Primera Objeto del Convenio

Es objeto del presente convenio la implantación de un punto de acceso al Sistema informático Jara del SES en cada sede de los IMLCF de Cáceres y Badajoz, para la consulta del historial clínico de pacientes incursos en una causa judicial, cuando sea necesario en la emisión de informes solicitados por la autoridad judicial. Dicho acceso quedará restringido a lo estrictamente necesario para la elaboración de los informes periciales solicitados por la autoridad judicial.

Segunda Compromisos de las partes

El SES se compromete a facilitar a la Dirección de los IMLCF de Badajoz y Cáceres el acceso al Sistema informático Jara de su red hospitalaria, para la realización de las consultas que resultaran necesarias con el fin de la elaboración de los informes solicitados por los juzgados, tribunales y fiscalías.

El acceso al Sistema Jara se limitará a la Dirección del IMLCF o a la persona o personas en las que delegue.

El Ministerio de Justicia se compromete a través de los IMLCF de Badajoz y Cáceres a mantener el deber de secreto y confidencialidad de los datos a los que tengan acceso.

Asimismo, los IMLCF de Badajoz y Cáceres dispondrán de un protocolo de acceso al sistema Jara que garantice el cumplimiento de la normativa de protección de datos referida en la cláusula tercera del presente convenio, debiendo contar especialmente, con el consentimiento de los interesados para acceder al aplicativo, debiendo contemplar los siguientes supuestos:

• – Fallecidos: no es necesario consentimiento.
• – Vivos: contar con la autorización por escrito del paciente o en su defecto autorización judicial.
• – Praxis Médica: contar con la autorización judicial en todos los casos.

Tercera Protección de Datos de Carácter Personal

Cada uno de los integrantes de las parte del presente convenio, vendrán obligados por las disposiciones y exigencias establecidas por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE ( Reglamento general de protección de datos), Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás disposiciones vigentes sobre la materia.

Asimismo, ambas partes habrán de actuar de conformidad con lo preceptuado tanto en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica como en la Ley 3/2005, de 8 de julio, de Información Sanitaria y Autonomía del paciente.

Cuarta Comisión de seguimiento y control

Para el adecuado seguimiento, coordinación, control e interpretación de lo establecido en el presente convenio, se crea una comisión de seguimiento integrada por dos miembros designados por el Ministerio de Justicia y otros dos por el SES y un representante de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Extremadura. La Comisión se reunirá cuando lo determinen las partes.

La comisión se regirá, en cuanto a su funcionamiento, periodicidad de las reuniones y vinculación de sus acuerdos, por lo dispuesto en el Capítulo II del, Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que regula el funcionamiento de los órganos colegiados.

Quinta Financiación

El presente convenio no conlleva obligaciones financieras o contraprestación económica para ninguna de las partes.

Sexta Efectos del convenio

El presente convenio tendrá efectos de tres años naturales a partir del día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» en los términos del artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, una vez inscrito en el registro electrónico estatal de órganos e instrumentos de Cooperación del sector público estatal; será prorrogable a su término mediante acuerdo expreso por igual periodo, que deberá formalizarse con un mes de antelación a la expiración del convenio.

Asimismo, cualquiera de las partes firmantes podrá proceder a su denuncia expresa con un plazo mínimo de tres meses a la fecha en que se pretenda su expiración.

Las partes firmantes podrán modificar los términos del presente Convenio en cualquier momento, de mutuo acuerdo, mediante la firma de una adenda al mismo.

Séptima Causas de resolución

El presente convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.

Son causas de resolución:

• a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.
• b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
• c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes.

  En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la comisión de seguimiento y control.

  Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la parte firmante la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio.

• d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
• e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en otras leyes.

Octava Naturaleza

El presente convenio, de naturaleza jurídico-administrativa, se celebra al amparo de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Las controversias que puedan surgir sobre la interpretación, modificación, ejecución, resolución y efectos que puedan derivarse del presente convenio se resolverán entre las partes de la manera amistosa en el seno de la comisión prevista en la cláusula cuarta.

Al tener naturaleza administrativa, el orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.