A – POLÍTICOS Y DIPLOMÁTICOS

AA – Políticos

- 19200209200

TRATADO RECONOCIENDO LA SOBERANÍA DE NORUEGA SOBRE EL ARCHIPIÉLAGO DE SPITZBERG Y COMPRENDIENDO LA ISLA DE OURS.

París, 9 de febrero de 1920. Gaceta de Madrid: 13-04-1929

LETONIA

13-06-2016 ADHESIÓN

13-06-2016 ENTRADA EN VIGOR

AB – Derechos Humanos

- 19501104200

CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES

Roma, 04 de noviembre de 1950. BOE: 10-10-1979, Nº 243; 30-06-1981, Nº 155; 30-09-1986, Nº 234; 06-05-1999, Nº 108.

UCRANIA

30-06-2016 DECLARACIÓN EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 15 DEL CONVENIO:

“La Representación Permanente de Ucrania ante el Consejo de Europa saluda a su Secretario General y, con respecto a sus notas verbales n.º 31011/32-119/1-678, de 5 de junio de 2015, y n.º 31011/32-119/1-1124, de 3 de noviembre de 2015, tiene el honor de poner en su conocimiento la siguiente información, en cumplimiento de las obligaciones del Gobierno de Ucrania en virtud del apartado 3 del artículo 15 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, suscrito en Roma el 4 de noviembre de 1950.

En febrero de 2014, la Federación de Rusia llevó a cabo una agresión armada contra Ucrania y ocupó una parte de su territorio ilegalmente, a saber, la República Autónoma de Crimea y la ciudad de Sebastopol, y, actualmente, ejerce un control efectivo sobre ciertos distritos de los oblast ucranianos de Donetsk y Luhansk. Estos actos constituyen una flagrante vulneración de la Carta de las Naciones Unidas, la Carta Social del Consejo de Europa y otros instrumentos internacionales jurídicamente vinculantes, así como una amenaza contra la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho en Europa. Corresponde a la Federación de Rusia, como Estado agresor y potencia ocupante, garantizar el respeto a los derechos humanos en los territorios ucranianos que ocupa temporalmente, de acuerdo con el derecho internacional humanitario y el derecho internacional en materia derechos humanos.

La agresión de la Federación de Rusia contra Ucrania, junto con los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos tanto por las Fuerzas Armadas regulares de la Federación de Rusia como por los grupos armados ilegales que esta dirige, controla y financia, constituyen una situación de emergencia pública que pone en peligro la vida de la nación en el sentido del apartado 1 del artículo 15 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

Para garantizar los intereses vitales de la sociedad y el Estado, el Parlamento (Verkhovna Rada), el Consejo de Ministros y otros órganos de Ucrania aprobaron varios instrumentos jurídicos que conllevaban la suspensión de algunas de sus obligaciones derivadas del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, entre ellos, la Ley ucraniana, de 12 de agosto de 2014, por la que se modifica la Ley ucraniana de lucha contra el terrorismo, en relación con la detención preventiva durante más de setenta y dos horas de personas involucradas en actividades terroristas en la zona de operaciones antiterroristas, la Ley ucraniana, de 12 de agosto de 2014, por la que se modifica el Código Penal de Ucrania en relación con el régimen especial de instrucción en situación de estado de guerra si se ha declarado el estado de emergencia o en la zona de operaciones antiterroristas, la Ley ucraniana, de 12 de agosto de 2014, de administración de justicia y enjuiciamiento penal en materia de operaciones antiterroristas y la Ley ucraniana, de 3 de febrero de 2015, de Administraciones civiles y militares.

Sobre la base mencionada, Ucrania ejerció el derecho a derogar sus obligaciones derivadas del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales en el territorio de determinadas zonas de los oblast de Donetsk y Luhansk, en Ucrania, que se encuentran bajo el control del Gobierno ucraniano, e informó al Secretario General del Consejo de Europa de las medidas adoptadas por las autoridades ucranianas y su motivación mediante la Nota Verbal n.º 31011/32-119/1-678, de 5 de junio de 2015.

En la nota verbal nº 31011/32-119/1-1124, de 3 de noviembre de 2015, Ucrania especificó las zonas de los oblast ucranianos de Donetsk y Luhansk a las que se aplicaba la suspensión presentada por el Gobierno ucraniano de conformidad con la Resolución de la Verkhovna Rada nº462-VIII, de 21 de mayo de 2015.

Un año después de la aprobación de la Resolución de la Verkhovna Rada nº 462-VIII, de 21 de mayo de 2015, por la que se suspenden determinadas obligaciones derivadas del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, las autoridades de Ucrania reexaminaron las condiciones de seguridad en determinadas zonas de los oblast ucranianos de Donetsk y Luhansk donde es de aplicación la suspensión. Según los organismos de seguridad, defensa y policía ucranianos, la situación sigue siendo frágil y tensa. Haciendo caso omiso de los acuerdos de Minsk, grupos armados ilegales y el ejército ruso establecen posiciones de fuego en barrios residenciales de las poblaciones ocupadas y siguen abriendo fuego contra las posiciones de las Fuerzas Armadas ucranianas utilizando armamento pesado prohibido por dichos acuerdos.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, desde del inicio de este año hasta el 30 de mayo de 2016, se registraron al menos 6380 ataques de militantes respaldados por la Federación de Rusia contra las Fuerzas Armadas de Ucrania. Cuarenta y dos soldados de este país murieron y trescientos cincuenta resultaron heridos. Se constata continuamente que las fuerzas de ocupación rusas incumplen los acuerdos de Minsk en lo que respecta a la retirada del armamento pesado. Desde principios de 2016, se ha confirmado en 699 casos la presencia de tanques, sistemas de artillería de calibre superior a 100 mm, sistemas de lanzacohetes múltiples y morteros cerca de la línea de contacto.

En junio de 2016, las condiciones de seguridad en el Donbas empezaron a deteriorarse rápidamente. Las fuerzas terroristas acaudilladas por la Federación de Rusia continuaron incumpliendo de forma flagrante el alto el fuego y los compromisos relativos a la retirada de armamento pesado en virtud de los acuerdos de Minsk. Utilizaron con profusión este tipo de armamento, sobre todo, morteros y artillería de gran calibre. Como consecuencia de ello, murieron siete soldados ucranianos y dieciocho resultaron heridos entre el 16 y el 21 de junio. El 22 de junio de 2016, murió un soldado ucraniano y resultaron heridos once, y se dispararon más de trescientas granadas de mortero y de ciento sesenta proyectiles contra las posiciones ucranianas. La intensidad del fuego de artillería es similar a la del periodo de combate abierto de agosto de 2015.

El 22 de junio de 2016, unos militantes prorrusos abrieron fueron contra monitores de la Misión Especial de Observación de la OSCE en Ucrania en el oblast de Donetsk. Utilizaron morteros de 82 mm de calibre, que tendría que haberse retirado en virtud de los acuerdos de Minsk.

La falta de control de la frontera sigue siendo un obstáculo fundamental para la disminución de las hostilidades, ya que Rusia continúa mandando armamento, tropas regulares y mercenarios al Donbas. Entre el 27 de mayo y el 3 de junio de 2016, la Federación de Rusia envió a esta región a través de los tramos de la frontera de Ucrania que no están controlados casi 2500 toneladas de combustible, más de 160 toneladas de munición, nueve sistemas de lanzacohetes múltiples Grad, dos sistemas de artillería autopropulsada Akatsiya, treinta y seis tanques T-72 y seis vehículos blindados. El 22 de junio de 2016, llegaron desde el territorio ruso al municipio de Chervonopartyzansk, en el oblast de Luhansk, dos obuses autopropulsados, seis vehículos de combate de infantería, seis obuses y diez camiones.

La situación en el este de Ucrania sigue siendo tensa e inestable, según confirman múltiples informes de organizaciones internacionales presentes en la zona afectada por el conflicto, y, sobre todo, la Misión de Supervisión de los Derechos Humanos en Ucrania de las Naciones Unidas. La labor de esta última es la base del decimocuarto informe sobre los derechos humanos en Ucrania de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), en el que esta registró, entre mediados de abril de 2014 y el 15 de mayo de 2016, 30 903 víctimas en la zona de conflicto del este del país, en concreto, 9371 muertos y 21 532 heridos (apartado 3), entre los que se cuentan militares, civiles y miembros de grupos armados ucranianos.

Una vez demostrado que persisten las circunstancias que motivaron la presentación de la suspensión, Ucrania considera necesario seguir ejerciendo las facultades previstas en los actos legislativos mencionados anteriormente en lo que respecta a la situación en determinadas zonas de los oblast ucranianos de Donetsk y Luhansk, que se encuentran bajo el control del Gobierno de dicho país. En la medida en que esto puede contravenir las obligaciones derivadas del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, Ucrania hace uso, hasta nuevo aviso, del derecho de derogación que le otorga el apartado 1 del artículo 15 de dicho Convenio.

De conformidad con el apartado 3 del artículo 15 del Convenio, la Representación Permanente de Ucrania ante el Consejo de Europa tiene el honor de comunicar la lista revisada de municipios en los oblast de Donetsk y Luhansk que se encuentran bajo el control total o parcial del Gobierno de Ucrania a fecha de 14 de junio de 2016.

Al mismo tiempo, la Representación Permanente de Ucrania ante el Consejo de Europa subraya una vez más la necesidad de adoptar un enfoque muy prudente a la hora de esclarecer los hechos para determinar si las zonas de los oblast ucranianos de Donetsk y Luhansk, que, tal como se indica en la presente nota verbal, están controladas parcialmente por el Gobierno de Ucrania, se encuentran bajo el control y la jurisdicción efectivos de Ucrania o de la Federación de Rusia como Estado agresor. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos deberá tener en cuenta las circunstancias concretas de cada caso en cada momento.

La Representación Permanente de Ucrania ante el Consejo de Europa aprovecha la ocasión para reiterar a su Secretario General la expresión de su más alta consideración.

Documentación adjunta: indicada anteriormente, 2 páginas.

Estrasburgo, 29 de junio de 2016

Secretaría General del Consejo de Europa

Palais de l’Europe

67075 ESTRASBURGO Cedex

Lista de municipios de los oblast de Donetsk y Luhansk controlados total o parcialmente por el Gobierno de Ucrania

(a fecha de 14 de junio de 2016)

OBLAST DE DONETSK

Núm.	Distrito	Superficie (km²)
1.	Bahmutskyi	1900	Controlados por las autoridades ucranianas	11 360 km² (49,7 %)
2.	Velykonovosilkivsyi	1900
3.	Volodarskyi	1200
4.	Dobropilskyi	950
5.	Pokrovskyi	1300
6.	Lymanskyi	1000
7.	Oleksandrivskyi	1010
8.	Mangushskyi	800
9.	Slovyansky	1300
1.	Volnovakhskyi	2500	Controlados parcialmente por las autoridades ucranianas	6700 km² (29,3 %)
2.	Konstyantynivskyi	1200
3.	Maryinskyi	1400
4.	Baikivskyi	800
5.	Yasynuvatskyi	800

Núm.	Ciudades dependientes de la Administración regional	Superficie (km²)
1.	Avdiivka	29,53	Controladas por las autoridades ucranianas	1136,93 km² (30,6 %)
2.	Bahmut	40
3.	Vugledar	5,32
4.	Toretsk	61,9
5.	Myrnograd	22,75
6.	Dobropillya	19,8
7.	Druzhkivka	46,53
8.	Kramatorsk	355,7
9.	Lyman	18,2
10.	Pokrovsk	39,25
11.	Konstyantynivka	66
12.	Mariupol	244
13.	Novogrodivka	5.55
14.	Selidove	108,2
15.	Slovyansk	74,2

Oblast de Donetsk	26 592 km² (superficie total)	Controlados por las autoridades Ucranianas	12 496,93 km²	47 %
		Controlados parcialmente por las autoridades ucranianas	6700 km²	25,2 %
		Controlados por grupos armados ilegales	7394,78 km²	27,8 %

OBLAST de LUHANSK

Núm.	Distrito	Superficie (km²)	Controlados por las autoridades ucranianas
1.	Bilovodskyi	1596,96		14 918,73 km² (58,89 %)
2.	Bilokurakynskyi	1435,81
3.	Kreminskyi	1635,2
4.	Markivskyi	1166,48
5.	Milovskyi	971,05
6.	Novoaidarskyi	1535,78
7.	Novopskovskyi	1623,08
8.	Svativskyi	1739,29
9.	Starobilskyi	1581,98
10.	Troyitskyi	1633,1

Núm.	Distrito	Superficie (km²)
1.	Stanychno- Luhanskyi	1896,48	Controlados parcialmente por las autoridades ucranianas	3221,33 km² (12,71 %)
2.	Popasnyanksyi	1324,75

Núm.	Ciudades dependientes de la Administración regional	Superficie (km²)
1.	Lysychansk	95,64	Controlados por las autoridades ucranianas	187,4 km² (13,44 %)
2.	Rubizhne	33,76
3.	Severodonetsk	58

Oblast de Luhansk	26 684 km² (superficie total)	Controlados por las autoridades Ucranianas	16 238,06 km²	60,85 %
		Controlados parcialmente por las autoridades ucranianas	6323,53 km²	23,7 %
		Controlados por grupos armados ilegales	4123,22 km²	15,45 %”

TURQUÍA

21-07-2016 COMUNICACIÓN EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 15 DEL CONVENIO:

“Estimado Secretario:

Comunico la siguiente notificación del Gobierno de la República de Turquía.

El 15 de julio de 2016, tuvo lugar un intento de golpe de Estado a gran escala en la República de Turquía con el objetivo de derrocar el Gobierno elegido democráticamente y el orden constitucional. El Estado y los ciudadanos turcos frustraron esta vil tentativa actuando de forma unida y solidaria. El intento de golpe de estado y sus repercusiones, junto con otros atentados terroristas, han planteado una grave amenaza para la seguridad y el orden públicos que pone en peligro la vida de la nación en el sentido del artículo 15 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

La República de Turquía está adoptando las medidas necesarias previstas por la ley, con arreglo a su legislación nacional y sus obligaciones internacionales. En este contexto, el 20 de julio de 2016, el Gobierno de la República de Turquía declaró el estado de emergencia por un periodo de tres meses, de conformidad con la Constitución (Artículo 120) y la Ley nº 2935 relativa al Estado de Emergencia (letra b) del apartado 1 del artículo 3). Se adjunta a la presente misiva la traducción al inglés de los artículos pertinentes de la Constitución turca y la Ley nº 2935 relativa al Estado de Emergencia, así como de la Decisión nº 2016-9064 del Consejo de Ministros.

La decisión se publicó en el diario oficial y fue aprobada por la Gran Asamblea Nacional de Turquía el 21 de julio de 2016. Por tanto, el estado de emergencia entra en vigor en esa fecha. Las medidas adoptadas como resultado de este proceso pueden conllevar la derogación de las obligaciones derivadas del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, permitida por su artículo 15.

Por consiguiente, quisiera señalar que la presente misiva informa a efectos del artículo 15 del Convenio. El Gobierno de la República de Turquía le mantendrá plenamente informado, Sr. Secretario General, de las medidas que se adopten, así como del cese de éstas.

Le ruego acepte, Sr. Secretario General, el testimonio de mi más alta consideración.

(Firmado) Erdoğan İscan

Embajador

Representante Permanente

Thorbjørn JAGLAND

Secretario General del Consejo de Europa

Estrasburgo

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE TURQUÍA (FRAGMENTOS)

Artículos 15, 119, 120 y 121 de la Constitución de la República de Turquía

IV. Suspensión del ejercicio de los derechos y libertades fundamentales

ARTÍCULO 15: En tiempo de guerra o en caso de movilización o declaración de la ley marcial o el estado de emergencia, podrá suspenderse de forma parcial o total el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales o podrán adoptarse medidas derogatorias de las garantías constitucionales en la medida en que lo exija la situación, siempre que no se incumplan las obligaciones en virtud del derecho internacional.

(De conformidad con la modificación de 7 de mayo de 2004; Ley núm. 5170:) Aun en las circunstancias especificadas en el párrafo anterior, no podrá violarse el derecho de los ciudadanos a la vida y a la integridad física y moral, salvo cuando la muerte se deba a acciones conformes al Derecho sobre conflictos bélicos; nadie podrá ser obligado a declarar sobre su religión, conciencia, ideología u opiniones, ni ser acusado en razón de estas; se mantendrá la irretroactividad de las infracciones y las sanciones; y nadie podrá ser condenado sin que su culpabilidad haya quedado demostrada mediante una resolución judicial.

III. Procedimientos administrativos extraordinarios

A. Estados de excepción

1. Declaración del estado de emergencia por catástrofe natural o crisis económica grave

ARTÍCULO 119: En caso de catástrofe natural, epidemia peligrosa o crisis económica grave, el Consejo de Ministros, en sesión presidida por el Presidente de la República, podrá declarar el estado de emergencia en una o varias regiones o en todo el país por un plazo máximo de seis meses.

2. Declaración del estado de emergencia por violencia generalizada y grave deterioro del orden público

ARTÍCULO 120: En caso de que existan indicios claros o bien de violencia generalizada encaminada a destruir el orden democrático y libre establecido por la Constitución o los derechos y libertades fundamentales, o bien de un grave deterioro del orden público debido a la violencia, el Consejo de Ministros, en sesión presidida por el Presidente de la República, previa consulta al Consejo de Seguridad Nacional, podrá declarar el estado de emergencia en una o varias regiones o en todo el país por un plazo máximo de seis meses.

3. Normas relativas al estado de emergencia

ARTÍCULO 121: Si se declara el estado de emergencia de conformidad con las disposiciones de los artículos 119 y 120 de la Constitución, la decisión se publicará en el Diario Oficial y se remitirá inmediatamente a la Gran Asamblea Nacional de Turquía para su aprobación. Si esta no se encuentra en un periodo de sesiones, se la convocará sin demora. La Asamblea podrá modificar la duración del estado de emergencia; prorrogarlo durante plazos máximos sucesivos de cuatro meses, a petición del Consejo de Ministros; o revocarlo.

La Ley relativa al Estado de Emergencia dispondrá las obligaciones económicas, materiales o laborales que se impondrán a los ciudadanos si se declara dicho estado con arreglo al artículo 119; el modo en que se restringirán y suspenderán derechos y libertades fundamentales de acuerdo con los principios del artículo 15; la forma en que se adoptarán las medidas exigidas por la situación; las facultades que se conferirán a los funcionarios; el tipo de cambios que se introducirán en la situación de los cargos públicos, siempre que sean de aplicación por separado a los distintos tipos de estado de emergencia; y los procedimientos administrativos extraordinarios.

Durante el estado de emergencia, el Consejo de Ministros, en sesión presidida por el Presidente de la República, podrá emitir decretos con fuerza de ley en las materias en que lo requieran las circunstancias. Dichos decretos se publicarán en el Diario Oficial y se remitirán a la Gran Asamblea Nacional de Turquía el mismo día para su aprobación, que se ajustará al plazo y el procedimiento previstos en el Reglamento.

Ley núm. 2935, de 25 de octubre de 1983, relativa al Estado de Emergencia

ARTÍCULO 3 – Declaración del estado de emergencia

El Consejo de Ministros, en sesión presidida por el Presidente de la República, declarará el estado de emergencia:

• a) cuando haya una o varias catástrofes naturales, epidemias peligrosas o crisis económicas graves; o
• b) cuando existan indicios claros o bien de violencia generalizada encaminada a destruir el orden democrático y libre o los derechos y libertades fundamentales, o bien de violencia que esté causando un grave deterioro del orden público, previa consulta al Consejo de Seguridad Nacional;

en una o varias regiones o en todo el país por un plazo máximo de seis meses.

La decisión por la que se declare el estado de emergencia se publicará en el Diario Oficial y se remitirá inmediatamente a la Gran Asamblea Nacional de Turquía para su aprobación. Si esta no se encuentra en un periodo de sesiones, se la convocará sin demora. La Asamblea podrá modificar la duración del estado de emergencia; prorrogarlo durante plazos máximos sucesivos de cuatro meses, a petición del Consejo de Ministros; o revocarlo.

Una vez declarado el estado de emergencia con arreglo a la letra b) del presente artículo, el Consejo de Ministros, antes de decidir prorrogarlo o revocarlo o modificar su ámbito de aplicación, deberá consultarlo con el Consejo de Seguridad Nacional.

Las razones en las que se sustenta la decisión de declarar el estado de emergencia, así como su duración y su ámbito de aplicación, se transmitirán en la radio y la televisión turcas, y, si el Consejo de Ministros lo considera necesario, también se difundirán en otros medios.

Decisión nº 2016/9064

El 20 de julio de 2016, de conformidad con el artículo 120 de la Constitución y la letra b) del aparatado 1 del artículo 3 de la Ley nº 2935, relativa al Estado de Emergencia, el Consejo de Ministros ha decidido declarar el estado de emergencia a nivel nacional a la 1.00 del jueves 21 de julio de 2016 por un plazo de noventa días, de acuerdo con la Recomendación nº 498, de 20 de julio de 2016, del Consejo de Seguridad Nacional.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Presidente

Primer Ministro y miembros del Gabinete”

FRANCIA

22-07-2016 COMUNICACIÓN EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 15 DEL CONVENIO:

“Señor Secretario General:

Mediante carta de 23 de noviembre de 2015, puse en su conocimiento la declaración del estado de emergencia en Francia, tras los atentados coordinados que sufrió París el

13 de noviembre de 2015, y le rogaba que tuviese a bien considerar que mi carta constituía una información en virtud del artículo 15 del Convenio.

En efecto, el Gobierno francés ha decidido, mediante el Decreto núm. 2015-1475, de 14 de noviembre de 2015, aplicar la Ley núm. 55-385, de 3 de abril de 1955, relativa al estado de emergencia.

La gravedad de los atentados, su carácter simultáneo y la persistencia de la amenaza a un nivel insólito en el territorio nacional justificaron posteriormente la prórroga del estado de emergencia por un plazo de tres meses a partir del 26 de noviembre de 2015, mediante la Ley núm. 2015-1501, de 20 de noviembre de 2015, de lo cual le informamos en su día, y, después, durante otros tres meses a partir del 26 de febrero de 2016, mediante la Ley núm. 2016-162, de 19 de febrero de 2016, y, a continuación, durante dos meses más a partir del 26 de mayo de 2016, mediante la Ley núm. 2016- 629, de 20 de mayo de 2016.

El 14 de julio de 2016, Niza sufrió un atentado, en el que, según los datos actualizados, murieron 84 personas y resultaron heridas más de 350. Fue reivindicado por una organización terrorista. Se produjo después de otro atentado, cometido el 13 de junio de 2016, en el que dos policías nacionales fueron asesinados en su domicilio en Isla de Francia por un terrorista que declaró pertenecer a la misma organización.

Actualmente, la amenaza terrorista, caracterizada por “un peligro inminente resultante de graves daños al orden público”, que justificó la declaración inicial y las prórrogas del estado de emergencia, sigue manteniéndose a un nivel muy alarmante, por lo que es necesario disponer de medidas administrativas reforzadas para combatir el terrorismo dentro de nuestras fronteras.

Por ello, se ha prorrogado el estado de emergencia por un plazo de seis meses mediante la Ley núm. 2016-987, de 21 de julio de 2016, que también introduce modificaciones a determinadas disposiciones de la Ley de 3 de abril de 1955, con vistas a ajustarlas a los cambios de hecho y de derecho que se han ido produciendo.

Entre las medidas permitidas durante este plazo de seis meses en virtud del estado de emergencia, se encuentran de nuevo los registros sin orden judicial (apartado I del artículo 11 de la Ley de 3 de abril de 1955, relativa al estado de emergencia), que tendrán mayor utilidad que antes, puesto que se efectuarán como parte de un nuevo régimen en el que es posible, en particular, utilizar información digital una vez lo autorice un juez.

El Gobierno francés desea recordar que las medidas tomadas en el marco del estado de emergencia están sometidas al control jurisdiccional efectivo así como a un mecanismo de seguimiento y control especialmente atento del Parlamento. Por último, el Gobierno francés vela por la buena información y concertación con los cargos electos locales y tiene intención de seguir dialogando con la sociedad civil.

Se adjunta a esta carta el texto de la Ley núm. 2016-987, de 21 de julio de 2016.

Reciba, Señor Secretario General, la expresión de mi alta consideración.

(firmado) Jocelyne Caballero

Thorbjørn JAGLAND

Secretario General del Consejo de Europa

Estrasburgo

Ley núm. 2016-987, de 21 de julio de 2016, por la que se prorroga la aplicación de la Ley núm. 55-385, de 3 de abril de 1955, relativa al estado de emergencia y se establecen medidas para reforzar la lucha antiterrorista (1)

NOR: INTX 1620056L

La Asamblea Nacional y el Senado han aprobado,

y el Presidente de la República promulga la siguiente ley:

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES RELATIVAS AL ESTADO DE EMERGENCIA

ARTÍCULO 1

I.- El estado de emergencia declarado mediante el Decreto núm. 2015-1475, de 14 de noviembre de 2015, relativo a la aplicación de la Ley núm. 55-385, de 3 de abril de 1955, y el Decreto núm. 2015-1493, de 18 de noviembre de 2015, relativo a la aplicación en los Territorios de Ultramar de la Ley núm. 55-385, de 3 de abril de 1955, prorrogado por la Ley núm. 2015-1501, de 20 de noviembre de 2015, por la que se prorroga la aplicación de la Ley núm. 55-385, de 3 de abril de 1955, relativa al estado de emergencia, y se refuerza la eficacia de sus disposiciones, y, posteriormente, por la Ley núm. 2016-162, de 19 de febrero de 2016, por la que se prorroga la aplicación de la Ley núm. 55-385, de 3 de abril de 1955, relativa al estado de emergencia, así como, después, por la Ley núm. 2016-629, de 20 de mayo de 2016, por la que se prorroga la aplicación de la Ley núm. 55-385, de 3 de abril de 1955, relativa al estado de emergencia, se prorroga por un plazo de seis meses a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente ley.

II.- El estado de emergencia, durante su vigencia, conllevará la aplicación del apartado I del artículo 11 de la Ley núm. 55-385, de 3 de abril de 1955, relativa al estado de emergencia, en la redacción que resulte de las modificaciones de la presente ley.

III.- Mediante decreto del Consejo de Ministros, se podrá poner fin al estado de emergencia antes de la expiración del plazo anteriormente señalado. En este caso, se informará al Parlamento.

ARTÍCULO 2

Se modifica

ARTÍCULO 4.1 de la Ley núm. 55-385, de 3 de abril de 1955, relativa al Estado de Emergencia de la siguiente manera:

1.º Después de la primera frase, se inserta una del siguiente tenor:

“Las autoridades administrativas les remitirán de forma inmediata copias de todos los instrumentos que adopten en aplicación de la presente ley”.

2.º Al principio de la segunda frase, la palabra “Estos” se sustituye por la expresión “La Asamblea Nacional y el Senado”.

ARTÍCULO 3

El artículo 8 de la misma ley se modifica de la siguiente manera:

1.º En el primer párrafo, después de las palabras “de cualquier índole”, se inserta lo siguiente: “, en particular, los lugares de culto en los que se transmiten mensajes que incitan al odio, a la violencia o la perpetración de actos terroristas, o que constituyen una apología de estos actos,”.

2.º Se añade un párrafo del siguiente tenor:

“Podrán prohibirse las procesiones, desfiles y concentraciones de personas en la vía pública si la autoridad administrativa demuestra que le resulta imposible garantizar la seguridad con los medios a su alcance”.

ARTÍCULO 4

Después del artículo 8 de la misma ley, se inserta un artículo 8.1 con el siguiente tenor:

“Art. 8.1.: En las zonas mencionadas en el artículo 2 de la presente ley, el prefecto podrá autorizar, mediante una decisión motivada, a los agentes mencionados en los apartados 2 a 4 del artículo 16 del Código de Procedimiento Penal, y, bajo su responsabilidad, a los mencionados en los apartados 1, 1bis y 1ter del artículo 21 de dicho código a llevar a cabo los controles de identidad previstos en el octavo párrafo del artículo 78.2 del mismo cuerpo legal, a inspeccionar visualmente y registrar equipajes, y a revisar los vehículos en circulación, parados o estacionados en la vía pública o en lugares accesibles al público.

“En la decisión del prefecto se especificarán los lugares a los que se extiende su autorización, que deberán establecerse con precisión, así como la duración de esta, que no podrá prolongarse más de veinticuatro horas.

“Los tres últimos párrafos del apartado II y los dos últimos párrafos del apartado II del artículo 72.2.2 del mismo código serán de aplicación a las operaciones realizadas en virtud del presente artículo.

“La decisión del prefecto a la que se refiere el primer párrafo del presente artículo se remitirá de forma inmediata al Ministerio Fiscal”.

ARTÍCULO 5

El apartado I del artículo 11 de la misma ley se modifica de la siguiente manera: 1.º Después del segundo párrafo, se inserta uno con el siguiente tenor:

“Cuando, en un registro, se descubra que otro lugar cumple con las condiciones previstas en el primer párrafo del presente apartado I, la autoridad administrativa podrá autorizar su registro por cualquier medio. Tal autorización se regularizará formalmente a la mayor brevedad posible. El Ministerio Fiscal será informado inmediatamente de ello”.

2.º El cuarto párrafo se sustituye por seis con el siguiente tenor:

“Si en un registro se descubre la existencia de elementos, en particular, de tipo electrónico, relacionados con la amenaza que supone el comportamiento de la persona en cuestión para la seguridad y el orden públicos, podrán incautarse los datos guardados en cualquier sistema informático o equipo terminal que se encuentre en el lugar del registro, ya sea mediante su copia o por incautación de su soporte en caso de que no pueda realizarse o completarse una copia en el tiempo que dure el registro.

“La copia de los datos o la incautación de los sistemas informáticos o de los equipos terminales se efectuará en presencia de un agente de la Policía Judicial. El agente de la Policía Judicial responsable del registro redactará un atestado de incautación que incluirá su justificación y un inventario de los materiales incautados. Se remitirá una copia de este atestado a todas las personas mencionadas en el segundo párrafo del presente apartado I. Los datos y soportes incautados se custodiarán bajo la responsabilidad del jefe del servicio que haya efectuado el registro. Tras su incautación, nadie podrá tener acceso a ellos sin la autorización de un juez.

“Una vez termine el registro, la autoridad administrativa solicitará al juez encargado del procedimiento de urgencia del órgano jurisdiccional contencioso- administrativo que autorice el uso de los materiales incautados. El juez tomará en consideración los elementos descubiertos en el registro para pronunciarse, en un plazo de 48 horas desde que se le remita el asunto, sobre la legalidad de la incautación y sobre la solicitud de la autoridad administrativa. No se podrá autorizar el uso de elementos que no estén relacionados de ningún modo con la amenaza que supone el comportamiento de la persona en cuestión para la seguridad y el orden públicos. En caso de que el juez encargado del procedimiento de urgencia rechace la solicitud, y sin perjuicio del recurso previsto en el décimo párrafo del presente apartado I, se procederá a la destrucción de los datos copiados y a la devolución de los soportes incautados a sus propietarios.

“Durante el tiempo estrictamente necesario para llevar a cabo el uso autorizado por el juez encargado del procedimiento de urgencia, los datos y sus soportes incautados se custodiarán bajo la responsabilidad del jefe de servicio que efectuó el registro y la incautación. Los sistemas informáticos y los equipos terminales se devolverán al propietario, si procede, una vez se hayan copiado los datos que contienen, en un plazo máximo de quince días a partir de la fecha en la que se incautaron o en la que el juez encargado del procedimiento de urgencia, a quien se habrá remitido el asunto dentro de este plazo, autorizó el uso de dichos datos. Los datos copiados, con la excepción de aquellos que revelen la amenaza que constituye el comportamiento de la persona en cuestión para la seguridad y el orden públicos, se destruirán en un plazo máximo de tres meses a partir de la fecha en la que se efectuó el registro o en la que el juez encargado del procedimiento de urgencia, a quien se habrá remitido el asunto dentro de este plazo, autorizó su uso.

“En caso de que surjan dificultades para acceder a los datos contenidos en los soportes incautados o para utilizar los datos copiados, si es necesario, el juez encargado del procedimiento de urgencia al que haya remitido el asunto la autoridad administrativa podrá prorrogar los plazos previstos en el octavo párrafo del presente apartado I por un periodo de la misma duración, siempre que lo haga al menos 48 horas antes de la expiración de dichos plazos. Dispondrá de 48 horas para pronunciarse sobre las solicitudes de prorrogación presentadas por la autoridad administrativa. Si los datos y los soportes incautados, gracias a su uso o estudio, permiten constatar que se ha cometido una infracción, se custodiarán de conformidad con las normas aplicables en materia de procesos penales.

“A los efectos del presente artículo, el juez encargado del procedimiento de urgencia será el del órgano jurisdiccional contencioso-administrativo del partido judicial del lugar del registro. Resolverá con arreglo al libro V del Código de Derecho Administrativo, sin perjuicio del presente artículo. Sus resoluciones podrán ser recurridas, en un plazo de 48 horas a partir de la notificación de las mismas, ante el juez encargado del procedimiento de urgencia del Consejo de Estado, quien deberá pronunciarse en un plazo de 48 horas. En caso de interposición de recurso, los datos y suportes incautados seguirán custodiándose de conformidad con lo dispuesto en el octavo párrafo del presente apartado I”.

3.º Después del cuarto párrafo, se inserta otro con el siguiente tenor:

“Cada registro se consignará en un informe que se remitirá inmediatamente al Ministerio Fiscal, en su caso, junto con una copia del acta de la incautación. Se enviará una copia de la orden de registro a las personas que hayan sido objeto de esta medida”.

4.º Antes del último párrafo, se insertan ocho con el siguiente tenor:

“Cuando existan razones fundadas para considerar que el comportamiento de las personas presentes constituye una amenaza para la seguridad y el orden públicos, el agente de la Policía Judicial podrá retenerlas en el lugar del registro durante el tiempo estrictamente necesario para llevarlo a cabo. Se informará al Ministerio Fiscal en cuanto empiece la retención.

“Se informará a los retenidos de su derecho a pedir al agente de la Policía Judicial que avise a las personas que deseen, incluido su empleador. Si el agente considera que, debido a las exigencias de la retención, no debe satisfacer esta petición, deberá remitir el asunto inmediatamente al Ministerio Fiscal, que decidirá si debe accederse a ella o no.

“La retención no podrá prolongarse más de cuatro horas desde el inicio del registro y el Ministerio Fiscal podrá ponerle fin en cualquier momento,

“El Ministerio Fiscal deberá autorizar explícitamente la retención en el caso de los menores, que deberán contar con la asistencia de su representante legal, salvo que resulte imposible por razones debidamente justificadas.

“El agente de la Policía Judicial deberá señalar en un acta los motivos de la retención. Indicará la fecha y la hora en que comenzó y finalizó esta, así como su duración.

“Esta acta se presentará a la persona retenida para que la firme. En caso de que rehúse hacerlo, se hará constar esta circunstancia y sus razones.

“El acta se remitirá al Ministerio Fiscal y se enviará una copia al interesado.

“Si procede, la duración de la retención se descontará del tiempo de detención policial”.

ARTÍCULO 6

ARTÍCULO 14.1 de la misma ley se completa con un párrafo con el siguiente tenor:

“Se entenderá que concurre el requisito de urgencia en el caso de los recursos judiciales de urgencia interpuestos contra medidas de arresto domiciliario”.

ARTÍCULO 7

En el artículo 15 de la misma ley, la remisión a la “Ley núm. 2015-1501, de 20 de noviembre de 2015, por la que se prorroga la aplicación de la Ley núm. 55-385, de 3 de abril de 1955, relativa al estado de emergencia, y se refuerza la eficacia de sus disposiciones” se sustituye por “Ley núm. 2016-687, de 21 de julio de 2016, por la que se prorroga la aplicación de la Ley núm. 55-385, de 3 de abril de 1955, relativa al estado de emergencia, y se establecen medidas para reforzar la lucha antiterrorista”.

TÍTULO II

DISPOSICIONES RELATIVAS AL REFUERZO DE LA LUCHA ANTITERRORISTA

ARTÍCULO 8

El libro V del Código de Procedimiento Penal se modifica de la siguiente manera:

1.º Los «rtículos 720.1 y 723.1 se completan con un párrafo con el siguiente tenor:

“El presente artículo no será de aplicación a quienes hayan sido condenados por una o varias de las infracciones previstas en los artículos del 421.1 al 421.6 del Código Penal, con excepción de las establecidas en los artículos de 421.2.5 al 421.2.5.2 de dicho código”.

2.º Después del artículo 721.1, se inserta un artículo 721.1.1 con el siguiente tenor:

“Art. 721.1.1: Los condenados a penas privativas de libertad por una o varias de las infracciones previstas en los artículos del 421.1 al 421.6 del Código Penal, con excepción de las establecidas en los artículos de 421.2.5 al 421.2.5.2 de dicho código, no podrán acogerse a las medidas de reducción de la pena dispuestas en el artículo 721 del mismo. No obstante, podrán acogerse a ellas en las condiciones especificadas en el artículo 721.1”.

ARTÍCULO 9

I. La sección 8 del capítulo III del título I de la Ley Penitenciaria núm. 2009-1436, de 24 de noviembre de 2009, se completa con un artículo 58.1 con el siguiente tenor:

“Art. 58.1: La dirección de la Administración penitenciaria podrá efectuar un tratamiento de los datos personales vinculados a los sistemas de videovigilancia de las celdas de los centros penitenciarios.

“El objeto del tratamiento de estos datos será el control mediante videovigilancia de las celdas a las que se haya asignado a los presos sometidos a medidas de aislamiento cuya fuga o suicidio podría tener repercusiones importantes en el orden público, habida cuenta de las circunstancias particulares que motivaron su ingreso en prisión y del impacto de estas en la opinión pública.

“El tratamiento de estos datos garantizará la seguridad, por una parte, de los centros penitenciarios, en los casos en que exista riesgo de fuga, y, por otra parte, del preso, cuando se encuentre en peligro de intentar cometer suicidio.

“El tratamiento de estos datos solo se permite en el caso de las celdas en las estén recluidas personas en prisión provisional decretada por un juez. Solo podrá llevarse a cabo de forma excepcional.

“Se informará al preso del proyecto de decisión de someterle a videovigilancia, contra lo que este tendrá derecho a presentar alegaciones escritas u orales durante un proceso contradictorio, en el que podrá recibir la asistencia de un abogado.

“En casos urgentes, el Ministro de Justicia podrá decidir someter al preso a videovigilancia de forma provisional si esta constituye la única manera de evitar su fuga o suicidio. Esta medida provisional no podrá prolongarse más de cinco días. Una vez transcurrido este plazo, si no se ha adoptado una resolución con arreglo a las condiciones expuestas anteriormente con respecto a la videovigilancia, se pondrá fin a la misma. La duración de esta medida provisional se descontará del tiempo total de videovigilancia.

“Podrá someterse a un preso a videovigilancia durante un plazo de tres meses renovables mediante una resolución especialmente motivada del Ministro de Justicia. Dicha resolución deberá notificarse al interesado.

“Podrá recabarse la opinión por escrito del médico del centro penitenciario en todo momento, en particular, antes de que se adopte la decisión de renovar la medida.

“Los sistemas de videovigilancia permitirán controlar al preso en tiempo real. Habrá una pantalla fija en la celda que garantizará la intimidad de la persona, pero que también permitirá obtener imágenes opacas. Las cámaras se colocarán en lugares visibles.

“El tratamiento de los datos consistirá en la grabación del conjunto de secuencias de vídeo procedentes de la videovigilancia de las celdas en cuestión.

“No se transmitirá ni se grabará sonido.

“No se complementará el tratamiento de los datos obtenidos a través de la videovigilancia con el uso de ninguna clase de dispositivo biométrico.

“Las imágenes grabadas como parte de este tratamiento de datos se guardarán en un soporte digital durante un mes.

“Cuando existan razones fundadas para considerar que exista el riesgo de que el preso intente cometer suicidio o se fugue, el director del centro penitenciario o su representante podrán consultar las datos procedentes de la videovigilancia durante un plazo de siete días a partir de su grabación. Fuera de este plazo, solo podrán verse las imágenes en el marco de una instrucción judicial o una investigación administrativa.

“Al cabo de un mes, se borrarán los datos que no se hayan remitido a la autoridad judicial ni sean objeto de una investigación administrativa.

“Las personas o categorías de personas que, en razón de sus funciones o de las necesidades del servicio, podrán acceder a los datos de carácter personal mencionados serán:

“1.º en el caso de la visualización de imágenes en tiempo real, los agentes de la Administración penitenciaria designados individualmente y adecuadamente habilitados por el director del centro penitenciario;

“2.º en el caso de la consulta de los datos grabados, el director del centro o su representante, durante un plazo de siete días;

“3.º el responsable local de informática designado individualmente y adecuadamente habilitado por el director del centro.

“El derecho de oposición previsto en el artículo 38 de la Ley núm. 78-17, de 6 de enero de 1978, relativa a la Informática, los Archivos y las Libertades no es de aplicación al tratamiento de los datos mencionado.

“Los derechos de acceso y rectificación previstos en los artículos 39 y 40 de la citada Ley núm. 78-17, de 6 de enero de 1978, podrán ejercerse ante el director del centro penitenciario en el que se haya llevado a cabo el tratamiento de los datos procedentes de la videovigilancia.

“Se colocará un cartel en la entrada de las celdas equipadas con un sistema de videovigilancia para informar de la existencia de este, así como de las modalidades de acceso a los datos recabados y de rectificación de los mismos.

“Se llevará un registro de las consultas, la creación y la actualización de los datos que se traten. Estos asientos se guardarán durante tres meses. Asimismo, se llevará un registro de la extracción de las secuencias de vídeo grabadas que se traten. Estos asientos se guardarán durante un año”.

II. El capítulo I, del título II, del libro V del Código de Procedimiento Penal se completa con un artículo 716.1.A con el siguiente tenor:

“Art. 716.1.A: Las medidas de videovigilancia previstas en el artículo 58.1 de la Ley Penitenciaria núm. 2009-1436, de 24 de noviembre 2009, podrán aplicarse a los imputados y acusados que se encuentren en prisión provisional decretada por un juez y sometidos a aislamiento, y cuya fuga o suicidio pudiera tener repercusiones importantes en el orden público, habida cuenta de las circunstancias particulares que motivaron su ingreso en prisión y del impacto de estas en la opinión pública”.

ARTÍCULO 10

El último párrafo del artículo L.225.2 del Código de Seguridad Interior se completa con la expresión: “, renovable en dos ocasiones mediante decisión motivada”.

ARTÍCULO 11

Se suprime la última frase del quinto párrafo del artículo L.224.1 del mismo código.

ARTÍCULO 12

A continuación del artículo 706.24.3 del Código de Procedimiento Penal, se inserta un artículo 706.24.4 con el siguiente tenor:

“Art. 706.24.4: La duración total de la prisión provisional prevista en el duodécimo párrafo del artículo 11 del Decreto núm. 45-174, de 2 de febrero de 1945, relativa a la delincuencia de menores se eleva a dos años en el caso de la instrucción del delito tipificado en el artículo 421.2.1 del Código Penal.

“La duración total de la prisión provisional prevista en el decimocuarto párrafo del artículo 11 del citado Decreto núm. 45-174, de 2 de febrero de 1945, se eleva a tres años en el caso de la instrucción de los delitos tipificados en el apartado 1.º del artículo 421.1 y los artículos 421.5 y 421.6 del Código Penal”.

ARTÍCULO 13

El capítulo I del título II del libro IV del Código Penal se modifica de la siguiente manera:

1.º En el segundo párrafo del artículo 421.5, se sustituye la palabra “veinte” por “treinta”.

2.º El artículo 421.6 se modifica de la siguiente manera:

• a) En el primer párrafo, la expresión “veinte años de privación de libertad y 350 000» se sustituye por «treinta años de privación de libertad y 450 000”.
• b) En el último párrafo, la expresión “treinta años de privación de libertad y” se sustituyen por “cadena perpetua y”.

ARTÍCULO 14

El artículo 422.4 del Código Penal queda redactado de la siguiente manera:

“Art. 422.4: El órgano jurisdiccional competente condenará a los extranjeros culpables de alguno de los delitos tipificados en el presente título a la expulsión del territorio francés, o bien de forma permanente o bien durante diez o más años, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 131.30.

“No obstante, el órgano jurisdiccional podrá, mediante una resolución especialmente motivada, decidir no pronunciarse sobre estas penas en razón de las circunstancias de la infracción y de las características personales de su autor”.

ARTÍCULO 15

El artículo L.851.2 del Código de Seguridad Interior queda redactado de la siguiente manera:

“Art. L. 851.2: I. De conformidad con las condiciones previstas en el capítulo I del título II del presente código, y únicamente a efectos de la prevención del terrorismo, podrá autorizarse caso por caso la recopilación en tiempo real de los datos o los documentos especificados en el artículo L.851.1 que procedan de las redes de operadores y de las personas mencionadas en dicho artículo, y se refieran a una persona cuya probabilidad de estar relacionada con una amenaza se hubiera determinado previamente. Cuando existan razones fundadas para considerar que uno o varios miembros del entorno de dicha persona pueden proporcionar información pertinente para la finalidad que motivó la autorización, esta podrá concederse también, individualmente, para cada uno de ellos.

