Sumario

El anexo II de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas establece una lista no exhaustiva de operaciones de valorización de residuos.

Entre esas operaciones de valorización, la operación R1 (Utilización principal como combustible u otro modo de producir energía) se aplica a los residuos que sustituyen al combustible o a otro modo de producir energía, y se incluyen aquí las instalaciones de incineración destinadas al tratamiento de residuos sólidos urbanos solo cuando su eficiencia energética alcance el umbral establecido utilizando la fórmula de eficiencia energética (fórmula R1) a que se hace referencia en el anexo II de la Directiva 2008/98/CE.

La propia Directiva en su artículo 38 y para la operación R1 (Utilización principal como combustible u otro modo de producir energía), prevé que se podrán tener en cuenta las condiciones climáticas locales, tales como la intensidad del frío y la necesidad de calefacción en la medida en que repercutan sobre las cantidades de energía que puedan utilizarse o producirse técnicamente en forma de electricidad, calefacción, refrigeración o vapor. También podrán tenerse en cuenta las condiciones locales de las regiones ultraperiféricas reconocidas en el artículo 299, apartado 2, párrafo cuarto, del Tratado y de los territorios mencionados en el artículo 25 del Acta de Adhesión de 1985. Y en caso de tenerlas en cuenta, se adoptarán con arreglo al procedimiento de comitología establecido en la citada Directiva.

Para analizar la influencia de las condiciones climáticas en la eficiencia de las plantas de incineración de residuos municipales, la Comisión encargó un informe al Centro Común de Investigación de la Comisión Europea. De los datos técnicos de ese informe se desprende que las condiciones climáticas locales de la Unión influyen en las cantidades de energía que las instalaciones de incineración destinadas al tratamiento de residuos sólidos urbanos pueden utilizar o producir técnicamente en forma de electricidad, calefacción, refrigeración o vapor.

Así mismo, el citado informe pone de manifiesto que, para lograr unas condiciones de competencia equitativas en la Unión, es razonable compensar a las instalaciones de incineración afectadas por el impacto de las condiciones climáticas locales con un factor de corrección climático (FCC) aplicable a la fórmula R1, basado en el documento de referencia sobre las mejores técnicas disponibles para la incineración de residuos, en las condiciones climáticas del lugar donde se ubica la instalación de incineración y que incentive a lograr un alto nivel de eficiencia en la producción de energía a partir de los residuos conforme a los objetivos y a la jerarquía de residuos previstos en la Directiva 2008/98/CE.

Todas estas conclusiones se han teniendo en cuenta en el Factor de Corrección Climático incluido en la Directiva 2015/1127 de la Comisión, por la que se modifica el anexo II de la Directiva 2008/98/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas.

La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados transpone a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 2008/98/CE, marco de residuos, incorporando el anexo II de la Directiva. Así mismo, el apartado dos de la disposición final tercera de la Ley 22/2011, de 28 de julio, habilita al Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a actualizar y modificar los anexos de la citada Ley.

Esta orden se dicta al amparo del artículo 149.1.23.ª de la Constitución que atribuye al Estado que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las comunidades autónomas de establecer normas adicionales de protección.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.2.a) de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materias de medio ambiente, se ha recabado informe preceptivo del Consejo Asesor de Medio Ambiente.

En la elaboración de esta orden se ha sometido a consulta de las comunidades autónomas y de entidades representativas de los sectores afectados.

En su virtud, de acuerdo con el Consejo de Estado, dispongo:

DISPOSICIONES FINALES