Primera Objeto

El objeto del presente Convenio es establecer el marco de colaboración entre el Consejo General de la Abogacía Española y el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, con el doble objetivo de promover el conocimiento y difusión de las publicaciones oficiales, y apoyar y acrecentar el fondo bibliográfico de la Biblioteca Digital del Consejo General de la Abogacía Española.

Segunda Actividades

Las actividades generales se concretan en:

• a. Por parte del Consejo General de la Abogacía Española:
  • – Seleccionar para la incorporación a su fondo bibliográfico las publicaciones electrónicas que considere se encuadran en su Biblioteca y que hayan sido propuestas por cada Unidad editora de la Administración General del Estado.
  • – Ofrecer al usuario desde cada registro bibliográfico incorporado a su Biblioteca dos enlaces, uno al Catálogo de Publicaciones de la Administración General del Estado (CPAGE) y otro a la página de descargas de la Unidad editora, o al que determine la Unidad editora, con el fin de facilitar el acceso a los catálogos íntegros de publicaciones oficiales.
  • – Facilitar el acceso a los puntos de venta y/o descarga en línea mediante la opción de incorporar un vínculo en cada uno de los registros bibliográficos a la página que corresponda.
  • – Eliminar de su sistema aquellas publicaciones que la Unidad editora estime oportuno en un plazo máximo de tres días hábiles desde su comunicación.
  • – Proporcionar estadísticas de uso de los contenidos de las Unidades editoras, siempre respetando la protección de datos de los usuarios
  • – Proteger la propiedad intelectual de todas las obras, para ello se utilizará un sistema anticopia en base a estándares tecnológicos. Además la plataforma regulará los plazos de préstamo y devolución establecidos para dichas obras tanto en tecnología streaming como de descarga protegida.
  • – Difundir la colección entre su colectivo de usuarios y público potencial.
  • – Proporcionar el acceso a los departamentos ministeriales y/u organismos públicos de los que dependan las Unidades editoras con las que se establezca colaboración, a la «Documentación Institucional» producida por el Consejo General de la Abogacía Española, los Colegios de Abogados y los Consejos Autonómicos de Colegios de Abogados que estén disponibles en su sistema.
• b. Las Unidades editoras se comprometen a:
  • – Proponer al Consejo General de la Abogacía Española la incorporación al fondo bibliográfico de su Biblioteca Digital de aquellas publicaciones que, de acuerdo a su política editorial, estime oportuno.
  • – En el caso de aquellas publicaciones sometidas a una actualización continua de sus contenidos, será la Unidad editora la que determine el procedimiento por el que se accederá a dichas publicaciones.
  • – En el caso de las publicaciones gratuitas, las Unidades editoras ofrecerán la posibilidad de realizar descargas libres de las mismas.
  • – En el caso de las publicaciones con precio, la Unidad editora cederá tantos ejemplares electrónicos o licencias de uso como se determine por ambas partes para su préstamo gratuito al usuario en las condiciones que se acuerden.
  • – Facilitar las cubiertas digitalizadas de las obras seleccionadas.
  • – Facilitar, en la medida de lo posible, los metadatos de los contenidos para permitir su identificación y recuperación, así como su catalogación.

Tercera Actividades que corresponden a ambas partes

Además de lo señalado en la cláusula anterior, ambas partes, de conformidad con sus normas y competencias respectivas, promoverán la realización de cuantas actividades se estimen de interés tales como:

• – Intercambiar información documental en áreas de interés común (revistas, libros, trabajos de investigación).
• – Favorecer el ejercicio de la investigación jurídica y el desarrollo de la práctica profesional cotidiana.
• – Promover publicaciones conjuntas sobre temas de interés común para ambas instituciones, así como la coedición de las publicaciones que dimanen de las actividades conjuntas.
• – Programar la creación y organización de actividades coordinadas de formación y de proyección social mediante la celebración de seminarios, jornadas o congresos.
• – Suministrar mutuamente, de forma asidua y preferencial, la información de actividades que desarrollen con la difusión pertinente de las mismas mediante sus procedimientos y soportes habituales.

El contenido descrito en cada uno de los apartados será acordado, en su caso, en una adenda que concrete la línea de cooperación.

Cuarta Restricciones de acceso a los contenidos

En cualquier caso las Unidades editoras quedarán excluidas del acceso a los contenidos de la Biblioteca Digital del Colegio General de la Abogacía que hayan sido suministrados por editoriales privadas.

Quinta Protección de datos

Los firmantes de este Convenio se informan recíprocamente de que sus respectivos datos personales recogidos en el mismo serán tratados de acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal, con la finalidad del desarrollo del presente Convenio, sin que sean cedidos a terceros salvo que sea necesario por imposición legal.

Las partes se comprometen a tratar los datos personales de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión u oposición, así como del resto de derechos reconocidos en el Reglamento (UE) 2016/679, los firmantes deberán dirigirse en su caso a la dirección de quien, respectivamente, actúa como contraparte y cuya determinación figura en el encabezamiento de este Convenio.

Sexta Propiedad intelectual

Las Unidades editoras de la Administración General del Estado garantizarán que los contenidos digitales que proporcionen al Consejo General de la Abogacía Española para su inclusión dentro de la Biblioteca Digital cumplen con los requisitos establecidos en el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. Por su parte, el Consejo General de la Abogacía Española garantiza igualmente que su plataforma tecnológica respeta todos los requisitos establecidos en dicho texto refundido. Además, en todos los archivos incorporados en la Biblioteca Digital se utilizará un sistema anticopia en base a estándares tecnológicos.