“II. El artículo L.821.5 no será de aplicación a las autorizaciones expedidas en virtud del presente Artículo”.

ARTÍCULO 16

Al inicio del primer párrafo del artículo L.511.5 del mismo código, se suprime la expresión: “Siempre que la naturaleza de sus actuaciones y las circunstancias lo justifiquen,”.

ARTÍCULO 17

Se modifica el libro VIII del mismo código de la siguiente manera:

1.º En el apartado III del artículo L.852.1, el término “necesarios” se sustituye por “vinculados”.

2.º En el primer párrafo del artículo L.863.2, el término “intercambiar” se sustituye por “compartir”.

ARTÍCULO 18

La sección 4 del capítulo I del título I del libro IV del mismo código se modifica de la siguiente manera:

1.º El artículo L.411.7 se modifica como sigue:

• a) El apartado 2.º se convierte en el 3.º.
• b) El apartado 2.º queda redactado de la siguiente manera:

  “2.º de personas que, en el momento de la firma del contrato de prestación de servicios, puedan acreditar haber tenido la categoría de auxiliar de seguridad (adjoint de sécurité) durante al menos tres años de servicio efectivo”.

2.º El artículo L.411.9 se modifica de la siguiente manera:

a) En el primer párrafo, la expresión “como voluntarios” se sustituye por “en virtud de los apartados 2.º y 3.º del artículo L.411.7”.

b) En el último párrafo, después de la expresión “Policía Nacional”, se insertan las palabras “y los reservistas especificados en el apartado 2.º del artículo L.411.7 del presente código”.

3.º Se completa el artículo L.411.10 con un párrafo del siguiente tenor:

“Las personas especificadas en el apartado 2.º del artículo L.411.7 del presente código podrán encargarse de las misiones que desempeñan los retirados del servicio activo de la Policía Nacional, con excepción de las que se desarrollan en el exterior”.

4.º El artículo L.411.11 se modifica del siguiente modo:

• a) En el primer párrafo, después del término “reservistas voluntarios”, se inserta la expresión “y los reservistas especificados en el apartado 2.º del artículo L.411.7”.
• b) Después del apartado 2.º, se inserta un apartado 3.º con el siguiente tenor:

  “3.º en el caso de los reservistas especificados en el apartado 2.º del artículo L.411.7, ciento cincuenta días al año”.

ARTÍCULO 19

Las duraciones máximas de la actividad desarrollada en las reservas militar, sanitaria, de protección civil o de la Policía Nacional previstas en el artículo L.4251.6 del Código de Defensa; en el apartado 11.º del artículo 34 de la Ley núm. 84-16, de 11 de enero de 1984, del estatuto de los empleados públicos del Estado; en el apartado 12.º del artículo 57 de la Ley núm. 84-53, de 26 de enero de 1984, del estatuto de los empleados públicos de las Administraciones territoriales; y en el apartado 12.º del artículo 41 de la Ley Núm. 86-33, de 9 de enero de 1986, del estatuto de los empleados públicos de los hospitales se prolongarán durante la totalidad del periodo de aplicación de la Ley núm. 55-385, de 3 de abril de 1955, relativa al estado de emergencia, siempre y cuando se cuente con el consentimiento del empleador.

ARTÍCULO 20

El último párrafo del artículo 15 de la Ley núm. 86-1067, de 30 de septiembre de 1986, relativa a la libertad de comunicación se completa con la siguiente frase:

«Elaborará un código de conducta relativo a la cobertura audiovisual de los actos terroristas».

ARTÍCULO 21

I. En el artículo 711.1 del Código Penal, en el primer párrafo del artículo 804 del Código de Procedimiento Penal y en el primer párrafo de los artículos L.285.1, L.286.1, L.287.1, L.288.1, L.445.1, L.446.1 y L.447.1; al final del artículo L.448.1; en el primer párrafo de los artículos L.545.1, L.546.1, L.895.1 y L.896.1; en el artículo L.897.1; y en el primer párrafo del artículo L.898.1 del Código de la Seguridad Interior, la remisión a la “Ley núm. 2016-731, de 3 de junio de 2016, por la que se refuerza la lucha contra la delincuencia organizada, el terrorismo y su financiación, y se mejoran la eficacia y las garantías del procedimiento penal” se sustituye por la remisión a la “Ley núm. 2016-987, de 21 de julio de 2016, por la que se prorroga la aplicación de la Ley núm. 55-385, de 3 de abril de 1955, relativa al estado de emergencia y se establecen medidas para reforzar la lucha antiterrorista”.

II. El apartado I del artículo 9 y el artículo 19 serán de aplicación en las Islas Wallis y Futuna, la Polinesia Francesa y Nueva Caledonia.

El artículo 19 será de aplicación en los Territorios Australes y Antárticos Franceses.

La presente ley entrará en vigor de forma inmediata y se ejecutará como una ley del Estado.

Hecho en París, el 21 de julio de 2016. FRANÇOIS HOLLANDE

Por el Presidente de la República:

El Primer Ministro,

MANUEL VALLS

El Ministro de Justicia.

JEAN-JAQUES URVOAS

El Ministro del Interior,

BERNARD CAZENEUVE

La Ministra de Administraciones Públicas,

ANNICK GIRARDIN

La Ministra de los Territorios de Ultramar,

GEORGE PAU-LANGEVIN

TURQUÍA

24-07-2016 COMUNICACIÓN EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 15 DEL CONVENIO:

“Con respecto a la declaración que la República de Turquía efectuó el 21 de julio de 2016, en virtud del artículo 15 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, la Representación Permanente de Turquía ante el Consejo de Europa transmite la siguiente declaración conjunta de la Gran Asamblea Nacional de Turquía, así como dos notas informativas, para su consideración y comunicación a los Estados Miembros por el Secretario General.”

“DECLARACIÓN CONJUNTA POR LA GRAN ASAMBLEA NACIONAL DE TURQUÍA 16 DE JULIO DE 2016

La Gran Asamblea Nacional de Turquía (GANT), como representante de su gloriosa y heroica nación amenazada por las bombas y las balas, ha cumplido con su deber. Ha demostrado una vez más que es una Asamblea digna de su pueblo. La GANT dirigió la Guerra de Liberación, estableció la democracia parlamentaria y sacó a una nación de la pobreza y la miseria para situarla a la altura de las civilizaciones contemporáneas. Y, hoy, nuestra Asamblea ha reaccionado al intento de golpe de Estado con un solo corazón y una sola alma.

Su firmeza ante esta infame tentativa es sumamente importante para seguir avanzando en la consolidación de la democracia en Turquía. La férrea voluntad de la GANT siempre se impondrá ante cualquier amenaza a nuestra nación y a su veterana Asamblea, como ha hecho hasta ahora. Fue un momento histórico, que se recordará como tal, en el que todos los partidos políticos de la Asamblea permanecieron unidos, con una misma postura y una misma lengua, que fortalecerán todavía más a nuestra nación y nuestra voluntad nacional. La GANT cumple con su cometido como un solo corazón y, en su condición de Asamblea de la nación, hará que quienes han intentado el golpe paguen el precio más alto posible en el marco del Estado de derecho. Esta declaración es la prueba de que nada volverá a ser igual en Turquía.

A pesar de que somos cuatro partidos políticos distintos con opiniones distintas, apoyamos plenamente la voluntad nacional, a la que protegeremos hoy y siempre. Que nuestra nación cuente con ello. Ni nuestra nación ni los miembros del Parlamento han defraudado al pueblo. Condenamos firmemente, una vez más, el infame atentado perpetrado contra nuestra democracia y contra la nación y la Gran Asamblea Nacional de Turquía.

Hacemos un llamamiento para que todos nos abstengamos de actos violentos ajenos a cualquier respuesta democrática. Rendimos homenaje a nuestras víctimas y deseamos que los heridos recobren rápidamente la salud, así como la pronta recuperación de nuestra nación. Saludamos, asimismo, a todos los países amigos y hermanos que trasladaron mensajes de apoyo a nuestra nación.

Firmas:

El Presidente de la Gran Asamblea Nacional de Turquía, İsmail Kahraman

Presidente del grupo del Partido de la Justicia y el Desarrollo, Binali Yildirim

Presidente del grupo del Partido Republicano del Pueblo, Kemal Kilidaroğlu

Presidente del grupo del Partido del Movimiento Nacionalista, Devlet Bahçeli

Vicepresidente del grupo del Partido de la Democracia del Pueblo, İdris Bal

ESTADO DE EMERGENCIA DECLARADO EN TURQUÍA

A RAÍZ DEL INTENTO DE GOLPE DE ESTADO DE 15 DE JULIO DE 2016

La Organización Terrorista Fethullah (FETÖ) intentó llevar a cabo un golpe de Estado en Turquía el 15 de julio de 2016. Este sangriento intento golpista contra un Gobierno elegido democráticamente y contra el orden constitucional fue sofocado por la determinación del Estado turco, que actuó junto a su pueblo y sus fuerzas de seguridad. Unos asesinos despreciables atacaron a la población civil, aplastaron con sus tanques a los defensores de la democracia en las calles y llegaron incluso a bombardear el Parlamento, la Gran Asamblea Nacional de Turquía. Perdieron la vida 246 ciudadanos turcos y 2.185 resultaron heridos.

Para luchar eficazmente y de forma global contra FETÖ, organización terrorista infiltrada clandestinamente en los engranajes del Estado y que supone una grave amenaza para la supervivencia y la seguridad de la nación, el 20 de julio de 2016 el Consejo de Ministros de Turquía decidió declarar el estado de emergencia en todo el país por un periodo de 20 días que se iniciaría el 21 de julio, en virtud del artículo 120 de la Constitución y el artículo 3, apartado 1.b. de la Ley relativa al Estado de Emergencia (Ley nº 2935).

La decisión se adoptó en reunión del Consejo de Ministros presidido por el Presidente Recep Tayyip Erdoğan, a partir de la recomendación del Consejo de Seguridad Nacional de 20 de julio de 2016, y fue refrendada por el Parlamento turco el 21 de julio de 2016.

La declaración del estado de emergencia persigue que se adopten, de la forma más rápida y eficaz, las medidas adecuadas para combatir la organización terrorista FETÖ, con el fin de liberar a la nación de este feroz entramado terrorista y volver a la normalidad cuanto antes. Mientras tanto, se impondrá la precaución extrema, al objeto de salvaguardar las normas democráticas y el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos.

El estado de emergencia es una medida regulada por la Constitución y las leyes turcas correspondientes, así como una práctica permitida por la legislación internacional en materia de derechos humanos, en particular, el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Con anterioridad al 15 de julio de 2016, fecha en que Turquía sufrió el intento golpista, el Gobierno turco había llevado a cabo sus operaciones antiterroristas contra el PKK y Daesh, en condiciones difíciles, sin declarar el estado de emergencia. No se escatimaron esfuerzos para poner en práctica las medidas con arreglo a la normativa europea de derechos humanos. No obstante, en vista de los graves y violentos ataques a la seguridad nacional y de la infiltración generalizada de la organización terrorista FETÖ, que se puso claramente de manifiesto en el transcurso del intento golpista, se consideró necesario declarar el estado de emergencia.

En este contexto, Turquía se acogió al derecho de derogar las obligaciones del Convenio en los términos previstos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, tal y como permite su artículo 15. Según lo dispuesto en el Convenio, la derogación no es una suspensión de derechos. Conlleva ciertas limitaciones al ejercicio de determinados derechos, con el alcance estrictamente exigido por la situación.

La República de Turquía es perfectamente consciente de sus obligaciones en materia de democracia, derechos humanos y Estado de derecho, en virtud del derecho internacional. El Gobierno mantendrá su compromiso con el respeto de los derechos y libertades fundamentales, al tiempo que garantiza la vigencia del principio de primacía de la ley.

La declaración del estado de emergencia no tiene por objeto restringir las libertades fundamentales sino terminar con la organización terrorista FETÖ de una manera más rápida y eficaz.

Aunque el estado de emergencia se ha declarado por un periodo de noventa días, todas las medidas de carácter extraordinario se levantarán en cuanto se logre combatir con éxito la organización terrorista FETÖ.

INFORMACIÓN SOBRE EL INTENTO DE GOLPE DE ESTADO DE 15 DE JULIO DE 2016 Y LAS INVESTIGACIONES DE QUE FUERON OBJETO JUECES Y FISCALES

1 Información general

La Organización Terrorista Fethullah Gülen (FETÖ) es una organización terrorista fundada por Fethullah Gülen cuyo objetivo es derrocar al Gobierno de la República de Turquía o impedir total o parcialmente el ejercicio de sus funciones valiéndose de la fuerza, la violencia u otros medios ilícitos; presionar al poder estatal, menoscabarlo o dirigirlo; y crear un poder alternativo, asumiendo el mando del Estado.

De acuerdo con sus propósitos, FETÖ lleva a cabo sus actividades a través de una estructura de tipo celular en varias instituciones públicas, sobre todo, en órganos judiciales, las fuerzas armadas turcas y la policía. Los funcionarios públicos que pertenecen a la organización ponen su cargo y su autoridad, así como los medios y el personal de la institución en la que trabajan, al servicio de los fines de la organización.

Hasta el momento, FETÖ ha cometido un gran número de actos ilegales, bajo apariencia de legalidad. Así, entre los actos de la organización se cuentan las escuchas telefónicas a políticos, tanto del partido en el poder como de la oposición, en particular, al Presidente, el Primer Ministro y los miembros del Gobierno, así como a empresarios y altos cargos, y la utilización de la correspondiente información en beneficio de la organización; el empleo de los miembros de la organización en las instituciones públicas, manipulando las pruebas de acceso convocadas por dichas instituciones, y la puesta en libertad de los miembros detenidos mediante órdenes dictadas por jueces no autorizados que formaban parte de la organización.

El 15 de julio de 2016 FETÖ intentó llevar a cabo un golpe de Estado, dirigido por militares de las Fuerzas Armadas pertenecientes a dicha organización, con el fin de derrocar al Gobierno democráticamente elegido de la República de Turquía. Esta acción terrorista frustrada revela claramente el peligro que FETÖ representa.

Los miembros de FETÖ bombardearon la Gran Asamblea Nacional de Turquía, el Gabinete de la Presidencia y las instituciones públicas utilizando para ello helicópteros, aviones y tanques de los que se habían apropiado apuñalando a sus superiores por la espalda. También abrieron fuego contra los ciudadanos que habían tomado las calles para protestar contra el intento golpista.

La policía, los fiscales y otros miembros de las Fuerzas Armadas adoptaron inmediatamente las medidas necesarias para atajar el intento golpista orquestado por los miembros de la organización, que habían abandonado la cadena de mando de las Fuerzas Armadas turcas.

Pero quien de verdad frustró la confabulación fue la nación turca que, haciendo gala de una solidaridad histórica, tomó las calles en actitud desafiante y se enfrentó valientemente a los tanques para apoyar el orden democrático. El pueblo turco sigue en guardia por la democracia en las calles y plazas de todas las ciudades, sobre todo en Estambul, Ankara e Izmir. Los terroristas intentaron difundir su mensaje asaltando los estudios de la televisión estatal (TRT) y tomando también los canales privados. Pero el intento de controlar los medios de comunicación fue breve. Debe recodarse que estos desempeñaron un papel determinante en la derrota de los golpistas. Además, atacaron la unidad de control del satélite para impedir que los canales pudieran retransmitir.

A lo largo de todo el proceso, todos los partidos políticos, los miembros de la Gran Asamblea Nacional de Turquía y el pueblo turco se mantuvieron firmes a favor de la democracia, la política y las instituciones democráticas y la Constitución. Durante la reunión extraordinaria de la Asamblea del 16 de julio se emitió una declaración conjunta en defensa de la democracia.

En el transcurso de las operaciones llevadas a cabo en el marco de las investigaciones iniciadas a raíz del intento golpista, más de 10.000 miembros de FETÖ fueron detenidos. Las operaciones se mantienen. Algunos miembros de la organización, a los que se ha tomado declaración en el marco de las investigaciones, han confesado que el intento terrorista en cuestión fue obra de FETÖ.

Lamentablemente, más de 246 ciudadanos y agentes del orden fueron torturados, entre ellos, algunos muy buenos amigos del Presidente, y más de 2.500 resultaron heridos a consecuencia de esta actuación terrorista.

Nuestro Presidente, nuestro Primer Ministro, nuestro Gobierno, los miembros de la Gran Asamblea nacional de Turquía y el pueblo turco derrotaron conjuntamente a los golpistas y permanecieron del lado de la democracia y el Estado de derecho.

Aunque fueron los miembros de FETÖ integrados en las Fuerzas Armadas quienes dirigieron el intento golpista en cuestión, existen graves sospechas de que otros miembros de la organización lo apoyaran también de alguna manera desde la Administración del Estado. Por otro lado, es posible que se intente un nuevo golpe.

Por todo ello y mediante decreto del Consejo de Ministros, se declaró el estado de emergencia en todo el país, con arreglo al artículo 120 de la Constitución y siguiendo la recomendación del Consejo de Seguridad Nacional que apremiaba a terminar cuanto antes con la organización terrorista y todos sus elementos, y a adoptar las medidas necesarias para eliminar esta grave amenaza a la democracia, el Estado de derecho y los derechos y libertades de nuestros ciudadanos de la forma más rápida y eficaz. El estado de emergencia entró en vigor a la 1.00 de la madrugada del 21 de julio de 2016 y tendrá una duración de 90 días. La decisión se aprobó por la Gran Asamblea Nacional de Turquía en su reunión extraordinaria del 21 de julio de 2016. La declaración no pretende restringir la libertad de los ciudadanos, sino aumentar la eficacia y movilidad del Gobierno.

Asimismo, el 21 de julio de 2016, las autoridades turcas comunicaron al Secretario General del Consejo de Europa que Turquía se acogía a la derogación prevista en el artículo 15 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (el Convenio), ante la amenaza general que se cernía sobre la integridad de la nación.

2 Suspensión de funciones de jueces y fiscales e investigaciones realizadas

Durante décadas, FETÖ se ha organizado, sobre todo, en el seno de los órganos judiciales. Como consecuencia de la introducción de pruebas falsas en la instrucción de casos como el de Ergenekon, de 2007, o Balyoz y del posterior espionaje militar, se pusieron en marcha operaciones de expulsión contra miembros de las Fuerzas Armadas que no pertenecían a la organización. Según el fallo del Tribunal de Casación, resultó probado que se habían introducido pruebas falsas en la instrucción de dichos casos. El poder que FETÖ había adquirido en los órganos judiciales gracias a estas operaciones alcanzó su punto álgido en 2010, con la reestructuración del Consejo Superior de Jueces y Fiscales, en el que se infiltraron para colocar a miembros de la organización en puestos decisivos dentro del poder judicial.

El 7 de febrero de 2012, los jueces y fiscales miembros de FETÖ dictaron una orden ilegal de detención contra el Subsecretario de la Organización de Inteligencia Nacional, en un momento en que el Presidente tenía prevista una intervención quirúrgica y estaba a punto de ser operado. Los jueces y fiscales que iniciaron las investigaciones contra el Gobierno entre los días 17 a 25 de diciembre de 2013 eran también los que pertenecían a esa organización.

Por otra parte, el Consejo de Seguridad Nacional, en su resolución de 30 de octubre de 2014, instaba al Gobierno a luchar contra FETÖ y, en su resolución de 29 de abril de 2016, reconocía que FETÖ era una organización terrorista. Además, esto también se señaló en la acusación redactada a partir de varias investigaciones realizadas en todo el país.

Por todas estas razones, las autoridades competentes ya habían llevado a cabo investigaciones para identificar a los miembros de FETÖ antes de que se produjera el intento de golpe frustrado. A raíz del acto terrorista del 15 de julio de 2016, que tenía por objeto derrocar al gobierno, se iniciaron procedimientos disciplinarios y de suspensión de funciones para expulsar a los miembros de la organización terrorista FETÖ que estaban infiltrados en la Administración del Estado, sobre todo en los órganos judiciales, a través de una estructura celular.

En este contexto, el 16 de julio de 2016 se pusieron en marcha las investigaciones y la Oficina del Fiscal General de Ankara dictó órdenes de detención contra los miembros de FETÖ en el Consejo Superior de Jueces y Fiscales, el Tribunal Constitucional y el resto de tribunales superiores. Las Oficinas del Fiscal General correspondientes dictaron a su vez órdenes de detención contra los miembros de FETÖ que tomaban posesión de sus cargos de jueces y fiscales en otros tribunales. Se les acusaba de ser coautores del intento de derrocar el gobierno y acabar con el Parlamento, así como de abolir la Constitución, impulsar una insurrección armada y establecer una organización armada.

Miembros del Consejo Superior de Jueces y Fiscales

El 16 de julio de 2016, la Asamblea Plenaria del Consejo Superior de Jueces y Fiscales, en sesión extraordinaria, expulsaba a cinco miembros que, según el informe elaborado por el investigador responsable, estaban afiliados a FETÖ.

En virtud de la referencia a la Ley nº 2820, en lo que respecta a los requisitos para ser miembro exigidos por el artículo 18.1.a. de la Ley nº 6087 del Consejo Superior de Jueces y Fiscales, la decisión de expulsión se fundamentó en el hecho de que no se cumplían las condiciones para ser elegido miembro de dicho Consejo. El citado artículo impone, entre otras, la condición de “no ser objeto de investigación por delito castigado con más de tres meses de cárcel” para poder ser juez o fiscal en los términos del artículo 8.h) de la ley nº 2820. En esta decisión se determinó que la permanencia de dichos miembros menoscabaría la respetabilidad, imparcialidad y credibilidad del poder judicial.

Jueces y fiscales

El 16 de julio de 2016, la cámara tercera del Consejo Superior de Jueces y Fiscales, en sesión extraordinaria, autorizó la puesta en marcha de una investigación contra determinados jueces y fiscales, por haber participado en el intento de derrocar al gobierno y acabar con el órgano legislativo, abolir la Constitución, impulsar una insurrección armada y establecer una organización armada.

Ese mismo día, comenzó a investigarse en todo el país a los miembros de la mencionada organización terrorista en el entorno de los jueces y fiscales, contra los cuales se dictaron órdenes de detención y de busca y captura.

Tras analizar el documento por el que se autorizaba el inicio de las investigaciones, el órgano de inspección del Consejo Superior de Jueces y Fiscales, que había emprendido acciones en vista de la gravedad del intento golpista, solicitó que 2735 jueces y fiscales, con respecto a los cuales ya se habían autorizado investigaciones, fueran suspendidos de sus funciones durante tres meses, alegando que existían graves sospechas de que hubieran participado en los delitos en cuestión y que debía garantizarse la seguridad de la investigación, así como la influencia y respetabilidad del poder judicial.

La cámara segunda del Consejo Superior de Jueces y Fiscales decidió suspender de sus funciones a esos 2735 jueces y fiscales por un periodo de tres meses.

Las investigaciones iniciadas con respecto a los sospechosos prosiguen todavía, tanto por parte del órgano de inspección del consejo Superior de Jueces y Fiscales como de las oficinas provinciales del Fiscal General.

Hasta ahora se ha detenido a 1352 jueces y fiscales. Se ha liberado a 312, con la condición de que se sometan a control judicial. Se encuentran bajo custodia 366 jueces y fiscales.

Miembros del Tribunal Constitucional y otros tribunales superiores

En el marco de la investigación puesta en marcha por la Oficina del Fiscal General en Ankara, se iniciaron averiguaciones con respecto a dos miembros del Tribunal Constitucional, 140 miembros del Tribunal de Casación y 48 miembros del Tribunal Superior Administrativo, contra los que se dictaron órdenes de detención por haber participado en el intento de derrocar al gobierno y acabar con el órgano legislativo, abolir la Constitución, impulsar una insurrección armada y establecer una organización armada. Hasta ahora se ha detenido a dos miembros del Tribunal Constitucional, cuatro miembros del Consejo Superior de Jueces y Fiscales y 106 miembros del Tribunal Superior Administrativo y del Tribunal de Casación.

Si se sorprende a los sospechosos en el momento en que estén cometiendo algún delito que lleve aparejado una pena grave, y estos fueran miembros de tribunales de instancias superiores, la instrucción se llevará a cabo según lo previsto en Código de Enjuiciamiento Criminal ( artículo 16.1 de la Ley por la que establecen las normas y procedimientos del Tribunal Constitucional; artículo 46.1 de la Ley del Tribunal de casación y artículo 46.1 de la Ley del Tribunal de Casación sobre la base del artículo 82.1 de la Ley del Tribunal Superior Administrativo).

Dado que los sospechosos fueron sorprendidos en el momento de la comisión de delitos que llevan aparejados penas graves, de los que conocen los tribunales penales, la instrucción se realizará con arreglo a las disposiciones mencionadas.

El Estado de derecho, la democracia y los derechos humanos constituyen principios fundamentales sobre los que se asienta la República de Turquía. De ahí que los juicios se sustancien por tribunales independientes e imparciales que respetan el principio del Estado de derecho y nuestros compromisos internacionales. A este respecto, los sospechosos tienen derecho a la asistencia letrada, así como a recurrir las medidas de detención y vigilancia de que hayan sido objeto. Además, en el transcurso de los interrogatorios, se les recuerda que pueden solicitar que se recojan pruebas concretas y se les ofrece la posibilidad de invalidar los motivos de sospecha existentes y de alegar hechos en su defensa.

21.7.2016

TURQUÍA

28-07-2016 COMUNICACIÓN EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 15 DEL CONVENIO:

“Con arreglo a mi carta de fecha 21 de julio de 2016 mediante la que comuniqué la notificación de derogación por el Gobierno de la República de Turquía en aplicación del artículo 15 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, remito como anexo la traducción inglesa del Decreto-ley nº 667, de fecha 22 de julio de 2016, sobre las medidas que deben adoptarse bajo el estado de emergencia.

Reitero el compromiso de mi Gobierno con las obligaciones que prescribe el artículo 15 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. Las medidas tomadas bajo el estado de emergencia están sometidas al control jurisdiccional así como a la supervisión del Parlamento.

DECRETO-LEY

DECRETO SOBRE LAS MEDIDAS QUE DEBEN ADOPTARSE BAJO EL ESTADO DE EMERGENCIA

Decreto-ley número KHK/667

El Consejo de Ministros, reunido el 22 de julio de 2016 bajo la presidencia del Presidente de la República, ha decidido tomar ciertas medidas bajo el estado de emergencia, a tenor del artículo 121 de la Constitución y del artículo 4 de la Ley nº 2935 sobre el estado de emergencia de fecha 25 de octubre de 1983.

PRIMERA PARTE

Objetivo y ámbito de aplicación

Objetivo y ámbito de aplicación

ARTÍCULO 1 – (1) El objetivo del presente Decreto-ley es establecer medidas que deben adoptarse necesariamente en el ámbito del intento de golpe de Estado y la lucha contra el terrorismo bajo el estado de emergencia declarado en todo el país mediante el Decreto-ley del Consejo de Ministros de fecha 20 de julio de 2016, con el número 2016/9064, y determinar los procedimientos y principios relacionados con estas medidas.

SEGUNDA PARTE

Medidas relacionadas con la aplicación del estado de emergencia

Medidas en relación con la clausura de instituciones y organizaciones

ARTÍCULO 2 – (1)

a) Las instituciones y organizaciones sanitarias privadas relacionadas en el Anexo I,

b) Las instituciones y organizaciones educativas privadas, así como los dormitorios y alojamientos privados para estudiantes relacionados en el Anexo II,

c) Las fundaciones y asociaciones y sus empresas mercantiles relacionadas en el Anexo III,

d) Las instituciones de enseñanza superior gestionadas por fundaciones relacionadas en el artículo IV,

e) Los sindicatos, federaciones y confederaciones, relacionados en el artículo V, cuya existencia se ha comprobado que pertenecen, están relacionados o están en

contacto con la Organización Terrorista Fetullah (FETÖ/PDY), que se ha acreditado que constituyen una amenaza para la seguridad nacional, han sido clausurados.

(2) Todos los bienes muebles e inmuebles, así como todos los activos, créditos y derechos, y todos los documentos y escritos de las fundaciones clausuradas se considerarán transferidos a la Dirección General de Fundaciones, sin contrapartida. Los centros sanitarios de investigación y tratamiento pertenecientes a las instituciones de enseñanza superior gestionadas por fundaciones clausuradas, y todos los bienes muebles, así como todos los activos, créditos y derechos, y todos los documentos y escritos pertenecientes a otras instituciones y organizaciones clausuradas se considerarán transferidos al Tesoro, sin contrapartida. Todos los bienes inmuebles que les pertenezcan se inscribirán directamente en el registro de bienes raíces a nombre del Tesoro, libres de toda carga o gravamen y sin restricciones. Bajo ninguna circunstancia se presentará contra el Tesoro reclamación ni demanda alguna en relación con todos los tipos de débitos de los relacionados en el apartado uno. El Ministerio de Finanzas o la Dirección General de Fundaciones, según corresponda, llevarán a efecto todos los procedimientos relacionados con la transferencia, para lo que recibirán la asistencia necesaria de todas las instituciones implicadas.

(3) Las instituciones y organizaciones privadas y gestionadas por fundaciones, las instituciones y organizaciones educativas privadas, así como los dormitorios y alojamientos privados para estudiantes, fundaciones, asociaciones, instituciones de enseñanza superior gestionadas por fundaciones, sindicatos, federaciones y confederaciones que se ha demostrado que son integrantes de estructuras/entidades, organizaciones o grupos u organizaciones terroristas que se ha acreditado que constituyen una amenaza para la seguridad nacional, o de los que se ha encontrado una conexión o contacto con aquellos, y que no se encuentran en las relaciones de los anexos, se clausurarán a propuesta de la comisión que se creará por el ministro en los ministerios pertinentes y con la aprobación del Ministro. Las disposiciones del apartado 2 se aplicarán a las instituciones y organizaciones clausuradas de conformidad con el presente apartado.

(4) Los estudiantes matriculados en las instituciones educativas de enseñanza superior clausuradas serán trasladados por el Consejo de Enseñanza Superior a las universidades gestionadas por el Estado o por fundaciones. Los estudiantes trasladados deberán continuar abonando a la universidad de que se trate las tasas académicas que se les exige pagar a las instituciones educativas de enseñanza superior gestionadas por fundaciones hasta su graduación. El Consejo de Enseñanza Superior es el responsable y competente para el establecimiento de los procedimientos y principios para la aplicación del presente apartado, adoptar directrices para su aplicación, tomar todo tipo de medidas y resolver las dudas que puedan surgir.

Medidas relacionadas con los miembros de la judicatura y personas equiparadas

ARTÍCULO 3 – (1) Se considerará inviable la continuación en la profesión de aquellos que

se consideren integrantes, o que tengan relación, conexión o contacto con organizaciones terroristas o con estructuras/entidades, organizaciones o grupos que el Consejo de Seguridad Nacional determine que están comprometidos en actividades contra la seguridad nacional del Estado, y, en cuanto a los miembros del Tribunal Constitucional, su expulsión de la profesión deberá decidirse por mayoría absoluta del Pleno del mismo; por el Consejo de la Primera Presidencia del Tribunal de Casación en lo que se refiere a los Presidentes de las Salas del Tribunal de Casación y a sus miembros; por el Consejo de la Presidencia del Tribunal Administrativo Supremo en lo que se refiere a los Presidentes de las Salas del Tribunal Administrativo Supremo y a sus miembros; por el Pleno del Consejo Superior de la Magistratura y la Fiscalía en lo que se refiere a los jueces y fiscales; y por una comisión, formada por el Presidente de una Sala y uno de sus miembros, a determinar por el Presidente y Vicepresidentes del Tribunal de Cuentas bajo la presidencia del Presidente, en lo que se refiere a miembros del Tribunal de Cuentas. Se cancelarán los permisos de armas de fuego y los pasaportes verdes (especiales) de aquellos que hayan sido expulsión de la profesión y, en el plazo de quince días, se les desalojará de las viviendas de propiedad pública o de propiedad de fundaciones en las que residan.

(2) Los que desempeñen un cargo como candidatos a un puesto de magistrado de carácter judicial y administrativo y de fiscal en la fecha de entrada en vigor del presente Decreto-ley podrán ser designados como jueces o fiscales, con independencia de la duración de sus candidaturas, si el Consejo Superior de la Magistratura y la Fiscalía, a propuesta del Ministerio de Justicia, los admite a la profesión.

Medidas relativas a los funcionarios públicos

ARTÍCULO 4 – (1) Los que sean considerados integrantes, o de los que se estime que tienen relación, conexión o contacto con estructuras/entidades, organizaciones o grupos que el Consejo de Seguridad Nacional hayan determinado que están comprometidos en actividades contra la seguridad nacional del Estado serán expulsados del servicio público:

a) a propuesta del Comandante de la Fuerza correspondiente, con el visto bueno del Jefe del Estado Mayor y con la aprobación del Ministro de Defensa, en lo que se refiere al personal sujeto a la Ley n.º 926 sobre Personal de las Fuerzas Armadas de Turquía (de fecha 27 de julio de 1967);

b) a propuesta del Comandante de la Gendarmería y con la aprobación del Ministerio del Interior, en lo que se refiere al personal sujeto a la Ley n.º 2803 (de fecha 10 de marzo de 1983) sobre Organización, Derechos y Facultades de la Gendarmería;

c) a propuesta del Comandante de la Guardia Costera y con la aprobación del Ministerio del Interior, en lo que se refiere al personal sujeto a la Ley n.º 2692 (de fecha 9 de julio de 1982) sobre el Mando de la Guardia Costera;

d) con la aprobación del Ministro de Defensa, en lo que se refiere al personal que trabaja para el Ministerio de Defensa;

e) a propuesta del Presidente del Consejo de Enseñanza Superior, y por resolución del mencionado Consejo, en lo que se refiere al personal sujeto a la Ley n.º

2914 sobre Enseñanza Superior (de fecha 11 de octubre de 1983);

f) a propuesta de la Comisión creada por el Gobernador y que se reúna bajo su presidencia, y con la aprobación del Ministro del Interior, en lo que se refiere al personal de las Administraciones locales;

g) a propuesta de la comisión creada por el Ministro pertinente o correspondiente y que se reúna bajo la presidencia del administrador de mayor rango de la institución u organización de que se trate, y con la aprobación del pertinente Ministro, en lo que se refiere al personal empleado en todo tipo de cargos y en cualquier situación (incluido personal laboral) sujetos a la Ley n.º 657 sobre Funcionarios Civiles (de fecha 14 de julio de 1965) y otra legislación, excepto para aquellos comprendidos en el artículo 3 del presente Decreto-ley;

h) a propuesta del Jefe del Departamento, y con la aprobación del Jefe competente para efectuar nombramientos, en lo que se refiere al personal empleado en todo tipo de cargos y en cualquier situación (incluido personal laboral) en otras instituciones que no estén bajo la autoridad o asociadas a un Ministerio.

(2) Los separados del servicio con arreglo al apartado uno no podrán volver a trabajar en el servicio público, ni directa ni indirectamente; se dará por finalizada su participación y el resto de las tareas como miembros en patronatos, consejos, comisiones, consejos de administración, consejos de supervisión o consejos de liquidación que sean responsabilidad de los separados del servicio. Las disposiciones del presente apartado se aplicarán a aquellos que desempeñen tareas mencionadas en el mismo sin tener la condición de funcionario público.

(3) Se cancelarán los permisos de armas de fuego y de piloto de los separados del servicio con arreglo al presente artículo y, en el plazo de quince días, se les desalojará de las viviendas de propiedad pública o de propiedad de fundaciones en las que residan. Estas personas no podrán ser fundadores, cofundadores ni empleados de empresas de seguridad privada.

(4) Se realizarán nombramientos para los cargos y puestos de trabajo del personal separado del servicio con arreglo al presente artículo, en un número a determinar por el Consejo de Ministros, sin que queden sujetos a ninguna de las restricciones impuestas por la Ley sobre el Presupuesto de la Administración Central y demás normativa.

Medidas en relación con las investigaciones efectuadas

ARTÍCULO 5 – (1) Se informará de inmediato al departamento de pasaportes correspondiente, por parte de la institución u organización que lo efectúe, de las personas contra las que se tome una medida administrativa sobre la base de su condición de miembros o su conexión o contacto con estructuras/entidades, organizaciones, grupos u organizaciones terroristas, que se haya determinado que constituyen una amenaza para la seguridad nacional, y de aquellas contra las que se haya emprendido una investigación penal o actuaciones judiciales penales por la misma razón. Recibida esta información, los departamentos de pasaportes correspondientes los cancelarán.

Procedimientos de investigación y actuaciones judiciales

ARTÍCULO 6 – (1) Durante el periodo de estado de emergencia, en cuanto a los delitos relacionados en las secciones cuarta, quinta, sexta y séptima del capítulo cuarto del libro segundo volumen del Código Penal turco nº 5237, de fecha 26 de septiembre de 2004, los delitos comprendidos en la Ley Antiterrorista nº 3713, de fecha 12 de abril de 1991, y los delitos colectivos:

a) El periodo de detención no sobrepasará los treinta días desde el momento del arresto, excepto el plazo necesario para conducir al sospechoso ante el juez o el tribunal que tenga su sede en el lugar más próximo a aquel en el que fue detenido.

b) Los militares que hayan sido arrestados se entregarán a los funcionarios de las fuerzas del orden.

c) En el ámbito de las investigaciones que se lleven a cabo, los funcionarios de las fuerzas del orden podrán tomar declaración a todos los sospechosos, víctimas y testigos, incluidos funcionarios públicos, sin que se hagan distinciones basadas en sus

funciones y cargos.

d) Las órdenes de arresto del personal militar se ejecutarán en las instituciones penitenciarias que establece el artículo 111 de la Ley nº 5275 sobre Ejecución de Penas y Medidas de seguridad, de 13 de diciembre de 2004.

e) Cuando exista un riesgo que haga peligrar la seguridad pública y la seguridad de la institución penitenciaria o de que se esté coordinando una organización terrorista o delictiva, de que alguna de estas reciba órdenes e instrucciones o le sean transmitidos mensajes secretos, claros o encriptados a través de las conversaciones

durante el acceso del detenido a la asistencia letrada, podrá realizarse una grabación

de audio o audiovisual de dicha entrevista con dispositivos técnicos y los funcionarios podrán estar presentes para supervisar el acceso, la documentación o los modelos de los documentos y archivos que el detenido entregue a su abogado o viceversa, y los registros que lleven de dicha entrevista podrán ser confiscados, o restringirse por orden del Ministerio Público los días y horas de contacto con la defensa. Si el acceso a la asistencia letrada por parte del detenido se entiende efectuado con el propósito antedicho, se pondrá fin al mismo de inmediato y se dejará constancia en el acta de esta circunstancia junto con las razones que lo motivaron. Antes de la entrevista, se advertirá a las partes de este extremo. Si se levanta tal acta respecto de un detenido, la Magistratura, a petición del Ministerio Público, podrá prohibir que se entreviste con sus abogados y se dará traslado inmediato de esta resolución al detenido y al presidente del Colegio de Abogados con vistas a que le sea asignado un nuevo letrado. El Ministerio Público podrá solicitar que el abogado designado de esta forma sea sustituido. El letrado sustituto será retribuido con arreglo al artículo 13 de la Ley nº 5320 sobre el procedimiento ejecutivo y de aplicación del Código de Procedimiento Penal, de 23 de marzo de 2005.

f) Tendrán derecho de visita al detenido exclusivamente el cónyuge, los familiares de primer y segundo grado, los familiares políticos de primer grado y su tutor o representante, solo previa presentación de los documentos oportunos, sin perjuicio de las potestades del Ministerio de Justicia y del Ministerio Público. Los detenidos tendrán derecho a comunicarse por teléfono una vez cada quince días durante un máximo de diez minutos únicamente con las personas enumeradas en este subapartado.

g) En los informes que elaboren los funcionarios que trabajen en las instituciones penitenciarias en las que los detenidos se hallen bajo custodia, solamente figurará el número identificativo de dichos funcionarios, pero no la identidad. En los casos que se considere necesario tomar declaración a los funcionarios de dichas instituciones, se remitirá una citación o un requerimiento a su dirección profesional, que

se consignará en el escrito de declaración y en el acta de la audiencia.

h) En el ámbito de las investigaciones realizadas, podrá prohibirse al abogado defensor designado con arreglo al artículo 149 del Código de Procedimiento Penal nº 5271, de 4 de diciembre de 2004, o asignado con arreglo al artículo 150 del mismo, que asuma esta labor si hubiere en curso una investigación o un proceso judicial en torno a su persona por los delitos que se enumeran en este artículo. A petición del Ministerio Público, la Magistratura se pronunciará sin dilación acerca de esta prohibición. Se dará traslado inmediato de esta resolución al sospechoso y al presidente del Colegio de Abogados con vistas a que le sea asignado un nuevo letrado.

i) En el ámbito de la investigación y las actuaciones judiciales, podrán presentarse un máximo de tres abogados durante la toma de declaración y los interrogatorios o las audiencias.

j) Antes de la audiencia ante la sala de lo penal, se leerá en voz alta o se resumirá y explicará el escrito de acusación o el documento que lo sustituya.

k) Podrá acordarse la revisión de la detención, su impugnación o las solicitudes de puesta en libertad a la vista del sumario.

l) Cuando el juez o el tribunal lo consideren oportuno, los sospechosos o acusados podrán ser interrogados por vía audiovisual o ser citados a comparecer en audiencia.

Concesión de una prestación mensual por discapacidad y otros derechos

ARTÍCULO 7 – (1) Para el cálculo de las prestaciones mensuales previstas en el artículo 21.1.j) de la Ley nº 3713 de lucha contra el terrorismo, destinadas a civiles que perdieron la vida o quedaron incapacitados como consecuencia del intento de golpe de Estado y actos terroristas de 15 de julio de 2016, y actos subsiguientes, se tomará como base lo dispuesto en la letra h) del citado artículo. Deberá garantizarse que tanto los beneficiarios como las personas mencionas en la letra h) gozan de los derechos recogidos en la legislación pertinente en las mismas condiciones. No obstante, el importe total de las prestaciones de viudedad y orfandad no podrá ser inferior a la prestación concedida al propio discapacitado o fallecido. Regirán, asimismo, para las personas mencionadas y para las que resultaron heridas como consecuencia de dichos actos las disposiciones en materia de indemnizaciones de la Ley nº 2330 sobre indemnizaciones y prestaciones mensuales, de 3 de noviembre de 1980. Las prestaciones mensuales que se perciban por esta vía no exigirán estar al día en el pago de las primas, incluidas las del seguro médico.

(4) Las bonificaciones por jubilación de las personas comprendidas en el apartado primero que sean, además, beneficiarias de las bonificaciones de jubilación previstas en la Ley nº 5434, de 8 de junio de 1949, relativa al Fondo de Jubilación de la República de Turquía, se abonarán con arreglo a lo dispuesto en el artículo 21.1.a) de la Ley nº 3713 y no podrán ser inferiores a 115 veces el salario máximo de los empleados públicos (incluidos los complementos). Por lo que respecta a los civiles comprendidos en el primer apartado a los que no les corresponda percibir la bonificación por jubilación, aquellos que no estén en condiciones de realizar las actividades necesarias para la vida diaria y sufran una discapacidad tal que requieran para ello la ayuda de terceros, así como los herederos de las personas fallecidas, percibirán una indemnización suplementaria por importe de 170 veces el salario máximo de los empleados públicos (incluidos los complementos); y los demás discapacitados percibirán una indemnización suplementaria por importe de 115 veces el salario máximo de los empleados públicos (incluidos los complementos), que será abonada por los órganos correspondientes de acuerdo con los principios y procedimientos en materia de indemnizaciones.

Cancelación de los derechos de servidumbre y usufructo y resolución de los contratos de arrendamiento

ARTÍCULO 8 – (1) Las instituciones u órganos competentes cancelarán de oficio los derechos de servidumbre y usufructo sobre los bienes inmuebles de las Administraciones públicas y resolverán los contratos de arrendamiento a los que estén sujetos dichos bienes, cuando considere que el órgano de la Administración Pública en cuestión pertenece a alguna de las estructuras, organizaciones o grupos terroristas que amenazan a la seguridad nacional. Lo anterior se aplicará a los bienes de los órganos de las Administraciones Públicas incluidas en los presupuestos generales y en los especiales, de los organismos reguladores y supervisores, los órganos de la Seguridad Social, las Administraciones locales y las asociaciones y entidades creadas por ellas; así como de otros organismos públicos, juntas, consejos y entidades superiores, empresas públicas sometidas a regímenes especiales y sus filiales, y otras sociedades o entidades en las que al menos el 50% de su capital pertenezca a las filiales o fundaciones reguladas por la Ley n.º 5018, de 10 de diciembre de 2003, de gestión y supervisión económica en el sector público.

