Primera Objeto del Convenio

El presente Convenio tiene por objeto instrumentar la colaboración entre la Administración General de Estado y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para llevar a cabo actuaciones en materia de ferrocarriles en la citada Comunidad.

Segunda Actuaciones incluidas en el Convenio

Se consideran incluidas en el ámbito del presente Convenio, las actuaciones en materia de ferrocarril indicadas en el anejo número 1.

El desarrollo de los trabajos será responsabilidad de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, quién, por sí misma o a través de entidades instrumentales de ella, realizará las contrataciones, adquisiciones, o tramitaciones que procedan, con arreglo a la legislación vigente en la materia.

El Ministerio de Fomento, a requerimiento de la Comunidad Autónoma, podrá colaborar facilitando el apoyo técnico que sea preciso. Los estudios y proyectos que se realicen en el marco de este Convenio se redactarán siguiendo la normativa vigente en materia de infraestructuras ferroviarias aplicable a las características del Proyecto.

Tercera Financiación

En el año 2015, la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Fomento, contribuirá a la financiación de las actuaciones a que se refiere el presente Convenio hasta un importe máximo de 3.940.000,00 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 17.40.453.A.751 «Para financiar Convenio con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en materia de ferrocarril».

El abono de las aportaciones de la Administración General del Estado se realizará tras la justificación del gasto por la Comunidad Autónoma. A tal efecto, el Gobierno Balear aportará justificación de la inversión ejecutada mediante un certificado emitido por el titular del Órgano que vaya a recibir la transferencia, en el que se acredite la realización de las actuaciones, sin que la inversión correspondiente pueda haber sido objeto de financiación por la misma u otras administraciones, así como mediante informe emitido por la Intervención u Órgano de Control equivalente del Gobierno Balear que acredite la veracidad y regularidad de la documentación justificativa de las actuaciones realizadas.

Cuarta Inspección

El Ministerio de Fomento podrá ejercer la inspección de las actuaciones a realizar.

Quinta Publicidad

La contribución financiera de la Administración General del Estado deberá quedar reflejada en los carteles de obra y en los documentos que se elaboren como consecuencia de las actuaciones a realizar en el ámbito de este Convenio, en la forma que acuerde la Comisión de Seguimiento y Control a la que se refiere la cláusula Sexta de este Convenio.

Sexta Comisión de Seguimiento

1. Para el seguimiento de la ejecución y cumplimiento del presente Convenio, así como resolver las dudas que se planteen en su interpretación y ejecución, se creará una Comisión de Seguimiento, compuesta por:

• a. Por parte de la Administración General del Estado: dos representantes del Ministerio de Fomento y un representante del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MINHAP). La presidencia de esta Comisión corresponderá a uno de los representantes del Ministerio de Fomento.
• b. Por parte de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears: la Secretaria General de la Consejería de Territorio, Energía y Movilidad, el Director General de Transportes y el Director Gerente de Serveis Ferroviaris de Mallorca.

La Comisión asumirá las siguientes funciones:

• • Llevar a cabo el seguimiento de las actuaciones incluidas en el ámbito del presente Convenio, proponiendo en su caso las variaciones que se consideren precisas.
• • Resolver los problemas que se susciten en la interpretación de este Convenio.
• • Garantizar el intercambio de información entre las Entidades firmantes de este Convenio.
• • Proponer la realización de los pagos a la Comunidad Autónoma en las condiciones establecidas en el Convenio, a cuyo efecto, remitirá un certificado de los trabajos efectuados y su valoración, a la Dirección General de Ferrocarriles, en la primera semana del mes de diciembre.

2. A las reuniones podrán asistir, como asesores, los técnicos que se juzgue conveniente, de acuerdo con la naturaleza de los asuntos a tratar.

3. La Comisión se reunirá a lo largo de la ejecución del Convenio en sesión ordinaria, al menos, una vez al año y extraordinaria siempre que lo requiera el asunto a tratar a solicitud de una de las partes.

Las reuniones se convocarán al menos con una semana de antelación, debiendo acompañar a la citación el orden del día.

En caso de que un vocal no pudiera asistir a la reunión designará a un sustituto para que le represente o delegará su voto en otro miembro de la Comisión.

Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos, teniendo, en caso de empate, el voto del Presidente carácter decisorio.

En lo no previsto de forma expresa en el Convenio para la Comisión señalada será de aplicación el régimen de órganos colegiados regulado en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Séptima Control financiero

La Comunidad Autónoma de las Illes Balears facilitará toda la información necesaria, en particular respecto a los trabajos y pagos realizados, para el adecuado ejercicio de las funciones de control por parte de la Administración General del Estado.

Octava Vigencia y duración

El presente Convenio, mantendrá su vigencia hasta el final del ejercicio presupuestario 2015, sin perjuicio de que, con posterioridad a esa fecha, puedan realizarse las comprobaciones que procedan en relación a los trabajos realizados durante el período de vigencia.

Novena Resolución

El Convenio podrá resolverse por mutuo acuerdo entre las partes firmantes del mismo, o por incumplimiento de alguna de ellas.

El incumplimiento por alguna de las partes facultará a la otra para exigir su estricto cumplimiento o para solicitar la resolución del Convenio.

Décima Naturaleza Jurídica

El presente Convenio tiene naturaleza jurídica administrativa, siendo la jurisdicción Contencioso-Administrativa la competente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes en el desarrollo del Convenio.