Primera Objeto

El presente convenio tiene como objeto general el establecimiento de las condiciones por las que se regirá la colaboración institucional entre ambas partes, para la definición de acciones y la puesta en marcha de iniciativas que contribuyan a la implementación efectiva del Plan Estatal de Vivienda, la Agenda Urbana Española y el Programa del 1,5 % cultural, a nivel municipal, a la vez que se colabora con la Red Española de Ciudades por el Clima y las Estrategias Locales de Economía Circular, en todos aquellos aspectos que se encuentren dentro del ámbito de competencias del Ministerio y que sean convenientemente desarrollados en los convenios específicos suscritos al efecto, cuando así lo requiera la dimensión y el alcance de la cooperación.

El presente convenio se desarrollará mediante Convenios Específicos que tendrán la misma consideración jurídica que aquél, en los que se reflejarán pormenorizadamente la dimensión y alcance de la cooperación, así como los compromisos de toda índole que asuman las partes. Dichos Convenios Específicos tendrán, desde el momento de su firma, la consideración de parte integrante del Convenio marco, siéndoles de aplicación el régimen y las normas reguladoras contenidas en el mismo.

Segunda Acciones a desarrollar

Ambas partes se comprometen a colaborar en todas las iniciativas de ambas instituciones que tengan entre sus objetivos mejorar la calidad, competitividad y sostenibilidad en materia de urbanismo, vivienda y arquitectura y, en concreto en relación con las recogidas en los apartados séptimo y octavo de este Convenio marco.

Tercera Obligaciones de las partes

A efectos del debido cumplimiento del objeto del presente Convenio marco, el Ministerio de Fomento y la FEMP se comprometen respectivamente a facilitarse mutuamente el acceso a la documentación e información necesaria en cada caso y a apoyarse mutuamente en el asesoramiento a los Ayuntamientos que lo necesiten en relación con las actuaciones previstas en el marco de cada uno de los Convenios específicos suscritos al efecto y/o, en su caso, de los contratos que traigan causa en él.

Cuarta Colaboración con otras Administraciones

Para impulsar las actuaciones que se instrumenten para la consecución de los objetivos expuestos, se promoverá una estrecha colaboración con las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, que tienen atribuidas competencias sobre la materia. Asimismo, se promoverá la colaboración con otras instituciones y organismos públicos para la consecución de los objetivos de este convenio.

Quinta Información y divulgación de actividades

Los firmantes de este convenio se informarán mutuamente a fin de, en su caso, adoptar medidas de colaboración sobre aquellos encuentros, conferencias, congresos o actividades similares que programen y puedan ser de interés para ambas.

Los firmantes podrán divulgar en la forma que estimen conveniente las acciones y experiencias que se deriven de las actuaciones realizadas para alcanzar los objetivos previstos en este convenio.

Sexta Financiación

El presente convenio no conlleva ningún gasto y, por tanto, no genera por sí mismo ninguna obligación económica a cargo de las partes, pero sí supone la formalización de compromisos jurídicos exigibles a los efectos de los establecido por el artículo 47.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Las aportaciones económicas por los costes que genere la colaboración serán evaluadas y acordadas por la Comisión Mixta y en su caso, se determinarán a través de la firma de Convenios Específicos cuya suscripción quedará supeditada a la viabilidad del mismo y a las disponibilidades presupuestarias de cada Organismo.

Séptima Comisión de seguimiento

Para la planificación y seguimiento de las actuaciones derivadas del presente convenio se crea una Comisión Mixta de Seguimiento y Coordinación, compuesta por cuatro miembros, a razón de dos por cada una de las partes, que serán designados, respectivamente, por el Ministerio de Fomento y por la FEMP, entidades firmantes del convenio.

Esta Comisión se constituirá en el plazo máximo de un mes a partir de la firma del convenio. En dicho acto se establecerán las pautas de funcionamiento de la misma y la periodicidad de sus reuniones.

Son funciones de esta Comisión:

• – Definir un plan anual de actuaciones específicas y su revisión, si se estimara oportuno.
• – Evaluar y proponer las aportaciones económicas para sufragar los costes que genere la colaboración.
• – Realizar el seguimiento de la ejecución de los Convenios Específicos que existan en su caso y proponer o impulsar las medidas necesarias para la aplicación del presente convenio.
• – Analizar de manera sistemática los niveles de desarrollo de las cláusulas de este convenio.
• – Estudiar la participación de otros organismos, entidades o empresas y proponer en su caso la coordinación y condiciones de esta participación.
• – Resolver las controversias sobre la interpretación y ejecución del presente Convenio marco y de los Convenios Específicos.

Octava Duración y entrada en vigor

De conformidad con lo establecido por el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, el presente convenio se perfeccionará con el consentimiento de las partes y resultará eficaz una vez inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal y publicado en el Boletín Oficial del Estado. Estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2019.

Antes de la finalización de la vigencia del convenio, los firmantes podrán acordar, expresamente y por escrito, su prórroga por periodos anuales hasta un máximo de cuatro años adicionales.

Novena Causas de extinción

El presente convenio concluirá, de conformidad con lo establecido por el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.

A tales efectos se entenderá como causas de resolución las siguientes:

• – La finalización del periodo de su vigencia,
• – El mutuo acuerdo de las partes firmantes,
• – El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por los firmantes,
• – La decisión judicial declaratoria de nulidad del convenio y
• – La denuncia expresa de cualquiera de las partes.

La extinción del convenio por incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos, exige que la parte incumplidora sea requerida por la otra parte para que en el plazo que ésta determine, sin que sea inferior a quince días, aquélla cumpla con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio.

La extinción del convenio por incumplimiento de las obligaciones y compromisos no dará a la parte cumplidora derecho a indemnización alguna.

La extinción por denuncia se producirá a los treinta días siguientes al de la fecha en la que la parte no denunciante reciba la notificación de la denuncia.

Las partes garantizarán la continuidad, hasta su conclusión, de aquellas actuaciones que se encuentren en ejecución en el momento de la extinción de la vigencia del convenio.

La extinción del presente Convenio marco no conllevará la de los Convenios Específicos a los que se refiere la cláusula primera.

Décima Modificación del convenio

De conformidad con lo que establece el artículo 49.g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, la modificación del contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de los firmantes.

Undécima Naturaleza y jurisdicción

El presente convenio tiene carácter administrativo y se regirá por el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, queda excluido del ámbito de aplicación de la misma, sin perjuicio de los principios y criterios que de la misma puedan aplicarse para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.

Las partes acuerdan que las controversias sobre la interpretación y ejecución del presente convenio serán resueltas, una vez agotada la vía de la Comisión Mixta de Seguimiento y Coordinación prevista en el mismo, con el sometimiento a la jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con lo previsto en la Ley 29 /1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.