Responsabilidad

ARTÍCULO 9 – (1) Las personas que hayan adoptado decisiones y ejercido sus funciones en el ámbito del presente Decreto-ley no incurrirán en responsabilidad jurídica, económica o penal alguna.

Suspensión

ARTÍCULO 10 – (1) No podrá ordenarse la suspensión de medidas con respecto a los casos resultantes de las decisiones adoptadas y las actuaciones realizadas al amparo del presente decreto-ley.

Entrada en vigor

ARTÍCULO 11 – (1) El presente Decreto-ley entrará en vigor en la fecha de su publicación.

Ejecución

ARTÍCULO 12 – (1) El Consejo de Ministros ejecutará las disposiciones del presente decreto-ley.”

TURQUÍA

02-08-2016 COMUNICACIÓN EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 15 DEL CONVENIO:

“En relación con mis cartas anteriores de fechas 21 de julio de 2016 y 28 de julio de 2016, se remite la traducción al inglés del Decreto-ley nº 668, de 27 de julio de 2016, sobre las medidas que deben adoptarse en virtud del estado de emergencia.

Deseo subrayar que esta carta constituye la información precisa a efectos del Artículo

15 del Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.

Deseo reiterar el compromiso de mi Gobierno con las obligaciones que le atañen en virtud del artículo 15 del Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Las medidas adoptadas al amparo del estado de emergencia están sujetas a control judicial y parlamentario.

Decreto-ley nº 668

DECRETO-LEY SOBRE MEDIDAS QUE DEBEN ADOPTARSE AL AMPARO DEL ESTADO DE EMERGENCIA Y SOBRE DETERMINADAS INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES

Decreto-ley nº KHK/668

El 25 de julio de 2016, el Consejo de Ministros, bajo la presidencia del Presidente de la República, decidió adoptar determinadas medidas y reestructurar determinadas instituciones y organizaciones al amparo del estado de emergencia, según el artículo 121 de la Constitución y el artículo 4 de la Ley nº 2935, de 25 de octubre de 1983, sobre el estado de emergencia.

PRIMERA PARTE

Objeto y ámbito de aplicación

ARTÍCULO 1 (1) – El objeto del presente Decreto-ley es establecer los procedimientos y principios que tendrán que adoptarse indefectiblemente en relación con el intento de golpe de Estado y la lucha contra el terrorismo conforme al estado de emergencia declarado en el país mediante en el Decreto-ley nº 2016/9064 del Consejo de Ministros, de fecha 20 de julio de 2016, y reestructurar determinadas instituciones y organizaciones.

SEGUNDA PARTE

Medidas adoptadas conforme al estado de emergencia

Medidas adoptadas

ARTÍCULO 2(1) – En relación con las personas que pertenecen o mantienen nexos o conexiones con la Organización Terrorista Fetullah (FETÖ/PDY) y que se ha acreditado que suponen una amenaza para la seguridad nacional:

a) El personal militar enumerado en el Anexo 1 ha sido expulsado de las Fuerzas Armadas de Turquía. Se les aplicarán medidas complementarias conforme a lo previsto en la legislación especial.

b) Las organizaciones privadas de radiotelevisión enumeradas en el Anexo 2 han sido cerradas.

c) Los periódicos y publicaciones enumerados en el Anexo 3 y sus cauces de edición y distribución han sido cerrados.

(2) Con independencia de las condenas penales impuestas, el personal militar expulsado de las Fuerzas Armadas de Turquía conforme a la letra a) del apartado 1 perderá su empleo militar y su condición funcionarial y no será readmitido en las Fuerzas Armadas; tampoco podrán ejercer empleo público alguno, directa o indirectamente, y cesará en su condición de miembros de cualquier tipo de junta de administradores, comisión, consejo de administración, consejo de supervisión o junta de liquidación. Se anularán las licencias de armas o de piloto de que gocen y se las expulsará, en el plazo de 15 días, de las viviendas públicas o de propiedad fundacional en las que residan. No podrán fundar, por su cuenta o en compañía de otros, ni pertenecer a empresas privadas de seguridad. El Ministerio de Defensa Nacional notificará de inmediato a la autoridad competente en materia de pasaportes la identidad de estas personas, cuyos pasaportes quedarán cancelados a raíz de dicha notificación.

(3) Los bienes muebles, activos, créditos, derechos y todos los documentos pertenecientes a los periódicos, publicaciones y organizaciones privadas de radiotelevisión objeto de cierre se presumirán transferidos al Tesoro a título gratuito; los bienes inmuebles pertenecientes a ellos quedan registrados de oficio, libres de cualquier carga o gravamen, a nombre del Tesoro en el registro de la propiedad. No se admitirá bajo ninguna circunstancia ninguna demanda contra el Tesoro por razón de deuda alguna. El Ministerio de Economía llevará a cabo los procedimientos relativos a dicha transmisión, recibiendo la asistencia de todas las instituciones afectadas.

(4) Las organizaciones privadas de radiotelevisión, periódicos y revistas y cauces de distribución que se haya acreditado que forman parte de estructuras/entidades, organizaciones o grupos y organizaciones terroristas, y que se considere que representan una amenaza a la seguridad nacional, o cuyos contactos con éstos estén acreditados y que no figuren en los anexos 2 y 3 serán cerrados a propuesta de la comisión que se establezca en el Ministerio correspondiente y previa aprobación del titular del mismo. Las disposiciones del apartado 3 se aplicarán a instituciones y organizaciones cerradas conforme al presente apartado.

Procedimientos de investigación e instrucción penal

ARTÍCULO 3 – (1) Durante la vigencia del estado de emergencia, y en cuanto a los delitos enumerados en los artículos 4, 5, 6 y 7 del Capítulo 4 del segundo tomo del Código Penal turco, nº 5237, de 26 de septiembre de 2004, los delitos comprendidos en la Ley Antiterrorista nº 3713, de 12 de abril de 1991, y los delitos colectivos:

a) Las órdenes de detención podrán ser dictadas por fiscales cuando cualquier retraso pueda suponer un riesgo. El período de detención previsto en la orden emitida por el juez o fiscal no podrá exceder de 30 días.

b) Todo sospechoso que se oculte en el territorio nacional o en el extranjero fuera del alcance de la fiscalía con objeto de que la investigación sobre el mismo no llegue a buen puerto será declarado fugitivo. No serán de aplicación sobre tales personas los segundos apartados de los artículos 247 y 248 del Código de Procedimiento Penal, nº 5271, de 4 de diciembre de 2004.

c) El tribunal cuya orden de detención haya sido recurrida la someterá a revisión si lo estima oportuno; en otro caso, en el plazo de diez días, remitirá el recurso a la autoridad competente para su examen.

d) Las peticiones de libertad se resolverán a la vista del expediente en el plazo máximo de 30 días, junto con la revisión de la detención.

e) Si el retraso puede suponer algún riesgo, la fiscalía podrá ordenar que se realicen registros en domicilios, centros de trabajo y espacios cerrados no públicos.

f) En los registros de domicilios, centros de trabajo y espacios cerrados no públicos sin presencia del fiscal, deberá estar presente un miembro del consejo de ediles o un vecino.

g) En las zonas militares, los registros e incautaciones podrán correr a cargo de las fuerzas de seguridad sin participación de la fiscalía, por orden judicial, o mediante orden escrita del fiscal en caso de que el retraso suponga un riesgo.

h) Las fuerzas de seguridad podrán examinar los documentos pertenecientes a las personas que hayan sido objeto de una orden de registro.

i) Las cartas y documentos cruzados entre el sospechoso o acusado y terceros que se muestren renuentes a testificar conforme a los artículos 45 y 46 de la Ley nº 5271 podrán incautarse, aun cuando estén en posesión de dichos terceros.

j) Las decisiones de incautación adoptadas sin orden judicial se someterán a la ratificación del juez competente en el plazo de 5 días. El juez resolverá en el plazo de 10 días desde la incautación; en caso contrario, se revocará la decisión.

k) Las incautaciones realizadas conforme al artículo 128 de la Ley nº 5271 podrán ser ordenadas por el tribunal sin necesidad del informe especificado en el apartado 1 de dicho artículo. Si el retraso pudiera suponer un riesgo, la fiscalía podrá ordenar dichas incautaciones. Las decisiones de incautación adoptadas sin orden judicial se someterán a la aprobación del juez competente en el plazo de 5 días. El juez resolverá en el plazo de 10 días desde la incautación; en caso contrario, se revocará la decisión.

l) Cuando el retraso pudiera suponer un riesgo, las fuerzas de seguridad podrán llevar a cabo registros e incautaciones en los despachos de abogados sin intervención de la fiscalía y por orden judicial, o mediante orden escrita de la fiscalía. El presidente del colegio de abogados o un representante legal del afectado podrá estar presente durante el desarrollo de los actos. No obstante, no serán de aplicación los apartados 2 y 3 del artículo 130 de la Ley nº 5271.

m) La fiscalía podrá también ordenar registros, copias e incautaciones de ordenadores, programas informáticos y bases de datos, conforme al artículo 134 de la Ley nº 5271, cuando el retraso pudiera suponer un riesgo. Las decisiones de incautación adoptadas se someterán a la ratificación del juez competente en el plazo de 5 días. El juez resolverá en el plazo de 10 días desde la incautación; en caso contrario, se revocará la decisión. En caso de que el proceso de copia o copia de seguridad vaya a ser muy prolongado, podrán incautarse los pertinentes dispositivos, que se devolverán sin demora una vez se haya completado el proceso.

n) El juez o el fiscal podrán adoptar medidas de identificación, intercepción o grabación de comunicaciones, envío de agentes infiltrados o vigilancia mediante medios técnicos, conforme a los artículos 135, 139 y 140 de la Ley nº 5271, cuando el retraso pudiera suponer un riesgo. El fiscal someterá estas órdenes a la aprobación del juez competente en el plazo de 5 días. El juez resolverá en el plazo de 10 días; en caso contrario, se revocará la decisión.

o) El derecho de la defensa a examinar el expediente o realizar copias de documentos podrá quedar limitado por decisión de la fiscalía si ello puede poner en peligro el buen fin de la investigación.

p) El derecho del sospechoso detenido a recibir asistencia letrada podrá quedar limitado durante 5 días por decisión de la fiscalía, plazo durante el cual no se podrá tomar declaración al detenido.

q) En caso de que la fiscalía desee incoar un procedimiento de investigación mientras otra se encuentre en curso, el juez competente resolverá al respecto.

r) La dirección de las fiscalías podrá recabar oficinas, vehículos, herramientas y personal de los departamentos de la Administración civil de su territorio si así lo precisa la investigación.

s) En cuanto a los delitos previstos en el presente artículo, si se estima necesario para verificar la información recibida, los jueces, a petición del fiscal competente, podrán requerir la presencia temporal de reclusos condenados o en prisión provisional procedentes de los centros penitenciarios.

Disposiciones modificadas o revocadas

ARTÍCULO 4 – (1) El apartado 1 del artículo 1 de la Ley nº 353 de Tribunales y Procedimiento Militares, de 25 de octubre de 1963 queda modificada como sigue, derogándose el apartado 2 del mismo Artículo:

“El Ministerio de Defensa Nacional creará tribunales militares para ejercer competencias judiciales previo dictamen de los Mandos generales, teniendo en cuenta la estructura organizativa y la ubicación geográfica de las unidades militares y la carga de trabajo de los tribunales y podrá suprimirlas siguiendo el mismo procedimiento”.

(2) Los jueces militares con funciones de asesor judicial, oficial disciplinario, asesor jurídico, director de asuntos jurídicos, secretario o fiscal militar en los altos órganos judiciales u otros altos cargos en la jurisdicción militar podrán recibir facultades temporales conforme al apartado 1”.

(3) Se añadirá la siguiente frase en el artículo 54, apartado 3, de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas de Turquía, nº 926, de 27 de julio de 1967, derogándose el artículo provisional 39 de la misma y añadiéndose el siguiente artículo provisional:

“No obstante, las personas que ocupen empleos superiores cuyos servicios sean requeridos por el Presidente del Consejo Militar Supremo quedarán sujetos a la evaluación de dicho Consejo, con independencia de su período de servicio en dicho empleo y de los requisitos de valoración del artículo 47.1”.

“ARTÍCULO PROVISIONAL 41 – Las decisiones que deban adoptarse en el Consejo Militar Supremo, que se celebrará el julio de 2016, y los procedimientos de ascenso, nombramiento, empleo de puestos, retiro y baja se aplicarán el 29 de julio de 2016”.

(4) El artículo 4 de la Ley sobre la Creación y Competencias del Consejo Militar Supremo, nº 1612, de 17 de julio de 1972, queda modificada como sigue, añadiéndose el siguiente artículo provisional:

“ARTÍCULO 4 – El Consejo Militar Supremo se reunirá al menos una vez al año a convocatoria de su Presidente”.

“ARTÍCULO PROVISIONAL 2 – La Asamblea del Consejo Militar Supremo, que debía convocarse en agosto de 2016, se celebrará en julio del mismo año”.

(5) Por lo que respecta a la Ley Antiterrorista, nº 3713, de 12 de abril de 1991:

a) El artículo adicional 1, apartado 6, queda modificado como sigue:

“Entre todas las personas idóneas, el nombramiento de titulados de escuela elemental, enseñanza media y escuela primaria para puestos con la categoría de “funcionario”; de titulados de enseñanza secundaria y superior y quienes hayan alcanzado dicha titulación por otros medios, siempre que aparezcan en los cuadros anexos al Decreto- ley nº 190, o para puestos y cargos con categoría de “funcionario” será a propuesta de la Agencia Estatal de Personal. Las propuestas de nombramiento para otros puestos se encuadrarán en la categoría de “personal laboral indefinido”.

b) Se deroga el apartado 7 del artículo adicional 1.

c) La frase “hasta el último día de marzo y septiembre de cada año”, del artículo adicional 1, apartado 8; y la frase “en el plazo de 45 días”, de la segunda frase de dicho artículo quedan suprimidas, añadiéndose las siguientes frases en el mismo artículo, tras la segunda de ellas:

“Las instituciones y organizaciones públicas remitirán sus peticiones conforme al presente artículo por vía telemática por el sistema DPB, hasta los últimos días de los meses de enero y julio de cada año. Las propuestas de nombramiento de la Agencia Estatal de Personal se basarán en dichas peticiones. La Agencia podrá formular propuestas de oficio en caso de que las peticiones sean insuficientes”.

d) Se añade el siguiente artículo provisional después del artículo provisional 14:

“ARTÍCULO PROVISIONAL 15 – Entre el personal que haya tomado posesión de su puesto conforme al artículo adicional 1, antes de la entrada en vigor del presente artículo, las personas que hayan obtenido su título educativo a la fecha de la propuesta de nombramiento formulada por la Agencia Estatal de Personal, siempre que figuren en los cuadros anexos al Decreto-ley nº 190, serán nombradas para los puestos o cargos asociados a dichos títulos por parte de las instituciones u organizaciones públicas sin necesidad de examen alguno. En caso de que los puestos no figuren en el organigrama de las instituciones a las que vayan destinados, los interesados podrán ser designados, por traslado, a otras instituciones u organizaciones, tras su designación para el empleo público, sin quedar sujetos a las cuotas y límites establecidos en las leyes”.

(6) Se añade el siguiente artículo adicional al Decreto-ley nº 652 sobre Organización y Funciones del Ministerio de educación Nacional, de 25 de agosto de 2011:

“ARTÍCULO ADICIONAL 4 – (1) Los profesores contratados podrán ser empleados conforme al artículo 4 B de la Ley de Funcionarios Civiles nº 657 en los centros de enseñanza reglada y no reglada del Ministerio en los que existan vacantes y estén situados en provincias calificadas como de desarrollo prioritario.

(2) Los profesores contratados serán nombrados según la puntuación obtenida en el examen oral que convocará el Ministerio entre los candidatos que cumplan las condiciones generales previstas en el artículo 48 de la Ley de Funcionarios Civiles nº 657 y los requisitos especiales necesarios para tal nombramiento, entre un conjunto de candidatos que ascienda como máximo a tres veces el número de vacantes, que se seleccionarán en función de los resultados de los Exámenes de Selección de Empleados Públicos.

(3) Los profesores que vayan a ser nombrados en virtud del presente artículo no podrán ser destinados a otra ubicación en el plazo de 4 años. Si el cambio obedece a razones de unificación familiar, el cónyuge del profesor nombrado según el presente artículo deberá seguirle. Los profesores deberán someterse al período de evaluación aplicado a los profesores candidatos. Los profesores contratados que hayan completado el cuatrienio de servicio según el contrato serán destinados a vacantes docentes de su actual destino, si así lo solicitan. En tal caso, los así destinados deberán mantenerse en su puesto al menos dos años más, y quedarán al margen de las disposiciones sobre candidaturas.

(4) El período de servicio de los profesores contratados conforme al artículo 4 B de la Ley de Funcionarios Civiles nº 657 para los nombrados en virtud del presente artículo se tendrá en cuenta para el cálculo de los grados alcanzados, que no podrán superar el que se obtendría a tenor de su formación. Se les podrán reconocer los derechos económicos y sociales derivados de los puestos a los que se les haya destinado a partir del comienzo del mes siguiente al de su toma de posesión, y no se les aplicarán deducciones sobre los derechos disfrutados en sus destinos precedentes.

(5) No se abonará indemnización por cese de servicio a los profesores contratados conforme a este artículo. Con excepción de los períodos para los que se haya abonado indemnización, el período de servicio total que constituirá la base de la indemnización será el período total que constituye la base de la asignación de jubilación que se abonará conforme a la Ley del Fondo de Jubilación (nº 5434, de 8 de junio de 1949).

(6) Los puestos a los que los profesores contratados serán destinados conforme al presente artículo se presumirán creados en la fecha de nombramiento, sin que se precise ulterior procedimiento alguno, según los cuadros anexos a la Ley nº 190 del Ministerio de Educación Nacional y los puestos ocupados por los profesores podrán eliminarse sin ulterior procedimiento. Los puestos creados y eliminados se comunicarán en el plazo de dos meses al Ministerio de Economía y la Agencia Estatal de Personal a partir de la fecha de nombramiento, indicando todos los pormenores administrativos de los mismos.

(7) La cuestiones relativas a las solicitudes de los profesores contratados designados, la decisión sobre quiénes deben ser admitidos a los exámenes orales, el temario de éstos, el procedimiento y principios al respecto, el nombramiento y otras materias necesarias para llevar a efecto el presente artículo se tratarán en el reglamento que apruebe el Ministerio de Educación Nacional”.

(7 sic) La última frase del apartado 2 del artículo 29 de la Ley Disciplinaria de las Fuerzas Armadas de Turquía, nº 6413, de 31 de enero de 2013, queda modificada como sigue:

“Cuando proceda, las autoridades especificadas en el presente apartado podrán prorrogar el período como máximo dos veces y hasta en un año, previa aprobación del Ministerio correspondiente”.

(8) Por lo que respecta al Decreto-ley nº 667, de 22 de julio de 2016, sobre medidas que deben adoptarse en virtud del estado de emergencia:

a) En la tercera frase del apartado 2 del artículo 2, después de “o de la Dirección General de Fundaciones”, se añadirá “del Tesoro”.

b) En el apartado 1 del artículo 3, después de “por la Sesión Plenaria del Alto Consejo de Jueces y Fiscales” se añadirá “, por el Consejo de Presidentes, en la medida en que afecte al jefe de departamento y a los miembros del Tribunal Superior Militar Administrativo”; por el Consejo de Presidentes, en la medida en que afecte al jefe de departamento y a los miembros del Tribunal Militar de Casación; por una comisión compuesta por dos jueces militares que serán designados entre los jueces militares de primera categoría por el Ministerio de Defensa Nacional, bajo la presidencia del Ministro del ramo, por lo que respecta a los jueces militares”.

c) El término “expulsión” de la última frase del apartado 1 del artículo 3 se modificará por “suspensión o expulsión”; el adjetivo “verde” de esa misma frase se eliminará, añadiéndose el siguiente párrafo a ese mismo Artículo:

“(3) Lo dispuesto en el segundo apartado del artículo 4 se aplicará asimismo a todos aquellos expulsados en virtud del apartado 1”.

d) Las letras d) y f) del artículo 4 se modificarán como sigue, añadiéndose las siguientes letras al mismo apartado, después de la letra g):

“d) la expulsión del servicio público del personal sujeto a la Ley de Personal Superior de la Educación nº 2914, de 11 de noviembre de 1983, se obrará por decisión del Consejo de Educación Superior a propuesta del Presidente de dicho Consejo; en cuanto al personal empleado en los centros y en los órganos de educación superior sujetos a la Ley nº 657, su expulsión del servicio público se articulará por decisión del Comité Administrativo de Universidades en los centros superiores y del Consejo de Educación Superior en los órganos correspondientes, siempre a propuesta del funcionario de mayor rango tanto en dichos centros como en los órganos mencionados.”

“f) La expulsión del personal sujeto a la Ley nº 657 de Funcionarios Públicos, de 14 de julio de 1965, y otras normas legales, cualquiera que sea su puesto, cargo o categoría (incluido el personal laboral) será por decisión del Ministerio correspondiente, a propuesta del consejo creado por el Ministerio, que estará presidido por el funcionario de mayor rango del centro o institución de que se trate. El proceso relativo a los sujetos indicados en el artículo 3 del Decreto-ley se tramitará de acuerdo con lo previsto en dicho precepto”.

“g) El personal sujeto a la Ley de Sargentos Especializados nº 3269, de 18 de marzo de 1986, será expulsado del servicio público por decisión del Ministerio de Defensa Nacional, a propuesta del mando correspondiente.

h) El personal sujeto a la Ley nº 4678, de 13 de junio de 2001, de Oficiales y Suboficiales empleados en las Fuerzas Armadas de Turquía, será expulsado de su empleo por decisión del Ministerio de Defensa Nacional, a propuesta del mando correspondiente.”

TERCERA PARTE

Enmiendas a la Ley de Organización, Funciones y Obligaciones de la Gendarmería

ARTÍCULO 5 – El artículo 3 de la Ley nº 2803, de 10 de marzo de 1983, de Organización, Funciones y Obligaciones de la Gendarmería queda modificado como sigue:

“ARTÍCULO 3 – La Gendarmería de la República de Turquía es el cuerpo de seguridad general armado cuya función es velar por la protección, la seguridad y el orden público, desempeñando las obligaciones que le impone el resto de las leyes”.

ARTÍCULO 6 – El artículo 4 de la Ley nº 2803 queda modificado como sigue:

“ARTÍCULO 4 – El Mando General de la Gendarmería ejerce sus funciones bajo la

autoridad del Ministerio de Interior”.

ARTÍCULO 7 – El artículo 5 de la Ley nº 2803 queda modificado como sigue, al igual que su título:

“Establecimiento y organización

ARTÍCULO 5 – El establecimiento, mandos y emplazamientos del Mando General de la Gendarmería serán regulados por el Ministerio de Interior. No obstante, se recabará el dictamen del Estado Mayor para regular la creación, mandos y emplazamiento de las unidades subordinadas a los Mandos de las Fuerzas Armadas en situación de estado de emergencia, movilización y guerra.

Las divisiones administrativas se tomarán como base para regular el establecimiento y emplazamiento de las unidades de la Gendarmería. No obstante, podrá también establecerse de forma provisional una organización regional que abarque varias provincias. En el ejercicio de sus funciones, el comandante regional responderá ante el Gobernador de la provincia en la que esté situada la organización regional.”

ARTÍCULO 8 – El artículo 6 de la Ley nº 2803 queda modificado como sigue, al igual que su título:

“Mando General de la Gendarmería

ARTÍCULO 6 – El Mando General de la Gendarmería ocupa el vértice de la organización de la Gendarmería. Para ocuparlo se exige el empleo de general.

El Mando General de la Gendarmería será responsable de gestionar la organización, velando por el cumplimiento de las leyes y reglamentos y la ejecución de las órdenes y decisiones dictadas sobre la base de dichas normas”.

ARTÍCULO 9 – El artículo 7 de la Ley nº 2803 queda modificado como sigue:

“ARTÍCULO 7 – Las obligaciones de la Gendarmería, en el ámbito de sus funciones, son en las siguientes:

a) Obligaciones de carácter civil:

Velar por la protección, seguridad y orden público; persecución e investigación del contrabando; adoptar y aplicar las medidas necesarias para prevenir la delincuencia; garantizar la protección externa de los centros penitenciarios y de detención; desempeñar las funciones no comprendidas en las letras b) y c) que se le confieran mediante órdenes y decisiones basadas en la ejecución de otras leyes y reglamentos.

b) Obligaciones de carácter judicial:

En materia de delincuencia, llevar a cabo los procedimientos establecidos en las leyes y desempeñar los servicios judiciales correspondientes.

c) Obligaciones de carácter militar:

Desempeñar las obligaciones militares previstas en las leyes”.

ARTÍCULO 10 – El artículo 8 de la Ley nº 2803 queda modificado como sigue:

“ARTÍCULO 8 – Si se declara el estado emergencia, guerra o en caso de movilización,

las divisiones de las unidades de la Gendarmería que se determinen por decisión del Consejo de Ministros quedarán subordinadas a los Mandos de las Fuerzas Armadas, quedando el resto de las divisiones sujetas el cumplimiento de sus funciones ordinarias.

Las unidades de la Gendarmería desempeñarán también las funciones militares que se les confieran por autorización del Ministerio de Interior a petición del Estado Mayor y con la aquiescencia del Gobernador de las provincias afectadas, si la solicitud procede del comandante de la guarnición”.

ARTÍCULO 11 – Se añade la siguiente frase al apartado 1 del artículo 10 de la Ley nº 2803:

“La totalidad de una provincia o distrito podrá designarse como zona de responsabilidad de la policía o la Gendarmería por decisión del Ministerio de Interior”.

ARTÍCULO 12 - El artículo 12 de la Ley nº 2803 queda modificado como sigue:

“ARTÍCULO 12 – Si se estima necesario, el Ministerio de Interior podrá destinar temporalmente personal de cada categoría entre la Policía Nacional, el Mando de la Guardia Costera y el Mando General de la Gendarmería. Dicho Ministerio podrá transferir esta competencia a los gobernadores de las provincias.

Además, la Policía Nacional, el Mando de la Guardia Costera y el Mando General de la Gendarmería podrán transferirse o cederse o destinar temporalmente, sin coste alguno, armas, municiones, equipamiento, vehículos y otros bienes muebles e inmuebles, previa autorización del Ministerio de Interior.

El Ministerio de Interior establecerá reglamentariamente los principios y procedimientos para la aplicación del presente artículo.”

ARTÍCULO 13 - El artículo 13 de la Ley nº 2803 queda modificado como sigue:

“ARTÍCULO 13 – A falta de previsión en la presente Ley, la Ley nº 657, de 14 de julio de 1965, se aplicará a cualquier tipo de procedimiento de personal relativo a los servicios de la Gendarmería. No obstante, las disposiciones relativas al personal sujeto a la Ley nº 926, de 27 de julio de 1967, sobre el Personal de las Fuerzas Armadas de Turquía, la Ley nº 3466, de 28 de mayo de 1988, sobre la Gendarmería Profesional, y la Ley nº 3269, de 18 de marzo de 1986, sobre Sargentos Profesionales, se aplicarán en función del rango y empleo en materia de nombramientos, ascensos, salario y otros derechos sociales y económicos.

Los procedimientos para el nombramiento y ascenso a los empleos de suboficial y oficial se desarrollarán previa autorización del Ministerio de Interior. No obstante, el ascenso del empleo de coronel al de general de brigada y de general a un empleo superior se efectuará mediante decreto conjunto. Las personas con derecho a retiro debido a su período de permanencia en el empleo o falta de requisitos, pero cuyos servicios se estimen necesarios, podrán mantenerse en el servicio previa autorización del Ministerio de Interior, hasta los 60 y 65 años, respectivamente, tratándose de coroneles o generales. En cuanto al ejercicio de las facultades de nombramiento y ascenso, las disposiciones sobre recomendación, selección, petición de dictamen y facultades análogas, reconocidas a autoridades distintas del Ministerio de Interior por obra de la Ley nº 926 y otras, no serán de aplicación al personal de Mando General de la Gendarmería. Los ascensos en el seno de la Gendarmería profesional y entre los sargentos profesionales se decidirán por el Mando General de la Gendarmería según su normativa propia.

La Ley nº 205, de 3 de enero de 1961, sobre Asistencia al Personal Militar y Fondo de Pensiones se aplicará en las mismas condiciones al personal del Mando General de la Gendarmería en función del empleo y antigüedad que en el caso de las Fuerzas Armadas de Turquía.

Los procedimientos relativos al reclutamiento, cambio de lugar de destino, ascenso, permisos, evaluación, remuneración y cese en el servicio del personal laboral se desarrollarán conforme a la Ley Laboral nº 4857, de 22 de mayo de 2003, y de las disposiciones del convenio colectivo correspondiente, si existe.

ARTÍCULO 14 - El artículo 14 de la Ley nº 2803 queda modificado como sigue:

“ARTÍCULO 14 – Los nombramientos a general, oficial, suboficial y a la Gendarmería profesional se realizarán:

a) mediante decreto conjunto en la medida en que afecten a la Comandancia y Subcomandancia de las fuerzas de la Gendarmería de Turquía, a los generales y a las Comandancias de la Gendarmería provincial;

b) por orden del Ministerio de Interior cuando afecten a otros oficiales, suboficiales y la Gendarmería profesional;

El personal al que haya sido necesario impartir formación especializada podrá recibir también determinados ascensos. Los oficiales y suboficiales y la Gendarmería profesional podrán ser designados a la gobernaduría y el Gobernador decidirá sobre sus puestos de destino y los cambios al respecto dentro de la provincia de que se trate.

Los oficiales con empleo de general también podrán ser destinados a los mandos provinciales de la Gendarmería si así se estima necesario por razones de servicio”.

ARTÍCULO 15 - El artículo 15 de la Ley nº 2803 queda modificado como sigue:

“Artículo 15 – Las medidas disciplinarias y de investigación contra el personal de la Gendarmería se llevarán a cabo según los procedimientos siguientes:

a) Las medidas disciplinarias se llevarán a efecto en virtud de lo dispuesto en el estatuto particular.

b) Las actuaciones contra los delitos derivados de las obligaciones de orden civil del personal de la Gendarmería se llevarán a cabo según lo previsto en la Ley nº 4483, de 2 de diciembre de 1999, sobre procedimiento penal contra funcionarios y otros empleados públicos, sin perjuicio de lo dispuesto en el estatuto particular.

c) Lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 161 del Código de Procedimiento Penal, de

4 de diciembre de 2004, será de aplicación a los delitos derivados del ejercicio de funciones judiciales por parte del personal de la Gendarmería.

d) Si se otorgan funciones militares al personal de la Gendarmería, la Ley nº 353 sobre Tribunales Militares y Procedimiento de 25 de octubre de 1963 se aplicará a los delitos derivados de dichas funciones. De tales delitos entenderán los tribunales militares competentes para entender de las acciones del personal militar al que esté subordinado el personal de la Gendarmería.

e) Las actuaciones relativas a los delitos contra las personas cometidos por el personal de la Gendarmería se llevarán a cabo conforme a la normativa general.”

ARTÍCULO 16 - El artículo 19 de la Ley nº 2803 queda modificado como sigue:

“ARTÍCULO 19 – El Mando General de la Gendarmería satisfará sus necesidades de personal, armas y municiones con su propio presupuesto de acuerdo con los criterios determinados por el Ministerio de Interior. No obstante, el Mando General de la Gendarmería podrá recurrir al Fondo de Apoyo a la Industria de Defensa en el marco de los procedimientos y principios a que están sujetas las Fuerzas Armadas de Turquía.

En caso de estado de emergencia, movilización o estado de guerra, todas las necesidades (incluidos abastecimientos especiales) de las unidades de la Gendarmería subordinadas a los Mandos militares o a las que el Ministerio de Interior o los gobernadores otorguen misiones militares serán satisfechas por el Ministerio de Defensa Nacional de acuerdo con los criterios atinentes a dichos Mandos.

ARTÍCULO 17 - El artículo 24 de la Ley nº 2803 queda modificado como sigue:

“ARTÍCULO 24 – Las cuestiones que se deben incluir en el reglamento que se aprobará conforme a esta Ley, así como otras materias relativas a la organización, funciones, competencias, responsabilidades, relaciones con otras autoridades, relaciones de mando y control, incluidos los principios de colaboración y cooperación, asuntos de la División de Servicios de la Gendarmería, evaluación, remuneración y aplicación de esta Ley se establecerán en el Reglamento elaborado por el Ministerio de Interior y aprobado por decreto del Consejo de Ministros.”

ARTÍCULO 18 – Se elimina la expresión “en relación con las demás funciones, salvo las militares” del primer apartado de artículo adicional 1 de la Ley nº 2803 y el término “gobernadores” se sustituye por “autoridades locales”.

ARTÍCULO 19 - Se elimina la expresión “en relación con las demás funciones, salvo las militares” del primer apartado de artículo adicional 2 de la Ley nº 2803 y la expresión “recabando el dictamen del Estado Mayor del Turquía” del tercer apartado del mismo artículo, añadiéndose el siguiente artículo a dicha Ley:

“Disposiciones aplicables

ARTÍCULO ADICIONAL 7 – Cuando las disposiciones de otras leyes sean contrarias a lo que en ésta se dispone, prevalecerá esta última.

Se autoriza al Ministerio de Interior a despejar cualquier duda respecto a la aplicación de esta Ley y a realizar su desarrollo reglamentario.

Si se suscita alguna necesidad en materia de organización, personal, formación u otras cuestiones a raíz de las reformas introducidas por el Decreto-ley que contiene este artículo, se autoriza al Consejo de Ministros a resolver al respecto a propuesta del Ministerio de Interior.”

ARTÍCULO 20 – Se derogan los artículos 16, 17 y 25 de la Ley nº 2803.

ARTÍCULO 21 – Se añade el siguiente artículo provisional a la Ley nº 2803:

“ARTÍCULO PROVISIONAL 4 –

a) Hasta que se adopte el estatuto particular en materia de procedimientos disciplinarios, las faltas y sanciones disciplinarias del personal de la Gendarmería se regirán por el régimen disciplinario de la Policía Nacional. Para otras cuestiones será de aplicación la Ley nº 657 de Funcionarios Públicos.

b) El personal de las fuerzas de la Gendarmería se mantendrá en el desempeño de sus obligaciones derivadas de sus nuevos puestos sin necesidad de ulterior medida a este respecto. Los puestos de instructores del organigrama existente quedan añadidos a la presente Ley; el resto se incluye en el organigrama nº 1 anexo al Decreto-ley nº 190 dentro del Mando General de la Gendarmería adscrito al Ministerio de Interior.

Previo dictamen de la Agencia Estatal de Personal y del Ministerio de Economía y a propuesta del Ministerio de Interior, se autoriza al Consejo de Ministros a reorganizar el organigrama de puestos incluido en el Decreto-ley nº 190 de conformidad con el procedimiento y los principios de dicho texto. La modificación de los títulos y grados de los puestos de instructor podrá realizarse en el marco de lo dispuesto en el Decreto-ley nº 190. Además, se crea un puesto de general y cuatro puestos de comandante adjunto de las fuerzas de la Gendarmería en el marco de los Servicios de la Gendarmería.”

ARTÍCULO 22 – Se añade el siguiente inciso al artículo 36 de la Ley nº 657 de Funcionarios Civiles, de 14 de julio de 1965, después del inciso “VII – CATEGORÍA DE SERVICIOS DE LA POLICÍA NACIONAL”, modificándose en consecuencia el orden de los demás incisos.

“VIII - CATEGORÍA DE SERVICIOS DE LA GENDARMERÍA

Esta categoría incluye los oficiales, suboficiales y miembros de la Gendarmería profesional en el organigrama del Mando General de la Gendarmería”.

CUARTA PARTE

Modificaciones a la Ley de la Guardia Costera

ARTÍCULO 23 – El artículo 2 de la Ley nº 2692, del 9/7/1982, sobre el Mando de la Guardia Costera, queda modificado como sigue:

“ARTÍCULO 2 – El Mando de la Guardia Costera es un cuerpo armado de seguridad creado para cumplir las funciones previstas en la presente Ley.

El Mando está adscrito al Ministerio de Interior.

En caso de estado de excepción, movilización o conflicto armado, las unidades del Mando de la Guardia Costera determinadas en Decreto del Consejo de Ministros actuarán bajo el mando de las Fuerzas de la Marina, mientras que el resto de unidades seguirán desempeñando sus funciones ordinarias.”

ARTÍCULO 24 - El apartado 1 del artículo 3 de la Ley nº 2692 queda modificado como sigue:

“El Ministerio de Interior regulará los ámbitos de actuación, bases, puestos y lugares de destino del Mando de la Guardia Costera. En caso de estado de excepción, movilización y conflicto bélico, se recabará el dictamen del Estado Mayor de Turquía para determinar los mandos y las unidades que quedarán adscritos a las Fuerzas de la Marina.”

ARTÍCULO 25 – Se añade el siguiente inciso al artículo 36 de la Ley nº 657 de Funcionarios Civiles, de 14 de julio de 1965, después del inciso “VIII – CATEGORÍA DE SERVICIOS DE LA GENDARMERÍA”, modificándose en consecuencia el orden de los demás incisos

“IX - CATEGORÍA DE SERVICIOS DE LA GUARDIA COSTERA

Esta categoría incluye los oficiales, suboficiales y miembros del Mando de la Guardia Costera”.

ARTÍCULO 26 - El artículo 7 de la Ley nº 2692 queda modificado como sigue:

“ARTÍCULO 7 – El personal del Mando de la Guardia Costera está compuesto por oficiales, suboficiales, sargentos profesionales, sargentos y reclutas contratados y reclutas, alumnos, sargentos y reclutas, así como personal funcionario y laboral. Si no se dispone nada al respecto en la presente Ley, los asuntos de personal de la categoría de los Servicios de la Guardia Costera se regirán por la Ley nº 657, de Funcionarios Civiles, de 14 de julio de 1965. No obstante, su nombramiento y ascenso, el salario y otros derechos económicos y sociales se regularán de conformidad con sus estatutos y empleos conforme a lo dispuesto para el personal sujeto a la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas de Turquía, Ley nº 926, de 27 de julio de 1967, la Ley nº 3466, de 28 de mayo de 1988, sobre la Gendarmería Profesional y la Ley nº 3269, de 18 de marzo de 1986, sobre Sargentos Profesionales.

Los procedimientos de nombramiento y ascenso a los empleos de oficial y suboficial se desarrollarán con la aprobación del Ministerio de Interior. No obstante, el ascenso del empleo de coronel al de contraalmirante y de almirante a un empleo superior se efectuará mediante decreto conjunto. El Comandante de la Guardia Costera será designado entre los almirantes en activo. Los coroneles y almirante con derecho a retiro debido a su período de permanencia en el empleo o falta de requisitos, pero cuyos servicios se estimen necesarios, podrán mantenerse en el servicio previa autorización del Ministerio de Interior, hasta los 60 y 65 años, respectivamente. En cuanto al ejercicio de las facultades de nombramiento y ascenso, las disposiciones sobre recomendación, selección, petición de dictamen y facultades análogas, reconocidas a autoridades distintas del Ministerio de Interior por obra de la Ley nº 926 y otras, no serán de aplicación al personal de Mando General de la Guardia Costera. Los nombramientos y ascensos de los sargentos profesionales se decidirán por el Mando General de la Guardia Costera según su normativa propia.

Las disposiciones de la Ley nº 205, de 3 de enero de 1961, sobre Instituciones de Solidaridad Castrense serán de aplicación al personal del Mando de la Guardia Costera en las mismas condiciones que para los empleos y niveles de antigüedad equivalentes de las Fuerzas Armadas de Turquía.

Los procedimientos relativos al personal laboral, traslados de destino, ascenso, permisos, evaluación, remuneración y cese en el servicio del personal laboral se desarrollarán conforme a la Ley Laboral nº 4857, de 22 de mayo de 2003, y de las disposiciones del convenio colectivo correspondiente, si existe.

El personal no militar que sirva en el Mando de la Guardia Costera podrá acogerse a la Ley nº 2155, de 22 de junio de 1978, sobre Prestaciones Especiales para determinados funcionarios públicos.

De conformidad con los procedimientos y principios que determine el Ministerio de Interior, se abonará una remuneración por horas extraordinarias:

a) a los oficiales, suboficiales y sargentos profesionales que presten servicios a bordo de buques; y

b) a los oficiales, suboficiales y sargentos profesionales que presten servicios en otros cuarteles, unidades o centros.

Dicha remuneración no excederá del 52% y 40%, respectivamente, del salario más alto de la función pública (incluido el índice complementario) que establezca la Ley nº 657 sobre Funcionarios Públicos. De dicha remuneración no podrá efectuarse deducción alguna, salvo por lo que respecta al derecho de timbre.

Los pagos en metálico o en especie que se abonen al personal del Mando de la Gendarmería y de otras instituciones se abonarán asimismo en las mismas condiciones al personal correspondiente del Mando de la Guardia Costera.

Cuando sea preciso, el Ministerio de Interior podrá trasladar personal de cualquier categoría entre la Policía Nacional, el Mando de la Guardia Costera y el Mando General de la Gendarmería para misiones temporales. El Ministerio de Interior podrá delegar dicha competencia en los gobernadores de las provincias. El personal objeto de traslado temporal podrá acogerse a los derechos económicos complementarios que se reconozcan al personal destinado a dichas instituciones durante todo el período de traslado.

Previa autorización del Ministerio de Interior, la Policía Nacional, el Mando de la Guardia Costera y el Mando General de la Gendarmería podrán intercambiarse temporalmente, sin coste alguno, sus armas, municiones, equipos, vehículos y otros bienes muebles e inmuebles.

Los procedimientos y principios que regulen la aplicación del presente artículo serán determinados reglamentariamente por el Ministerio de Interior.”

ARTÍCULO 27 – El artículo 8 de la Ley nº 2692 queda modificado como sigue:

“ARTÍCULO 8 – Nombramiento del personal del Mando de la Guardia Costera:

a) El Comandante de la Guardia Costera, sus adjuntos, los comandantes regionales de la Guardia Costera y los almirantes serán nombrados mediante Decreto-ley conjunto.

b) El Jefe del Estado Mayor del Mando de la Guardia Costera y los jefes destinados al cuartel general del Mando de la Guardia Costera serán nombrados por el Ministerio de Interior.

c) Los demás oficiales, suboficiales, funcionarios, sargentos profesionales, sargentos contratados y reclutas serán nombrados y destinados por orden del Ministerio de Interior.

Los procedimientos relativos al traslado y cambio de funciones, por razones de servicio o de salud, o de otra índole, de los oficiales y suboficiales, personal civil, sargentos profesionales y contratados y reclutas destinados en el Mando de la Guardia Costera y que sean miembros de la misma se regirán por lo establecido en el presente artículo.”

ARTÍCULO 28 – La frase “con el consentimiento del Ministerio de Interior” se añade después del término “ejercicios” del artículo 13 de la Ley nº 2692.

ARTÍCULO 29 – El artículo 15 de la Ley nº 2692 queda modificado como sigue:

“ARTÍCULO 15 - El Mando de la Guardia Costera satisfará sus necesidades de personal, armas y municiones con su propio presupuesto de acuerdo con los criterios determinados por el Ministerio de Interior. No obstante, el Mando de la Guardia Costera podrá recurrir al Fondo de Apoyo a la Industria de Defensa en el marco de los procedimientos y principios a que están sujetas las Fuerzas Armadas de Turquía.

Las obras de mantenimiento, reparación y reforma que no puedan ejecutarse con los medios a disposición del Mando de la Guardia Costera correrán a cargo de las unidades correspondientes del Ministerio de Defensa Nacional con carácter prioritario. El coste de tales servicios se sufragará con cargo al presupuesto del Mando.

Las excepciones y exenciones de los derechos de aduana y otros tributos y gravámenes y gastos de almacenamiento reconocidas al Ministerio de Defensa Nacional y el Mando General de la Gendarmería por las leyes presupuestarias y otras leyes se aplicarán asimismo al Mando de la Guardia Costera.

Las necesidades de todo tipo (y de todo tipo de abastecimientos) de las unidades de la Guardia Costera que queden subordinadas a los Mandos de las Fuerzas Armadas en caso de estado de excepción, movilización o conflicto bélico serán satisfechas por el Ministerio de Defensa Nacional según los criterios establecidos por dichos Mandos”.

ARTÍCULO 30 – El artículo 18 de la Ley nº 2692, junto con su título, queda modificado como sigue:

“Informe de evaluación

ARTÍCULO 18 – El Gobernador de la provincia en la que estén destinados elaborará anualmente un informe de evaluación de los comandantes regionales de la Guardia Costera con respecto a sus funciones administrativas. Dichos informes se tendrán en cuenta en materia de ascenso, remuneración, nombramiento y sustitución del personal. Los principios relativos al contenido y elaboración de dichos informes serán determinados reglamentariamente por el Ministerio de Interior.”

