en su punto 1, que se traspasan a esta Comunidad los bienes, derechos y obligaciones afectos al ejercicio de las funciones que asume la Comunidad Autónoma de Aragón.

III. El Estatuto de Autonomía de Aragón, regula en sus artículos 63 a 69 los aspectos relacionados con la Justicia, correspondiendo a la Comunidad Autónoma, en todo caso, la organización, dotación y gestión de las oficinas judiciales y de los órganos y servicios de apoyo a los órganos jurisdiccionales. Al amparo de lo establecido en el artículo 67 del Estatuto, mediante el Real Decreto 1702/2007, de 14 de diciembre, fueron traspasados de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón las funciones y los servicios en materia de medios personales, materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia. El ejercicio de estas competencias transferidas en materia de Administración de Justicia corresponde al Departamento de Presidencia, de acuerdo con lo previsto en el Decreto de 5 de julio de 2015, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, por el que se modifica la organización de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y se asignan competencias a los Departamentos.

Entre dichas competencias se encuentran las relativas a la dirección, impulso y coordinación de la provisión de los medios necesarios, personales y materiales, para el funcionamiento de la Administración de Justicia, la coordinación y planificación general de las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma en relación con tribunales, juzgados y fiscalías.

IV. La sociedad española del siglo XXI demanda una justicia que, como pilar del Estado de Derecho garantice los derechos de los ciudadanos inmersos en los procesos judiciales. En respuesta a esta demanda el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con traspaso de medios, siempre dentro del planteamiento de la justicia como servicio público, han de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, el impulso de la Oficina Judicial y Fiscal –que facilita el mejor aprovechamiento tanto de los recursos humanos como materiales de la Administración de Justicia, elevando cualitativa y cuantitativamente la actividad de los distintos órganos judiciales en funcionamiento–, y el uso masivo de las tecnologías.

Con este fin y para que las Comunidades Autónomas competentes puedan impulsar la mejora de la justicia en su ámbito territorial, especialmente en aquellos aspectos que tengan mayor incidencia en el servicio que se presta a la ciudadanía, la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, fijó una partida en los Presupuestos del Ministerio de Justicia de seis millones de euros (6.000.000,00 €) en el Capítulo IV –Transferencias Corrientes– aplicación presupuestaria 13 02 112A 450, Comunidades Autónomas, Programa de Reforma de la Administración de Justicia.

V. De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para proceder al traspaso a la Comunidad Autónoma de Aragón del crédito presupuestario correspondiente –una vez acordados los criterios objetivos y la distribución resultante por el Pleno de la Conferencia Sectorial y tras la aprobación de la distribución definitiva entre Comunidades Autónomas por Acuerdo de Consejo de Ministros, previo informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (en adelante MINHAP)– será necesario proceder a la suscripción de un convenio de colaboración a través del cual se formalicen los compromisos financieros vinculados a dicho crédito.

VI. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recoge, en su Título I, los principios de colaboración entre las Administraciones Públicas, entre los cuales consta el de prestar la cooperación y asistencia activas que las Administraciones pudieran recabar mutuamente para el ejercicio eficaz de sus competencias, así como la posibilidad de celebrar convenios de colaboración con los órganos correspondientes de las Administraciones de las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias.

VII. El Pleno de la Conferencia Sectorial de Administración de Justicia acordó el 8 de abril de 2015 la distribución y criterios de reparto del crédito, siendo la distribución definitiva aprobada, tras informe favorable del MINHAP, por acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 22 de mayo de 2015, publicado en el BOE de 23 de mayo de 2015.

VIII. Con el fin de dar cumplimiento al procedimiento para la distribución territorial de los créditos regulado en el apartado 2 del artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, y proceder a la transferencia del crédito correspondiente a la Comunidad Autónoma de Aragón, las partes manifiestan su interés en suscribir el presente convenio de colaboración a través de cual se formalizan los compromisos financieros, de acuerdo con las siguientes,