Séptima Política de usuarios

La Biblioteca Digital del Consejo General de la Abogacía Española cuenta con una detallada política de usuarios que incluye entre otros aspectos los derechos y deberes de los usuarios, haciendo una referencia particular a la privacidad, confidencialidad y protección de datos del usuario, así como a las obligaciones relativas al respeto a la propiedad intelectual.

Octava Difusión

Para promover y facilitar la consecución de los fines del presente Convenio, ambas entidades se comprometen a dar cobertura informativa y difusión, bajo cualquiera de los soportes a su alcance, de las actividades realizadas al amparo del presente Convenio, así como de la existencia y términos del mismo.

Las Unidades editoras de la Administración General del Estado se comprometen a no divulgar noticias o información relativa a la Biblioteca Digital de la Abogacía si no es de mutuo acuerdo con el Consejo General de la Abogacía Española o sin contar con la aprobación previa del Consejo General de la Abogacía Española.

Novena Responsables

La unidad responsable de los trabajos dentro del Consejo General de la Abogacía Española estará compuesta por el equipo interdisciplinar responsable, formado por un Letrado de los Servicios Jurídicos, un Jefe de Proyecto de Tecnologías y el Jefe de Documentación de dicha institución que tendrá como interlocutor dentro del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad a la Subdirección General de Publicaciones, Documentación y Archivo, y, dentro de la misma, al Subdirector/a General, al Subdirector/a General Adjunto/a y al Jefe/a de Área.

Décima Comisión mixta de seguimiento

Para el seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del presente Convenio se constituirá una Comisión Mixta paritaria que estará encargada de velar por el cumplimiento, aplicación e interpretación del Convenio y resolver por mutuo acuerdo las eventuales discrepancias que pudieran presentarse, sometiéndose las partes a la jurisdicción contencioso-administrativa en el caso de no alcanzarse dicho acuerdo. La Comisión estará formada, por parte del Consejo General de la Abogacía Española, por un Letrado de los Servicios Jurídicos, un Jefe de Proyecto de Tecnologías y el Jefe de Documentación de dicha institución y, por parte del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, por el Subdirector/a General, por el Subdirector/a General Adjunto/a y por el Jefe/a de Área de la Subdirección General de Publicaciones, Documentación y Archivo del Departamento.

Undécima Duración del Convenio

Este Convenio se perfeccionará por el consentimiento y firma de las partes, y resultará eficaz una vez inscrito en el Registro Electrónico de Órganos e Instrumentos de Cooperación del Sector Público Estatal y publicado en el «Boletín Oficial del Estado», iniciándose su vigencia desde la fecha de su publicación e inscripción.

El presente Convenio tendrá un periodo de vigencia de cuatro años, pudiéndose prorrogar de forma expresa por igual periodo de tiempo, con una anterioridad de un mes sobre la fecha de finalización del periodo inicial de vigencia.

Duodécima Adhesiones al Convenio

Las Unidades editoras podrán adherirse al presente Convenio mediante la firma del acuerdo que figura como anexo.

La voluntad de adhesión de cada Unidad editora se canalizará a través de la Secretaría de la Junta de Coordinación de Publicaciones Oficiales adscrita al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, quien facilitará el contacto de esta con los representantes del Consejo General de la Abogacía Española. La Unidad editora deberá comunicar la adhesión a la Secretaría de la Junta de Coordinación de Publicaciones Oficiales.

La vigencia de la adhesión se extenderá desde la inscripción del acuerdo en el Registro Electrónico de Órganos e Instrumentos de Cooperación del Sector Público Estatal hasta la finalización de la vigencia del Convenio, salvo prórroga del mismo.

La revocación de la adhesión por parte de cualquier Unidad editora requerirá la tramitación de una Adenda del convenio para tramitar la correspondiente resolución por mutuo acuerdo del convenio con ese firmante que deberá ajustarse a los requisitos establecidos en el artículo 50 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

En el supuesto de resolución del Convenio, las adhesiones al mismo quedarán sin efecto.

La Subdirección General de Publicaciones, Documentación y Archivo comunicará a todas las Unidades editoras adheridas al Convenio la extinción o la resolución del mismo.

Decimotercera No incremento del gasto público

Las obligaciones derivadas de este Convenio no supondrán incremento alguno del gasto público. Su aplicación y funcionamiento será atendido con los medios materiales, técnicos, presupuestarios y de personal existentes en el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, y en las Unidades editoras de la Administración General del Estado que, en su caso, se adhieran.

Decimocuarta Extinción del Convenio

Este Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.

Son causa de resolución:

• a) El transcurso del plazo pactado o, en su caso, de su prórroga.
• b) El mutuo acuerdo de las partes.
• c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por alguno de los firmantes.

  En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en el plazo de quince días con las obligaciones o compromisos que considere incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la Comisión Mixta de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del Convenio.

  Si transcurrido el plazo indicado persistiera el incumplimiento, la parte que formuló el requerimiento notificará a la otra parte la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el Convenio.

• d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
• e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en las leyes.

Decimoquinta Modificación del Convenio

La modificación del contenido del Convenio requerirá acuerdo unánime de las partes.

Decimosexta No exclusividad

La firma del presente Convenio no implica exclusividad para ninguna de las partes respecto de su objeto, de forma que cualquiera de ellas podrá desarrollar las actividades que conforman el objeto del presente Convenio con otras entidades o personas jurídicas.

Decimoséptima Naturaleza jurídica

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, y se rige por lo dispuesto en el capítulo VI del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.