ARTÍCULO 31 – El artículo 8 de la Ley nº 2692, junto con su título, queda modificado como sigue:

“Régimen y procedimiento disciplinario

ARTÍCULO 21 – Los procedimientos y medidas disciplinarios sobre el personal del Mando de la Guardia Costera se desarrollarán conforme a los siguientes principios:

a) Los procedimientos disciplinarios se llevarán a cabo conforme a lo dispuesto en el estatuto particular.

b) Si se trata de faltas derivadas de las funciones administrativas del personal del Mando de la Guardia Costera, las medidas se adoptarán en virtud de las disposiciones de la Ley nº 4483 de Enjuiciamiento de Funcionarios y otros Empleados Públicos, de 2 de diciembre de 1999, sin perjuicio de lo dispuesto en el estatuto particular.

c) Si se trata de faltas derivadas de funciones judiciales del personal del Mando de la Guardia Costera, será de aplicación el artículo 161/5 del Código de Procedimiento Penal de 4 de diciembre de 2004.

d) Si se trata de infracciones personales del personal del Mando de la Guardia Costera, se adoptarán medidas conforme a la legislación general.

e) Si se asignan funciones militares al personal del Mando de la Guardia Costera, se aplicará lo previsto en la Ley nº 353 sobre Creación y Procedimiento Penal de Tribunales Militares en relación con las infracciones derivadas de dichas funciones. De las mismas entenderá el tribunal militar competente para juzgar al personal de la unidad militar subordinada al Mando de la Guardia Costera.”

ARTÍCULO 32 – El artículo 23 de la Ley nº 2692 queda modificado como sigue:

ARTÍCULO 23 – Además de las materias sobre las que se haya regulado en exclusiva conforme a esta Ley, las funciones, facultades y responsabilidades del Mando de la Guardia Costera, sus relaciones con otras autoridades, sus relaciones de mando y control, incluidos los principios de colaboración y cooperación, y el ascenso del personal de la Categoría de Servicios de la Guardia Costera, consejos disciplinarios, resoluciones, evaluación, comparecencia y otras cuestiones relativas a la aplicación de esta Ley se determinarán reglamentariamente por el Ministerio de Interior y se llevarán a efecto por decisión del Consejo de Ministros”.

ARTÍCULO 33 – Se suprime la frase “en relación con sus funciones no militares” del artículo adicional 1 de la Ley nº 2692 y el término “gobernadores” se sustituye por “autoridades locales”.

ARTÍCULO 34 – Se añade el siguiente artículo adicional a la Ley nº 2692: “Competencias reguladoras

ARTÍCULO ADICIONAL 3 – Se otorga al Ministerio de Interior la competencia de despejar cualquier duda sobre la aplicación de la presente Ley y para dictar cuantos reglamentos y órdenes sean precisos a este respecto. Cuando surjan nuevas necesidades en materia de organización, personal, educación y otras cuestiones debido a lo dispuesto en el Decreto-ley que introduce este artículo en la Ley, el Consejo de Ministros será el competente para adoptar las medidas pertinentes a propuesta del Ministerio de Interior”.

ARTÍCULO 35 – Quedan derogados los artículos 6, 9, 10, 11, 16, 20, 21/A, 21/B y 22 de la Ley nº 2692.

ARTÍCULO 36 – Se añaden los siguientes artículos provisionales a la Ley nº 2692: “Disposiciones transitorias

ARTÍCULO PROVISIONAL 7

a) Las faltas y sanciones disciplinarias del personal del Mando de la Guardia Costera se determinarán conforme a la legislación disciplinaria de la Policía Nacional de Turquía hasta que se apruebe un estatuto particular en materia disciplinaria. Las disposiciones de la Ley nº 657 de Funcionarios Públicos se aplicarán en las restantes materias.

Las autoridades locales y los superiores en rango serán los jefes del personal del Mando de la Guardia Costera en cuestiones disciplinarias. El Ministerio de Interior podrá imponer de oficio sanciones disciplinarias al personal del Mando de la Guardia Costera, cualquiera que sea su grado.

Las sanciones del personal laboral, contratado y temporal se regirán por el contrato vigente.

b) Los puestos actuales se han añadido al organigrama del Mando de la Guardia Costera adscritos al Ministerio de Interior, adjunto al Decreto-ley nº 190. Dos puestos de Contraalmirante/Comandante adjunto de la Guardia Costera se han asignado a la Categoría de Servicios de la Guardia Costera.

c) El personal del Mando de la Guardia Costera continuará desempeñando sus funciones con arreglo a sus nuevos puestos sin necesidad de que se adopten ulteriores medidas al respecto. Los puestos actuales se han añadido al organigrama nº 1, que se adjunta al Decreto-ley nº 190, como sección del Mando de la Guardia Costera adscrito al Ministerio de Interior. A este respecto, el Consejo de Ministros queda autorizado para reorganizar los organigramas adjuntos al Decreto-ley nº 190, de conformidad con los principios y procedimientos en él previstos, previo dictamen de la Agencia Estatal de Personal y del Ministerio de Economía y a propuesta del Ministerio de Interior.

ARTÍCULO PROVISIONAL 8 – El Ministerio de Interior podrá solicitar que se cubran las necesidades de personal de almirantes, oficiales y suboficiales para ocupar mandos en el Ministerio de Defensa hasta que el Mando de la Guardia Costera adquiera todas las competencias necesarias para reclutar y formar a su personal”.

QUINTA PARTE

Disposiciones finales y otras disposiciones Responsabilidad

ARTÍCULO 37 – (1) De los actos y decisiones de las personas que adoptaron y ejecutaron decisiones y medidas tendentes a reprimir el intento de golpe de Estado y las acciones terroristas llevados a cabo el 15 de junio de 2016 y acciones subsiguientes, que asumieron puestos en el marco de las medidas judiciales y administrativas y adoptaron decisiones y desempeñaron misiones en el marco de los decretos-ley promulgados durante el estado de emergencia no se derivarán responsabilidades jurídicas, administrativas, económicas y penales.

Aplazamientos

ARTÍCULO 38 – (1) No podrá ordenarse el aplazamiento de ejecución en las causas iniciadas por las decisiones adoptadas y acciones realizadas en el marco de los decretos-ley promulgados durante el estado de emergencia.

Entrada en vigor

ARTÍCULO 39 – (1) El artículo 37 del presente Decreto-ley entrará en vigor en la fecha de publicación de éste, con efectos desde el 15 de junio de 2016; el resto del articulado entrará en vigor en la fecha de su publicación.

Ejecución

ARTÍCULO 40 – (1) El Consejo de Ministros ejecutará las disposiciones del presente Decreto-ley.”

TURQUÍA

05-08-2016 COMUNICACIÓN EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 15 DEL CONVENIO:

“En relación con mis cartas anteriores de fechas 21 de julio de 2016, 28 de julio de 2016 y 2 de agosto de 2016, y conforme al artículo 15 del Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, les remito en anexo la traducción al inglés de los pasajes pertinentes del Decreto-ley nº 669, de 31 de julio de 2016, sobre las medidas que deben adoptarse en virtud del estado de emergencia. Se adjunta también una breve nota informativa sobre dicho texto.

Deseo reiterar el compromiso de mi Gobierno con las obligaciones que le atañen según el artículo 15 del Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Las medidas adoptadas en virtud del estado de emergencia están sujetas a control judicial y parlamentario.

Decreto-ley nº 669

Nota informativa sobre el Decreto nº 669

NOTA INFORMATIVA SOBRE EL DECRETO-LEY Nº 669, DE 31 DE JULIO DE 2016, SOBRE MEDIDAS ADOPTADAS EN VIRTUD DEL ESTADO DE EMERGENCIA

Objeto

El Decreto-Ley se ha adoptado en virtud del estado de emergencia con objeto de adoptar las medidas necesarias en relación con el intento golpista y la lucha contra el terrorismo, así como para crear la Universidad de la Defensa Nacional.

Medidas relativas a los procedimientos de investigación contra funcionarios públicos

En el ámbito del estado de emergencia, y dentro del período temporal del mismo, debido al elevado número de funcionarios públicos detenidos y en prisión por razón de delitos contra la seguridad del Estado, el orden constitucional, la defensa nacional y los secretos oficiales, así como delitos de terrorismo y otros de carácter colectivo, y debido a que la investigación se está realizando en todo el país y en muy diversas direcciones, se ha determinado que los plazos prescritos para las investigaciones administrativas que deben iniciarse en relación con la suspensión de funcionarios públicos y las disposiciones sobre prescripción a este respecto quedarán sin efecto durante el estado de emergencia, a fin de garantizar que las mencionadas investigaciones se concluyan de forma solvente y se impida todo sufrimiento injusto.

Medidas relativas al aplazamiento de concursos

Con objeto de proteger el orden económico e identificar con precisión las sociedades y entidades cooperativas que se considera que tienen nexos con la Organización Terrorista Fethullah (FETÖ), se ha determinado que, solo durante el estado de emergencia, no podrán presentarse peticiones de aplazamiento de concurso.

Otras medidas

Los miembros de las Fuerzas Armadas integrantes de la FETÖ, o que tengan nexos o conexiones con ella, de los que quede acreditado, conforme al Decreto-Ley, que suponen un peligro para la seguridad nacional han sido expulsados del ejército turco.

Se prevé en dicho texto la creación de la Universidad de la Defensa Nacional con vistas a cerrar las escuelas militares que han resultado ser centros de adiestramiento que suponen un riesgo para la seguridad nacional, formar a los soldados y establecer una nueva regulación de dicha formación bajo control exclusivo de las autoridades civiles.

La Academia Médico-Militar Gülhane y los hospitales militares han sido transferidos al Ministerio de Sanidad para velar por la uniformidad de las prácticas en materia de salud.

Se ha dotado de plenas competencias al Ministerio de Defensa Nacional en materia de procedimientos de nombramiento de jueces militares, derechos personales y expulsión de la carrera; las sanciones y los procedimientos disciplinarios previstos en la Ley nº 2802, aplicables a los jueces civiles y fiscales, se han extendido también a los jueces castrenses.

El Decreto-Ley anula las candidaturas a los juzgados militares, indicándose que son de aplicación las disposiciones sobre anulación de candidaturas previstas en la Ley vigente.

Se han cerrado las Academias de Guerra y la Academia Médico-Militar Gülhane, debido a que en ellas se han infiltrado miembros o simpatizantes de la FETÖ; y con vistas a proteger el derecho a la educación, se ha dispuesto que los estudiantes matriculados en ellas sean trasladados a otras universidades a través del Consejo de Educación Superior. Por las mismas razones, se han cerrado asimismo los institutos militares y se matriculará a los cadetes en institutos ordinarios en el marco de la normativa vigente en el momento de su ingreso en las escuelas militares, otorgándoseles la posibilidad de elegir el lugar en el que quieren estudiar.

Más aún, a la vista de la subordinación de las Fuerzas Armadas turcas a la autoridad civil, los Altos Mandos del Ejército, la Marina y la Aviación han quedado sujetos a la supervisión del Ministerio de la Defensa Nacional.

Conclusión

De las medidas expuestas de forma sucinta se desprende claramente que el Decreto- Ley nº 669 dictado tras la declaración de estado de emergencia estaba motivado por la necesidad de luchar eficazmente contra la organización terrorista FETÖ, que se había infiltrado plenamente en las instituciones del Estado. La declaración del estado de emergencia y el mencionado texto, adoptado durante aquél, tienen por objeto proteger el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos a través de la expulsión de los miembros de la FETÖ de dichas instituciones. El Decreto-Ley no limita los derechos y libertades de los ciudadanos. La investigación sobre la estructura y el funcionamiento de las instituciones estatales y las disposiciones sobre funcionarios públicos se ajustan al objeto y las condiciones del estado de emergencia, que son necesarios para que un Estado proteja su propia existencia.

Es más, con el presente Decreto-Ley, las instituciones militares de educación superior han quedado sujetas a la autoridad civil y se han cerrado los institutos militares. De esta forma, se garantiza que las personas que han recibido una educación civil y adquirido un sentimiento de democracia cívica puedan ingresar en la educación superior militar. Con la subordinación de las organizaciones e instituciones militares al poder civil se garantiza que la democracia institucional se instale en los mecanismos militares, como ocurre en otros ámbitos. Además, se han adoptado las medidas necesarias a fin de impedir el sufrimiento injusto de los estudiantes de las escuelas militares cerradas.

El Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos seguirán constituyendo pilares fundamentales del Estado en la República de Turquía.

DECRETO-LEY Nº 669, DE 31 DE JULIO DE 2016

PARTE 1

Objeto, ámbito de aplicación y medidas

Objeto y ámbito de aplicación

ARTÍCULO 1 (1) – El objeto del presente Decreto-Ley es adoptar las medidas necesarias en relación con el intento de golpe de Estado y la lucha contra el terrorismo y determinar los principios y procedimientos relativos al establecimiento de la Universidad de la Defensa Nacional en virtud del estado de emergencia declarado en todo el país por el Decreto-Ley nº 2016/9064 del Consejo de Ministros de fecha 20 de julio de 2016.

Medidas relativas al personal de las Fuerzas Armadas y la Gendarmería turcas

ARTÍCULO 2 (1) – Los miembros del personal militar de los que se ha demostrado que pertenecen o mantienen nexos o conexiones con la Organización Terrorista Fetullah (FETÖ/PDY) y que se ha acreditado que suponen una amenaza para la seguridad nacional, y cuyos nombres figuran en los anexos 1 y 2, quedan expulsados de las Fuerzas Armadas de Turquía; las personas cuyos nombres figuran en el anexo 3 quedan expulsadas del Mando General de la Gendarmería. Se aplicarán procedimientos en relación con los mismos conforme a lo dispuesto en la legislación especial.

(2) – Con independencia de las condenas penales impuestas, las personas contempladas en el apartado 1 perderán sus empleos militares y su condición funcionarial y no podrán ser readmitidas en las Fuerzas Armadas o la Gendarmería turcas; tampoco podrán ejercer empleo público alguno, directa o indirectamente, y cesarán en su condición de miembros de cualquier tipo de junta de administradores, comisión, consejo de administración, consejo de supervisión o junta de liquidación. Se cancelarán las licencias de armas o de piloto de que sean titulares y deberán desalojar, en el plazo de 15 días, las viviendas públicas o de propiedad fundacional en las que residan. No podrán fundar empresas privadas de seguridad, por su cuenta o en compañía de otros, ni trabajar en ellas. El Ministerio de Defensa Nacional notificará de inmediato a la autoridad competente en materia de pasaportes la identidad de estas personas, cuyos pasaportes quedarán cancelados a raíz de dicha notificación.

Medidas relativas a los funcionarios públicos

ARTÍCULO 3 (1) – Los plazos para iniciar una investigación establecidos en la legislación vigente no serán de aplicación durante el estado de emergencia en relación con los funcionarios públicos suspendidos desde el 15 de julio de 2016 por razones de seguridad nacional.

Aplazamiento de los concursos

ARTÍCULO 4 (1) – Durante la vigencia del estado de emergencia, conforme al artículo 179 de la Ley Concursal nº 2004, de 9 de junio de 1932, las sociedades anónimas y sociedades cooperativas no podrán solicitar el aplazamiento de los concursos; las solicitudes a tal efecto serán desestimadas por los tribunales.

(***)

ARTÍCULO 12 – En el apartado primero del artículo 10 de la Ley de Jueces Militares (nº 357, de 26 de octubre de 1963), se añade la expresión “previa decisión de admisión a la profesión por parte del Ministerio de Defensa Nacional” después de “teniendo en cuenta”.

ARTÍCULO 13 – El artículo 15 de la Ley nº 357 queda modificado como sigue:

“ARTÍCULO 15 – El procedimiento para reservar a los jueces militares para la primera categoría y la designación como tales correrá a cargo del Ministerio de Defensa Nacional …” (los requisitos y condiciones de dicho procedimiento han quedado descritos en los apartados correspondientes).

ARTÍCULO 14 - El artículo 20 de la Ley nº 357 queda modificado como sigue:

“ARTÍCULO 20 – Sin perjuicio de las disposiciones especiales del presente texto, el Ministerio de Defensa Nacional aceptará las dimisiones de los jueces militares de conformidad con las normas en materia de oficiales.”

ARTÍCULO 15 - El artículo 21 de la Ley nº 357 queda modificado como sigue:

“ARTÍCULO 21 – Con independencia de su puesto y destino, la edad límite de retiro para los jueces militares será la misma que la de otros oficiales. En caso de que completen el período obligatorio dispuesto en las leyes, los jueces militares podrán solicitar el retiro según las disposiciones específicas establecidas en la legislación especial. El Ministerio de Defensa Nacional aceptará sus peticiones de retiro.

Las disposiciones del artículo adicional 5 y del artículo provisional 30 de la Ley nº 926 serán asimismo de aplicación a los jueces militares.

Los jueces militares permanecerán en su puesto hasta que alcancen el límite de edad definido para sus respectivos empleos, según las normas establecidas en la presente Ley, y sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley nº 926 sobre separación de la profesión para los casos de responsabilidad penal que impide el ejercicio de la judicatura militar y sobre los jueces militares con empleo de general o almirante.”

ARTÍCULO 16 - El artículo 29 de la Ley nº 357 queda modificado como sigue:

“ARTÍCULO 29 – En caso de que los actos de los jueces militares no se ajusten a su puesto y obligaciones, una comisión compuesta de dos jueces de primera categoría designados por el Ministerio de Defensa Nacional y presidida por el Subsecretario podrá imponerles las siguientes sanciones disciplinarias, una vez oídos sus argumentos de descargo, teniendo en cuenta la naturaleza y gravedad de sus actos.”

(Las mencionadas sanciones y las condiciones para su imposición se establecen en los apartados correspondientes).

ARTÍCULO 17 – El artículo 31 de la Ley nº 357, así como su encabezamiento, quedan abolidos y se modifican como sigue:

“Suspensión de funciones

ARTÍCULO 31 – Cuando se considere que la permanencia en el cargo de un juez militar contra el que se haya iniciado una investigación pudiera dificultar el correcto desarrollo de la misma o menoscabar la dignidad o funciones de la judicatura, el Ministerio de Defensa Nacional, de forma provisional, podrá ordenar que se le suspenda de sus funciones o que se le traslade a otro destino de forma temporal hasta que la investigación haya concluido.

Las medidas mencionadas podrán adoptarse en cualquier fase de la investigación o instrucción.

Las disposiciones previstas en la Ley nº 926 relativas a la suspensión de oficiales de su empleo serán de aplicación a quienes hayan sido suspendidos de funciones, salvo lo dispuesto en la presente Ley. La separación de los jueces no se articulará de forma independiente.

La suspensión de funciones, como requisito de la investigación disciplinaria, podrá prolongarse hasta un máximo de tres meses. Si así lo exige la naturaleza de la investigación, el Ministerio de Defensa Nacional podrá prorrogarla por otros dos meses. Si, a la expiración de estos plazos, no se ha adoptado decisión alguna sobre el oficial de que se trate, se le repondrá en su cargo.

En el supuesto de que la suspensión de funciones venga exigida por una investigación o instrucción de carácter penal, el Ministerio de Defensa Nacional examinará las circunstancias del oficial en concreto en un plazo máximo de dos meses y resolverá sobre si debe permitírsele reanudar el ejercicio de sus funciones.

Las decisiones sobre suspensión de funciones se notificarán al oficial de que se trate.

Si al término de la investigación se concluye que no procede imponer una sanción de expulsión de la carrera o trasladar las actuaciones a la jurisdicción penal, el Ministerio de Defensa Nacional revocará de inmediato la suspensión.

Al término de la investigación o instrucción, la decisión sobre suspensión dictada con respecto a:

a) aquellos sobre los que se decida que no debe procederse con las actuaciones penales o los que han sido sujetos a actuaciones penales, pero cuyos actos, objeto de estas últimas, no se consideran merecedores de la sanción de separación del servicio;

b) aquellos a los que se haya impuesto una sanción disciplinaria distinta de la separación del servicio;

c) aquellos que hayan sido absueltos; respecto de los cuales se haya sobreseído, definitiva o temporalmente, la causa por cualquier razón, o a los que se haya condenado a una pena que no implique la separación del servicio, será revocada sin esperar a que las decisiones sean firmes.

En caso de que los actos objeto de la investigación no impidan el ejercicio de las funciones, el Ministerio de Defensa Nacional podrá revocar en cualquier momento la decisión sobre suspensión de funciones o la decisión de traslado temporal a otro destino.”

ARTÍCULO 18 – Ley nº 357:

a) Se suprime la expresión “a propuesta de la Presidencia del Personal General”, utilizada en el apartado 1 del artículo adicional 3.

b) Se sustituye la expresión “el mando en el que estén destinados en la organización”, que aparece en el apartado 1 del artículo adicional 10, se sustituye por “el Ministerio de Defensa Nacional”.

ARTÍCULO 19 – Se añade el siguiente artículo a la Ley nº 357:

“ARTÍCULO ADICIONAL 14 – Las personas sobre las que no se haya dictado una orden pese a haber completado el período de candidatura en el momento de publicación del presente artículo serán separadas de su cargo y se adoptarán las medidas previstas en el artículo 10.”

(****)

ARTÍCULO 20 - Se añaden los siguientes artículos provisionales a la Ley nº 357:

“ARTÍCULO PROVISIONAL 13 – Con respecto a los jueces militares que ejercieran sus funciones en la fecha de entrada en vigor del presente artículo, se modificarán las fechas en las que se preveía que dichos jueces pasaran a la primera categoría teniendo en cuenta lo dispuesto en la presente Ley, sin que se revoquen los derechos adquiridos y su condición y sin que se generen retroactivamente derechos y obligaciones económicos.

ARTÍCULO PROVISIONAL 14 – Durante la vigencia del estado de emergencia declarado por el Consejo de Ministros por el Decreto-Ley 2016/9064, de 20 de julio de 2016:

a) En el nombramiento de jueces militares, no se aplicarán las salvaguardias previstas en el artículo 16 de la Ley nº 357.

b) Los procedimientos de separación del servicio de los jueces militares considerados miembros o que se presuma que mantienen nexos o contactos con organizaciones terroristas, o estructuras, organizaciones o grupos que realicen actividades contrarias a la seguridad nacional del Estado, según haya determinado el Consejo Nacional de Seguridad, se desarrollarán conforme al artículo 3 del Decreto-ley de Medidas que deben adoptarse en virtud del estado de emergencia (º 667, de 22 de julio de 2016).”

(****)

ARTÍCULO 42 – Se añaden los siguientes artículos provisionales a la Ley nº 1325:

“ARTÍCULO PROVISIONAL 1 – Hasta que se designen los altos cargos y se diseñe el nuevo el organigrama del Ministerio de Defensa y se efectúen los necesarios nombramientos en el marco del Decreto-ley que introduce el presente artículo y las enmiendas precisas en la presente Ley, los cargos actualmente activos en los organigramas central y provinciales del Ministerio y en las unidades de la estructura del mismo se mantendrán en sus puestos en espera de nuevos nombramientos.

ARTÍCULO PROVISIONAL 2 – En virtud de la Ley nº 1453 de Salarios de Funcionarios Oficiales Militares, de 18 de mayo de 1929, hasta que se elabore y apruebe la relación de puestos para 2017, se realizarán los necesarios nombramientos derivados de la reestructuración de la organización del Ministerio según el Decreto-ley por el que se introduce el presente artículo. Los puestos en cuestión se considerarán creados sin necesidad de ulteriores actuaciones una vez que se haya desarrollado el proceso de nombramiento. Los nombramientos externos y mediante traslado no quedarán sujetos a las limitaciones previstas en la Ley sobre el Presupuesto de la Administración Central.”

(****)

ARTÍCULO 44 – Se modifican como sigue los apartados 2 y 3 del artículo 14 de la Ley nº 1602:

“Las cámaras estarán compuestas por un presidente y seis miembros. Cuatro de ellos serán jueces militares y los dos restantes oficiales que no tengan esa consideración. Las deliberaciones de las cámaras se desarrollarán con la presencia de cinco miembros, uno de los cuales deberá no ser juez. Las decisiones se adoptarán por mayoría.”

(****)

ARTÍCULO 104 – (1) Se cierran las Escuelas de Guerra, institutos militares y escuelas de formación de suboficiales. Se adoptarán las siguientes medidas en relación con el personal de estos centros:

a) El artículo provisional 4 de la Ley nº 2803, de Organización, Funciones y Obligaciones de la Gendarmería, de 10 de marzo de 1983, y el artículo provisional 7 de la Ley nº 2692, sobre la Guardia Costera, de 9 de julio de 1982, se aplicarán respectivamente al personal de la Gendarmería General y de la Guardia Costera y a sus puestos.

b) El resto del personal será designado para ocupar los puestos vacantes en las Fuerzas Armadas de Turquía.

(2) Queda abolida la Ley nº 3563, de Escuelas de Guerra de 24 de mayo de 1989. artículo 105 – (1) En la fecha de publicación del presente Decreto-Ley:

a) Los cadetes matriculados en los institutos militares y escuelas de formación de suboficiales serán trasladados por el Ministerio de Defensa Nacional a centros idóneos a su condición, teniendo en cuenta los resultados de los exámenes de enseñanza secundaria en la fecha en que se celebró el examen de ingreso.

b) Los cadetes matriculados en las academias de guerra, facultades y academias y centros de formación profesional para suboficiales (incluida la Gendarmería) serán trasladados por el Consejo de Educación Superior a facultades y academias apropiadas a su condición teniendo en cuenta los resultados de los exámenes celebrados en su día en la universidad.

c) Los cadetes que debían graduarse el 30 de agosto no serán designados oficiales o suboficiales. Recibirán un diploma de las facultades o academias pertinentes que designe el Consejo de Educación Superior en función de las notas del examen celebrado en su día en la universidad.

No se otorgará compensación alguna a las personas sujetas a las disposiciones previstas en el presente artículo.

El Consejo de Educación Superior será el competente y habilitado para determinar y orientar la aplicación de los principios y procedimientos relativos a este artículo y para adoptar las medidas y despejar cualquier duda que pueda surgir a este respecto.

(2) No podrá ejecutarse ninguna deuda conforme a la legislación aplicable contra los cadetes que hayan abandonado o hayan sido expulsados de las escuelas militares asociadas a las Fuerzas Armadas de Turquía por la razón que fuere antes de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto-Ley. Las deudas contraídas no podrán cobrarse y las acciones entabladas ser sobreseerán. Los importes previamente cobrados a los cadetes no les serán restituidos.

(****)

Personal objeto de traslado

ARTÍCULO 107 – (1) El Consejo de Ministros podrá establecer el procedimiento y los principios relativos al traslado del personal que determine la Comisión, conforme al artículo 106, a las Fuerzas Armadas de Turquía, la Universidad de Ciencias de la Salud u otros centros superiores de educación, junto con el Ministerio de Sanidad y sus instituciones adscritas, así como a otras cuestiones referentes al traslado.

(2) Los puestos a los que se destinará al personal trasladado, según se hayan creado en la fecha de designación sin necesidad de ulterior decisión alguna, se presumirán adscritos a los departamentos de las instituciones y centros correspondientes, según los organigramas adjuntos al Decreto-Ley nº 190 y el Decreto-Ley nº 78.

(3) Si el total del salario neto, complemento de escala, incrementos salariales y asignaciones, pagas extraordinarias, honorarios contractuales y cualesquiera otros derechos económicos (excluidas pagas extraordinarias y por turnos) percibido por el personal trasladado en sus puestos anteriores supera el total del salario neto, incrementos salariales y asignaciones, pagas extraordinarias, honorarios contractuales y cualesquiera otros derechos económicos de los nuevos puestos al que sea trasladado, incluidos honorarios contractuales y pagas adicionales de capital circulante, el saldo a su favor se abonará en forma de asignación, sin reducción alguna, para enjugar la diferencia, siempre y cuando se mantenga en el puesto al que se le haya trasladado.

(4) El personal trasladado que estuviera sujeto a la Ley nº 926 continuará estándolo en cuanto a ascensos, salario y otros derechos sociales y económicos. Desempeñará servicios obligatorios para las Fuerzas Armadas de Turquía en los centros a los que se le haya destinado. Los ascensos serán decididos por el Ministerio o el Rectorado en función de sus méritos. Los pagos complementarios del fondo rotatorio se calcularán sobre la base imponible del personal de puestos y categorías análogas de sus instituciones, y se abonarán previa deducción del seguro sanitario.

(5) Los salarios y otros pagos adeudados al personal trasladado después de la fecha de traslado se abonarán por las nuevas instituciones en las que presten servicio y éstas no podrán exigir a las anteriores compensación alguna por razón de dichos pagos.

Traslado de estudiantes

ARTÍCULO 108 – (1) Los matriculados en los centros superiores de enseñanza cerrados conforme a lo dispuesto en esta Ley serán trasladados a los centros educativos especificados por el Consejo de Educación Superior, teniendo en cuenta los resultados del examen de ingreso en la universidad. El Consejo de Educación Superior será el competente y facultado para determinar y orientar la aplicación de los principios y procedimientos relativos a este artículo y para adoptar las medidas y despejar cualquier duda que pueda surgir a este respecto.”

- 19540928200

CONVENCIÓN SOBRE EL ESTATUTO DE LOS APÁTRIDAS

Nueva York, 28 de septiembre de 1954. BOE: 04-07-1997, Nº 159.

GUINEA-BISSAU

19-09-2016 ADHESIÓN

18-12-2016 ENTRADA EN VIGOR

- 19660307200

CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN RACIAL

Nueva York, 07 de marzo de 1966. BOE: 17-05-1969, Nº 118.

TAILANDIA

07-10-2016 RETIRADA DE UNA RESERVA AL ARTÍCULO 4 FORMULADA EN EL MOMENTO DE LA ADHESIÓN

07-10-2016 ENTRADA EN VIGOR

- 19661216201

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS.

Nueva York, 16 de diciembre de 1966 BOE: 30-04-1977, Nº 103 Y 21-06-2006, Nº 147.

FRANCIA

26-02-2016 NOTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL PÁRRAFO 3 DEL ARTICULO 4:

“Señor Secretario General:

Mediante carta de 23 de noviembre de 2015, puse en su conocimiento la declaración del estado de emergencia en Francia, tras los atentados coordinados que sufrió París el 13 de noviembre de 2015, y le rogaba que tuviese a bien considerar que mi carta constituía una información en virtud del artículo 4 del Convenio.

En efecto, el Gobierno francés ha decidido, mediante el Decreto núm. 2015- 1475, de 14 de noviembre de 2015, aplicar la Ley núm. 55-385, de 3 de abril de 1955, relativa al estado de emergencia.

La gravedad de los atentados, su carácter simultáneo y la persistencia de la amenaza a un nivel insólito en el territorio nacional justificaron posteriormente la prórroga del estado de emergencia por un plazo de tres meses a partir del 26 de noviembre de 2015, mediante la Ley núm. 2015-1501, de 20 de noviembre de 2015.

Actualmente, la amenaza terrorista, caracterizada por “un peligro inminente resultante de graves daños al orden público”, que justificó la declaración inicial y la primera prórroga del estado de emergencia, sigue manteniéndose a un nivel muy alarmante, como lo muestra la actualidad nacional e internacional.

El balance de las medidas tomadas en el marco del estado de emergencia desde el pasado 14 de noviembre ha confirmado la necesidad de estas medidas para prevenir nuevos atentados y desmantelar las organizaciones terroristas.

Por ello, se ha prorrogado el estado de emergencia mediante la Ley núm. 2016- 162, de 19 de febrero de 2016, con las mismas modalidades.

El Gobierno francés desea recordar que las medidas tomadas en el marco del estado de emergencia están sometidas al control jurisdiccional efectivo así como a un mecanismo de seguimiento y control especialmente atento del Parlamento. Por último, el Gobierno francés vela por la buena información y concertación con los cargos electos locales y tiene intención de seguir dialogando con la sociedad civil.

Se adjunta a esta carta el texto de la Ley núm. 2016-162, de 19 de febrero de 2016.

Reciba, Señor Secretario General, la expresión de mi alta consideración.

(firmado) François Delattre”

Ley núm. 2016-162, de 19 de febrero de 2016, por la que se prorroga la aplicación de la Ley núm. 55-385, de 3 de abril de 1955, relativa al estado de emergencia

NOR: INTX 1602418L

Versión consolidada a 25 de febrero de 2016

La Asamblea Nacional y el Senado han aprobado,

y el Presidente de la República promulga la siguiente ley:

Artículo único

I.- El estado de emergencia declarado mediante el Decreto núm. 2015-1475, de 14 de noviembre de 2015, relativo a la aplicación de la Ley núm. 55-385, de 3 de abril de 1955, y el Decreto núm. 2015-1493, de 18 de noviembre de 2015, relativo a la aplicación en los Territorios de Ultramar de la Ley núm. 55-385, de 3 de abril de 1955, prorrogado por la Ley núm. 2015-1501, de 20 de noviembre de 2015, por la que se prorroga la aplicación de la Ley núm. 55-385, de 3 de abril de 1955, relativa al estado de emergencia, y se refuerza la eficacia de sus disposiciones, se prorroga por un plazo de tres meses a partir del 26 de febrero de 2016.

II.- El estado de emergencia, durante su vigencia, conllevará la aplicación del apartado I del artículo 11 de la Ley núm. 55-385, de 3 de abril de 1955, relativa al estado de emergencia.

III.- Mediante decreto del Consejo de Ministros, se podrá poner fin al estado de emergencia antes de la expiración del plazo anteriormente señalado. En este caso, se informará al Parlamento.

La presente ley se ejecutará como una ley del Estado.

Hecho en París, el 19 de febrero de 2016.

FRANÇOIS HOLLANDE

Por el Presidente de la República:

MANUEL VALLS

El Primer Ministro

JEAN-JAQUES URVOAS

El Ministro de Justicia

BERNARD CAZENEUVE

El Ministro del Interior

GEORGE PAU-LANGEVIN

La Ministra de los Territorios de Ultramar

29 de julio de 2016”

PERÚ

28-06-2016 NOTIFICACIÓN, EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 4, PÁRRAFO 3, DE LA PRÓRROGA DURANTE 45 DÍAS, A CONTAR DESDE EL 17-04-2016, DE LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA EN LA PROVINCIA DE CALLAO.

PERÚ

28-06-2016 NOTIFICACIÓN, EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 4, PÁRRAFO 3, DE LA PRÓRROGA DURANTE 60 DÍAS A CONTAR DESDE EL 21-03-2016, DE LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA EN EL DISTRITO DE ECHARATE DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN ( DEPARTAMENTO DE CUZCO).

PERÚ

28-06-2016 NOTIFICACIÓN, EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 4, PÁRRAFO 3, DE LA PRÓRROGA DURANTE 60 DÍAS A CONTAR DESDE EL 15-01-2016, DE LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA EN EL DISTRITO DE HUAMA, AYAHUANCO, SANTILLANA, CHACA, SIVIA, LLOCHEGUA, CANAYRE, UCHURACCAY Y PUCACOLPA EN LA PROVINCIA DE HUANTA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, ANCO, AYNA, CHUNGUI, SANTA ROSA, TAMBO, SAMUGARI, ANCHIHUAY EN LA PROVINCIA DE LA MAR, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO; EN EL DISTRITO DE PAMPAS, HUACHOCOLPA, QUISHUAR, SALCAHUASI, SURCUBAMBA, TINTAY PUNCU, ROBLE Y ANDAYMARCA EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA; EN EL DISTRITO DE KIMBIRI, PICHARI, VILCABAMBA, INKAWASI, VILLA KINTIARINA, VILLA VIRGEN EN LA PROVINCIA DE LA CONVENCCIÓN, DEPARTAMENTO DE CUSCO; EN EL DISTRITO DE LLAYLLA, MAZAMARI, PAMPA HERMOSA, PANGOA, VIZCATÁN DEL ENE Y RÍO TAMBO EN LA PROVINCIA DE SATIPO, DEL DISTRITO DE ANDAMARCA Y COMAS EN LA PROVINCIA DE CONCEPCIÓN, Y EL DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA Y PARIAHUANCA EN LA PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN.

PERÚ

28-06-2016 NOTIFICACIÓN, EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 4, PÁRRAFO 3, DE LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA, POR DECRETO DE 24-12-2015, DURANTE 45 DÍAS EN LAS PRVINCIAS DE SANTA Y CASMA, DEPARTAMENTO DE ÁNCASH.

PERÚ

30-06-2016 NOTIFICACIÓN, EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 4, PÁRRAFO 3, DE LA PRÓRROGA DURANTE 60 DÍAS, A CONTAR DESDE EL 01-06-2016, DE LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA EN LA PROVINCIA DE CALLAO.

PERÚ

30-06-2016 NOTIFICACIÓN, EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 4, PÁRRAFO 3, DE LA PRÓRROGA DURANTE 60 DÍAS A CONTAR DESDE EL 20-05-2016, DE LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA EN EL DISTRITO DE ECHARATE DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN ( DEPARTAMENTO DE CUZCO).

30-06-2016 NOTIFICACIÓN, EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 4, PÁRRAFO 3, DE LA PRÓRROGA DURANTE 60 DÍAS A CONTAR DESDE EL 15-03-2016, DE LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA EN EL DISTRITO DE HUAMA, AYAHUANCO, SANTILLANA, CHACA, SIVIA, LLOCHEGUA, CANAYRE, UCHURACCAY Y PUCACOLPA EN LA PROVINCIA DE HUANTA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, ANCO, AYNA, CHUNGUI, SANTA ROSA, TAMBO, SAMUGARI, ANCHIHUAY EN LA PROVINCIA DE LA MAR, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO; EN EL DISTRITO DE PAMPAS, HUACHOCOLPA, QUISHUAR, SALCAHUASI, SURCUBAMBA, TINTAY PUNCU, ROBLE Y ANDAYMARCA EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA; EN EL DISTRITO DE KIMBIRI, PICHARI, VILCABAMBA, INKAWASI, VILLA KINTIARINA, VILLA VIRGEN EN LA PROVINCIA DE LA CONVENCCIÓN, DEPARTAMENTO DE CUSCO; EN EL DISTRITO DE LLAYLLA, MAZAMARI, PAMPA HERMOSA, PANGOA, VIZCATÁN DEL ENE Y RÍO TAMBO EN LA PROVINCIA DE SATIPO, DEL DISTRITO DE ANDAMARCA Y COMAS EN LA PROVINCIA DE CONCEPCIÓN, Y EL DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA Y PARIAHUANCA EN LA PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN.

PERÚ

30-06-2016 NOTIFICACIÓN, EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 4, PÁRRAFO 3, DE LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA, POR DECRETO DE 10-02-2016, DURANTE 45 DÍAS EN LAS PRVINCIAS DE SANTA Y CASMA, DEPARTAMENTO DE ÁNCASH.

UCRANIA

06-07-2016 NOTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL PÁRRAFO 3 DEL ARTÍCULO 4:

«La Misión Permanente de Ucrania ante las Naciones Unidas saluda al Secretario General de las Organización y, con remisión a sus notas verbales núm. 4132/28-194/501-803, de 5 de junio de 2015, y núm. 4132/28-194/501-1987, de 24 de noviembre de 2015, tiene el honor de poner en su conocimiento la siguiente información con arreglo a las obligaciones del Gobierno de Ucrania en virtud del párrafo 3 del artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

En febrero de 2014, la Federación de Rusia llevó a cabo una agresión armada contra Ucrania y ocupó una parte de su territorio ilegalmente, a saber, la República Autónoma de Crimea y la ciudad de Sebastopol, y, actualmente, ejerce un control efectivo sobre ciertos distritos de los oblast ucranianos de Donetsk y Luhansk. Estos actos constituyen una flagrante vulneración de la Carta de las Naciones Unidas, la Carta Social del Consejo de Europa y otros instrumentos internacionales jurídicamente vinculantes, así como una amenaza contra la democracia, los derechos humanos y el estado de derecho en Europa. La Federación de Rusia, como Estado agresor y potencia ocupante, es plenamente responsable del respeto a los derechos humanos en los territorios ucranianos que ocupa temporalmente, de acuerdo con el Derecho internacional humanitario y el Derecho internacional en materia derechos humanos.

La agresión de la Federación de Rusia contra Ucrania, junto con los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos tanto por las Fuerzas Armadas regulares de la Federación de Rusia como por los grupos armados ilegales que esta dirige, controla y financia, constituyen una situación de emergencia pública que pone en peligro la vida de la nación en el sentido del párrafo 1 del artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Para velar por los intereses vitales de la sociedad y el Estado, el Parlamento (Verkhovna Rada), el Consejo de Ministros y otros órganos de Ucrania aprobaron disposiciones jurídicas con vistas a suspender determinadas obligaciones del país en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre las que se encuentran la Ley ucraniana, de 12 de agosto de 2014, por la que se modifica la Ley ucraniana de lucha contra el terrorismo, en relación con la detención preventiva durante más de setenta y dos horas de personas involucradas en actividades terroristas en la zona de operaciones antiterroristas, la Ley ucraniana, de 12 de agosto de 2014, por la que se modifica el Código Penal de Ucrania en relación con el régimen especial de instrucción en situación de estado de guerra si se ha declarado el estado de emergencia o en la zona de operaciones antiterroristas, la Ley ucraniana, de 12 de agosto de 2014, de administración de Justicia y enjuiciamiento penal en materia de operaciones antiterroristas y la Ley ucraniana, de 3 de febrero de 2015, de Administraciones civiles y militares.

Sobre la base mencionada, Ucrania ejerció su derecho a suspender sus obligaciones derivadas del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el territorio de determinadas zonas de los oblast de Donetsk y Luhansk, en Ucrania, que se encuentran bajo el control del Gobierno ucraniano, e informó al Secretario General de las Naciones Unidas de las medidas adoptadas por las autoridades ucranianas y su motivación mediante la Nota Verbal núm. 4132/28-194/501-803, de 5 de junio de 2015.

En la nota verbal núm. 4132/28-194/501-1987, de 24 de noviembre de 2015, Ucrania especificó las zonas de los oblast ucranianos de Donetsk y Luhansk en las que era de aplicación la suspensión presentada por el Gobierno ucraniano de conformidad con la Resolución de la Verkhovna Rada N462-VIII, de 21 de mayo de 2015.

Un año después de la aprobación de la “Resolución de la Verkhovna Rada núm. 462-VIII, de 21 de mayo de 2015, por la que se suspenden determinadas obligaciones derivadas del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales”, las autoridades de Ucrania reexaminaron las condiciones de seguridad en determinadas zonas de los oblast ucranianos de Donetsk y Luhansk donde es de aplicación la suspensión. Según los organismos de seguridad, defensa y policía ucranianos, la situación sigue siendo frágil y tensa. Haciendo caso omiso de los acuerdos de Minsk, grupos armados ilegales y el ejército ruso establecen posiciones de fuego en barrios residenciales de las poblaciones ocupadas y siguen abriendo fuego contra las posiciones de las Fuerzas Armadas ucranianas utilizando armamento pesado prohibido por dichos acuerdos.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, desde del inicio de este año hasta el 30 de mayo de 2016, se registraron al menos 6380 ataques de militantes respaldados por la Federación de Rusia contra las Fuerzas Armadas de Ucrania. Cuarenta y dos soldados de este país murieron y trescientos cincuenta resultaron heridos. Se constata continuamente que las fuerzas de ocupación rusas incumplen los acuerdos de Minsk en lo que respecta a la retirada del armamento pesado. Desde principios de 2016, se ha confirmado en 699 casos la presencia de tanques, sistemas de artillería de calibre superior a 100 mm, sistemas de lanzacohetes múltiples y morteros cerca de la línea de contacto.

En junio de 2016, las condiciones de seguridad en el Donbas empezaron a deteriorarse rápidamente. Las fuerzas terroristas acaudilladas por la Federación de Rusia continuaron incumpliendo de forma flagrante el alto el fuego y los compromisos relativos a la retirada de armamento pesado en virtud de los acuerdos de Minsk. Utilizaron con profusión este tipo de armamento, sobre todo, morteros y artillería de gran calibre. Como consecuencia de ello, murieron siete soldados ucranianos y dieciocho resultaron heridos entre el 16 y el 21 de junio. El 22 de junio de 2016, murió un soldado ucraniano y resultaron heridos once, y se dispararon más de trescientas granadas de mortero y de ciento sesenta proyectiles contra las posiciones ucranianas. La intensidad del fuego de artillería es similar a la del periodo de combate abierto de agosto de 2015.

El 22 de junio de 2016, unos militantes prorrusos abrieron fueron contra monitores de la Misión Especial de Observación de la OSCE en Ucrania en el oblast de Donetsk. Utilizaron morteros de 82 mm de calibre, que tendría que haberse retirado en virtud de los acuerdos de Minsk.

La falta de control de la frontera sigue siendo un obstáculo fundamental para la disminución de las hostilidades, ya que Rusia continúa mandando armamento, tropas regulares y mercenarios al Donbas. Entre el 27 de mayo y el 3 de junio de 2016, la Federación de Rusia envió a esta región a través de los tramos de la frontera de Ucrania que no están controlados casi 2500 toneladas de combustible, más de 160 toneladas de munición, nueve sistemas de lanzacohetes múltiples Grad, dos sistemas de artillería autopropulsada Akatsiya, treinta y seis tanques T-72 y seis vehículos blindados. El 22 de junio de 2016, llegaron desde el territorio ruso al municipio de Chervonopartyzansk, en el oblast de Luhansk, dos obuses autopropulsados, seis vehículos de combate de infantería, seis obuses y diez camiones.

La situación en el este de Ucrania sigue siendo tensa e inestable, según confirman múltiples informes de organizaciones internacionales presentes en la zona afectada por el conflicto, y, sobre todo, la Misión de Supervisión de los Derechos Humanos en Ucrania de las Naciones Unidas. La labor de esta última es la base del decimocuarto informe sobre los derechos humanos en Ucrania de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), en el que esta registró, entre mediados de abril de 2014 y el 15 de mayo de 2016, 30 903 víctimas en la zona de conflicto del este del país, en concreto, 9371 muertos y 21 532 heridos (apartado 3), entre los que se cuentan militares, civiles y miembros de grupos armados ucranianos.

Una vez demostrado que persisten las circunstancias que motivaron la presentación de la suspensión, Ucrania considera necesario seguir ejerciendo las facultades previstas en los actos legislativos mencionados anteriormente en lo que respecta a la situación en determinadas zonas de los oblast ucranianos de Donetsk y Luhansk, que se encuentran bajo el control del Gobierno de dicho país. En la medida en que esto puede contravenir las obligaciones en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Ucrania hace uso, hasta nuevo aviso, del derecho de suspensión que le otorga el párrafo 1 del artículo 4 de dicho Pacto.

De conformidad con el párrafo 3 del artículo 4 del Pacto, la Misión Permanente de Ucrania ante las Naciones Unidas tiene el honor de comunicar la lista revisada de municipios en los oblast de Donetsk y Luhansk que se encuentran bajo el control total o parcial del Gobierno de Ucrania a fecha de 14 de junio de 2016.

La Representación Permanente de Ucrania ante las Naciones Unidas subraya una vez más la necesidad de adoptar un enfoque muy prudente a la hora de esclarecer los hechos para determinar si las zonas de los oblast ucranianos de Donetsk y Luhansk, que, tal como se indica en la presente nota verbal, están controladas parcialmente por el Gobierno de Ucrania, se encuentran bajo el control y la jurisdicción efectivos de Ucrania o de la Federación de Rusia como Estado agresor. Todos los órganos jurisdiccionales deberán tener en cuenta las circunstancias concretas de cada caso en cada momento.

La Representación Permanente de Ucrania ante las Naciones Unidas aprovecha la ocasión para reiterar al Secretario General la expresión de su más alta consideración.

Documentación adjunta: indicada anteriormente, 2 páginas.

6 de julio de 2016».

Lista de municipios de los oblast de Donetsk y Luhansk controlados total o parcialmente por el Gobierno de Ucrania

(a fecha de 14 de junio de 2016)

OBLAST DE DONETSK

Núm.	Distrito	Superficie (km²)
1.	Bahmutskyi	1900	Controlados por las autoridades ucranianas	11 360 km² (49,7 %)
2.	Velykonovosilkivsyi	1900
3.	Volodarskyi	1200
4.	Dobropilskyi	950
5.	Pokrovskyi	1300
6.	Lymanskyi	1000
7.	Oleksandrivskyi	1010
8.	Mangushskyi	800
9.	Slovyansky	1300

Núm.	Distrito	Superficie (km²)
1.	Volnovakhskyi	2500	Controlados parcialmente por las autoridades ucranianas	6700 km² (29,3 %)
2.	Konstyantynivskyi	1200
3.	Maryinskyi	1400
4.	Baikivskyi	800
5.	Yasynuvatskyi	800

Núm.	Ciudades dependientes de la Administración regional	Superficie (km²)
1.	Avdiivka	29,53	Controladas por las autoridades ucranianas	1136,93 km² (30,6 %)
2.	Bahmut	40
3.	Vugledar	5,32
4.	Toretsk	61,9
5.	Myrnograd	22,75
6.	Dobropillya	19,8
7.	Druzhkivka	46,53
8.	Kramatorsk	355,7
9.	Lyman	18,2
10.	Pokrovsk	39,25
11.	Konstyantynivka	66
12.	Mariupol	244
13.	Novogrodivka	5.55
14.	Selidove	108,2
15.	Slovyansk	74,2

Oblast de Donetsk	26 592 km² (superficie total)	Controlados por las autoridades Ucranianas	12 496,93 km2	47 %
		Controlados parcialmente por las autoridades ucranianas	6700 km2	25,2 %
		Controlados por grupos armados ilegales	7394,78 km2	27,8 %

OBLAST de LUHANSK

Núm.	Distrito	Superficie (km²)	Controlados por las autoridades ucranianas
1.	Bilovodskyi	1596,96		14 918,73 km²(58,89 %)
2.	Bilokurakynskyi	1435,81
3.	Kreminskyi	1635,2
4.	Markivskyi	1166,48
5.	Milovskyi	971,05
6.	Novoaidarskyi	1535,78
7.	Novopskovskyi	1623,08
8.	Svativskyi	1739,29
9.	Starobilskyi	1581,98
10.	Troyitskyi	1633,1

Núm.	Distrito	Superficie (km²)
1.	Stanychno- Luhanskyi	1896,48	Controlados parcialmente por las autoridades ucranianas	3221,33 km² (12,71 %)
2.	Popasnyanksyi	1324,75

Núm.	Ciudades dependientes de la Administración regional	Superficie (km²)
1.	Lysychansk	95,64	Controlados por las autoridades ucranianas	187,4 km² (13,44 %)
2.	Rubizhne	33,76
3.	Severodonetsk	58

Oblast de Luhansk	26 684 km² (superficie total)	Controlados por las autoridades Ucranianas	16 238,06 km²	60,85 %
		Controlados parcialmente por las autoridades ucranianas	6323,53 km²	23,7 %
		Controlados por grupos armados ilegales	4123,22 km²	15,45 %

18 de julio de 2016

FRANCIA

22-07-2016 NOTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL PÁRRAFO 3 DEL ARTÍCULO 4:

“Señor Secretario General:

Mediante carta de 23 de noviembre de 2015, puse en su conocimiento la declaración del estado de emergencia en Francia, tras los atentados coordinados que sufrió París el 13 de noviembre de 2015, y le rogaba que tuviese a bien considerar que mi carta constituía una información en virtud del artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

En efecto, el Gobierno francés ha decidido, mediante el Decreto núm. 2015- 1475, de 14 de noviembre de 2015, aplicar la Ley núm. 55-385, de 3 de abril de 1955, relativa al Estado de Emergencia.

La gravedad de los atentados, su carácter simultáneo y la persistencia de la amenaza a un nivel insólito en el territorio nacional justificaron posteriormente la prórroga del estado de emergencia por un plazo de tres meses a partir del 26 de noviembre de 2015, mediante la Ley núm. 2015-1501, de 20 de noviembre de 2015, de lo cual le informamos en su día, y, después, durante otros tres meses a partir del 26 de febrero de 2016, mediante la Ley núm. 2016-162, de 19 de febrero de 2016, y, a continuación, durante dos meses más a partir del 26 de mayo de 2016, mediante la Ley núm. 2016-629, de 20 de mayo de 2016.

El 14 de julio de 2016, Niza sufrió un atentado, en el que, según los datos actualizados, murieron 84 personas y resultaron heridas más de 350. Fue reivindicado por una organización terrorista. Se produjo después de otro atentado, cometido el 13 de junio de 2016, en el que dos policías nacionales fueron asesinados en su domicilio en Isla de Francia por un terrorista que declaró pertenecer a la misma organización.

Actualmente, la amenaza terrorista, caracterizada por “un peligro inminente resultante de graves daños al orden público”, que justificó la declaración inicial y las prórrogas del estado de emergencia, sigue manteniéndose a un nivel muy alarmante, por lo que es necesario disponer de medidas administrativas reforzadas para combatir el terrorismo dentro de nuestras fronteras.

El balance de las medidas tomadas en el marco del estado de emergencia desde el pasado 14 de noviembre ha confirmado la necesidad de estas medidas para prevenir nuevos atentados y desmantelar las organizaciones terroristas.

Por ello, se ha prorrogado el estado de emergencia por un plazo de seis meses mediante la Ley núm. 2016-987, de 21 de julio de 2016, que también introduce modificaciones a determinadas disposiciones de la Ley de 3 de abril de 1955, con vistas a ajustarlas a los cambios de hecho y de Derecho que se han ido produciendo.

Entre las medidas permitidas durante este plazo de seis meses en virtud del estado de emergencia, se encuentran de nuevo los registros sin orden judicial (apartado I del artículo 11 de la Ley de 3 de abril de 1955, relativa al estado de emergencia), que tendrán mayor utilidad que antes, puesto que se efectuarán como parte de un nuevo régimen en el que es posible, en particular, utilizar información digital una vez lo autorice un juez.

El Gobierno francés desea recordar que las medidas tomadas en el marco del estado de emergencia están sometidas al control jurisdiccional efectivo así como a un mecanismo de seguimiento y control especialmente atento del Parlamento. Por último, el Gobierno francés vela por la buena información y concertación con los cargos electos locales y tiene intención de seguir dialogando con la sociedad civil.

Se adjunta a esta carta el texto de la Ley núm. 2016-987, de 21 de julio de 2016. Reciba, Señor Secretario General, la expresión de mi alta consideración.

(firmado) François Delattre

Ley núm. 2016-987, de 21 de julio de 2016, por la que se prorroga la aplicación de la Ley núm. 55-385, de 3 de abril de 1955, relativa al estado de emergencia y se establecen medidas para reforzar la lucha antiterrorista (2)

NOR: INTX 1620056L

La Asamblea Nacional y el Senado han aprobado,

y el Presidente de la República promulga la siguiente ley:

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES RELATIVAS AL ESTADO DE EMERGENCIA

ARTÍCULO 1

I.- El estado de emergencia declarado mediante el Decreto núm. 2015-1475, de 14 de noviembre de 2015, relativo a la aplicación de la Ley núm. 55-385, de 3 de abril de 1955, y el Decreto núm. 2015-1493, de 18 de noviembre de 2015, relativo a la aplicación en los Territorios de Ultramar de la Ley núm. 55-385, de 3 de abril de 1955, prorrogado por la Ley núm. 2015-1501, de 20 de noviembre de 2015, por la que se prorroga la aplicación de la Ley núm. 55-385, de 3 de abril de 1955, relativa al estado de emergencia, y se refuerza la eficacia de sus disposiciones, y, posteriormente, por la Ley núm. 2016-162, de 19 de febrero de 2016, por la que se prorroga la aplicación de la Ley núm. 55-385, de 3 de abril de 1955, relativa al estado de emergencia, así como, después, por la Ley núm. 2016-629, de 20 de mayo de 2016, por la que se prorroga la aplicación de la Ley núm. 55-385, de 3 de abril de 1955, relativa al estado de emergencia, se prorroga por un plazo de seis meses a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente ley.

II.- El estado de emergencia, durante su vigencia, conllevará la aplicación del apartado I del artículo 11 de la Ley núm. 55-385, de 3 de abril de 1955, relativa al estado de emergencia, en la redacción que resulte de las modificaciones de la presente ley.

III.- Mediante decreto del Consejo de Ministros, se podrá poner fin al estado de emergencia antes de la expiración del plazo anteriormente señalado. En este caso, se informará al Parlamento.

Artículo 2

Se modifica artículo 4.1 de la Ley núm. 55-385, de 3 de abril de 1955, relativa al Estado de Emergencia de la siguiente manera:

1.º Después de la primera frase, se inserta una del siguiente tenor:

“Las autoridades administrativas les remitirán de forma inmediata copias de todos los instrumentos que adopten en aplicación de la presente ley”.

2.º Al principio de la segunda frase, la palabra “Estos” se sustituye por la expresión “La Asamblea Nacional y el Senado”.

Artículo 3

El artículo 8 de la misma ley se modifica de la siguiente manera:

1.º En el primer párrafo, después de las palabras “de cualquier índole”, se inserta lo siguiente: “, en particular, los lugares de culto en los que se transmiten mensajes que incitan al odio, a la violencia o la perpetración de actos terroristas, o que constituyen una apología de estos actos,”.

2.º Se añade un párrafo del siguiente tenor:

“Podrán prohibirse las procesiones, desfiles y concentraciones de personas en la vía pública si la autoridad administrativa demuestra que le resulta imposible garantizar la seguridad con los medios a su alcance”.

Artículo 4

Después del artículo 8 de la misma ley, se inserta un artículo 8.1 con el siguiente tenor:

“Art. 8.1.: En las zonas mencionadas en el artículo 2 de la presente ley, el prefecto podrá autorizar, mediante una decisión motivada, a los agentes mencionados en los apartados 2 a 4 del artículo 16 del Código de Procedimiento Penal, y, bajo su responsabilidad, a los mencionados en los apartados 1, 1bis y 1ter del artículo 21 de dicho código a llevar a cabo los controles de identidad previstos en el octavo párrafo del artículo 78.2 del mismo cuerpo legal, a inspeccionar visualmente y registrar equipajes, y a revisar los vehículos en circulación, parados o estacionados en la vía pública o en lugares accesibles al público.

“En la decisión del prefecto se especificarán los lugares a los que se extiende su autorización, que deberán establecerse con precisión, así como la duración de esta, que no podrá prolongarse más de veinticuatro horas.

“Los tres últimos párrafos del apartado II y los dos últimos párrafos del apartado II del artículo 72.2.2 del mismo código serán de aplicación a las operaciones realizadas en virtud del presente artículo.

“La decisión del prefecto a la que se refiere el primer párrafo del presente artículo se remitirá de forma inmediata al Ministerio Fiscal”.

Artículo 5

El apartado I del artículo 11 de la misma ley se modifica de la siguiente manera:

1.º Después del segundo párrafo, se inserta uno con el siguiente tenor:

“Cuando, en un registro, se descubra que otro lugar cumple con las condiciones previstas en el primer párrafo del presente apartado I, la autoridad administrativa podrá autorizar su registro por cualquier medio. Tal autorización se regularizará formalmente a la mayor brevedad posible. El Ministerio Fiscal será informado inmediatamente de ello”.

2.º El cuarto párrafo se sustituye por seis con el siguiente tenor:

“Si en un registro se descubre la existencia de elementos, en particular, de tipo electrónico, relacionados con la amenaza que supone el comportamiento de la persona en cuestión para la seguridad y el orden públicos, podrán incautarse los datos guardados en cualquier sistema informático o equipo terminal que se encuentre en el lugar del registro, ya sea mediante su copia o por incautación de su soporte en caso de que no pueda realizarse o completarse una copia en el tiempo que dure el registro.

“La copia de los datos o la incautación de los sistemas informáticos o de los equipos terminales se efectuará en presencia de un agente de la Policía Judicial. El agente de la Policía Judicial responsable del registro redactará un atestado de incautación que incluirá su justificación y un inventario de los materiales incautados. Se remitirá una copia de este atestado a todas las personas mencionadas en el segundo párrafo del presente apartado I. Los datos y soportes incautados se custodiarán bajo la responsabilidad del jefe del servicio que haya efectuado el registro. Tras su incautación, nadie podrá tener acceso a ellos sin la autorización de un juez.

“Una vez termine el registro, la autoridad administrativa solicitará al juez encargado del procedimiento de urgencia del órgano jurisdiccional contencioso- administrativo que autorice el uso de los materiales incautados. El juez tomará en consideración los elementos descubiertos en el registro para pronunciarse, en un plazo de 48 horas desde que se le remita el asunto, sobre la legalidad de la incautación y sobre la solicitud de la autoridad administrativa. No se podrá autorizar el uso de elementos que no estén relacionados de ningún modo con la amenaza que supone el comportamiento de la persona en cuestión para la seguridad y el orden públicos. En caso de que el juez encargado del procedimiento de urgencia rechace la solicitud, y sin perjuicio del recurso previsto en el décimo párrafo del presente apartado I, se procederá a la destrucción de los datos copiados y a la devolución de los soportes incautados a sus propietarios.

“Durante el tiempo estrictamente necesario para llevar a cabo el uso autorizado por el juez encargado del procedimiento de urgencia, los datos y sus soportes incautados se custodiarán bajo la responsabilidad del jefe de servicio que efectuó el registro y la incautación. Los sistemas informáticos y los equipos terminales se devolverán al propietario, si procede, una vez se hayan copiado los datos que contienen, en un plazo máximo de quince días a partir de la fecha en la que se incautaron o en la que el juez encargado del procedimiento de urgencia, a quien se habrá remitido el asunto dentro de este plazo, autorizó el uso de dichos datos. Los datos copiados, con la excepción de aquellos que revelen la amenaza que constituye el comportamiento de la persona en cuestión para la seguridad y el orden públicos, se destruirán en un plazo máximo de tres meses a partir de la fecha en la que se efectuó el registro o en la que el juez encargado del procedimiento de urgencia, a quien se habrá remitido el asunto dentro de este plazo, autorizó su uso.

“En caso de que surjan dificultades para acceder a los datos contenidos en los soportes incautados o para utilizar los datos copiados, si es necesario, el juez encargado del procedimiento de urgencia al que haya remitido el asunto la autoridad administrativa podrá prorrogar los plazos previstos en el octavo párrafo del presente apartado I por un periodo de la misma duración, siempre que lo haga al menos 48 horas antes de la expiración de dichos plazos. Dispondrá de 48 horas para pronunciarse sobre las solicitudes de prorrogación presentadas por la autoridad administrativa. Si los datos y los soportes incautados, gracias a su uso o estudio, permiten constatar que se ha cometido una infracción, se custodiarán de conformidad con las normas aplicables en materia de procesos penales.

“A los efectos del presente artículo, el juez encargado del procedimiento de urgencia será el del órgano jurisdiccional contencioso-administrativo del partido judicial del lugar del registro. Resolverá con arreglo al libro V del Código de Derecho Administrativo, sin perjuicio del presente artículo. Sus resoluciones podrán ser recurridas, en un plazo de 48 horas a partir de la notificación de las mismas, ante el juez encargado del procedimiento de urgencia del Consejo de Estado, quien deberá pronunciarse en un plazo de 48 horas. En caso de interposición de recurso, los datos y suportes incautados seguirán custodiándose de conformidad con lo dispuesto en el octavo párrafo del presente apartado I”.

3.º Después del cuarto párrafo, se inserta otro con el siguiente tenor:

“Cada registro se consignará en un informe que se remitirá inmediatamente al Ministerio Fiscal, en su caso, junto con una copia del acta de la incautación. Se enviará una copia de la orden de registro a las personas que hayan sido objeto de esta medida”.

4.º Antes del último párrafo, se insertan ocho con el siguiente tenor:

“Cuando existan razones fundadas para considerar que el comportamiento de las personas presentes constituye una amenaza para la seguridad y el orden públicos, el agente de la Policía Judicial podrá retenerlas en el lugar del registro durante el tiempo estrictamente necesario para llevarlo a cabo. Se informará al Ministerio Fiscal en cuanto empiece la retención.

“Se informará a los retenidos de su derecho a pedir al agente de la Policía Judicial que avise a las personas que deseen, incluido su empleador. Si el agente considera que, debido a las exigencias de la retención, no debe satisfacer esta petición, deberá remitir el asunto inmediatamente al Ministerio Fiscal, que decidirá si debe accederse a ella o no.

“La retención no podrá prolongarse más de cuatro horas desde el inicio del registro y el Ministerio Fiscal podrá ponerle fin en cualquier momento,

“El Ministerio Fiscal deberá autorizar explícitamente la retención en el caso de los menores, que deberán contar con la asistencia de su representante legal, salvo que resulte imposible por razones debidamente justificadas.

“El agente de la Policía Judicial deberá señalar en un acta los motivos de la retención. Indicará la fecha y la hora en que comenzó y finalizó esta, así como su duración.

“Esta acta se presentará a la persona retenida para que la firme. En caso de que rehúse hacerlo, se hará constar esta circunstancia y sus razones.

“El acta se remitirá al Ministerio Fiscal y se enviará una copia al interesado.

“Si procede, la duración de la retención se descontará del tiempo de detención policial”.

Artículo 6

El artículo 14.1 de la misma ley se completa con un párrafo con el siguiente tenor:

“Se entenderá que concurre el requisito de urgencia en el caso de los recursos judiciales de urgencia interpuestos contra medidas de arresto domiciliario”.

Artículo 7

En el artículo 15 de la misma ley, la remisión a la “Ley núm. 2015-1501, de 20 de noviembre de 2015, por la que se prorroga la aplicación de la Ley núm. 55-385, de 3 de abril de 1955, relativa al estado de emergencia, y se refuerza la eficacia de sus disposiciones” se sustituye por “Ley núm. 2016-687, de 21 de julio de 2016, por la que se prorroga la aplicación de la Ley núm. 55-385, de 3 de abril de 1955, relativa al estado de emergencia, y se establecen medidas para reforzar la lucha antiterrorista”.

TÍTULO II

DISPOSICIONES RELATIVAS AL REFUERZO DE LA LUCHA ANTITERRORISTA

Artículo 8

El libro V del Código de Procedimiento Penal se modifica de la siguiente manera:

1.º Los artículos 720.1 y 723.1 se completan con un párrafo con el siguiente tenor:

“El presente artículo no será de aplicación a quienes hayan sido condenados por una o varias de las infracciones previstas en los artículos del 421.1 al 421.6 del Código Penal, con excepción de las establecidas en los artículos de 421.2.5 al 421.2.5.2 de dicho código”.

2.º Después del artículo 721.1, se inserta un artículo 721.1.1 con el siguiente tenor:

“Art. 721.1.1: Los condenados a penas privativas de libertad por una o varias de las infracciones previstas en los artículos del 421.1 al 421.6 del Código Penal, con excepción de las establecidas en los artículos de 421.2.5 al 421.2.5.2 de dicho código, no podrán acogerse a las medidas de reducción de la pena dispuestas en el artículo 721 del mismo. No obstante, podrán acogerse a ellas en las condiciones especificadas en el artículo 721.1”.

Artículo 9

I. La sección 8 del capítulo III del título I de la Ley Penitenciaria núm. 2009-1436, de 24 de noviembre de 2009, se completa con un artículo 58.1 con el siguiente tenor:

“Art. 58.1: La dirección de la Administración penitenciaria podrá efectuar un tratamiento de los datos personales vinculados a los sistemas de videovigilancia de las celdas de los centros penitenciarios.

“El objeto del tratamiento de estos datos será el control mediante videovigilancia de las celdas a las que se haya asignado a los presos sometidos a medidas de aislamiento cuya fuga o suicidio podría tener repercusiones importantes en el orden público, habida cuenta de las circunstancias particulares que motivaron su ingreso en prisión y del impacto de estas en la opinión pública.

“El tratamiento de estos datos garantizará la seguridad, por una parte, de los centros penitenciarios, en los casos en que exista riesgo de fuga, y, por otra parte, del preso, cuando se encuentre en peligro de intentar cometer suicidio.

“El tratamiento de estos datos solo se permite en el caso de las celdas en las estén recluidas personas en prisión provisional decretada por un juez. Solo podrá llevarse a cabo de forma excepcional.

“Se informará al preso del proyecto de decisión de someterle a videovigilancia, contra lo que este tendrá derecho a presentar alegaciones escritas u orales durante un proceso contradictorio, en el que podrá recibir la asistencia de un abogado.

“En casos urgentes, el Ministro de Justicia podrá decidir someter al preso a videovigilancia de forma provisional si esta constituye la única manera de evitar su fuga o suicidio. Esta medida provisional no podrá prolongarse más de cinco días. Una vez transcurrido este plazo, si no se ha adoptado una resolución con arreglo a las condiciones expuestas anteriormente con respecto a la videovigilancia, se pondrá fin a la misma. La duración de esta medida provisional se descontará del tiempo total de videovigilancia.

“Podrá someterse a un preso a videovigilancia durante un plazo de tres meses renovables mediante una resolución especialmente motivada del Ministro de Justicia. Dicha resolución deberá notificarse al interesado.

“Podrá recabarse la opinión por escrito del médico del centro penitenciario en todo momento, en particular, antes de que se adopte la decisión de renovar la medida.

“Los sistemas de videovigilancia permitirán controlar al preso en tiempo real. Habrá una pantalla fija en la celda que garantizará la intimidad de la persona, pero que también permitirá obtener imágenes opacas. Las cámaras se colocarán en lugares visibles.

“El tratamiento de los datos consistirá en la grabación del conjunto de secuencias de vídeo procedentes de la videovigilancia de las celdas en cuestión.

“No se transmitirá ni se grabará sonido.

“No se complementará el tratamiento de los datos obtenidos a través de la videovigilancia con el uso de ninguna clase de dispositivo biométrico.

“Las imágenes grabadas como parte de este tratamiento de datos se guardarán en un soporte digital durante un mes.

“Cuando existan razones fundadas para considerar que exista el riesgo de que el preso intente cometer suicidio o se fugue, el director del centro penitenciario o su representante podrán consultar las datos procedentes de la videovigilancia durante un plazo de siete días a partir de su grabación. Fuera de este plazo, solo podrán verse las imágenes en el marco de una instrucción judicial o una investigación administrativa.

“Al cabo de un mes, se borrarán los datos que no se hayan remitido a la autoridad judicial ni sean objeto de una investigación administrativa.

“Las personas o categorías de personas que, en razón de sus funciones o de las necesidades del servicio, podrán acceder a los datos de carácter personal mencionados serán:

“1.º en el caso de la visualización de imágenes en tiempo real, los agentes de la Administración penitenciaria designados individualmente y adecuadamente habilitados por el director del centro penitenciario;

“2.º en el caso de la consulta de los datos grabados, el director del centro o su representante, durante un plazo de siete días;

“3.º el responsable local de informática designado individualmente y adecuadamente habilitado por el director del centro.

“El derecho de oposición previsto en el artículo 38 de la Ley núm. 78-17, de 6 de enero de 1978, relativa a la Informática, los Archivos y las Libertades no es de aplicación al tratamiento de los datos mencionado.

“Los derechos de acceso y rectificación previstos en los artículos 39 y 40 de la citada Ley núm. 78-17, de 6 de enero de 1978, podrán ejercerse ante el director del centro penitenciario en el que se haya llevado a cabo el tratamiento de los datos procedentes de la videovigilancia.

“Se colocará un cartel en la entrada de las celdas equipadas con un sistema de videovigilancia para informar de la existencia de este, así como de las modalidades de acceso a los datos recabados y de rectificación de los mismos.

“Se llevará un registro de las consultas, la creación y la actualización de los datos que se traten. Estos asientos se guardarán durante tres meses. Asimismo, se llevará un registro de la extracción de las secuencias de vídeo grabadas que se traten. Estos asientos se guardarán durante un año”.

II. El capítulo I, del título II, del libro V del Código de Procedimiento Penal se completa con un artículo 716.1.A con el siguiente tenor:

“Art. 716.1.A: Las medidas de videovigilancia previstas en el artículo 58.1 de la Ley Penitenciaria núm. 2009-1436, de 24 de noviembre 2009, podrán aplicarse a los imputados y acusados que se encuentren en prisión provisional decretada por un juez y

sometidos a aislamiento, y cuya fuga o suicidio pudiera tener repercusiones importantes en el orden público, habida cuenta de las circunstancias particulares que motivaron su ingreso en prisión y del impacto de estas en la opinión pública”.

Artículo 10

El último párrafo del artículo L.225.2 del Código de Seguridad Interior se completa con la expresión: “, renovable en dos ocasiones mediante decisión motivada”.

Artículo 11

Se suprime la última frase del quinto párrafo del artículo L.224.1 del mismo código.

Artículo 12

A continuación del artículo 706.24.3 del Código de Procedimiento Penal, se inserta un artículo 706.24.4 con el siguiente tenor:

“Art. 706.24.4: La duración total de la prisión provisional prevista en el duodécimo párrafo del artículo 11 del Decreto núm. 45-174, de 2 de febrero de 1945, relativa a la delincuencia de menores se eleva a dos años en el caso de la instrucción del delito tipificado en el artículo 421.2.1 del Código Penal.

“La duración total de la prisión provisional prevista en el decimocuarto párrafo del artículo 11 del citado Decreto núm. 45-174, de 2 de febrero de 1945, se eleva a tres años en el caso de la instrucción de los delitos tipificados en el apartado 1.º del Artículo 421.1 y los artículos 421.5 y 421.6 del Código Penal”.

Artículo 13

El capítulo I del título II del libro IV del Código Penal se modifica de la siguiente manera:

1.º En el segundo párrafo del artículo 421.5, se sustituye la palabra “veinte” por “treinta”.

2.º El artículo 421.6 se modifica de la siguiente manera:

a) En el primer párrafo, la expresión “veinte años de privación de libertad y 350 000» se sustituye por «treinta años de privación de libertad y 450 000”.

b) En el último párrafo, la expresión “treinta años de privación de libertad y” se sustituyen por “cadena perpetua y”.

Artículo 14

El artículo 422.4 del Código Penal queda redactado de la siguiente manera:

“Art. 422.4: El órgano jurisdiccional competente condenará a los extranjeros culpables de alguno de los delitos tipificados en el presente título a la expulsión del territorio francés, o bien de forma permanente o bien durante diez o más años, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 131.30.

“No obstante, el órgano jurisdiccional podrá, mediante una resolución especialmente motivada, decidir no pronunciarse sobre estas penas en razón de las circunstancias de la infracción y de las características personales de su autor”.

Artículo 15

El artículo L.851.2 del Código de Seguridad Interior queda redactado de la siguiente manera:

“Art. L. 851.2: I. De conformidad con las condiciones previstas en el capítulo I del título II del presente código, y únicamente a efectos de la prevención del terrorismo, podrá autorizarse caso por caso la recopilación en tiempo real de los datos o los documentos especificados en el artículo L.851.1 que procedan de las redes de operadores y de las personas mencionadas en dicho artículo, y se refieran a una persona cuya probabilidad de estar relacionada con una amenaza se hubiera determinado previamente. Cuando existan razones fundadas para considerar que uno o varios miembros del entorno de dicha persona pueden proporcionar información pertinente para la finalidad que motivó la autorización, esta podrá concederse también, individualmente, para cada uno de ellos.

“II. El artículo L.821.5 no será de aplicación a las autorizaciones expedidas en virtud del presente artículo”.

Artículo 16

Al inicio del primer párrafo del artículo L.511.5 del mismo código, se suprime la expresión: “Siempre que la naturaleza de sus actuaciones y las circunstancias lo justifiquen,”.

Artículo 17

Se modifica el libro VIII del mismo código de la siguiente manera:

1.º En el apartado III del artículo L.852.1, el término “necesarios” se sustituye por “vinculados”.

2.º En el primer párrafo del artículo L.863.2, el término “intercambiar” se sustituye por “compartir”.

Artículo 18

La sección 4 del capítulo I del título I del libro IV del mismo código se modifica de la siguiente manera:

1.º El artículo L.411.7 se modifica como sigue:

a) El apartado 2.º se convierte en el 3.º.

b) El apartado 2.º queda redactado de la siguiente manera:

“2.º de personas que, en el momento de la firma del contrato de prestación de servicios, puedan acreditar haber tenido la categoría de auxiliar de seguridad (adjoint de sécurité) durante al menos tres años de servicio efectivo”.

2.º El artículo L.411.9 se modifica de la siguiente manera:

a) En el primer párrafo, la expresión “como voluntarios” se sustituye por “en virtud de los apartados 2.º y 3.º del artículo L.411.7”.

b) En el último párrafo, después de la expresión “Policía Nacional”, se insertan las palabras “y los reservistas especificados en el apartado 2.º del artículo L.411.7 del presente código”.

3.º Se completa el artículo L.411.10 con un párrafo del siguiente tenor:

“Las personas especificadas en el apartado 2.º del artículo L.411.7 del presente código podrán encargarse de las misiones que desempeñan los retirados del servicio activo de la Policía Nacional, con excepción de las que se desarrollan en el exterior”.

4.º El artículo L.411.11 se modifica del siguiente modo:

a) En el primer párrafo, después del término “reservistas voluntarios”, se inserta la expresión “y los reservistas especificados en el apartado 2.º del artículo L.411.7”.

b) Después del apartado 2.º, se inserta un apartado 3.º con el siguiente tenor:

“3.º en el caso de los reservistas especificados en el apartado 2.º del artículo L.411.7, ciento cincuenta días al año”.

Artículo 19

Las duraciones máximas de la actividad desarrollada en las reservas militar, sanitaria, de protección civil o de la Policía Nacional previstas en el artículo L.4251.6 del Código de Defensa; en el apartado 11.º del artículo 34 de la Ley núm. 84-16, de 11 de enero de 1984, del estatuto de los empleados públicos del Estado; en el apartado 12.º del artículo 57 de la Ley núm. 84-53, de 26 de enero de 1984, del estatuto de los empleados públicos de las Administraciones territoriales; y en el apartado 12.º del artículo 41 de la Ley Núm. 86-33, de 9 de enero de 1986, del estatuto de los empleados públicos de los hospitales se prolongarán durante la totalidad del periodo de aplicación de la Ley núm. 55-385, de 3 de abril de 1955, relativa al estado de emergencia, siempre y cuando se cuente con el consentimiento del empleador.

Artículo 20

El último párrafo del artículo 15 de la Ley núm. 86-1067, de 30 de septiembre de 1986, relativa a la libertad de comunicación se completa con la siguiente frase:

«Elaborará un código de conducta relativo a la cobertura audiovisual de los actos terroristas».

Artículo 21

I. En el artículo 711.1 del Código Penal, en el primer párrafo del artículo 804 del Código de Procedimiento Penal y en el primer párrafo de los artículos L.285.1, L.286.1, L.287.1, L.288.1, L.445.1, L.446.1 y L.447.1; al final del artículo L.448.1; en el primer párrafo de los artículos L.545.1, L.546.1, L.895.1 y L.896.1; en el artículo L.897.1; y en el primer párrafo del artículo L.898.1 del Código de la Seguridad Interior, la remisión a la “Ley núm. 2016-731, de 3 de junio de 2016, por la que se refuerza la lucha contra la delincuencia organizada, el terrorismo y su financiación, y se mejoran la eficacia y las garantías del procedimiento penal” se sustituye por la remisión a la “Ley núm. 2016-987, de 21 de julio de 2016, por la que se prorroga la aplicación de la Ley núm. 55-385, de 3 de abril de 1955, relativa al estado de emergencia y se establecen medidas para reforzar la lucha antiterrorista”.

II. El apartado I del artículo 9 y el artículo 19 serán de aplicación en las Islas Wallis y Futuna, la Polinesia Francesa y Nueva Caledonia.

El artículo 19 será de aplicación en los Territorios Australes y Antárticos Franceses.

La presente ley entrará en vigor de forma inmediata y se ejecutará como una ley del Estado.

Hecho en París, el 21 de julio de 2016.

FRANÇOIS HOLLANDE

Por el Presidente de la República:

El Primer Ministro,

MANUEL VALLS

El Ministro de Justicia.

JEAN-JAQUES URVOAS

El Ministro del Interior,

BERNARD CAZENEUVE

La Ministra de Administraciones Públicas,

ANNICK GIRARDIN

La Ministra de los Territorios de Ultramar,

GEORGE PAU-LANGEVIN

1 de agosto de 2016”

TURQUÍA

02-08-2016 NOTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL PÁRRAFO 3 DEL ARTÍCULO 4:

“El 15 de julio de 2016, tuvo lugar un intento de golpe de Estado a gran escala en la República de Turquía con el objetivo de derrocar el Gobierno elegido democráticamente y el orden constitucional. El Estado y los ciudadanos turcos frustraron esta vil tentativa actuando de forma unida y solidaria. El intento de golpe de estado y sus repercusiones, junto con otros atentados terroristas, han planteado una grave amenaza para la seguridad y el orden públicos que pone en peligro la vida de la nación en el sentido del artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

La República de Turquía está adoptando las medidas necesarias previstas por la ley, con arreglo a su legislación nacional y sus obligaciones internacionales. En este contexto, el 20 de julio de 2016, el Gobierno de Turquía declaró el estado de emergencia durante noventa días, de conformidad con el artículo 120 de la Constitución del país y la letra b) del apartado 1 del artículo 3 de su Ley núm. 2935 relativa al Estado de Emergencia. Se adjunta a la presente misiva la traducción al inglés de los artículos pertinentes de la Constitución turca y la Ley núm. 2935 relativa al Estado de Emergencia, así como de la Decisión núm. 2016-9064 del Consejo de Ministros.

La decisión se publicó en el diario oficial y fue aprobada por la Gran Asamblea Nacional de Turquía el 21 de julio de 2016. Las medidas adoptadas como resultado de este proceso pueden conllevar la suspensión de las obligaciones derivadas del párrafo 3 del artículo 2 y los artículos 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de conformidad con el artículo 4 de dicho instrumento.

Por consiguiente, quisiera señalar que la presente misiva informa a efectos del artículo 4 del pacto. El Gobierno informará a Su Excelencia cuando ponga fin a la suspensión mencionada.

Decisión núm. 2016/9064

El 20 de julio de 2016, de conformidad con el artículo 120 de la Constitución y la letra b) del apartado 1 del artículo 3 de la Ley núm. 2935, relativa al Estado de Emergencia, el Consejo de Ministros ha decidido declarar el estado de emergencia a nivel nacional a la 1.00 del jueves 21 de julio de 2016 por un plazo de noventa días, de acuerdo con la Recomendación núm. 498, de 20 de julio de 2016, del Consejo de Seguridad Nacional.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Presidente

Primer Ministro y miembros del Gabinete

Artículos 15, 119, 120 y 121 de la Constitución de la República de Turquía

IV. Suspensión del ejercicio de los derechos y libertades fundamentales

ARTÍCULO 15: En tiempo de guerra o en caso de movilización o declaración de

la ley marcial o el estado de emergencia, podrá suspenderse de forma parcial o total el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales o podrán adoptarse medidas derogatorias de las garantías constitucionales en la medida en que lo exija la situación, siempre que no se incumplan las obligaciones derivadas del derecho internacional.

(De conformidad con la modificación de 7 de mayo de 2004; Ley núm. 5170:) Aun en las circunstancias especificadas en el párrafo anterior, no podrá violarse el derecho de los ciudadanos a la vida y a la integridad física y moral, salvo cuando la muerte se deba a acciones conformes al Derecho sobre conflictos bélicos; nadie podrá ser obligado a declarar sobre su religión, conciencia, ideología u opiniones, ni ser acusado en razón de estas; se mantendrá la irretroactividad de las infracciones y las sanciones; y nadie podrá ser condenado sin que su culpabilidad haya quedado demostrada mediante una resolución judicial.

III. Procedimientos administrativos extraordinarios

A. Estados de excepción

1. Declaración del estado de emergencia por catástrofe natural o crisis económica grave

ARTÍCULO 119: En caso de catástrofe natural, epidemia peligrosa o crisis económica grave, el Consejo de Ministros, en sesión presidida por el Presidente de la República, podrá declarar el estado de emergencia en una o varias regiones o en todo el país por un plazo máximo de seis meses.

2. Declaración del estado de emergencia por violencia generalizada y grave deterioro del orden público

ARTÍCULO 120: En caso de que existan indicios claros o bien de violencia generalizada encaminada a destruir el orden democrático y libre establecido por la Constitución o los derechos y libertades fundamentales, o bien de un grave deterioro del orden público debido a la violencia, el Consejo de Ministros, en sesión presidida por el Presidente de la República, previa consulta al Consejo de Seguridad Nacional, podrá declarar el estado de emergencia en una o varias regiones o en todo el país por un plazo máximo de seis meses.

3. Normas relativas al estado de emergencia

ARTÍCULO 121: Si se declara el estado de emergencia de conformidad con las disposiciones de los artículos 119 y 120 de la Constitución, la decisión se publicará en el Diario Oficial y se remitirá inmediatamente a la Gran Asamblea Nacional de Turquía para su aprobación. Si esta no se encuentra en un periodo de sesiones, se la convocará sin demora. La Asamblea podrá modificar la duración del estado de emergencia; prorrogarlo durante plazos máximos sucesivos de cuatro meses, a petición del Consejo de Ministros; o revocarlo.

La Ley relativa al Estado de Emergencia dispondrá las obligaciones económicas, materiales o laborales que se impondrán a los ciudadanos si se declara dicho estado con arreglo al artículo 119; el modo en que se restringirán y suspenderán derechos y libertades fundamentales de acuerdo con los principios del artículo 15; la forma en que se adoptarán las medidas exigidas por la situación; las facultades que se conferirán a los funcionarios; el tipo de cambios que se introducirán en la situación de los cargos públicos, siempre que sean de aplicación por separado a los distintos tipos de estado de emergencia; y los procedimientos administrativos extraordinarios.

Durante el estado de emergencia, el Consejo de Ministros, en sesión presidida por el Presidente de la República, podrá emitir decretos con fuerza de ley en las materias en que lo requieran las circunstancias. Dichos decretos se publicarán en el Diario Oficial y se remitirán a la Gran Asamblea Nacional de Turquía el mismo día para su aprobación, que se ajustará al plazo y el procedimiento previstos en el Reglamento.

Ley núm. 2935, de 25 de octubre de 1983, relativa al Estado de Emergencia

Artículo 3 – Declaración del estado de emergencia

El Consejo de Ministros, en sesión presidida por el Presidente de la República, declarará el estado de emergencia:

• a) cuando haya una o varias catástrofes naturales, epidemias peligrosas o crisis económicas graves; o
• b) cuando existan indicios claros o bien de violencia generalizada encaminada a destruir el orden democrático y libre o los derechos y libertades fundamentales, o bien de violencia que esté causando un grave deterioro del orden público, previa consulta al Consejo de Seguridad Nacional;

en una o varias regiones o en todo el país por un plazo máximo de seis meses.

La decisión por la que se declare el estado de emergencia se publicará en el Diario Oficial y se remitirá inmediatamente a la Gran Asamblea Nacional de Turquía para su aprobación. Si esta no se encuentra en un periodo de sesiones, se la convocará sin demora. La Asamblea podrá modificar la duración del estado de emergencia; prorrogarlo durante plazos máximos sucesivos de cuatro meses, a petición del Consejo de Ministros; o revocarlo.

Una vez declarado el estado de emergencia con arreglo a la letra b) del presente artículo, el Consejo de Ministros, antes de decidir prorrogarlo o revocarlo o modificar su ámbito de aplicación, deberá consultarlo con el Consejo de Seguridad Nacional.

Las razones en las que se sustenta la decisión de declarar el estado de emergencia, así como su duración y su ámbito de aplicación, se transmitirán en la radio y la televisión turcas, y, si el Consejo de Ministros lo considera necesario, también se difundirán en otros medios.”

PERÚ

27-07-2016 NOTIFICACIÓN, EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 4, PÁRRAFO 3, DE LA PRÓRROGA DURANTE 60 DÍAS A CONTAR DESDE EL 15-05-2016, DE LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA EN EL DISTRITO DE HUAMA, AYAHUANCO, SANTILLANA, CHACA, SIVIA, LLOCHEGUA, CANAYRE, UCHURACCAY Y PUCACOLPA EN LA PROVINCIA DE HUANTA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, ANCO, AYNA, CHUNGUI, SANTA ROSA, TAMBO, SAMUGARI, ANCHIHUAY EN LA PROVINCIA DE LA MAR, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO; EN EL DISTRITO DE PAMPAS, HUACHOCOLPA, QUISHUAR, SALCAHUASI, SURCUBAMBA, TINTAY PUNCU, ROBLE Y ANDAYMARCA EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA; EN EL DISTRITO DE KIMBIRI, PICHARI, VILCABAMBA, INKAWASI, VILLA KINTIARINA, VILLA VIRGEN EN LA PROVINCIA DE LA CONVENCCIÓN, DEPARTAMENTO DE CUSCO; EN EL DISTRITO DE LLAYLLA, MAZAMARI, PAMPA HERMOSA, PANGOA, VIZCATÁN DEL ENE Y RÍO TAMBO EN LA PROVINCIA DE SATIPO, DEL DISTRITO DE ANDAMARCA Y COMAS EN LA PROVINCIA DE CONCEPCIÓN, Y EL DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA Y PARIAHUANCA EN LA PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN.

PERÚ

27-07-2016 NOTIFICACIÓN, EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 4, PÁRRAFO 3, DE LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA, POR DECRETO DE 24-03-2016, DURANTE 45 DÍAS EN LAS PRVINCIAS DE SANTA Y CASMA, DEPARTAMENTO DE ÁNCASH.

GUATEMALA

02-08-2016 NOTIFICACIÓN, EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 4, PÁRRAFO 3, DE LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA EN LA MUNICIPALIDAD DE JEREZ (DEPARTAMENTO DE JUTIAPA) POR UNA DURACIÓN DE TREINTA DIÁS.

PERÚ

03-08-2016 NOTIFICACIÓN, EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 4, PÁRRAFO 3, DE LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA, POR DECRETO DE 05-05-2016, DURANTE 45 DÍAS EN LAS PROVINCIAS DE SANTA Y CASMA, DEPARTAMENTO DE ÁNCASH.

PERÚ

03-08-2016 NOTIFICACIÓN, EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 4, PÁRRAFO 3, DE LA DECLARACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA, CON UNA DURACIÓN DE 30 DÍAS A PARTIR DEL 31-07-2016, EN LA PROVINCIA DE CALLAO.

PERÚ

03-08-2016 NOTIFICACIÓN, EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 4, PÁRRAFO 3, DE LA PRÓRROGA DURANTE 60 DÍAS A CONTAR DESDE EL 13-07-2016, DE LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA EN EL DISTRITO DE HUAMA, AYAHUANCO, SANTILLANA, CHACA, SIVIA, LLOCHEGUA, CANAYRE, UCHURACCAY Y PUCACOLPA EN LA PROVINCIA DE HUANTA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, ANCO, AYNA, CHUNGUI, SANTA ROSA, TAMBO, SAMUGARI, ANCHIHUAY EN LA PROVINCIA DE LA MAR, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO; EN EL DISTRITO DE PAMPAS, HUACHOCOLPA, QUISHUAR, SALCAHUASI, SURCUBAMBA, TINTAY PUNCU, ROBLE Y ANDAYMARCA EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA; EN EL DISTRITO DE KIMBIRI, PICHARI, VILCABAMBA, INKAWASI, VILLA KINTIARINA, VILLA VIRGEN EN LA PROVINCIA DE LA CONVENCCIÓN, DEPARTAMENTO DE CUSCO; EN EL DISTRITO DE LLAYLLA, MAZAMARI, PAMPA HERMOSA, PANGOA, VIZCATÁN DEL ENE Y RÍO TAMBO EN LA PROVINCIA DE SATIPO, DEL DISTRITO DE ANDAMARCA Y COMAS EN LA PROVINCIA DE CONCEPCIÓN, Y EL DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA Y PARIAHUANCA EN LA PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN.

PERÚ

11-08-2016 NOTIFICACIÓN, EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 4, PÁRRAFO 3, DE LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA, POR DECRETO DE 23-06-2016, DURANTE 45 DÍAS EN LAS PRVINCIAS DE SANTA Y CASMA, DEPARTAMENTO DE ÁNCASH.

- 19791218200

CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER

Nueva York, 18 de diciembre de 1979. BOE: 21-03-1984, Nº 69.

BAHREIN

01-06-2016 MODIFICACIÓN DE LAS RESERVAS FORMULADAS EN LA ADHESIÓN:

“Una vez estudiado el Decreto-Ley núm. 5 de 2002, promulgado por Su Majestad el Rey de Baréin el 18 de Du-l-Hiyya de 1422 H, correspondiente al 2 de marzo de 2002, relativo a la Adhesión a la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, así como el artículo 2 de dicho Decreto-Ley, en el que se establecen las reservas a las siguientes disposiciones de tal Convención formuladas por el Reino de Baréin:

- artículo 2, para garantizar su aplicación de conformidad con las disposiciones de la sharía islámica;

- párrafo 2 del artículo 9;

- párrafo 4 del artículo 15;

- artículo 16, en la medida en que resulte incompatible con la sharía islámica; y

- párrafo 2 del artículo 29.

Y con arreglo al Decreto-Ley núm. 70 de 2014, promulgado por Su Majestad el Rey de Baréin el 4 de Sáfar de 1436 H, correspondiente al 26 de noviembre de 2014, por el que se modifican determinadas disposiciones del Decreto-Ley núm. 5 de 2002, relativo a la Adhesión a la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, aprobado tanto por el Consejo de Representantes el 27 de Yumada al-Ájira de 1437, correspondiente al 5 de abril de 2016, como por el Consejo de la Shura el 17 de Ráyab de 1437 H, correspondiente al 24 de abril de 2016;

El Gobierno del Reino de Baréin declara por la presente:

- Que mantiene sus reservas al párrafo 2 del artículo 9 y al párrafo 2 del artículo 29 del Convenio sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Estas reservas se refunden en el artículo 1 del Decreto-Ley núm. 70 de 2014, que dispone que «el artículo 2 del Decreto-Ley núm. 5 de 2002, relativo a la Adhesión a la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, queda sustituido por el siguiente texto:

Artículo 2

El Reino de Baréin formula una reserva al párrafo 2 del artículo 9 y el párrafo 1 del artículo 29 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer».

- Que mantiene sus reservas a los artículos 2 y 16 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer con un nuevo tenor, en el que se prevé que estos se aplicarán «sin incumplir las normas de la sharía islámica».

- Que mantiene su reserva al párrafo 4 del artículo 15 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer con un nuevo tenor, que restringe su alcance, y en el que se prevé que dichas disposiciones se aplicarán «sin incumplir las normas de la sharía islámica».

- Que, en el artículo 2 del Decreto-Ley núm. 70 de 2014, se han refundido las reservas a los artículos 2 y 16 y al párrafo 4 del artículo 15 en una sola con un nuevo tenor, en el que se prevé que dichos artículos se aplicarán «sin incumplir las normas de la sharía islámica». No obstante, el artículo 2 del Decreto-Ley núm. 70 de 2014 dispone que «se añade un nuevo artículo al Decreto-Ley núm. 5 del 2002, relativo a la Adhesión a la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, con el número 2 bis y la siguiente redacción:

Artículo 2 bis

El Reino de Baréin se compromete a aplicar las disposiciones de los artículos 2 y 16 y el párrafo 4 del artículo 15 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer sin incumplir las normas de la sharía islámica».

El Gobierno de Baréin ha hecho constar que las modificaciones no conllevan una ampliación del ámbito de aplicación de las reservas previas, sino que se trata de cambios de redacción que no restringen los compromisos contraídos por este Estado al adherirse a la Convención.”

- 19810128200

CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS CON RESPECTO AL TRATAMIENTO AUTOMATIZADO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Estrasburgo, 28 de enero de 1981. BOE: 15-11-1985, Nº 274.

MAURICIO

17-06-2016 ADHESIÓN

01-10-2016 ENTRADA EN VIGOR, con las siguientes declaraciones:

“De conformidad con el apartado 2 del artículo 13 del Convenio, la autoridad designada para conceder asistencia a otras Partes en nombre de la República de Mauricio, en particular, tal y como establece el apartado 3 del artículo 13, facilitando informaciones acerca de su derecho y su práctica administrativa en materia de protección de datos y adoptando toda clase de medidas apropiadas, con arreglo a su derecho interno y solamente a los efectos de la protección de la vida privada, para facilitar informaciones fácticas relativas a un tratamiento automatizado determinado efectuado en su territorio, con excepción, sin embargo, de los datos de carácter personal que sean objeto de dicho tratamiento, es:

Data Protection Office

5º piso, Happy World House

Sir William Newton Street

Port Louis, Mauricio

De conformidad con el apartado 2 del artículo 14 del Convenio, la autoridad designada como intermediaria para responder a la petición de asistencia remitida por cualquier persona que tenga su residencia en el territorio de otra Parte y para ejercer los derechos conferidos por el derecho interno de Mauricio que hacen efectivos los principios enunciados en el artículo 8 del presente Convenio, es, asimismo, la Data Protection Office.

De conformidad con el artículo 18 del Convenio, el comisario para la protección de datos de la Data Protection Office será el representante en el Comité Consultivo. Un alto funcionario del Ministerio de Tecnología, Comunicación e Innovación actuará como suplente en dicho Comité. Ambos participarán en las funciones que se mencionan en el artículo 19.

De conformidad con el artículo 1 del Protocolo Adicional al Convenio, la Data Protection Office es la autoridad de control responsable de garantizar el cumplimiento de las medidas previstas en el derecho interno de Mauricio que hacen efectivos los principios enunciados en los Capítulos II y III del Convenio y en el Protocolo Adicional. Sus funciones, que ejercerá con total independencia, son, entre otras, investigar e intervenir, implicarse en las actuaciones judiciales o llamar la atención de las autoridades judiciales competentes respecto de las violaciones de las disposiciones del derecho interno de Mauricio que dan efecto a los principios mencionados en el apartado 1 del artículo 1 del Protocolo. Atenderá las reclamaciones formuladas por cualquier persona en relación con la protección de sus derechos y libertades fundamentales respecto del tratamiento de datos de carácter personal dentro de su competencia.”

CHIPRE:

29-07-2016 OBJECIÓN A UNA DECLARACIÓN DE TURQUÍA:

“La República de Chipre ha examinado la declaración hecha por la República de Turquía con ocasión de la ratificación del Convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal (STE Nº 108), registrada en la Secretaría General del Consejo de Europa el 2 de mayo de 2016.

La República de Turquía declara que su ratificación del Convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal no implica en modo alguno el reconocimiento de la República de Chipre como Parte en ese Convenio, ni ninguna obligación por parte de la República de Turquía de mantener relaciones con la República de Chipre en el marco de dicho Convenio.

La República de Chipre considera que el contenido y el presunto efecto de esa declaración equivalen esencialmente a una reserva contraria al objeto y los fines del Convenio que, hay que destacar, prevé expresamente que no se puede hacer reserva alguna por lo que respecta a sus disposiciones. Mediante esa declaración, la República de Turquía pretende eludir sus obligaciones en virtud del Convenio ante otro Estado Parte igual y soberano, a saber la República de Chipre. Esta declaración es incompatible con el principio de que la reciprocidad interestatal no tiene cabida en el marco de los tratados relativos a los derechos humanos. Además, impide la realización de la cooperación entre Estados Partes prevista por el Convenio.

En consecuencia, la República de Chipre rechaza firmemente la mencionada declaración hecha por la República de Turquía, y considera esa declaración nula y sin efecto. Las mencionadas objeciones formuladas por la República de Chipre no impiden la entrada en vigor del Convenio, en su totalidad, entre la República de Chipre y la República de Turquía.”

SENEGAL

25-08-2016 ADHESIÓN

01-12-2016 ENTRADA EN VIGOR

- 19841210200

CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES.

Nueva York, 10 de diciembre de 1984. BOE: 09-11-1987, Nº 268.

SRI LANKA

16-08-2016 DECLARACIÓN EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 22:

“El Gobierno de la República Socialista Democrática de Sri Lanka declara, de conformidad con el artículo 22 de la Convención contra la tortura, que reconoce la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones enviadas por personas sometidas a su jurisdicción o en su nombre, que aleguen ser víctimas de una violación por Sri Lanka de las disposiciones de la Convención.”

REPÚBLICA CENTROAFRICANA

11-10-2016 ADHESIÓN

10-11-2016 ENTRADA EN VIGOR

- 19891120200

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO

Nueva York, 20 de noviembre de 1989. BOE: 31-12-1990, Nº 313.

REPÚBLICA CHECA

17-05-2016 OBJECIÓN A LAS RESERVAS FORMULADAS POR SOMALIA AL RATIFICAR LA CONVENCIÓN:

«El Gobierno de la República Checa ha estudiado la reserva formulada por el Gobierno de la República Federal de Somalia el 1 de octubre de 2015 al ratificar la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Según dicha reserva, este Estado no se considera obligado por los artículos 14, 20 y 21 de la Convención ni por ninguna otra disposición contenida en esta que contravenga los principios generales de la sharía islámica.

El Gobierno de la República Checa estima que la reserva a los artículos 14, 20 y 21 es incompatible con el objeto y el propósito de la Convención, puesto que, a su juicio, son un elemento esencial de esta y su no aplicación generalizada menoscaba la razón de ser de la misma.

Asimismo, el Gobierno de la República Checa opina que la reserva a cualquier otra disposición de la Convención contraria a los principios generales de la sharía islámica tiene un ámbito de aplicación general e indeterminado, puesto que no se especifica adecuadamente en qué medida la República Federal de Somalia se considera obligada por la Convención. Por tanto, esta reserva general sobre la base de normas religiosas también suscita la preocupación de hasta qué punto este Estado se compromete con el objeto y el propósito de la Convención.

El Gobierno de la República Checa desea recordar que, con arreglo tanto al párrafo 2 del artículo 51 de la Convención, como al derecho internacional consuetudinario al que se refiere el Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados, las reservas incompatibles con el objeto y el propósito de un tratado no están permitidas y serán nulas, por lo que carecerán de efectos jurídicos.

En consecuencia, el Gobierno de la República Checa opone una objeción a la reserva mencionada de la República Federal de Somalia. Dicha objeción no impide la entrada en vigor de la Convención entre ambos Estados, que surtirá efecto para la totalidad del instrumento, sin que la República Federal de Somalia pueda acogerse a su reserva».

IRLANDA

25-05-2016 OBJECIÓN A LAS RESERVAS FORMULADAS POR SOMALIA AL RATIFICAR LA CONVENCIÓN:

«El Gobierno de Irlanda celebra la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño por parte de la República Federal de Somalia.

El Gobierno de Irlanda ha estudiado la reserva formulada por la República Federal de Somalia, según la cual, este último país no se considera obligado por los artículos 14, 20 y 21 de la Convención ni por ninguna otra de las disposiciones contenidas en esta que contravengan los principios generales de la sharía islámica.

El Gobierno de Irlanda considera que la reserva, en lo que respecta a los artículos 14, 20 y 21, es incompatible con el objeto y el propósito de la Convención. Asimismo, la reserva pretende limitar las responsabilidades de la República Federal de Somalia en virtud de la Convención mediante una remisión general a normas religiosas, por lo que suscita dudas sobre el compromiso de dicho Estado con el objeto y el propósito del instrumento. El Gobierno de Irlanda recuerda que, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 51 de la Convención, no pueden formularse reservas incompatibles con el objeto y el propósito de esta y que las reservas de carácter general, como las formuladas por la República Federal de Somalia, en las que no se especifica claramente a qué disposiciones son de aplicación ni el alcance de la consiguiente excepción, contribuyen a socavar la base del Derecho internacional.

En consecuencia, el Gobierno de Irlanda opone una objeción a la reserva mencionada de la República Federal de Somalia a la Convención sobre los Derechos del Niño.

La presente objeción no impide la entrada en vigor de la Convención entre Irlanda y la República Federal de Somalia».

SUIZA

06-07-2016 OBJECIÓN A LAS RESERVAS FORMULADAS POR SOMALIA AL RATIFICAR LA CONVENCIÓN:

“El Consejo Federal de Suiza ha estudiado la reserva formulada por el Gobierno de la República Federal de Somalia al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño.

La reserva por la que todas las disposiciones de la Convención están sujetas a los principios generales de la sharía islámica no permite determinar la medida en que la República Federal de Somalia acepta sus obligaciones en virtud de la Convención. Por tanto, el Consejo Federal considera que dicha reserva es incompatible con el objeto y el propósito de este instrumento.

Asimismo, estima que la reserva a los artículos 14 y 20, por la que la República Federal de Somalia pretende eludir, de manera general, obligaciones fundamentales dimanantes de la Convención, es incompatible con el objeto y el propósito de esta.

El Consejo Federal recuerda que, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 51 de la Convención y con el apartado c) del artículo 19 del Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados, no se podrán formular reservas incompatibles con el objeto y el propósito de la Convención.

En consecuencia, el Consejo Federal de Suiza opone una objeción a la reserva formulada por la República Federal de Somalia. Dicha objeción no impide la entrada en vigor del texto íntegro de la Convención entre este Estado y Suiza.”

HUNGRÍA

26-08-2016 OBJECIÓN A LAS RESERVAS FORMULADAS POR SOMALIA AL RATIFICAR LA CONVENCIÓN:

“El Gobierno húngaro ha examinado la reserva formulada por la República Federal de Somalia en el momento de la ratificación de la Convención sobre los derechos del niño.

Con esa reserva, la República Federal de Somalia declara que no se considera vinculada por las disposiciones de la Convención que no son compatibles con los principios generales de la sharía, ni por los artículos 14, 20 y 21 de la Convención.

El Gobierno húngaro considera que al conceder una importancia mayor a los principios generales de la sharía que a la aplicación de las disposiciones del Convenio, la República Federal de Somalia ha formulado una reserva que plantea dudas sobre la medida en que se siente vinculada por las obligaciones derivadas de la Convención y que es incompatible con el objetivo y los fines de la Convención. Los artículos 14, 20 y

21 tratan de derechos fundamentales y constituyen una parte esencial de la Convención. En consecuencia, toda reserva a esos artículos es incompatible con el objetivo y los fines de la Convención.

El Gobierno húngaro recuerda que en virtud del párrafo 2 del artículo 51 de la Convención y del derecho internacional consuetudinario, codificado en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, no se permite ninguna reserva incompatible con el objetivo y los fines de un tratado.

En consecuencia, el Gobierno húngaro formula una objeción a la mencionada reserva, formulada por la República Federal de Somalia a la Convención sobre los derechos del niño. No obstante, esta objeción no impide la entrada en vigor de la Convención entre Hungría y la República Federal de Somalia.”

- 19891215200

SEGUNDO PROTOCOLO FACULTATIVO DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, RELATIVO A LA ABOLICIÓN DE LA PENA DE MUERTE

Nueva York, 15 de diciembre de 1989. BOE: 10-07-1991, Nº 164.

TOGO

14-09-2016 ADHESIÓN

14-12-2016 ENTRADA EN VIGOR

REPÚBLICA DOMINICANA

21-09-2016 ADHESIÓN

21-12-2016 ENTRADA EN VIGOR

- 19991006200

PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER

Nueva York, 06 de octubre de 1999. BOE: 09-08-2001, Nº 190.

REPÚBLICA CENTROAFRICANA

11-10-2016 ADHESIÓN

11-01-2017 ENTRADA EN VIGOR

- 20000525200

PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, RELATIVO A LA VENTA DE NIÑOS, LA PROSTITUCIÓN INFANTIL Y LA UTILIZACIÓN DE NIÑOS EN LA PORNOGRAFÍA

Nueva York, 25 de Mayo de 2000. BOE: 31-01-2002, Nº 27.

DINAMARCA

10-10-2016 RETIRADA DE LA DECLARACIÓN RELATIVA A LA EXCLUSIÓN TERRITORIAL DE LAS ISLAS FEROE Y GROENLANDIA

- 20011108200

PROTOCOLO ADICIONAL AL CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS CON RESPECTO AL TRATAMIENTO AUTOMATIZADO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL, A LAS AUTORIDADES DE CONTROL Y A LOS FLUJOS TRANSFRONTERIZOS DE DATOS

Estrasburgo, 08 de noviembre de 2001. BOE: 20-09-2010, Nº 228.

MAURICIO

17-06-2016 ADHESIÓN

01-10-2016 ENTRADA EN VIGOR, con las siguientes declaraciones:

“De conformidad con el apartado 2 del artículo 13 del Convenio, la autoridad designada para conceder asistencia a otras Partes en nombre de la República de Mauricio, en particular, tal y como establece el apartado 3 del artículo 13, facilitando informaciones acerca de su derecho y su práctica administrativa en materia de protección de datos y adoptando toda clase de medidas apropiadas, con arreglo a su derecho interno y solamente a los efectos de la protección de la vida privada, para facilitar informaciones fácticas relativas a un tratamiento automatizado determinado efectuado en su territorio, con excepción, sin embargo, de los datos de carácter personal que sean objeto de dicho tratamiento, es:

Data Protection Office

5º piso, Happy World House

Sir William Newton Street

Port Louis, Mauricio

De conformidad con el apartado 2 del artículo 14 del Convenio, la autoridad designada como intermediaria para responder a la petición de asistencia remitida por cualquier persona que tenga su residencia en el territorio de otra Parte y para ejercer los derechos conferidos por el derecho interno de Mauricio que hacen efectivos los principios enunciados en el artículo 8 del presente Convenio, es, asimismo, la Data Protection Office.

De conformidad con el artículo 18 del Convenio, el comisario para la protección de datos de la Data Protection Office será el representante en el Comité Consultivo. Un alto funcionario del Ministerio de Tecnología, Comunicación e Innovación actuará como suplente en dicho Comité. Ambos participarán en las funciones que se mencionan en el artículo 19.

De conformidad con el artículo 1 del Protocolo Adicional al Convenio, la Data Protection Office es la autoridad de control responsable de garantizar el cumplimiento de las medidas previstas en el derecho interno de Mauricio que hacen efectivos los principios enunciados en los Capítulos II y III del Convenio y en el Protocolo Adicional. Sus funciones, que ejercerá con total independencia, son, entre otras, investigar e intervenir, implicarse en las actuaciones judiciales o llamar la atención de las autoridades judiciales competentes respecto de las violaciones de las disposiciones del derecho interno de Mauricio que dan efecto a los principios mencionados en el apartado 1 del artículo 1 del Protocolo. Atenderá las reclamaciones formuladas por cualquier persona en relación con la protección de sus derechos y libertades fundamentales respecto del tratamiento de datos de carácter personal dentro de su competencia.”

TURQUÍA

11-07-2016 RATIFICACIÓN

01-11-2016 ENTRADA EN VIGOR, con las siguientes reservas y declaraciones:

“De conformidad con el artículo 1 del Protocolo Adicional, la República de Turquía designa al Consejo para la Protección de Datos Personales como autoridad competente para vigilar y garantizar el cumplimiento de las medidas previstas en su derecho interno que hacen efectivos los principios enunciados en los Capítulos II y III del Convenio y en el Protocolo Adicional.

Turquía declara que el hecho de firmar/ratificar el Protocolo Adicional al Convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, a las autoridades de control y a los flujos transfronterizos de datos (ETS nº 181) no implica reconocer en modo alguno la pretensión de la Administración greco-chipriota de representar a la extinta “República de Chipre” como Parte en el Protocolo, ni conlleva obligación alguna por parte de Turquía de relacionarse con la supuesta República de Chipre en el marco de dicho Protocolo.

La “República de Chipre” se fundó como Estado de asociación en 1960 por chipriotas griegos y turcos, con arreglo a los tratados internacionales. La parte greco-chipriota destruyó esa asociación cuando tomó ilegalmente el Estado en 1963, expulsando de todos sus órganos por la fuerza a todos los miembros turco-chipriotas. Finalmente, los turco-chipriotas excluidos del Estado de asociación en 1963 se organizaron dentro de sus fronteras territoriales y ejercen el gobierno, la jurisdicción y la soberanía. No existe una institución única que sea competente, de hecho o de derecho, para representar conjuntamente a turco-chipriotas y greco-chipriotas, ni, en consecuencia, a Chipre en su totalidad. Por tanto, los greco-chipriotas no pueden reclamar autoridad, competencia o soberanía sobre los turco-chipriotas que gozan del mismo estatus ni sobre la isla de Chipre en su totalidad.”

SENEGAL

25-08-2016 ADHESIÓN

01-12-2016 ENTRADA EN VIGOR

- 20021218200

PROTOCOLO FACULTATIVO A LA CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES

Nueva York, 18 de diciembre de 2002. BOE: 22-06-2006, Nº 148.

GHANA

23-09-2016 RATIFICACIÓN

23-10-2016 ENTRADA EN VIGOR

REPÚBLICA CENTROAFRICANA

11-10-2016 ADHESIÓN

10-11-2016 ENTRADA EN VIGOR

- 20050516200

CONVENIO DEL CONSEJO DE EUROPA SOBRE LA LUCHA CONTRA LA TRATA DE SERES HUMANOS

Varsovia, 16 de mayo de 2005. BOE 10-09-2009, Nº 219.

CHIPRE:

29-07-2016 OBJECIÓN A UNA DECLARACIÓN DE TURQUÍA:

“La República de Chipre ha examinado la declaración hecha por la República de Turquía con ocasión de la ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos (STE Nº 197), registrada en la Secretaría General del Consejo de Europa el 2 de mayo de 2016.

La República de Turquía declara que su ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos no implica en modo alguno el reconocimiento de la República de Chipre como Parte en ese Convenio, ni ninguna obligación por parte de la República de Turquía de mantener relaciones con la República de Chipre en el marco de dicho Convenio.

La República de Chipre considera que el contenido y el presunto efecto de esa declaración equivalen esencialmente a una reserva contraria al objeto y los fines del Convenio que, hay que destacar, prevé expresamente que no se puede hacer reserva alguna por lo que respecta a sus disposiciones. Mediante esa declaración, la República de Turquía pretende eludir sus obligaciones en virtud del Convenio ante otro Estado Parte igual y soberano, a saber la República de Chipre. Esta declaración es incompatible con el principio de que la reciprocidad interestatal no tiene cabida en el marco de los tratados relativos a los derechos humanos. Además, impide la realización de la cooperación entre Estados Partes prevista por el Convenio.

En consecuencia, la República de Chipre rechaza firmemente la mencionada declaración hecha por la República de Turquía, y considera esa declaración nula y sin efecto. Las mencionadas objeciones formuladas por la República de Chipre no impiden la entrada en vigor del Convenio, en su totalidad, entre la República de Chipre y la República de Turquía.”

- 20061213200

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Nueva York, 13 de diciembre de 2006 . BOE: 21-04-2008, Nº 96.

PAÍSES BAJOS

14-06-2016 RATIFICACIÓN

14-07-2016 ENTRADA EN VIGOR, con las siguientes declaraciones:

«Artículo 10

El Reino de los Países Bajos reconoce que la vida de los seres humanos nonatos merece protección y, de acuerdo con la jurisprudencia pertinente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la cuestión, interpreta el ámbito de aplicación del artículo 10 en el sentido de que dicha protección y, por consiguiente, el término “ser humano” dependen de la legislación nacional.

Artículo 12

El Reino de los Países Bajos reconoce que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida. Asimismo, declara que entiende que la Convención permite los sistemas de apoyo y sustitución en la toma de decisiones cuando se den las circunstancias adecuadas y con arreglo a la ley. El Reino de los Países Bajos interpreta que el artículo 12 limita los sistemas de sustitución en la toma de decisiones a casos en que sean necesarias estas medidas, siempre como último recurso y con sujeción a salvaguardias.

Artículo 14

El Reino de los Países Bajos reconoce a todas las personas con discapacidad el derecho a la libertad y la seguridad, y al respeto de su integridad física y mental en igualdad de condiciones con las demás. Asimismo, declara que entiende que el Convenio permite la atención sanitaria y los tratamientos forzosos, incluidas las medidas para tratar enfermedades mentales, cuando las circunstancias lo exijan como último recurso y con sujeción a salvaguardias jurídicas.

Artículo 15

El Reino de los Países Bajos declara que, a efectos del artículo 15, interpretará el término “consentimiento” de conformidad con los instrumentos internacionales y la legislación nacional acorde a estos últimos. Por tanto, en lo que respecta a la investigación biomédica, dicho término se utilizará referido a dos situaciones diferentes:

1) al consentimiento otorgado por una persona que puede darlo; y

2) en el caso de personas que no puedan otorgar su consentimiento, a la autorización de su representante o el organismo o la entidad previstos por la ley.

El Reino de los Países Bajos atribuye importancia a la protección específica de las personas que no pueden otorgar un consentimiento libre e informado a la vista de la relevancia del desarrollo de la medicina en favor de las personas con discapacidad. Además de la autorización mencionada en el apartado 2 anterior, se considerará que esta protección incluye otras medidas al efecto previstas en instrumentos internacionales.

Artículo 23

En relación con la letra b) del párrafo 1 del artículo 23, el Reino de los Países Bajos declara que se velará al máximo por el interés superior del menor.

Artículo 25

El Reino de los Países Bajos interpreta que la letra a) del artículo 25 atañe al acceso a la atención sanitaria y la asequibilidad de esta, y confirma que prohíbe la discriminación en estos ámbitos. Asimismo, considera importante que los profesionales de la salud puedan determinar la clase de atención que se presta en función de criterios médicos y la eficacia o ineficacia esperada.

La autonomía individual de la persona es uno de los principios fundamentales establecidos en la letra a) del artículo 3 de la Convención. El Reino de los Países Bajos entiende la letra f) del artículo 25 sobre la base de esta autonomía. Se interpreta que esta disposición significa que una buena atención sanitaria conlleva el respeto a los deseos de la persona con respecto al tratamiento médico y los alimentos sólidos o líquidos, y también que la decisión de negarle cualquiera de ellos puede responder a criterios médicos.

Artículo 29

El Reino de los Países Bajos se compromete sin reservas a velar por que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho a emitir su voto en secreto y contar con la posibilidad de hacerlo de forma plena y efectiva. Reconoce la importancia de que puedan contar con asistencia para votar, cuando sea necesario y a petición de ellas. Para velar por que estas personas puedan emitir su voto en secreto sin intimidación, con arreglo al inciso ii) de la letra a) del artículo 29, y garantizar la observancia del principio de un voto por persona, el Reino de los Países Bajos declara que interpretará que el término “asistencia” del inciso iii) de la letra a) del artículo 29 únicamente se refiere únicamente a la que se presta fuera de la cabina de votación, salvo en el caso de aquella que se requiera debido a una discapacidad física, que también podrá prestarse dentro de la cabina.

La Convención entrará en vigor para los Países Bajos el 14 de julio de 2016 a tenor del párrafo 2 de su artículo 45, que dispone lo siguiente:

“Para cada Estado y organización regional de integración que ratifique la Convención, se adhiera a ella o la confirme oficialmente una vez que haya sido depositado el vigésimo instrumento a sus efectos, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado su propio instrumento” ».

PAÍSES BAJOS

14-06-2016 OBJECIÓN A LAS RESERVAS FORMULADAS POR MALASIA AL RATIFICAR LA CONVENCIÓN:

«El Gobierno del Reino de los Países Bajos ha estudiado en detalle la reserva y la declaración formuladas por el Gobierno de Malasia al ratificar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El Gobierno del Reino de los Países Bajos considera que las disposiciones de los artículos 15 y 18 son cruciales para la Convención y la exclusión de su aplicación es incompatible con el objeto y el propósito de la misma.

El Gobierno del Reino de los Países Bajos estima que la declaración formulada por Malasia constituye, en esencia, una reserva que restringe el ámbito de aplicación de la Convención.

El Gobierno del Reino de los Países Bajos observa que esta reserva, según la cual “la aplicación e interpretación de la Constitución Federal de Malasia en relación con los principios de no discriminación y de igualdad de oportunidades no podrán ser contrarias a los apartados b) y e) del artículo 3 ni al apartado 2 del artículo 5 de la Convención”, supone que la aplicación de estas disposiciones de la Convención queda sujeta a la legislación nacional vigente de Malasia.

El Gobierno del Reino de los Países Bajos estima que tal reserva debe considerarse incompatible con el objeto y el propósito de la Convención y desea recordar que, con arreglo al artículo 46 de dicho instrumento, no se permitirán reservas incompatibles con el objeto y el propósito del mismo.

Por tanto, el Gobierno del Reino de los Países Bajos opone una objeción a las reservas a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad formuladas por Malasia.

Esta objeción no impedirá la entrada en vigor de la Convención entre el Reino de los Países Bajos y Malasia.

El Gobierno del Reino de los Países Bajos recuerda que, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 46 de la Convención, no se permitirán las reservas incompatibles con el objeto y el propósito de la misma. En consecuencia, opone una objeción a estas reservas».

PAÍSES BAJOS

14-06-2016 OBJECIÓN A LAS RESERVAS FORMULADAS POR LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN EN SU ADHESIÓN:

«El Gobierno del Reino de los Países Bajos ha estudiado en detalle la reserva y la declaración formuladas por el Gobierno de la República Islámica de Irán en el momento de su adhesión a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El Gobierno del Reino de los Países Bajos considera que la declaración formulada por la República Islámica de Irán constituye, en esencia, una reserva que restringe el ámbito de aplicación de la Convención.

El Gobierno del Reino de los Países Bajos observa que esta reserva, según la cual, “en lo que se refiere al artículo 46, la República Islámica de Irán declara que no se considera vinculada por las disposiciones de la Convención que puedan ser incompatibles con sus normas aplicables”, supone que la aplicación de la misma queda sujeta a una reserva general que remite a la legislación nacional vigente en este Estado.

El Gobierno del Reino de los Países Bajos estima que tal reserva debe considerarse incompatible con el objeto y el propósito de la Convención y desea recordar que, con arreglo al artículo 46 de dicho instrumento, no se permitirán reservas incompatibles con el objeto y el propósito del mismo.

Por tanto, el Gobierno del Reino de los Países Bajos opone una objeción a la reserva formulada por la República Islámica de Irán a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Esta objeción no impedirá la entrada en vigor de la Convención entre el Reino de los Países Bajos y la República Islámica de Irán.

El Gobierno del Reino de los Países Bajos recuerda que, de conformidad con el párrafo 2[sic] del artículo 46 de la Convención, no se permitirán las reservas incompatibles con el objeto y el propósito de la misma. En consecuencia, opone una objeción a estas reservas».

ISLANDIA

23-09-2016 RATIFICACIÓN

23-10-2016 ENTRADA EN VIGOR

REPÚBLICA CENTROAFRICANA

11-10-2016 ADHESIÓN

10-11-2016 ENTRADA EN VIGOR

- 20061213201

PROTOCOLO FACULTATIVO A LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Nueva York, 13 de diciembre de 2006. BOE: 22-04-2008, Nº 97.

TAILANDIA

02-09-2016 ADHESIÓN

02-10-2016 ENTRADA EN VIGOR

REPÚBLICA CENTROAFRICANA

11-10-2016 ADHESIÓN

10-11-2016 ENTRADA EN VIGOR

- 20061220200

CONVENCIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE TODAS LAS PERSONAS CONTRA LAS DESAPARICIONES FORZADAS

Nueva York, 20 de diciembre de 2006. BOE: 18-02-2011, Nº 42.

PERÚ

22-07-2016 DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 31:

“Con arreglo al artículo 31 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la República del Perú declara que reconoce la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas que se encuentren bajo su jurisdicción o en nombre de ellas, que alegaren ser víctima de violaciones por parte de este Estado de las disposiciones de dicha Convención.”

REPÚBLICA CENTROAFRICANA

11-10-2016 ADHESIÓN

10-11-2016 ENTRADA EN VIGOR

- 20081210200

PROTOCOLO FACULTATIVO DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

Nueva York, 10 de diciembre de 2008. BOE: 25-02-2013, Nº 48.

REPÚBLICA CENTROAFRICANA

11-10-2016 ADHESIÓN

10-01-2017 ENTRADA EN VIGOR

- 20111219200

PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO RELATIVO A UN PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONES

Nueva York, 19 de diciembre de 2011. BOE: 31-01-2014, Nº 27.

UCRANIA

02-09-2016 RATIFICACIÓN

02-12-2016 ENTRADA EN VIGOR, con la siguiente declaración:

“Ucrania comunica que mientras dure la ocupación temporal de una parte del territorio de Ucrania – a saber la República Autónoma de Crimea y la ciudad de Sebastopol – tras la agresión armada de la Federación de Rusia, y hasta el total restablecimiento del orden constitucional y del control efectivo por Ucrania en ese territorio ocupado, así como en ciertos distritos de sus provincias de Donesk y Luhansk, la aplicación y puesta en práctica por Ucrania de las obligaciones que le impone el Protocolo facultativo a la Convención sobre los derechos del niño relativo a un procedimiento de comunicaciones, por lo que respecta a los territorios anteriormente mencionados, ocupados o fuera de su control, es limitada y no se puede garantizar.”

GEORGIA

19-09-2016 ADHESIÓN

19-12-2016 ENTRADA EN VIGOR

AC – Diplomáticos y Consulares

- 19590306200

TERCER PROTOCOLO ADICIONAL AL ACUERDO GENERAL SOBRE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DEL CONSEJO DE EUROPA

Estrasburgo, 06 de marzo de 1959. BOE: 09-01-1997, Nº 8 Y 14-02-1997, Nº 39.

FINLANDIA

04-08-2016 ADHESIÓN

04-08-2016 ENTRADA EN VIGOR, con la siguiente reserva:

“La República de Finlandia formula una reserva por la que no se obliga mediante el segundo párrafo del artículo 3 del Protocolo. La legislación de este Estado permite la ejecución de las sentencias extranjeras dictadas en un procedimiento arbitral. Las sentencias arbitrales se ejecutan de conformidad con los artículos 54 y 55 de la Ley núm. 967/1992 de Arbitraje de la República de Finlandia, que se basan en el Convenio de Nueva York sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras. Por analogía, esta norma se aplica a las sentencias arbitrales especificadas en el segundo párrafo del artículo 3 del Protocolo. Deberá presentarse una solicitud de ejecución ante el órgano jurisdiccional competente del distrito.”

- 19980327200

PROTOCOLO SOBRE LOS PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE LA AUTORIDAD INTERNACIONAL DE LOS FONDOS MARINOS

Kingston, 27 de marzo de 1998. BOE 10-06-2003, Nº 138.

GHANA

23-09-2016 RATIFICACIÓN

22-10-2016 ENTRADA EN VIGOR

B – MILITARES

BC – Armas y Desarme

- 20031128200

PROTOCOLO SOBRE LOS RESTOS EXPLOSIVOS DE GUERRA ADICIONAL A LA CONVENCIÓN SOBRE PROHIBICIONES O RESTRICCIONES DEL EMPLEO DE CIERTAS ARMAS CONVENCIONALES QUE PUEDAN CONSIDERARSE EXCESIVAMENTE NOCIVAS O DE EFECTOS INDISCRIMINADOS (PROTOCOLO V).

Ginebra, 28 de noviembre de 2003. BOE: 07-03-2007, Nº 57.

BURKINA FASO

10-10-2016 CONSENTIMIENTO

10-04-2017 ENTRADA EM VIGOR

- 2 0130402200

TRATADO SOBRE EL COMERCIO DE ARMAS

Nueva York, 02-04-2013. BOE: 09-07-2013, nº 163.

MADAGASCAR

22-09-2016 RATIFICACIÓN

21-12-2016 ENTRADA EN VIGOR

CABO VERDE

23-09-2016 RATIFICACIÓN

22-12-2016 ENTRADA EN VIGOR

C – CULTURALES Y CIENTÍFICOS

CA – Culturales

- 19601214200

CONVENIO RELATIVO A LA LUCHA CONTRA LAS DISCRIMINACIONES EN LA ESFERA DE LA ENSEÑANZA.

París, 14 de diciembre de 1960. BOE: 01-11-1969 Nº 262

KAZAJSTÁN

15-04-2016 RATIFICACIÓN

15-07-2016 ENTRADA EN VIGOR

- 19721116200

CONVENCIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO MUNDIAL CULTURAL

París, 16 de noviembre de 1972. BOE: 01-07-1982, Nº 156

SUDÁN DEL SUR

09-03-2016 RATIFICACIÓN

09-06-2016 ENTRADA EN VIGOR

DECLARACIÓN:

“La República de Sudán del Sur no se considera obligada por las disposiciones del párrafo 1 del artículo 16 en lo relativo a la contribución distinta de la contribución voluntaria complementaria.”

- 19891111201

ACUERDO LATINOAMERICANO DE COPRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA.

Caracas, 11 de noviembre de 1989. BOE: 06-11-1992, Nº 267

PARAGUAY

15-09-2016 ADHESIÓN

07-09-2016 ENTRADA EN VIGOR

- 20031103200

CONVENCIÓN PARA LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL.

París, 3 de noviembre de 2003. BOE: 05-02-2007 Nº 31

SAN CRISTÓBAL Y NIEVES

15-04-2016 RATIFICACIÓN

15-07-2016 ENTRADA EN VIGOR

TAILANDIA

10-06-2016 RATIFICACIÓN

10-09-2016 ENTRADA EN VIGOR

- 20051020200

CONVENCIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD DE LAS EXPRESIONES CULTURALES.

París, 20 de octubre de 2005. BOE: 12-02-2007, Nº 37.

SAN CRISTÓBAL Y NIEVES

26-04-2016 RATIFICACIÓN

26-07-2016 ENTRADA EN VIGOR

D – SOCIALES

DA – Salud

- 20030521200

CONVENIO MARCO DE LA OMS PARA EL CONTROL DEL TABACO

Ginebra, 21 de mayo de 2003. BOE: 10-02-2005, Nº 35.

REPÚBLICA CHECA

08-07-2016 COMUNICACIÓN:

«Con respecto a la comunicación de Australia en relación con la declaración interpretativa de la República Checa sobre el párrafo 3 del artículo 5 del Convenio Marco para el Control del Tabaco (en lo sucesivo, el “Convenio”):

En primer lugar, la República Checa confirma que ha tomado nota de la comunicación de Australia en relación con la declaración interpretativa de la República Checa sobre el párrafo 3 del artículo 5 (“Obligaciones generales”) del Convenio.

Como respuesta, la República Checa se remite a su comunicación propia relativa a la comunicación de Uruguay sobre el mismo asunto, en la que se explican detalladamente las razones de la declaración interpretativa de la República Checa respecto del párrafo 3 del artículo 5 del Convenio.

En cuanto al punto núm. 1 de la comunicación de Australia, la República Checa recalca que le consta que el Convenio no reconoce ningún “derecho al trato no discriminatorio al sector del tabaco”. El objeto de la declaración interpretativa formulada por la República Checa es confirmar que, con todo, el Convenio no prohíbe “el trato no discriminatorio al sector del tabaco” y, por tanto, no excluye, en el marco de los compromisos contraídos en el marco del mismo, la posibilidad de cierto nivel de interacción con este sector.

Por último, la legislación nacional vigente y otras iniciativas en materia de prevención del consumo de tabaco pueden tomarse como prueba del ingente esfuerzo que lleva a cabo la República Checa para promover el control del tabaco y la aplicación del Convenio, en particular, del párrafo 3 del artículo 5».

- 20051118200

CONVENCIÓN INTERNACIONAL CONTRA EL DOPAJE EN EL DEPORTE.

París, 18 de noviembre de 2005. BOE: 16-02-2007, Nº: 41; 28-04-2007, Nº 102; 16-07-2007, Nº 169.

SIERRA LEONA

06-06-2016 RATIFICACIÓN

01-08-2016 ENTRADA EN VIGOR

REPÚBLICA CENTROAFRICANA

08-06-2016 RATIFICACIÓN

01-08-2016 ENTRADA EN VIGOR

DD – Medio Ambiente

- 19840928200

PROTOCOLO DEL CONVENIO DE 1979 SOBRE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA TRANSFRONTERIZA A GRAN DISTANCIA, RELATIVO A LA FINANCIACIÓN A LARGO PLAZO DEL PROGRAMA CONCERTADO DE SEGUIMIENTO CONTINUO Y EVALUACIÓN DEL TRANSPORTE A GRAN DISTANCIA DE LOS CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS EN EUROPA (EMEP)

Ginebra, 28 de septiembre de 1984. BOE. 18-02-1988, Nº 42.

REPÚBLICA DE MOLDOVA

26-07-2016 ADHESIÓN

24-10-2016 ENTRADA EN VIGOR

- 19920605200

CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

Río de Janeiro, 05 de junio de 1992. BOE: 01-02-1994, Nº 27.

ARGENTINA

22-07-2016 COMUNICACIÓN RELATIVA A LA APLICACIÓN TERRITORIAL CON RESPECTO A LAS ISLAS MALVINAS POR PARTE DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE:

“Conforme a las instrucciones de mi Gobierno, tengo el honor de dirigirme a usted, en su condición de depositario del Convenio sobre la Diversidad Biológica, en relación con la notificación que le remitió el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte el 29 de junio de 2016 sobre el intento por parte de este Estado de aplicar dicho Convenio a las Islas Malvinas.

Las Islas Malvinas y Georgia del Sur e Islas Sandwich del Sur, así como sus zonas marítimas circundantes, son parte integrante del territorio nacional de la República de Argentina y, como consecuencia de su ocupación ilegítima por parte del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, son objeto de una disputa de soberanía reconocida por las Naciones Unidas y otros foros y organizaciones internacionales.

Con motivo de la ocupación ilegítima del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó las resoluciones 2065 (XX), 3169 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 y 43/25, en las que reconoce la existencia de una controversia acerca de la soberanía sobre las Islas Malvinas e invita a los Gobiernos la República de Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a retomar las negociaciones con el objetivo de encontrar

una solución pacífica, justa y duradera. El Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas ha formulado declaraciones en el mismo sentido en repetidas ocasiones; la más reciente, a través de una resolución adoptada el 23 de junio de 2016.

Por lo tanto, la República de Argentina opone una objeción y manifiesta su rechazo al intento por parte del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de aplicar el Convenio sobre la Diversidad Biológica a las Islas Malvinas.

La República de Argentina recuerda que el Convenio, adoptado en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992, es de aplicación a las Islas Malvinas y Georgia del Sur e Islas Sandwich del Sur como parte integrante del territorio de este Estado, que lo ratificó el 22 de noviembre de 1994.

La República de Argentina reafirma sus derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas y Georgia del Sur e Islas Sandwich del Sur y sus zonas marítimas circundantes.

La República de Argentina le agradecería que, en su condición de depositario del Convenio, registre la presente declaración, se la notifique a las Partes y las Partes Contratantes y la difunda como un documento de las Naciones Unidas entre los Estados Miembros.”

- 20010227200

ENMIENDA AL CONVENIO SOBRE EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN EL MEDIO AMBIENTE EN UN CONTEXTO TRANSFRONTERIZO

Sofía, 27 de febrero de 2001. BOE: 18-09-2014, Nº 227.

ITALIA

18-07-2016 RATIFICACIÓN

16-10-2016 ENTRADA EN VIGOR

- 20010522200

CONVENIO DE ESTOCOLMO SOBRE CONTAMINANTES ORGÁNICOS PERSISTENTES.

Estocolmo, 22 de mayo de 2001. BOE: 23-06-2004, Nº 151 Y 04-10-2007, Nº 238.

BOTSWANA

09-06-2016 RATIFICACIÓN DE UNA ENMIENDA AL ANEXO A, ADOPTADA EL

29-04-2011

07-09-2016 ENTRADA EN VIGOR

BOTSWANA

09-06-2016 RATIFICACIÓN DE UNA ENMIENDA AL ANEXO A, ADOPTADA EL 10-05-2013

07-09-2016 ENTRADA EN VIGOR

BOTSWANA

09-06-2016 RATIFICACIÓN DE ENMIENDAS A LOS ANEXO A, B YC, ADOPTADAS EL 08-05-2009

07-09-2016 ENTRADA EN VIGOR

- 20030521202

PROTOCOLO SOBRE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA AL CONVENIO SOBRE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN EL MEDIO AMBIENTE EN UN CONTEXTO TRANSFRONTERIZO.

Kiev, 21 de mayo de 2003. BOE: 05-07-2010, Nº 162.

ITALIA

18-07-2016 RATIFICACIÓN

16-10-2016 ENTRADA EN VIGOR

- 20101029200

PROTOCOLO DE NAGOYA SOBRE ACCESO A LOS RECURSOS GENÉTICOS Y PARTICIPACIÓN JUSTA Y EQUITATIVA EN LOS BENEFICIOS QUE SE DERIVEN DE SU UTILIZACIÓN AL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

Nagoya, 29 de octubre de 2010. BOE: 20-08-2014, Nº 202 y 09-10-2014, Nº 245.

BÉLGICA

09-08-2016 RATIFICACIÓN

07-11-2016 ENTRADA EN VIGOR

BULGARIA

11-08-2016 RATIFICACIÓN

09-11-2016 ENTRADA EN VIGOR

PAÍSES BAJOS

19-08-2016 ACEPTACIÓN

17-11-2016 ENTRADA EN VIGOR PARA LA PARTE EUROPEA Y LA PARTE CARIBEÑA (ISLAS DE BONAIRE, SAN EUSTAQUIO Y SABA)

REPÚBLICA DE MOLDOVA

23-08-2016 RATIFICACIÓN

21-11-2016 ENTRADA EN VIGOR

MALI

31-08-2016 ADHESIÓN

29-11-2016 ENTRADA EN VIGOR

FRANCIA

31-08-2016 RATIFICACIÓN

29-11-2016 ENTRADA EN VIGOR, con la siguiente declaración:

“1. La República Francesa reitera su declaración formulada en el momento de la ratificación del Convenio sobre la diversidad biológica relativa al artículo 16, sobre la transferencia de tecnología, para la aplicación de los artículos 1 a 23 del Protocolo.

2. La República Francesa hace suyo el contenido de la decisión UNEP/CBC/COP/DEC/XII/12 de 25 de junio de 2014 sobre la utilización de la terminología “pueblos indígenas y comunidades locales” en lugar de la expresión “comunidades indígenas y locales” que figura en varias disposiciones del Protocolo:

- el recurso a la expresión “pueblos indígenas y comunidades locales” en futuras decisiones y en todos los documentos auxiliares del Protocolo carecerá de cualquier efecto sobre el significado jurídico de los artículos del Protocolo en los que se utiliza la expresión “comunidades indígenas y locales”;

- el uso de los términos “pueblos indígenas y comunidades locales” no puede interpretarse con un significado que implique o pudiera implicar para ninguna de las Partes un cambio de derechos u obligaciones en virtud del Protocolo;

- el uso de terminología “pueblos indígenas y comunidades locales” en las decisiones y documentos auxiliares futuros no habrá de constituir un contexto que sirva para interpretar el Protocolo, ni un acuerdo a posteriori ni práctica subsiguiente, entre las Partes en el Protocolo en el sentido del artículo 31 de la Convención de Viena de 23 de mayo de 1969 sobre el Derecho de los Tratados, que codifica el estado del derecho consuetudinario en la materia.

En relación con la declaración que hizo con ocasión de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas de 13 de septiembre de 2007, Francia desea recordar que en virtud de los principios con valor constitucional de indivisibilidad de la República y de unidad del pueblo francés, el pueblo francés está compuesto por todos los nacionales franceses sin ninguna distinción de origen, raza o religión. En virtud de esos mismos principios y del principio de igualdad entre nacionales ante la ley, sólo se le pueden conferir derechos al pueblo francés en su conjunto.”

SUECIA

08-09-2016 RATIFICACIÓN

07-12-2016 ENTRADA EN VIGOR

SWAZILANDIA

21-09-2016 ADHESIÓN

20-12-2016 ENTRADA EN VIGOR

BOLIVIA

06-10-2016 ADHESIÓN

04-01-2017 ENTRADA EN VIGOR

E – JURÍDICOS

EC – Derecho Civil e Internacional Privado

- 19511031200

ESTATUTO DE LA CONFERENCIA DE LA HAYA DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO, HECHO EN LA HAYA EL 31 DE OCTUBRE DE 1951, ENMENDADO EL 30 DE JUNIO DE 2005.

La Haya, 31 de octubre de 1951. BOE: 12-04-1956; 30-03-2012, Nº 77.

ARABIA SAUDITA

19-10-2016 ACEPTACIÓN

19-10-2016 ENTRADA EN VIGOR

- 19540301201

CONVENIO RELATIVO AL PROCEDIMIENTO CIVIL

La Haya, 1 de marzo de 1954. BOE: 13-12-1961 y 24-03-1972.

ISLANDIA

29-09-2015 MODIFICACIÓN AUTORIDAD CENTRAL

“Islandia, 29/09/2015

Autoridad central (modificación)

Comisionado de distrito de Sudurnes (Sýslumađurinn á Suđurnesjum)

La Haya, 6 de septiembre de 2016”

- 19611005200

CONVENIO SUPRIMIENDO LA EXIGENCIA DE LEGALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS.

La Haya, 05 de octubre de 1961. BOE: 25-09-1978, Nº 229 y 17-10-1978

BRASIL

02-12-2015 ADHESIÓN

14-08-2016 ENTRADA EN VIGOR

DECLARACIONES:

En cumplimiento del artículo 6 del Convenio, el Gobierno de la República Federativa de Brasil declara que, según la legislación brasileña aplicable, corresponde al poder judicial supervisar y regular la actividad notarial en Brasil. En consecuencia, las autoridades judiciales, notariales y registrales serán competentes para expedir la apostilla por el Gobierno de Brasil.

El Gobierno de la República Federativa de Brasil declara, asimismo, que la adhesión de Brasil al Convenio no implica el reconocimiento de derechos soberanos sobre los territorios a los que se haya extendido o vaya a extenderse la aplicación del Convenio en los términos de su artículo 13.

- 19651115200

CONVENIO, RELATIVO A LA NOTIFICACIÓN Y TRASLADO EN EL EXTRANJERO DE DOCUMENTOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES EN MATERIA CIVIL Y COMERCIAL.

La Haya, 15 de noviembre de 1965. BOE: 25-08-1987, Nº 203 y 13-04-1989

VIET NAM

16-03-2016 ADHESIÓN

01-10-2016 ENTRADA EN VIGOR

AUTORIDAD

1. Se designa al Ministerio de Justicia de la República Socialista de Vietnam como autoridad central a tenor del artículo 2 del Convenio y única autoridad a los efectos de los artículos 6 y 9 de dicho instrumento.

DECLARACIONES

2. De conformidad con el párrafo segundo del artículo 8 del Convenio, la República Socialista de Vietnam se opone a la notificación o traslado de documentos en la forma establecida en dicho artículo 8 dentro de su territorio, salvo que su destinatario sea un nacional del Estado de origen.

3. La República Socialista de Vietnam se opone a la utilización de las formas de notificación o traslado de documentos previstas en las letras b) y c) del artículo 10 del Convenio.

4. La República Socialista de Vietnam no se opone a la notificación o traslado de documentos por vía postal de la letra a) del artículo 10 del Convenio, cuando los documentos remitidos por esta vía se expidan por correo certificado con acuse de recibo.

5. La República Socialista de Vietnam declara que, sin perjuicio de las disposiciones del párrafo 1 del artículo 15 del Convenio, los jueces podrán proveer, siempre que se cumplan todos los requisitos establecidos en el párrafo segundo del artículo 15, aun cuando no se haya recibido comunicación alguna acreditativa, bien de la notificación o traslado, bien de la entrega.

6. Las peticiones conforme al modelo anexo al Convenio dirigidas a Vietnam se cumplimentarán en vietnamita o se acompañarán de una traducción a este idioma. Los documentos que deban ser objeto de notificación o traslado en Vietnam, salvo aquellos que deban notificarse o trasladarse a un nacional del Estado de origen en la forma prevista en el artículo 8 o en la letra a) del artículo 10 del Convenio, deberán redactarse en vietnamita o acompañarse de una traducción a este idioma; en este último caso, la firma del traductor deberá estar debidamente verificada o legitimada ante notario.

COLOMBIA

15-07-2016 DECLARACIÓN

Con arreglo al segundo párrafo del artículo 7, la República de Colombia ruega a los Estados parte que cumplimenten en español los espacios en blanco de las fórmulas modelo anexas al presente Convenio.

ISLANDIA

29-09-2015 MODIFICACIÓN AUTORIDAD CENTRAL

“Islandia, 29/09/2015

Autoridad central (modificación)

Comisionado de distrito de Sudurnes (Sýslumađurinn á Suđurnesjum)

La Haya, 7 de septiembre de 2016”

- 19680607200

CONVENIO EUROPEO EN EL CAMPO DE LA INFORMACIÓN SOBRE DERECHO EXTRANJERO.

Londres, 07 de junio de 1968. BOE: 07-10-1974, Nº 240.

ALEMANIA

22-07-2016 DECLARACIÓN:

“En relación con el parágrafo 3 del artículo 2 del Convenio, la República Federal de Alemania declara que, en el Land de Hesse, las funciones de órgano de transmisión con arreglo al parágrafo 2 del artículo 2 del Convenio han sido transferidas al Presidente del Tribunal Regional Superior. El nombre y la dirección del órgano de transmisión son a partir de ahora:

Presidente del Tribunal Regional Superior (Der Präsident des Oberlandesgerichts) Tribunal Regional Superior de Fráncfort del Meno

Zeil 42

60313 Fráncfort del Meno”

- 19700318200

CONVENIO RELATIVO A LA OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL O MERCANTIL

La Haya, 18 de marzo de 1970. BOE: 25-08-1987, Nº 203.

ISLANDIA

29-09-2015 MODIFICACIÓN AUTORIDAD CENTRAL

“Islandia, 29/09/2015

Autoridad central (modificación)

Comisionado de distrito de Sudurnes (Sýslumađurinn á Suđurnesjum)

La Haya, 6 de septiembre de 2016”

- 19800520201

CONVENIO EUROPEO RELATIVO AL RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS RESOLUCIONES EN MATERIA DE CUSTODIA DE MENORES ASÍ COMO AL RESTABLECIMIENTO DE DICHA CUSTODIA

Luxemburgo, 20 de mayo de 1980. BOE: 01-09-1984.

DINAMARCA

22-07-2016 COMUNICACIÓN DE AUTORIDADES U ORGANISMOS DESIGNADOS EN APLICACIÓN DE UNA DISPOSICIÓN CONVENCIONAL:

Autoridad Central respecto de Groenlandia:

(artículo 2)

Ministry of Social Affairs and the Interior

Holmens Kanal 22

DK – 1060 COPENHAGUE K

Teléfono: + 45 33 92 93 00

Fax: +45 33 93 25 18

E-mail: sm@sm.dk o familieret@sm.dk

Internet: http://www.boernebortfoerelse.dk/

Notificación realizada de conformidad con el artículo 56 del Convenio.

- 19801025200

CONVENIO SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES.

La Haya, 25 de octubre de 1980. BOE: 24-08-1987, Nº 202; 30-06-1989.

DINAMARCA

22-04-2016 EXTENSIÓN A GROENLANDIA

01-07-2016 ENTRADA EN VIGOR

Dinamarca, conforme al artículo 42.2, retira su Declaración territorial en lo que respecta a Groenlandia.

- 19961019200

CONVENIO DE LA HAYA DE 19 DE OCTUBRE DE 1996 RELATIVO A LA COMPETENCIA, LA LEY APLICABLE, EL RECONOCIMIENTO, LA EJECUCIÓN Y LA COOPERACIÓN EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD PARENTAL Y DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS.

La Haya, 19 de octubre de 1996. BOE: 02-12-2010, Nº 291

SERBIA

15-01-2016 ADHESIÓN

01-11-2016 ENTRADA EN VIGOR

DECLARACIÓN/RESERVAS:

El Ministerio encargado de la protección de la familia será la autoridad competente para recibir las solicitudes de otros Estados contratantes que contengan información relevante para la protección de los niños.

Serbia reserva a sus autoridades la competencia para adoptar medidas destinadas a proteger los bienes de un niño que se sitúen en su territorio.

Serbia se reserva el derecho de no reconocer una responsabilidad parental o medida de protección que sea incompatible con las medidas relativas a dichos bienes adoptadas por sus autoridades.

AUTORIDAD:

Ministerio de trabajo, empleo, asuntos sociales y excombatientes Departamento de protección social y de la familia

NORUEGA

30-03-2016 FIRMA Y RATIFICACIÓN

01-07-2016 ENTRADA EN VIGOR

Con las siguientes reservas y declaraciones:

De conformidad con el apartado 1 del artículo 60, el Reino de Noruega declara que formula una objeción al uso del francés según se dispone en el apartado 2 del artículo 54.

De conformidad con el apartado 2 del artículo 34 del Convenio, el Reino de Noruega declara que las solicitudes realizadas en virtud del apartado 1 del artículo 34 sólo podrán comunicarse a sus autoridades a través de su Autoridad Central.

De conformidad con el artículo 44 del Convenio, el Reino de Noruega declara que la Autoridad Central Noruega se designa como la autoridad a la que deben dirigirse las solicitudes en virtud de los artículos 8, 9 y 33 del Convenio.

AUTORIDAD

Autoridad central:

Dirección General de Noruega para la infancia, la juventud y la familia

TURQUÍA

07-10-2016 FIRMA Y RATIFICACIÓN

01-02-2017 ENTRADA EN VIGOR

DECLARACIONES

1. Turquía declara que su firma/ratificación del Convenio relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños no implica en ningún caso el reconocimiento de la pretensión de la administración griega chipriota de representar a la difunta “República de Chipre” como parte del Convenio, no obligación alguna por parte de Turquía de mantener relaciones con la supuesta República de Chipre en el marco del Convenio.

“La República de Chipre” fue fundada como Estado asociado en 1960 por los chipriotas griegos y turcos, de conformidad con los tratados internacionales. La parte griega chipriota rompió esta asociación al tomar ilegalmente el Estado, excluyendo por la fuerza a todos los miembros turcos chipriotas de todos los órganos del Estado, en 1963. Por último, los turcos chipriotas excluidos del Estado asociado en 1963 se organizaron en sus límites territoriales y ejercen la autoridad gubernamental, la competencia y la soberanía. No hay autoridad única que, por ley o de hecho, sea competente para representar conjuntamente a los turcos chipriotas y a los griegos chipriotas, y en consecuencia a Chipre en su conjunto. Así, los griegos chipriotas no pueden aspirar a ejercer la autoridad, la competencia o la soberanía sobre los turcos chipriotas, que tienen un estatuto idéntico, ni sobre el conjunto de la isla de Chipre.

2. En virtud del apartado 2 del artículo 34 del Convenio, la República de Turquía declara que las solicitudes previstas en el apartado 1 del artículo 34 sólo podrán realizarse a través de la autoridad central

RESERVAS

1. En virtud del apartado 2 del artículo 54 del Convenio, la República de Turquía se opone al uso del francés.

2. En relación con el artículo 60, y en virtud del apartado 1 del artículo 55 del Convenio, la República de Turquía:

a) se reserva la competencia de sus autoridades para tomar medidas de protección de los bienes de un niño situados en su territorio.

b) Se reserva el derecho de no reconocer una responsabilidad parental o una medida que sería incompatible con una medida adoptada por sus autoridades en relación a dichos bienes.

- 20011116200

CONVENIO RELATIVO A GARANTÍAS INTERNACIONALES SOBRE ELEMENTOS DE EQUIPO MÓVIL.

Ciudad del Cabo, 16 de noviembre de 2001. BOE: 04-10-2013, nº 238; 21-02-2015,

nº45; 31-07-2015, nº 182.

SIERRA LEONA

26-07-2016 ADHESIÓN

01-11-2016 ENTRADA EN V IGOR

Con Declaraciones artículos 39(1)(a), 39(1)(b), 40, 53 y 54(2)

- 20011116201

PROTOCOLO SOBRE CUESTIONES ESPECÍFICAS DE LOS ELEMENTOS DE EQUIPO AERONÁUTICO, DEL CONVENIO RELATIVO A GARANTÍAS INTERNACIONALES SOBRE ELEMENTOS DE EQUIPO MÓVIL.

Ciudad del Cabo, 16 de noviembre de 2001. BOE: 01-02-2016, nº 27

SIERRA LEONA

26-07-2016 ADHESIÓN

01-11-2016 ENTRADA EN V IGOR

Con Declaraciones artículo XXX(1), (2) y (3)

ED – Derecho Penal y Procesal

- 19731214200

CONVENCIÓN SOBRE LA PREVENCIÓN Y EL CASTIGO DE DELITOS CONTRA PERSONAS INTERNACIONALMENTE PROTEGIDAS INCLUSIVE LOS AGENTES DIPLOMÁTICOS.

Nueva York, 14 de diciembre de 1973. BOE: 07-02-1986, Nº 33.

NAMIBIA

02-09-2016 ADHESIÓN

02-10-2016 ENTRADA EN VIGOR

ZAMBIA

17-10-2016 ADHESIÓN

16-11-2016 ENTRADA EN VIGOR

- 19751015200

PROTOCOLO ADICIONAL AL CONVENIO EUROPEO DE EXTRADICIÓN

Estrasburgo, 15 de octubre de 1975. BOE: 11-06-1985, Nº 139.

TURQUÍA

11-07-2016 RATIFICACIÓN

09-10-2016 ENTRADA EN VIGOR, con las siguientes reserva y declaración:

“En virtud del apartado 1 del artículo 6, la República de Turquía declara que no acepta el Título I del Protocolo Adicional.

Turquía declara que el hecho de firmar/ratificar el Protocolo Adicional al Convenio de Extradición no implica reconocer en modo alguno la pretensión de la Administración greco-chipriota de representar a la extinta “República de Chipre” como Parte en el Protocolo Adicional al Convenio de Extradición, ni conlleva obligación alguna por parte de Turquía de relacionarse con la supuesta República de Chipre en el marco de dicho Protocolo.

La “República de Chipre” se fundó como Estado de asociación en 1960 por chipriotas griegos y turcos, con arreglo a los tratados internacionales. La parte greco-chipriota destruyó esa asociación cuando tomó ilegalmente el Estado en 1963, expulsando de todos sus órganos por la fuerza a todos los miembros turco-chipriotas. Finalmente, los turco-chipriotas excluidos del Estado de asociación en 1963 se organizaron dentro de sus fronteras territoriales y ejercen el gobierno, la jurisdicción y la soberanía. No existe una institución única que sea competente, de hecho o de derecho, para representar conjuntamente a turco-chipriotas y greco-chipriotas, ni, en consecuencia, a Chipre en su totalidad. Por tanto, los greco-chipriotas no pueden reclamar autoridad, competencia o soberanía sobre los turco-chipriotas que gozan del mismo estatus ni sobre la isla de Chipre en su totalidad.”

- 19791217200

CONVENIO INTERNACIONAL CONTRA LA TOMA DE REHENES.

Nueva York, 17 de diciembre de 1979. BOE: 07-07-1984, Nº 162.

NAMIBIA

02-09-2016 ADHESIÓN

02-10-2016 ENTRADA EN VIGOR

ZAMBIA

17-10-2016 ADHESIÓN

16-11-2016 ENTRADA EN VIGOR

- 19971215200

CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA REPRESIÓN DE LOS ATENTADOS TERRORISTAS COMETIDOS CON BOMBAS.

Nueva York, 15 de diciembre de 1997. BOE: 12-06-2001, Nº 140 y 08-06-2002, Nº 137.

NAMIBIA

02-09-2016 ADHESIÓN

02-10-2016 ENTRADA EN VIGOR

- 19990127200

CONVENIO PENAL SOBRE LA CORRUPCIÓN.

Estrasburgo, 27 de enero de 1999. BOE: 28-07-2010 Nº 182.

SUECIA

21-06-2016 RENOVACIÓN DE UNA RESERVA:

“De conformidad con el apartado 2 del artículo 38 del Convenio, el Gobierno de Suecia declara que mantiene íntegramente las reservas a los artículos 12 y 17 del mismo, por el periodo de tres años previsto en el apartado 1 de su artículo 38.

Además, el Gobierno de Suecia desea subrayar que se mantiene, asimismo, la nota explicativa contenida en el instrumento de ratificación depositado el 25 de junio de 2004.

Nota de la Secretaría: La reserva y la nota explicativa son las siguientes:

“Suecia formula una reserva contra el compromiso de introducir disposiciones penales en relación con el tráfico de influencias ( artículo 12 del Convenio).

Suecia se reserva el derecho de no ejercer su competencia únicamente sobre la base de que un nacional sueco que sea funcionario de una organización internacional o de un tribunal, un miembro de una asamblea parlamentaria de una organización internacional o supranacional o un juez de un tribunal internacional esté implicado en alguno de los delitos tipificados en el Convenio ( artículo 17.1.c del Convenio). Suecia se reserva igualmente el derecho de mantener el requisito de la doble incriminación para activar la competencia sueca por actos cometidos en el extranjero.

Suecia formula una declaración explicativa, en virtud de la cual, la ratificación del Convenio no significa que no pueda volver a examinarse su condición de miembro del Acuerdo por el que se establece el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), en el caso de que surjan en el futuro razones que así lo aconsejen.”

REINO UNIDO

08-06-2016 RENOVACIÓN DE UNA RESERVA:

“De conformidad con el apartado 2 del artículo 38 del Convenio, la Bailía de Jersey declara que mantiene las reservas, formuladas en virtud del artículo 37, al artículo 12 y a los apartados 1.b y 1.c del artículo 17 del Convenio, referidos a la competencia y a la tipificación de delitos.”

Nota de la secretaría: La reserva es la siguiente:

“En relación con el artículo 12 del Convenio, los actos a que se refiere están cubiertos por la Ley de Jersey en la medida en que exista una relación de mandato entre la persona que ejerce su influencia y la persona en la que influye. Sin embargo, no todos los actos a que se refiere el artículo 12 son delictivos según la Ley de Jersey. En consecuencia, conforme al apartado 1 del artículo 37, el Gobierno de la Bailía de Jersey se reserva el derecho de no tipificar como delito todos los actos a que se refiere el artículo 12.

El artículo 8 de la Ley sobre la Corrupción (Jersey) de 2006 amplía la competencia ordinaria de los tribunales de Jersey (a) a alguna infracción de dicha Ley cuando alguno de los actos supuestamente constitutivos de delito se haya cometido en Jersey, aunque los demás actos constitutivos de delito se cometieran fuera de Jersey, y (b) a los delitos en virtud de dicha Ley cometidos por nacionales del Reino Unido (como se definen en el apartado 2 del artículo 1 de dicha Ley), fuera del territorio de Jersey. Jersey aplica pues la regla de competencia prevista en el apartado 1 (b) del artículo 17 del Convenio, excepto el hecho de que, cuando todos los actos constitutivos de delito se hayan cometido fuera de Jersey, la competencia de Jersey se limita a los nacionales del Reino Unido y no abarca, pues, a agentes públicos ni a miembros de asambleas públicas nacionales, salvo si son nacionales del Reino Unido.

En consecuencia, de conformidad con el apartado 2 del artículo 17 del Convenio, el Gobierno de la Bailía de Jersey declara que se reserva el derecho a aplicar la regla de competencia prevista en el apartado 1 (b) del artículo 17, cuando todos los hechos supuestamente constitutivos de delito se cometieron fuera de la Bailía de Jersey, únicamente si el autor del delito es un nacional de Reino Unido.

Asimismo, el Gobierno de Jersey declara que se reserva el derecho a no aplicar la regla de competencia prevista en el apartado 1 (c) del artículo 17 del Convenio.”

SAN MARINO

30-08-2016 RATIFICACIÓN

01-12-2016 ENTRADA EN VIGOR

- 20001115200

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL.

Nueva York, 15 de noviembre de 2000. BOE: 29-09-2003, Nº 233.

REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DE COREA

17-06-2016 ADHESIÓN

17-07-2016 ENTRADA EN VIGOR, con las siguientes reservas:

1. “De conformidad con el párrafo 3 del artículo 35 de la Convención, el Gobierno de la República Popular Democrática de Corea declara que no se considera vinculado por el párrafo 2 del artículo 35.

2. Por lo que respecta al artículo 10 de la Convención, el Gobierno de la República Popular Democrática de Corea declara que no se considera vinculado por parte del mismo, puesto que el Derecho penal de este Estado no prevé la responsabilidad de las personas jurídicas.”

- 20001115201

PROTOCOLO PARA PREVENIR, REPRIMIR Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS, ESPECIALMENTE MUJERES Y NIÑOS, QUE COMPLETA LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL.

Nueva York, 15 de noviembre de 2000. BOE: 11-12-2003, Nº 296.

MALDIVAS

14-09-2016 ADHESIÓN

14-10-2016 ENTRADA EN VIGOR

- 20030515200

PROTOCOLO ADICIONAL AL CONVENIO PENAL SOBRE LA CORRUPCIÓN.

Estrasburgo, 15 de mayo de 2003. BOE: 07-03-2011, Nº 56 y 08-04-2011, Nº 84.

SAN MARINO

30-08- 2016 RATIFICACIÓN

01-12- 2016 ENTRADA EN VIGOR

- 20050413200

CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA REPRESIÓN DE LOS ACTOS DE TERRORISMO NUCLEAR.

Nueva York, 13 de abril de 2005. BOE: 19-06-2007, Nº 146.

DINAMARCA

15-07-2016 RETIRADA DE LA DECLARACIÓN RELATIVA A LA EXCLUSIÓN TERRITORIAL DE GROENLANDIA

NAMIBIA

02-09-2016 ADHESIÓN

02-10-2016 ENTRADA EN VIGOR

- 20050516201

CONVENIO DEL CONSEJO DE EUROPA PARA LA PREVENCION DEL TERRORISMO.

Varsovia, 16 de mayo de 2005. BOE: 16-10-2009, Nº 250.

SUECIA

21-06-2016 RENOVACIÓN DE UNA RESERVA:

“De conformidad con el apartado 5 del artículo 20 del Convenio, el Gobierno sueco declara que mantiene íntegramente la reserva que formuló en el momento de su ratificación.

El motivo para ello es que, según la Ley de Extradición sueca, la extradición no puede concederse, por lo general, si la solicitud atañe a un delito de naturaleza política. No obstante, Suecia debe esperar al resultado de la revisión de la Ley de Extradición en curso, que comprende la cuestión de la extradición por delitos de naturaleza política.”

Nota de la Secretaría: La reserva es la siguiente:

"Con respecto a otros Estados que no sean los Estados Miembros de la Unión Europea, Noruega e Islandia, Suecia se reserva el derecho a alegar, como motivo para denegar una solicitud de extradición, que el delito contemplado en la solicitud atañe a un delito de naturaleza política, un delito conexo a un delito político, o un delito inspirado por consideraciones políticas ( artículo 20, apartados 1 y 2)."

PAÍSES BAJOS

24-06-2016 RENOVACIÓN DE UNA RESERVA:

“De conformidad con el apartado 5 del artículo 20 del Convenio, el Gobierno del Reino de los Países Bajos declara que mantiene íntegramente para la parte europea de los Países Bajos, por otro periodo de tres años, la reserva formulada en el momento de la ratificación del Convenio.

El Gobierno opina que la reserva, por lo que respecta a la parte europea de los Países Bajos, debe renovarse para permitir que una solicitud de extradición pueda denegarse si, en un caso muy excepcional, un tribunal independiente estima que la solicitud se refiere a un delito político. No obstante, no será obligatorio denegarla.”

Nota de la Secretaría: La reserva es la siguiente:

"Respetando lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 20, el Reino de los Países Bajos se reserva el derecho a denegar la extradición del presunto autor de uno de los delitos a que se refieren los artículos 5 a 7 y 9 del Convenio, que se consideran delitos políticos o delitos conexos a un delito político, cuando tales delitos no tengan relación con los delitos descritos en los convenios a que se refieren los puntos 9 y 10 del Anexo al Convenio."

- 20050516202

CONVENIO RELATIVO AL BLANQUEO, SEGUIMIENTO, EMBARGO Y COMISO DE LOS PRODUCTOS DEL DELITO Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.

Varsovia, 16 de mayo de 2005. BOE: 26-06-2010, Nº155.

LETONIA

08-06-2016 COMUNICACIÓN DE AUTORIDADES U ORGANISMOS DESIGNADOS EN APLICACIÓN DE UNA DISPOSICIÓN CONVENCIONAL:

Unidad de inteligencia financiera:

(artículo 46, apartado 13)

Office for the Prevention of Laundering of Proceeds derived from Criminal Activity

Raina Boulevard, 15

LV – 1050 Riga

KD@kd.gov.lv

Notificación realizada de conformidad con el artículo 56 del Convenio.

ESLOVENIA

27-06-2016 COMUNICACIÓN DE AUTORIDADES U ORGANISMOS DESIGNADOS EN APLICACIÓN DE UNA DISPOSICIÓN CONVENCIONAL

Unidad de inteligencia financiera:

(artículo 46, apartado 13)

Ministry of Finance

Office for Money Laundering Prevention

Cankarjeva 5, 1001 Liubliana

Teléfono: + 386 (1) 200 18 00

Fax: + 386 (1) 425 20 87

E-mail: mf.uppd@mf-rs.si

Notificación realizada de conformidad con el artículo 56 del Convenio.

- 20100610201

ENMIENDA AL artículo 8 DEL ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

Kampala, 10 de junio de 2010. BOE: 24-12-2014, Nº 310.

CHILE

23-09-2016 RATIFICACIÓN

23-09-2017 ENTRADA EN VIGOR

PAÍSES BAJOS

23-09-2016 RATIFICACIÓN

23-09-2017 ENTRADA EN VIGOR PARA LA PARTE EUROPEA Y LA PARTE CARIBEÑA (ISLAS DE BONAIRE, SAN EUSTAQUIO Y SABA) DE LOS PAÍSES BAJOS

- 20100611200

ENMIENDAS AL ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL RELATIVAS AL CRIMEN DE AGRESIÓN

Kampala, 11 de junio de 2010. BOE: 24-12-2014, Nº 310.

CHILE

23-09-2016 RATIFICACIÓN

23-09-2017 ENTRADA EN VIGOR

PAÍSES BAJOS

23-09-2016 RATIFICACIÓN

23-09-2017 ENTRADA EN VIGOR PARA LA PARTE EUROPEA Y LA PARTE CARIBEÑA (ISLAS DE BONAIRE, SAN EUSTAQUIO Y SABA) DE LOS PAÍSES BAJOS

- 20101110200

TERCER PROTOCOLO ADICIONAL AL CONVENIO EUROPEO DE EXTRADICIÓN

Estrasburgo. 10 de noviembre de 2010. BOE: 30-01-2015, Nº 26.

ALEMANIA

25-05-2016 RATIFICACIÓN

01-09-2015 ENTRADA EN VIGOR, con las siguientes declaraciones:

“De conformidad con el artículo 5 del Tercer Protocolo Adicional, la República Federal de Alemania efectúa las declaraciones siguientes:

El consentimiento al procedimiento simplificado es independiente de la renuncia al beneficio del principio de especialidad. Las reglas del artículo 14 del Convenio Europeo de Extradición solo dejarán de aplicarse si la persona reclamada consiente en la extradición y, además, renuncia expresamente al derecho a acogerse al principio de especialidad.

De conformidad con las frases 1 y 2 del apartado 1 del artículo 17 del Tercer Protocolo Adicional, la República Federal de Alemania declara que, no obstante la declaración antedicha, todas las reservas y declaraciones formuladas con respecto al Convenio seguirán siendo aplicables.”

TURQUÍA

11-07-2016 RATIFICACIÓN

01-11-2016 ENTRADA EN VIGOR, con las siguientes reservas y declaraciones:

“La República de Turquía declara que, cuando se aplique el procedimiento simplificado de extradición, todos los documentos mencionados en el artículo 12 del Convenio deberán presentarse con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 2 del Tercer Protocolo Adicional.

De conformidad con el apartado 5 del artículo 4 del Tercer Protocolo Adicional al Convenio de Extradición, la República de Turquía declara que podrán revocarse el consentimiento a la extradición conforme al procedimiento simplificado y la renuncia al beneficio del principio de especialidad.

De conformidad con el artículo 5 del Tercer Protocolo Adicional al Convenio de Extradición, la República de Turquía declara que las normas establecidas en el artículo 14 del Convenio no serán de aplicación si la persona extraditada por la República de Turquía consiente en la extradición y renuncia expresamente al derecho a acogerse al principio de especialidad.

Turquía declara que el hecho de firmar/ratificar el Tercer Protocolo Adicional al Convenio de Extradición no implica reconocer en modo alguno la pretensión de la Administración greco-chipriota de representar a la extinta “República de Chipre” como Parte en el Tercer Protocolo Adicional al Convenio de Extradición, ni conlleva obligación alguna por parte de Turquía de relacionarse con la supuesta República de Chipre en el marco de dicho Protocolo.

La “República de Chipre” se fundó como Estado de asociación en 1960 por chipriotas griegos y turcos, con arreglo a los tratados internacionales. La parte greco-chipriota destruyó esa asociación cuando tomó ilegalmente el Estado en 1963, expulsando de todos sus órganos por la fuerza a todos los miembros turco-chipriotas. Finalmente, los turco-chipriotas excluidos del Estado de asociación en 1963 se organizaron dentro de sus fronteras territoriales y ejercen el gobierno, la jurisdicción y la soberanía. No existe una institución única que sea competente, de hecho o de derecho, para representar conjuntamente a turco-chipriotas y greco-chipriotas, ni, en consecuencia, a Chipre en su totalidad. Por tanto, los greco-chipriotas no pueden reclamar autoridad, competencia o soberanía sobre los turco-chipriotas que gozan del mismo estatus ni sobre la isla de Chipre en su totalidad.”

SUIZA

15-07-2016 RATIFICACIÓN

01-11-2016 ENTRADA EN VIGOR, con las siguientes declaraciones:

“De conformidad con el apartado 5 del artículo 4 del Tercer Protocolo Adicional al Convenio de Extradición, Suiza declara que el consentimiento a la extradición con arreglo al procedimiento simplificado podrá revocarse hasta el momento en que la Oficina Federal de Justicia autorice la entrega.

De conformidad con la letra b del artículo 5 del Tercer Protocolo Adicional al Convenio de Extradición, Suiza declara que el principio de especialidad que se recoge en el artículo 14 del Convenio no será de aplicación si la persona perseguida penalmente renuncia expresamente al derecho a acogerse a dicho principio.”

- 20110511200

CONVENIO DEL CONSEJO DE EUROPA SOBRE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA VIOLENCIA DOMÉSTICA

Estambul, 11 de mayo de 2011. BOE: Nº 137 de 06-06-2014.

RUMANÍA

23-05-2016 RATIFICACIÓN

01-09-2016 ENTRADA EN VIGOR, con las siguientes reservas:

“De conformidad con los apartados 1 y 2 del artículo 78 del Convenio, Rumanía se reserva el derecho de no aplicar, o aplicar únicamente en casos y condiciones específicas, las disposiciones establecidas en:

- el apartado 2 del artículo 30;

- los apartados 1e, 3 y 4 del artículo 44;

- el apartado 1 del artículo 55, en lo que concierne al artículo 35 con respecto a los delitos de menor importancia;

- el artículo 59.

De conformidad con los apartados 1 y 3 del artículo 78 del Convenio, Rumanía se reserva el derecho a prever sanciones no penales, en lugar de sanciones penales, con respecto a las conductas indicadas en los artículos 33 y 34.”

- 20111028200

CONVENIO DEL CONSEJO DE EUROPA SOBRE LA FALSIFICACIÓN DE PRODUCTOS MÉDICOS Y DELITOS SIMILARES QUE SUPONGAN UNA AMENAZA PARA LA SALUD PÚBLICA.

Moscú, 28 de octubre de 2011. BOE: 30-11-2015, Nº 286.

BÉLGICA

01-08-206 RATIFICACIÓN

01-11-206 ENTRADA EN VIGOR

F – LABORALES

FB – Específicos

- 19520628201

CONVENIO Nº 102 DE LA OIT RELATIVO A LAS NORMAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD SOCIAL.

Ginebra, 28-06-1952. BOE: 06-10-1988, Nº 240 y 08-04-1989, Nº 84.

REPÚBLICA DOMINICANA 11-07-2016 RATIFICACIÓN

11-07-2017 ENTRADA EN VIGOR

Ha aceptado las partes II, III, V, VI, VII, VIII, IX y X

- 19730626200

CONVENIO Nº 138 DE LA OIT SOBRE LA EDAD MÍNIMA DE ADMISIÓN AL EMPLEO.

Ginebra, 26 de junio de 1973. BOE: 08-05-1978, Nº 109.

CANADÁ

08-06-2016 RATIFICACIÓN

08-06-2017 ENTRADA EN VIGOR

Edad mínima especificada, 16 años.

- 20060223200

CONVENIO SOBRE EL TRABAJO MARÍTIMO, 2006.

Ginebra, 23 de febrero de 2006. BOE: 22-01-2013, Nº 19 Y 12-04-2013, Nº 88.

HONDURAS

06-06-2016 RATIFICACIÓN

06-06-2017 ENTRADA EN VIGOR, con la siguiente declaración:

“De conformidad con los párrafos 2 y 10 de la Norma A4.5, el Gobierno especificó las ramas de seguridad social siguientes: atención médica; prestaciones de enfermedad y prestaciones de maternidad.”

ARGELIA

22-07-2016 RATIFICACIÓN

22-07-2017 ENTRADA EN VIGOR, con la siguiente declaración:

“De conformidad con los párrafos 2 y 10 de la Norma A4.5, el Gobierno especificó las ramas de seguridad social siguientes: atención médica; prestaciones de enfermedad; prestaciones de desempleo; prestaciones de vejez; prestaciones por lesiones profesionales; prestaciones familiares; prestaciones de maternidad; prestaciones de invalidez y prestaciones de supervivencia.”

G – MARÍTIMOS

GA – Generales

- 19940728200

ACUERDO RELATIVO A LA APLICACIÓN DE LA PARTE XI DE LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO DEL MAR DE 10 DE DICIEMBRE DE 1982.

Nueva York, 28 de julio de 1994. BOE: 13-02-1997, Nº38.

GHANA

23-09-2016 ADHESIÓN

23-10-2016 ENTRADA EN VIGOR

GC – Contaminación

- 19691129200

CONVENIO INTERNACIONAL RELATIVO A LA INTERVENCIÓN EN ALTA MAR EN CASOS DE ACCIDENTES QUE CAUSEN O PUEDAN CAUSAR UNA CONTAMINACIÓN POR HIDROCARBUROS

Bruselas, 29 de noviembre de 1969. BOE: 26-02-1976.

TOGO

10-10-2016 ADHESIÓN

08-01-2017 ENTRADA EN VIGOR

- 19731102200

PROTOCOLO RELATIVO A LA INTERVENCIÓN EN ALTA MAR EN CASOS DE CONTAMINACIÓN DEL MAR POR SUSTANCIAS DISTINTAS DE HIDROCARBUROS,

1973 Londres, 02 de noviembre de 1973. BOE: 11-05-1994, Nº 112.

TOGO

10-10-2016 ADHESIÓN

08-01-2017 ENTRADA EN VIGOR

PROTOCOLO DE 1992 QUE ENMIENDA EL CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL NACIDA DE DAÑOS DEBIDOS A CONTAMINACIÓN POR HIDROCARBUROS, 1969.

Londres, 27 de noviembre de 1992. BOE: 20-09-1995, Nº 225 y 24-10-1995, Nº 254.

MYANMAR

12-07-2016 ADHESIÓN

12-07-2017 ENTRADA EN VIGOR

GUATEMALA

02-08-2016 ADHESIÓN

02-08-2017 ENTRADA EN VIGOR

- 19961107200

PROTOCOLO DE 1996 RELATIVO AL CONVENIO SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL MAR POR VERTIMIENTO DE DESECHOS Y OTRAS MATERIAS, 1972.

Londres, 07 de noviembre de 1996. BOE: 31-03-2006, Nº 77.

MARRUECOS

25-02-2016 RATIFICACIÓN

26-03-2016 ENTRADA EN VIGOR

- 20011005200

CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE EL CONTROL DE LOS SISTEMAS ANTIINCRUSTANTES PERJUDICIALES EN LOS BUQUES.

Londres, 05 de octubre de 2001. BOE: 07-11-2007, Nº 267.

CHILE

06-10-2016 ADHESIÓN

06-01-2017 ENTRADA EN VIGOR

H – AÉREOS

HB – Navegación y Transporte

- 19750925200

PROTOCOLO ADICIONAL NÚMERO 1 QUE MODIFICA EL CONVENIO PARA LA UNIFICACIÓN DE CIERTAS REGLAS RELATIVAS AL TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL FIRMADO EN VARSOVIA EL 12 DE OCTUBRE DE 1929.

Montreal, 25 de septiembre de 1975. BOE: 20-06-1997, Nº 147.

IRÁN

16-02-2016 ADHESIÓN

16-05-2016 ENTRADA EN VIGOR

DECLARACIÓN:

“ Teniendo en cuenta que la aplicación de las disposiciones del artículo 32 del Convenio aplicables a los Protocolos antes mencionados está sujeta al cumplimiento de los requisitos de los artículos 77 y 139 de la Constitución de la República Islámica de Irán”.

- 19750925201

PROTOCOLO ADICIONAL NÚMERO 2 QUE MODIFICA EL CONVENIO PARA LA UNIFICACIÓN DE CIERTAS REGLAS RELATIVAS AL TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL, FIRMADO EN VARSOVIA EL 12 DE OCTUBRE DE 1929, MODIFICADO POR EL PROTOCOLO HECHO EN LA HAYA EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 1955.

Montreal, 25 de septiembre de 1975. BOE: 20-06-1997, Nº 147

IRÁN

16-02-2016 ADHESIÓN

16-05-2016 ENTRADA EN VIGOR

DECLARACIÓN:

“ Teniendo en cuenta que la aplicación de las disposiciones del artículo 32 del Convenio aplicables a los Protocolos antes mencionados está sujeta al cumplimiento de los requisitos de los artículos 77 y 139 de la Constitución de la República Islámica de Irán”.

- 19750925202

PROTOCOLO DE MONTREAL NÚMERO 4 QUE MODIFICA EL CONVENIO PARA LA UNIFICACIÓN DE CIERTAS REGLAS RELATIVAS AL TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL FIRMADO EN VARSOVIA EL 12 DE OCTUBRE DE 1929, MODIFICADO POR EL PROTOCOLO HECHO EN LA HAYA EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 1955.

Montreal, 25 de septiembre de 1975. BOE: 09-02-1999, Nº 34.

IRÁN

16-02-2016 ADHESIÓN

16-05-2016 ENTRADA EN VIGOR

DECLARACIÓN:

“ Teniendo en cuenta que la aplicación de las disposiciones del artículo 32 del Convenio aplicables a los Protocolos antes mencionados está sujeta al cumplimiento de los requisitos de los artículos 77 y 139 de la Constitución de la República Islámica de Irán”.

I – COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE

IC – Espaciales

- 20020819200

ACUERDO ENTRE LOS ESTADOS PARTE EN EL CONVENIO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA AGENCIA ESPACIAL EUROPEA Y LA AGENCIA ESPACIAL EUROPEA PARA LA PROTECCIÓN Y EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CLASIFICADA.

París, 19 de agosto de 2002. BOE: 03-03-2005, Nº 53

ESTONIA

24-03-2016 ADHESIÓN

23-04-2016 ENTRADA EN VIGOR

IE – Carreteras

- 19570930200

ACUERDO EUROPEO SOBRE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS PELIGROSAS POR CARRETERA (ADR).

Ginebra, 30 de septiembre de 1957. BOE: 09 A 17-07-1973, Nos 163 A 170; 07 A 21-11-1977; 07-A 14-11-1986, Nos 267 A 273; 25-02-1987, Nº 48; 17-02-1992; 19-09-1995, Nº 224: 26-07-1996, Nº 180; 10-06-1997, Nº 138; 16-12-1998, Nº 300.

GEORGIA

19-09-2016 ADHESIÓN

19-10-2016 ENTRADA EN VIGOR

- 20080220200

PROTOCOLO ADICIONAL AL CONVENIO RELATIVO AL CONTRATO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS POR CARRETERA (CMR), RELATIVO A LA CARTA DE PORTE ELECTRÓNICA.

Ginebra, 20 de febrero de 2008. BOE: Nº 141 de 14-06-2011.

FRANCIA

05-10-2016 ADHESIÓN

03-01-2017 ENTRADA EN VIGOR

J – ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

JA – Económicos

- 19601214201

CONVENIO DE LA ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE)

París, 14 de diciembre de 1960. BOE: 05-10-1963, Nº 239.

LETONIA

01-07-2016 ADHESIÓN

01-07-2016 ENTRADA EN VIGOR

JB – Financieros

- 19880125200

CONVENIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MUTUA EN MATERIA FISCAL

Estrasburgo, 25 de enero de 1988. BOE: 08-11-2010, Núm. 270.

UGANDA

26-05-2016 RATIFICACIÓN

01-09-2016 ENTRADA EN VIGOR, con las siguientes declaraciones y reservas:

“En virtud de la letra a del apartado 1 del artículo 30 del Convenio, la República de Uganda no prestará ninguna forma de asistencia en relación con los impuestos de otras Partes comprendidos en las siguientes categorías del apartado 1 del artículo 2:

Artículo 2, apartado 1.b.i: impuestos sobre la renta, los beneficios, las ganancias de capital o el patrimonio neto percibidos por cuenta de las subdivisiones políticas o las entidades locales de una Parte;

Artículo 2, apartado 1.b.ii: cotizaciones obligatorias a la seguridad social pagaderas a las administraciones públicas o a los organismos de la seguridad social de derecho público;

Artículo 2, apartado 1.b iii.E: impuestos sobre la utilización o la propiedad de vehículos de motor;

Artículo 2, apartado 1.b.iv: impuestos de las categorías mencionadas en el anterior inciso iii, que sean percibidos por cuenta de las subdivisiones políticas o las entidades locales de una Parte.

En virtud de la letra d del apartado 1 del artículo 30 del Convenio, la República de Uganda no prestará asistencia en materia de notificación de documentos.

Anexo A - Impuestos a los que se aplicará el Convenio

Artículo 2, apartado 1.a.i:

• impuesto sobre la renta;

• retención sobre cánones;

• impuesto sobre artistas y deportistas extranjeros;

• impuesto sobre el volumen de negocio de pequeñas y medianas empresas;

• impuesto sobre el juego y las apuestas deportivas;

• retenciones sobre dividendos;

• retención sobre intereses.

Artículo 2, apartado 1.a.ii:

• ganancias de capital.

Artículo 2, apartado 1.b.iii.B:

• impuesto del timbre;

• impuestos sobre bienes inmuebles, incluido el impuesto sobre el alquiler.

Artículo 2, apartado 1.b.iii.C:

• impuesto sobre el valor añadido.

Artículo 2, apartado 1.b.iii.D:

• impuestos sobre consumos específicos.

Anexo B. Autoridades Competentes

El Comisario General del Organismo de Ingresos de Uganda o un representante autorizado del Comisario General.

Anexo C. Definición del término “nacional”

Todas las personas físicas que posean la nacionalidad o ciudadanía ugandesa y todas las personas jurídicas, sociedades de personas o asociaciones y otras entidades constituidas conforme a la legislación vigente en Uganda.”

NAURU

28-06-2016 FIRMA Y RATIFICACIÓN

01-10-2016 ENTRADA EN VIGOR, con las siguientes declaraciones:

“Anexo A - Impuestos existentes a los que se aplicará el presente Convenio:

Artículo 2, apartado 1.a.i:

• Impuesto sobre el empleo y los servicios

• Impuestos empresariales (que comprenden: el impuesto sobre los beneficios empresariales, el impuesto sobre las pequeñas empresas, el impuesto sobre no

residentes y el impuesto empresarial sobre el transporte internacional)

Artículo 2, apartado 1.b.iii.D:

• Impuesto sobre los servicios de telecomunicación

Artículo 2, apartado 1.b.iii.E:

• Impuesto sobre los vehículos de motor

Artículo 2, apartado 1.b.iii.G:

• Impuesto sobre la pesca

• Impuesto/contribución sobre el canon del fosfato de Nauru

• Impuesto/tasa sobre la aviación civil

Anexo B – Autoridad Competente:

El Ministro de Finanzas o su representante autorizado”.

BRASIL

01-06-2016 RATIFICACIÓN

01-10-2016 ENTRADA EN VIGOR, con las siguientes reservas y declaraciones:

“En virtud de la letra b del apartado 1 del artículo 30 del Convenio, el Gobierno de Brasil no prestará asistencia en materia de cobro de cualesquiera créditos tributarios, ni de cobro de multas administrativas, respecto de la totalidad de los impuestos.

En virtud de la letra d del apartado 1 del artículo 30 del Convenio, el Gobierno de Brasil no prestará asistencia en materia de notificación de documentos respecto de la totalidad de los impuestos.

En virtud de la letra e del apartado 1 del artículo 30 del Convenio, el Gobierno de Brasil no permitirá las notificaciones por correo previstas en el apartado 3 de su artículo 17.

ANEXO A – Impuestos a los que se aplicará el Convenio

Artículo 2, apartado 1:

a) apartado 1.a.i: impuesto sobre la renta y contribución social sobre beneficios netos;

b) apartado 1.b.ii: contribución al Programa para la Integración Social y contribución

social para la financiación de la Seguridad Social;

c) apartado 1.b.iii.D: impuesto sobre productos industrializados;

d) apartado 1.b.iii.G: cualquier otro impuesto administrado por la Secretaría de Ingresos Federales de Brasil.

ANEXO B – Autoridades competentes

La autoridad competente para la República Federativa de Brasil es la Secretaría de Ingresos Federales de Brasil.”

NIUE

06-06-2016 RATIFICACIÓN

01-10-2016 ENTRADA EN VIGOR, con las siguientes declaraciones:

“ANEXO A – Impuestos a los que se aplicará el Convenio

Artículo 2, apartado 1.a.i:

Impuestos sobre la renta o los beneficios

Artículo 2, apartado 1.a.ii:

Impuestos sobre ganancias de capital que se perciban de manera separada de los impuestos sobre la renta o los beneficios

Artículo 2, apartado 1.a.iii: Impuestos sobre el patrimonio neto

Artículo 2, apartado 1.b.iii:

Impuestos de otras categorías, con excepción de los derechos de aduana, establecidos por una Parte, a saber:

Artículo 2, apartado 1.b.iii.A:

Impuestos sobre sucesiones o donaciones

Artículo 2, apartado 1.b.iii.C:

Impuestos generales sobre el consumo, como el impuesto sobre el valor añadido o el impuesto sobre las ventas

Artículo 2, apartado 1.a.iii.D:

Impuestos sobre bienes y servicios determinados, como los impuestos sobre consumos específicos

Artículo 2, apartado 1.a.iii.G: Todos los demás impuestos

ANEXO B – Autoridades competentes

En lo que respecta a Niue, el término “autoridad competente” se refiere al Secretario de Finanzas del Departamento de Finanzas y Planificación, o su representante autorizado.

ANEXO C – Definición del término “nacional” a los efectos del Convenio

Toda persona perteneciente a la raza aborigen de Niue o que tenga la condición de residente permanente en Niue, y todas las personas jurídicas, sociedades de personas o asociaciones constituidas conforme a la legislación vigente en ese país.”

BARBADOS

04-07-2016 RATIFICACIÓN

01-11-2016 ENTRADA EN VIGOR, con las siguientes reservas y declaraciones:

“En virtud de la letra a del apartado 1 del artículo 30 del Convenio, Barbados se reserva el derecho de no prestar ninguna forma de asistencia en relación con los impuestos de otras Partes comprendidos en cualquiera de las categorías enumeradas en la letra b del apartado 1 del artículo 2 del Convenio.

En virtud de la letra b del apartado 1 del artículo 30 del Convenio, Barbados se reserva el derecho de no prestar asistencia en materia de cobro de cualesquiera créditos tributarios, ni de cobro de multas administrativas, respecto de la totalidad de los impuestos.

En virtud de la letra c del apartado 1 del artículo 30 del Convenio, Barbados se reserva el derecho de no prestar asistencia respecto de los créditos tributarios ya existentes a la fecha de entrada en vigor del Convenio para Barbados o, si el crédito tributario se refiere a impuestos mencionados en la reserva efectuada en virtud de las letras a o b del apartado 1 del artículo 30 del Convenio, a la fecha de la retirada de dicha reserva por parte de Barbados.

En virtud de la letra d del apartado 1 del artículo 30 del Convenio, Barbados no prestará asistencia en materia de notificación de documentos respecto de la totalidad de los impuestos.

En virtud de la letra e del apartado 1 del artículo 30 del Convenio, Barbados se reserva el derecho de permitir las notificaciones por correo previstas en el apartado 3 del artículo 17.

En virtud de la letra f del apartado 1 del artículo 30 del Convenio, Barbados se reserva el derecho de aplicar el apartado 7 del artículo 28 exclusivamente para la asistencia administrativa que abarque los periodos de imposición que inician el 1 de enero, o después del 1 de enero del tercer año anterior a aquel en que haya entrado en vigor con respecto a Barbados el Convenio modificado por el Protocolo de 2010 o, a falta de periodo de imposición, para la asistencia administrativa relativa a las obligaciones fiscales que nazcan el 1 de enero o después del 1 de enero del tercer año anterior a aquel en el Convenio modificado por el Protocolo de 2010 haya entrado en vigor con respecto a Barbados.

En virtud del apartado 3 del artículo 4 del Convenio, Barbados podrá informar a sus residentes o nacionales antes de suministrar información a otra Parte, en aplicación de los artículo 5 y 7 del Convenio.

En virtud del apartado 3 del artículo 9 del Convenio, Barbados no aceptará, como regla general, las solicitudes a que se refiere el apartado 1 de dicho artículo.

ANEXO A – Impuestos a los que se aplicará el Convenio

Srtículo 2, apartado 1.a.i:

Impuesto sobre la renta

Artículo 2, apartado 1.a.ii: Impuesto de sociedades

ANEXO B – Autoridades competentes

La Administración Tributaria de Barbados.

ANEXO C - Definición del término “nacional” a los efectos del Convenio

A efectos de la letra e del apartado 1 del artículo 3 del Convenio, el término “nacional” designa, por lo que se refiere a Barbados, a toda persona física que posea la nacionalidad o ciudadanía de Barbados, y a toda persona jurídica, sociedad de personas o asociación constituidas de conformidad con la legislación vigente en Barbados.”

CHILE

07-07-2016 RATIFICACIÓN

01-11-2016 ENTRADA EN VIGOR, con las siguientes reservas y declaraciones:

“En virtud de la letra a del apartado 1 del artículo 30 del Convenio, la República de Chile se reserva el derecho de no prestar ninguna forma de asistencia en relación con los impuestos de otras Partes, excepto los incluidos por Chile en el Anexo A del Convenio.

En virtud de la letra b del apartado 1 del artículo 30 del Convenio, la República de Chile se reserva el derecho de no prestar asistencia en materia de cobro de cualesquiera créditos tributarios, ni de cobro de multas administrativas, respecto de la totalidad de los impuestos.

En virtud de la letra d del apartado 1 del artículo 30 del Convenio, la República de Chile se reserva el derecho de no prestar asistencia en materia de notificación de documentos.

En virtud de la letra e del apartado 1 del artículo 30 del Convenio, la República de Chile se reserva el derecho de no permitir las notificaciones por correo previstas en el apartado 3 de su artículo 17.

En virtud de la letra f del apartado 1 del artículo 30 del Convenio, la República de Chile se reserva el derecho de aplicar el apartado 7 del artículo 28 exclusivamente para la asistencia administrativa que abarque los periodos de imposición que se inician el 1 de enero, o después del 1 de enero del tercer año anterior a aquel en que haya entrado en vigor con respecto a Chile o, a falta de periodo de imposición, para la asistencia administrativa relativa a las obligaciones fiscales que nazcan el 1 de enero o después del 1 de enero del tercer año anterior a aquel en que haya entrado en vigor con respecto a Chile.

En virtud del apartado 3 del artículo 4 del Convenio, la República de Chile declara que sus autoridades pueden informar a sus residentes antes de suministrar información que les concierna, en aplicación de los artículo 5 y 7 del Convenio.

En virtud del apartado 3 del artículo 9 del Convenio, la República de Chile no aceptará, como regla general, las solicitudes a que se refiere el apartado 1 de dicho artículo.

ANEXO A – Impuestos a los que se aplicará el Convenio

i. Impuestos incluidos en el impuesto sobre la renta

ii. Impuestos sobre transacciones y servicios

iii. Impuestos sobre sucesiones y donaciones

ANEXO B – Autoridades competentes

El Ministro de Finanzas, el Comisario del Servicio Chileno de Impuestos Internos, o sus representantes autorizados.

ANEXO C - Definición del término “nacional” a los efectos del Convenio

En virtud de la letra e del apartado 1 del artículo 3 del Convenio, la República de Chile declara que el término “nacional” designa a toda persona física que posea la nacionalidad chilena y a toda persona jurídica o asociación constituida de conformidad con la legislación vigente en la República de Chile”.

PAÍSES BAJOS

22-07-2016 DECLARACIÓN:

“La Representación Permanente de los Países Bajos ante el Consejo de Europa tiene el honor de referirse a la siguiente declaración por los Países Bajos, en nombre de la parte europea de los Países Bajos y de la parte caribeña de los Países Bajos (las islas Bonaire, San Eustaquio y Saba), relativa al Convenio de asistencia administrativa mutua en materia fiscal. Esta declaración se hace de conformidad con las disposiciones del artículo 32 del Acuerdo.

Declaración relativa a la fecha de efecto para los intercambios de información previstos por el Acuerdo multilateral entre autoridades competentes sobre intercambio automático de información de cuentas financieras.

Considerando que el Reino de los Países Bajos se ha comprometido a intercambiar información automáticamente en/a partir de 2017 y que, para estar en condiciones de intercambiar información automáticamente en virtud del artículo 6 del Convenio de asistencia administrativa mutua en materia fiscal modificado por el Protocolo de enmienda al Convenio de asistencia administrativa mutua en materia fiscal (en adelante el “Convenio modificado”), de conformidad con el calendario con el que se ha comprometido, el Reino de los Países Bajos ha firmado una declaración de adhesión al Acuerdo multilateral entre autoridades competentes sobre intercambio automático de información de cuentas financieras (en adelante “AMAC NCD”) el 29 de octubre de 2014;

Considerando que de conformidad con su artículo 28(6), el Convenio modificado se aplica a la asistencia administrativa que abarca los periodos de imposición que se inicien el 1 de enero, o después del 1 de enero del año siguiente a aquel durante el cual entró en vigor el Convenio modificado respecto de la Parte o, a falta de periodo de imposición, se aplica a la asistencia administrativa relativa a las obligaciones fiscales que inician el 1 de enero o después del 1 de enero del año siguiente a aquel durante el cual entró en vigor el Convenio modificado respecto de una Parte;

Considerando que el artículo 28(6) del Convenio modificado prevé que dos o más Partes pueden acordar que el Convenio modificado surta efecto en cuanto a la asistencia administrativa relativa a periodos de imposición u obligaciones fiscales anteriores;

Consciente de que un Estado no puede transmitir información en virtud del Convenio modificado salvo por lo que se refiere a periodos de imposición u obligaciones fiscales del Estado destinatario para el que es aplicable el Convenio modificado; y de que, en consecuencia, los Estados emisores para los que el Convenio acaba de entrar en vigor en un año en concreto solo pueden prestar asistencia administrativa a los Estados destinatarios por los periodos de imposición o por obligaciones fiscales que se inicien el 1 de enero o después del 1 de enero del año siguiente;

Reconociendo que una Parte que ya fuera Parte en el Convenio modificado podría recibir información de una nueva Parte en virtud del artículo 6 del Convenio modificado y del AMAC NCD por lo que se refiere a periodos de imposición o a obligaciones fiscales anteriores a la fecha prevista en el Convenio modificado si ambas Partes declaran que están de acuerdo en que se aplique otra fecha de efecto;

Reconociendo además, que una nueva Parte en el Convenio modificado podría transmitir información a una Parte que, en virtud del artículo 6 del Convenio modificado y del AMAC NCD, ya fuera Parte en el Convenio modificado relativa a periodos de imposición u obligaciones fiscales anteriores a la fecha prevista en el Convenio modificado si ambas parte declaran que están de acuerdo en que se aplique otra fecha de efecto;

Reconociendo que la información recibida en virtud del artículo 6 del Convenio modificado y del AMAC NCD puede dar lugar a solicitudes de seguimiento remitidas por el órgano jurisdiccional destinatario al Estado remitente, referentes al mismo periodo de declaración que aquel por el que el Estado remitente ha intercambiado información automáticamente en virtud del AMAC NCD;

Confirmando que la capacidad de un Estado de transmitir la información a que se refiere la NCD en virtud del artículo 6 del Convenio modificado y del AMAC NCD, así como la información relativa a las solicitudes de seguimiento formuladas en aplicación del artículo 5 del Convenio modificado, está regulada por las disposiciones del AMAC NCD, incluidos los periodos de declaración pertinentes del Estado remitente que figuran en ella, independientemente de los periodos de imposición o de las obligaciones fiscales del Estado destinatario a que se refiere esa información;

El Reino de los Países Bajos declara, en nombre de la parte europea de los Países Bajos y de la parte caribeña de los Países Bajos (las islas Bonaire, San Eustaquio y Saba), que el Convenio modificado se aplica de conformidad con las disposiciones del AMAC NCD por lo que se refiere a la asistencia administrativa prevista por el AMAC NCD entre esas partes del Reino de los Países Bajos y las demás Partes en el Convenio modificado que han hecho declaraciones semejantes, independientemente del periodo de imposición o de las obligaciones fiscales del Estado destinatario a que se refiere esa información.

El Reino de los Países Bajos declara, en nombre de la parte europea de los Países Bajos y de la parte caribeña de los Países Bajos (las islas Bonaire, San Eustaquio y Saba), que el Convenio modificado se aplica también en lo que se refiere a la asistencia administrativa prevista por su artículo 5, entre esas partes del Reino de los Países Bajos y las demás Partes en el Convenio modificado que han hecho declaraciones similares, independientemente de los periodos de imposición o de las obligaciones fiscales del Estado destinatario a que se refiere esa información, cuando esa asistencia trate de las solicitudes de seguimiento relativas a la información intercambiada en virtud del AMAC NCD por periodos de declaración del Estado remitente cubiertos por el AMAC NCD.”

- 19950726204

CONVENIO ESTABLECIDO SOBRE LA BASE DEL ARTÍCULO K.3 DEL TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA, RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES FINANCIEROS DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS.

Bruselas, 26 de julio de 1995. BOE: 29-07-2003, Nº 180; 29-09-2003, Nº 233

CROACIA

01-06-2016 ENTRADA EN VIGOR

Decisión (UE) 2016/815 del Consejo de 17-05-2016 (DOUE L 133 de 24-05-2016).

- 19960927201

PROTOCOLO ESTABLECIDO SOBRE LA BASE DEL ARTÍCULO K.3 DEL TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA, DEL CONVENIO RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES FINANCIEROS DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS.

Dublín, 27de septiembre de 1996. BOE: 29-07-2003, Nº 180; 29-09-2003, Nº 233

CROACIA

01-06-2016 ENTRADA EN VIGOR

Decisión (UE) 2016/815 del Consejo de 17-05-2016 (DOUE L 133 de 24-05-2016).

- 19961129203

PROTOCOLO ESTABLECIDO SOBRE LA BASE DEL ARTÍCULO K.3 DEL TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA, RELATIVO A LA INTERPRETACIÓN, CON CARÁCTER PREJUDICIAL, POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, DEL CONVENIO RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES FINANCIEROS DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS.

Bruselas, 29 de noviembre de 1996. BOE: 29-07-2003, Nº 180 y 29-09-2003

CROACIA

01-06-2016 ENTRADA EN VIGOR

Decisión (UE) 2016/815 del Consejo de 17-05-2016 (DOUE L 133 de 24-05-2016).

- 19970619203

SEGUNDO PROTOCOLO ESTABLECIDO SOBRE LA BASE DEL ARTÍCULO K.3 DEL TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA, DEL CONVENIO RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES FINANCIEROS DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS.

Bruselas, 19 de junio de 1997. BOE: 27-11-2009, Nº 286

CROACIA

01-06-2016 ENTRADA EN VIGOR

Decisión (UE) 2016/815 del Consejo de 17-05-2016 (DOUE L 133 de 24-05-2016).

- 20100527200

PROTOCOLO DE ENMIENDA AL CONVENIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MUTUA EN MATERIA FISCAL.

París, 27 de mayo de 2010. BOE: Nº 276 de 16-11-2012.

UGANDA

26-05-2016 RATIFICACIÓN

01-09-2016 ENTRADA EN VIGOR, con las siguientes declaraciones y reservas:

“En virtud de la letra a del apartado 1 del artículo 30 del Convenio, la República de Uganda no prestará ninguna forma de asistencia en relación con los impuestos de otras Partes comprendidos en las siguientes categorías del apartado 1 del artículo 2:

Artículo 2, apartado 1.b.i: impuestos sobre la renta, los beneficios, las ganancias de capital o el patrimonio neto percibidos por cuenta de las subdivisiones políticas o las entidades locales de una Parte;

Artículo 2, apartado 1.b.ii: cotizaciones obligatorias a la seguridad social pagaderas a las administraciones públicas o a los organismos de la seguridad social de derecho público;

Artículo 2, apartado 1.b iii.E: impuestos sobre la utilización o la propiedad de vehículos de motor;

artículo 2, apartado 1.b.iv: impuestos de las categorías mencionadas en el anterior inciso iii, que sean percibidos por cuenta de las subdivisiones políticas o las entidades locales de una Parte.

En virtud de la letra d del apartado 1 del artículo 30 del Convenio, la República de Uganda no prestará asistencia en materia de notificación de documentos.

Anexo A - Impuestos a los que se aplicará el Convenio

Artículo 2, apartado 1.a.i:

• impuesto sobre la renta;

• retención sobre cánones;

• impuesto sobre artistas y deportistas extranjeros;

• impuesto sobre el volumen de negocio de pequeñas y medianas empresas;

• impuesto sobre el juego y las apuestas deportivas;

• retenciones sobre dividendos;

• retención sobre intereses.

Artículo 2, apartado 1.a.ii:

• ganancias de capital.

Artículo 2, apartado 1.b.iii.B:

• impuesto del timbre;

• impuestos sobre bienes inmuebles, incluido el impuesto sobre el alquiler.

Artículo 2, apartado 1.b.iii.C:

• impuesto sobre el valor añadido.

Artículo 2, apartado 1.b.iii.D:

• impuestos sobre consumos específicos.

Anexo B. Autoridades Competentes

El Comisario General del Organismo de Ingresos de Uganda o un representante autorizado del Comisario General.

Anexo C. Definición del término “nacional”

Todas las personas físicas que posean la nacionalidad o ciudadanía ugandesa y todas las personas jurídicas, sociedades de personas o asociaciones y otras entidades constituidas conforme a la legislación vigente en Uganda.”

NAURU

28-06-2016 FIRMA Y RATIFICACIÓN

01-10-2016 ENTRADA EN VIGOR, con las siguientes declaraciones:

“Anexo A - Impuestos existentes a los que se aplicará el presente Convenio:

Artículo 2, apartado 1.a.i:

• Impuesto sobre el empleo y los servicios

• Impuestos empresariales (que comprenden: el impuesto sobre los beneficios empresariales, el impuesto sobre las pequeñas empresas, el impuesto sobre no residentes y el impuesto empresarial sobre el transporte internacional)

Artículo 2, apartado 1.b.iii.D:

• Impuesto sobre los servicios de telecomunicación

Artículo 2, apartado 1.b.iii.E:

• Impuesto sobre los vehículos de motor

Artículo 2, apartado 1.b.iii.G:

• Impuesto sobre la pesca

• Impuesto/contribución sobre el canon del fosfato de Nauru

• Impuesto/tasa sobre la aviación civil

Anexo B – Autoridad Competente:

El Ministro de Finanzas o su representante autorizado”.

BRASIL

01-06-2016 RATIFICACIÓN

01-10-2016 ENTRADA EN VIGOR, con las siguientes reservas y declaraciones:

“En virtud de la letra b del apartado 1 del artículo 30 del Convenio, el Gobierno de Brasil no prestará asistencia en materia de cobro de cualesquiera créditos tributarios, ni de cobro de multas administrativas, respecto de la totalidad de los impuestos.

En virtud de la letra d del apartado 1 del artículo 30 del Convenio, el Gobierno de Brasil no prestará asistencia en materia de notificación de documentos respecto de la totalidad de los impuestos.

En virtud de la letra e del apartado 1 del artículo 30 del Convenio, el Gobierno de Brasil no permitirá las notificaciones por correo previstas en el apartado 3 de su artículo 17.

ANEXO A – Impuestos a los que se aplicará el Convenio

Artículo 2, apartado 1:

a) apartado 1.a.i: impuesto sobre la renta y contribución social sobre beneficios netos;

b) apartado 1.b.ii: contribución al Programa para la Integración Social y contribución social para la financiación de la Seguridad Social;

c) apartado 1.b.iii.D: impuesto sobre productos industrializados;

d) apartado 1.b.iii.G: cualquier otro impuesto administrado por la Secretaría de Ingresos Federales de Brasil.

ANEXO B – Autoridades competentes

La autoridad competente para la República Federativa de Brasil es la Secretaría de Ingresos Federales de Brasil.”

NIUE

06-06-2016 RATIFICACIÓN

01-10-2016 ENTRADA EN VIGOR, con las siguientes declaraciones:

“ANEXO A – Impuestos a los que se aplicará el Convenio

Artículo 2, apartado 1.a.i:

Impuestos sobre la renta o los beneficios

Artículo 2, apartado 1.a.ii:

Impuestos sobre ganancias de capital que se perciban de manera separada de los impuestos sobre la renta o los beneficios

Artículo 2, apartado 1.a.iii: Impuestos sobre el patrimonio neto

Artículo 2, apartado 1.b.iii:

Impuestos de otras categorías, con excepción de los derechos de aduana, establecidos por una Parte, a saber:

Artículo 2, apartado 1.b.iii.A:

Impuestos sobre sucesiones o donaciones

Artículo 2, apartado 1.b.iii.C:

Impuestos generales sobre el consumo, como el impuesto sobre el valor añadido o el impuesto sobre las ventas

Artículo 2, apartado 1.a.iii.D:

Impuestos sobre bienes y servicios determinados, como los impuestos sobre consumos específicos

Artículo 2, apartado 1.a.iii.G: Todos los demás impuestos

ANEXO B – Autoridades competentes

En lo que respecta a Niue, el término “autoridad competente” se refiere al Secretario de Finanzas del Departamento de Finanzas y Planificación, o su representante autorizado.

ANEXO C – Definición del término “nacional” a los efectos del Convenio

Toda persona perteneciente a la raza aborigen de Niue o que tenga la condición de residente permanente en Niue, y todas las personas jurídicas, sociedades de personas o asociaciones constituidas conforme a la legislación vigente en ese país.”

BARBADOS

04-07-2016 RATIFICACIÓN

01-11-2016 ENTRADA EN VIGOR, con las siguientes reservas y declaraciones:

“En virtud de la letra a del apartado 1 del artículo 30 del Convenio, Barbados se reserva el derecho de no prestar ninguna forma de asistencia en relación con los impuestos de otras Partes comprendidos en cualquiera de las categorías enumeradas en la letra b del apartado 1 del artículo 2 del Convenio.

En virtud de la letra b del apartado 1 del artículo 30 del Convenio, Barbados se reserva el derecho de no prestar asistencia en materia de cobro de cualesquiera créditos tributarios, ni de cobro de multas administrativas, respecto de la totalidad de los impuestos.

En virtud de la letra c del apartado 1 del artículo 30 del Convenio, Barbados se reserva el derecho de no prestar asistencia respecto de los créditos tributarios ya existentes a la fecha de entrada en vigor del Convenio para Barbados o, si el crédito tributario se refiere a impuestos mencionados en la reserva efectuada en virtud de las letras a o b del apartado 1 del artículo 30 del Convenio, a la fecha de la retirada de dicha reserva por parte de Barbados.

En virtud de la letra d del apartado 1 del artículo 30 del Convenio, Barbados no prestará asistencia en materia de notificación de documentos respecto de la totalidad de los impuestos.

En virtud de la letra e del apartado 1 del artículo 30 del Convenio, Barbados se reserva el derecho de permitir las notificaciones por correo previstas en el apartado 3 del artículo 17.

En virtud de la letra f del apartado 1 del artículo 30 del Convenio, Barbados se reserva el derecho de aplicar el apartado 7 del artículo 28 exclusivamente para la asistencia administrativa que abarque los periodos de imposición que inician el 1 de enero, o después del 1 de enero del tercer año anterior a aquel en que haya entrado en vigor con respecto a Barbados el Convenio modificado por el Protocolo de 2010 o, a falta de periodo de imposición, para la asistencia administrativa relativa a las obligaciones fiscales que nazcan el 1 de enero o después del 1 de enero del tercer año anterior a aquel en el Convenio modificado por el Protocolo de 2010 haya entrado en vigor con respecto a Barbados.

En virtud del apartado 3 del artículo 4 del Convenio, Barbados podrá informar a sus residentes o nacionales antes de suministrar información a otra Parte, en aplicación de los artículo 5 y 7 del Convenio.

En virtud del apartado 3 del artículo 9 del Convenio, Barbados no aceptará, como regla general, las solicitudes a que se refiere el apartado 1 de dicho artículo.

ANEXO A – Impuestos a los que se aplicará el Convenio

Artículo 2, apartado 1.a.i:

Impuesto sobre la renta

Artículo 2, apartado 1.a.ii: Impuesto de sociedades

ANEXO B – Autoridades competentes

La Administración Tributaria de Barbados.

ANEXO C - Definición del término “nacional” a los efectos del Convenio

A efectos de la letra e del apartado 1 del artículo 3 del Convenio, el término “nacional” designa, por lo que se refiere a Barbados, a toda persona física que posea la nacionalidad o ciudadanía de Barbados, y a toda persona jurídica, sociedad de personas o asociación constituidas de conformidad con la legislación vigente en Barbados.”

CHILE

07-07-2016 RATIFICACIÓN

01-11-2016 ENTRADA EN VIGOR, con las siguientes reservas y declaraciones:

“En virtud de la letra a del apartado 1 del artículo 30 del Convenio, la República de Chile se reserva el derecho de no prestar ninguna forma de asistencia en relación con los impuestos de otras Partes, excepto los incluidos por Chile en el Anexo A del Convenio.

En virtud de la letra b del apartado 1 del artículo 30 del Convenio, la República de Chile se reserva el derecho de no prestar asistencia en materia de cobro de cualesquiera créditos tributarios, ni de cobro de multas administrativas, respecto de la totalidad de los impuestos.

En virtud de la letra d del apartado 1 del artículo 30 del Convenio, la República de Chile se reserva el derecho de no prestar asistencia en materia de notificación de documentos.

En virtud de la letra e del apartado 1 del artículo 30 del Convenio, la República de Chile se reserva el derecho de no permitir las notificaciones por correo previstas en el apartado 3 de su artículo 17.

En virtud de la letra f del apartado 1 del artículo 30 del Convenio, la República de Chile se reserva el derecho de aplicar el apartado 7 del artículo 28 exclusivamente para la asistencia administrativa que abarque los periodos de imposición que se inician el 1 de enero, o después del 1 de enero del tercer año anterior a aquel en que haya entrado en vigor con respecto a Chile o, a falta de periodo de imposición, para la asistencia administrativa relativa a las obligaciones fiscales que nazcan el 1 de enero o después del 1 de enero del tercer año anterior a aquel en que haya entrado en vigor con respecto a Chile.

En virtud del apartado 3 del artículo 4 del Convenio, la República de Chile declara que sus autoridades pueden informar a sus residentes antes de suministrar información que les concierna, en aplicación de los artículo 5 y 7 del Convenio.

En virtud del apartado 3 del artículo 9 del Convenio, la República de Chile no aceptará, como regla general, las solicitudes a que se refiere el apartado 1 de dicho artículo.

ANEXO A – Impuestos a los que se aplicará el Convenio

i. Impuestos incluidos en el impuesto sobre la renta

ii. Impuestos sobre transacciones y servicios

iii. Impuestos sobre sucesiones y donaciones

ANEXO B – Autoridades competentes

El Ministro de Finanzas, el Comisario del Servicio Chileno de Impuestos Internos, o sus representantes autorizados.

ANEXO C - Definición del término “nacional” a los efectos del Convenio

En virtud de la letra e del apartado 1 del artículo 3 del Convenio, la República de Chile declara que el término “nacional” designa a toda persona física que posea la nacionalidad chilena y a toda persona jurídica o asociación constituida de conformidad con la legislación vigente en la República de Chile.”

PAÍSES BAJOS

22-07-2016 DECLARACIÓN:

“La Representación Permanente de los Países Bajos ante el Consejo de Europa tiene el honor de referirse a la siguiente declaración por los Países Bajos, en nombre de la parte europea de los Países Bajos y de la parte caribeña de los Países Bajos (las islas Bonaire, San Eustaquio y Saba), relativa al Convenio de asistencia administrativa mutua en materia fiscal. Esta declaración se hace de conformidad con las disposiciones del artículo 32 del Acuerdo.

Declaración relativa a la fecha de efecto para los intercambios de información previstos por el Acuerdo multilateral entre autoridades competentes sobre intercambio automático de información de cuentas financieras.

Considerando que el Reino de los Países Bajos se ha comprometido a intercambiar información automáticamente en/a partir de 2017 y que, para estar en condiciones de intercambiar información automáticamente en virtud del artículo 6 del Convenio de asistencia administrativa mutua en materia fiscal modificado por el Protocolo de enmienda al Convenio de asistencia administrativa mutua en materia fiscal (en adelante el “Convenio modificado”), de conformidad con el calendario con el que se ha comprometido, el Reino de los Países Bajos ha firmado una declaración de adhesión al Acuerdo multilateral entre autoridades competentes sobre intercambio automático de información de cuentas financieras (en adelante “AMAC NCD”) el 29 de octubre de 2014;

Considerando que de conformidad con su artículo 28(6), el Convenio modificado se aplica a la asistencia administrativa que abarca los periodos de imposición que se inicien el 1 de enero, o después del 1 de enero del año siguiente a aquel durante el cual entró en vigor el Convenio modificado respecto de la Parte o, a falta de periodo de imposición, se aplica a la asistencia administrativa relativa a las obligaciones fiscales que inician el 1 de enero o después del 1 de enero del año siguiente a aquel durante el cual entró en vigor el Convenio modificado respecto de una Parte;

Considerando que el artículo 28(6) del Convenio modificado prevé que dos o más Partes pueden acordar que el Convenio modificado surta efecto en cuanto a la asistencia administrativa relativa a periodos de imposición u obligaciones fiscales anteriores;

Consciente de que un Estado no puede transmitir información en virtud del Convenio modificado salvo por lo que se refiere a periodos de imposición u obligaciones fiscales del Estado destinatario para el que es aplicable el Convenio modificado; y de que, en consecuencia, los Estados emisores para los que el Convenio acaba de entrar en vigor en un año en concreto solo pueden prestar asistencia administrativa a los Estados destinatarios por los periodos de imposición o por obligaciones fiscales que se inicien el 1 de enero o después del 1 de enero del año siguiente;

Reconociendo que una Parte que ya fuera Parte en el Convenio modificado podría recibir información de una nueva Parte en virtud del artículo 6 del Convenio modificado y del AMAC NCD por lo que se refiere a periodos de imposición o a obligaciones fiscales anteriores a la fecha prevista en el Convenio modificado si ambas Partes declaran que están de acuerdo en que se aplique otra fecha de efecto;

Reconociendo además, que una nueva Parte en el Convenio modificado podría transmitir información a una Parte que, en virtud del artículo 6 del Convenio modificado y del AMAC NCD, ya fuera Parte en el Convenio modificado relativa a periodos de imposición u obligaciones fiscales anteriores a la fecha prevista en el Convenio modificado si ambas parte declaran que están de acuerdo en que se aplique otra fecha de efecto;

Reconociendo que la información recibida en virtud del artículo 6 del Convenio modificado y del AMAC NCD puede dar lugar a solicitudes de seguimiento remitidas por el órgano jurisdiccional destinatario al Estado remitente, referentes al mismo periodo de declaración que aquel por el que el Estado remitente ha intercambiado información automáticamente en virtud del AMAC NCD;

Confirmando que la capacidad de un Estado de transmitir la información a que se refiere la NCD en virtud del artículo 6 del Convenio modificado y del AMAC NCD, así como la información relativa a las solicitudes de seguimiento formuladas en aplicación del artículo 5 del Convenio modificado, está regulada por las disposiciones del AMAC NCD, incluidos los periodos de declaración pertinentes del Estado remitente que figuran en ella, independientemente de los periodos de imposición o de las obligaciones fiscales del Estado destinatario a que se refiere esa información;

El Reino de los Países Bajos declara, en nombre de la parte europea de los Países Bajos y de la parte caribeña de los Países Bajos (las islas Bonaire, San Eustaquio y Saba), que el Convenio modificado se aplica de conformidad con las disposiciones del AMAC NCD por lo que se refiere a la asistencia administrativa prevista por el AMAC NCD entre esas partes del Reino de los Países Bajos y las demás Partes en el Convenio modificado que han hecho declaraciones semejantes, independientemente del periodo de imposición o de las obligaciones fiscales del Estado destinatario a que se refiere esa información.

El Reino de los Países Bajos declara, en nombre de la parte europea de los Países Bajos y de la parte caribeña de los Países Bajos (las islas Bonaire, San Eustaquio y Saba), que el Convenio modificado se aplica también en lo que se refiere a la asistencia administrativa prevista por su artículo 5, entre esas partes del Reino de los Países Bajos y las demás Partes en el Convenio modificado que han hecho declaraciones similares, independientemente de los periodos de imposición o de las obligaciones fiscales del Estado destinatario a que se refiere esa información, cuando esa asistencia trate de las solicitudes de seguimiento relativas a la información intercambiada en virtud del AMAC NCD por periodos de declaración del Estado remitente cubiertos por el AMAC NCD.”

JC – Aduaneros y Comerciales

- 19721202201

CONVENIO ADUANERO SOBRE CONTENEDORES, 1972.

Ginebra, 02 de diciembre de 1972. BOE: 12-03-1976 y 15-03-1988.

REPÚBLICA DE MOLDOVA

01-10-2016 ADHESIÓN

01-04.2017 ENTRADA EN VIGOR

- 19751114200

CONVENIO ADUANERO RELATIVO AL TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS AL AMPARO DE LOS CUADERNOS TIR

Ginebra, 14 de noviembre de 1975. BOE: 09-02-1983, Nº 34.

CHINA

05-07-2016 ADHESIÓN

05-01-2017 ENTRADA EN VIGOR, con las siguientes reserva y aplicación territorial:

Reserva

La República Popular China no acepta las restricciones impuestas en los párrafos del 2 al 6 del artículo 57 del Convenio relativo al Transporte Internacional de Mercancías de 1975.

Aplicación territorial

Hasta que así lo notifique el Gobierno de la República Popular China, el Convenio relativo al Transporte Internacional de Mercancías de 1975 no será de aplicación en las regiones administrativas especiales de la República Popular China de Hong Kong y Macao.

- 19971218200

CONVENIO CELEBRADO SOBRE LA BASE DEL ARTÍCULO K.3 DEL TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA, RELATIVO A LA ASISTENCIA MUTUA Y LA COOPERACIÓN ENTRE LAS ADMINISTRACIONES ADUANERAS

Bruselas, 18 de diciembre de 1997. BOE: 20-08-2002, Nº 199; 12-09-2003, Nº 219; 21-06-2006, Nº 147; 22-08-2009, Nº 203.

CROACIA

01-07-2016 ENTRADA EN VIGOR

Decisión del Consejo de 20-05-2016, de acuerdo con los Arts. 3(4) y 3(5) de su Acta de Adhesión a la UE.

RESERVAS:

La república de Croacia declara que no está obligada por los artículos 20, 21 y 23 del Convenio.

K – AGRÍCOLAS Y PESQUEROS

KC – Protección de Animales y Plantas

- 19730303200

CONVENIO SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES (CITES).

Washington, 3 de marzo de 1973. BOE: 30-07-1986 Nº 181

TONGA

22-07-2016 ADHESIÓN

20-10-2016 ENTRADA EN VIGOR

- 19790623200

CONVENIO SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES MIGRATORIAS DE ANIMALES DE LA FAUNA SALVAJE.

Bonn, 23 de junio de 1979. BOE: 29-10-1985, Nº 259 y 17-05-1995, Nº 117

TONGA

22-07-2016 ADHESIÓN

20-10-2016 ENTRADA EN VIGOR

- 19830430200

ENMIENDA AL artículo XXI DE LA CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIÓNAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRE (WASHINGTON 3 DE MARZO DE 1973)

Gaborone, 30 de abril de 1983. BOE: 11-11-2013, nº 270

REINO UNIDO

09-05-2016 CORRECCIÓN DECLARACIÓN TERRITORIAL

El 9 de mayo de 2016, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte informó al Consejo Federal Suizo de una corrección en sus declaraciones territoriales relativas a las enmiendas del CITES, concluidas en Bonn, el 22 de junio de 1979 y en Gaborone, el 30 de abril de 1983, como sigue:

El 2 de agosto de 1976, el CITES extendió a su aplicación a las Islas Falkland, pero no a las Dependencias de dichas Islas. El 28 de noviembre, el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte notificó al Depositario por error la aceptación de la Enmienda de Bonn respecto de las Islas Falkland y sus Dependencias. Es su deseo corregir este error y por la presente confirma que acepta la Enmienda de Bonn únicamente respecto del territorio de las Islas Falkland, no de sus dependencias, en la actualidad, el territorio de Georgia del Sur y las Islas Sandwich del Sur. De forma análoga, el 13 de diciembre de 1985, notificó al Depositario por error la aceptación de la Enmienda de Gaborone respecto de Georgia del Sur y las Islas Sandwich del Sur. Su deseo es corregir este error y por el presente confirma que no acepta la Enmienda de Gaborone respecto del territorio de Georgia del Sur y las Islas Sandwich del Sur.

REPÚBLICA POPULAR CHINA

10-05-2016 DECLARACIÓN DE APLICACIÓN TERRITORIAL A LAS REGIONES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES DE HONG KONG Y MACAO.

TONGA

22-07-2016 ADHESIÓN

20-10-2016 ENTRADA EN VIGOR

L – INDUSTRIALES Y TÉCNICOS

LC – Técnicos

- 19580320200

ACUERDO SOBRE LA ADOPCIÓN DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS UNIFORMES APLICABLES A LOS VEHÍCULOS DE RUEDAS Y LOS EQUIPOS Y PIEZAS QUE PUEDAN MONTARSE O UTILIZARSE EN ÉSTOS, Y SOBRE LAS CONDICIONES DE RECONOCIMIENTO RECÍPROCO DE LAS HOMOLOGACIONES CONCEDIDAS CONFORME A DICHAS PRESCRIPCIONES.

Ginebra, 20 de marzo de 1958. BOE: 03-01-1962.

REPÚBLICA DE MOLDAVIA 21-09-2016 ADHESIÓN

20-11-2016 ENTRADA EN VIGOR

- 19580320246

REGLAMENTO Nº 46, SOBRE PRESCRIPCIONES UNIFORMES, RELATIVAS A LA HOMOLOGACIÓN DE LOS RETROVISORES DE LOS VEHÍCULOS AUTOMÓVILES EN LO QUE CONCIERNE DE MONTAJE DE RETROVISORES.

Ginebra, 01-09-1981. BOE: 16-10-1989, Nº 248.

JAPÓN

16-08-2016 APLICACIÓN DEL REGLAMENTO

- 19580320266

REGLAMENTO Nº 66, SOBRE PRESCRIPCIONES UNIFORMES RELATIVAS A LA HOMOLOGACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE GRAN CAPACIDAD PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS RESPECTO A LA RESISTENCIA MECÁNICA DE SU SUPERESTRUCTURA

Ginebra, 02 de diciembre de 1986. BOE: 29-10-1992, Nº 260.

JAPÓN

13-09-2016 APLICACIÓN DEL REGLAMENTO