ANEXOS

• • Anexo 1. Relación de integrantes de las delegaciones oficiales de España y del Perú.
• • Anexo 2. Documento de Marco de Asociación España-Perú 2019-2022.

ANEXO 1

Relación de integrantes de las Delegaciones Oficiales de España y del Perú

Delegación Española:

Sr. don Pedro Sánchez Pérez-Castejón, Presidente del Gobierno del Reino de España.

Sr. don Josep Borrell Fontelles, Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Sr. don Juan Pablo de Laiglesia y González de Peredo, Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe.

Sr. don Ernesto de Zulueta Habsburgo-Lorena, Embajador de España en el Perú.

Sr. don Gabriel Ferrero y de Loma-Osorio, Director General de Políticas de Desarrollo Sostenible.

Delegación Peruana:

Sr. don Martín Vizcarra Cornejo, Presidente de la República del Perú.

Sr. don Néstor Popolizio Bardales, Ministro de Relaciones Exteriores.

Sr. don Claudio de la Puente Ribeyro, Embajador del Perú en España.

Sr. don José Antonio González Norris, Director Ejecutivo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional.

ANEXO 2

Marco de asociación España-Perú 2019-2022

1. Resumen ejecutivo

El Perú es considerado país de renta media alta desde 2011. Durante los últimos 20 años el país ha experimentado un fuerte crecimiento, lo que le ha permitido reducir la pobreza considerablemente (de un 60% en 2003 a un 22% actual), ampliar la clase media (actualmente un tercio del país) y aumentar progresivamente el bienestar de su ciudadanía. No obstante, son todavía muchos los retos que enfrenta el país, como el bajo crecimiento de la productividad, la limitada competitividad de su economía, las grandes desigualdades y las elevadas tasas de informalidad laboral.

Desde el 2016 el Estado peruano está orientando sus esfuerzos a incorporar los lineamientos de la Agenda 2030 en las políticas sectoriales de alcance nacional, y ha fortalecido las instancias de coordinación gubernamental multinivel para orientar las políticas subnacionales bajo un enfoque territorial. Ya cuenta con un «Sistema de Monitoreo y Seguimiento a los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)», y ha logrado incorporar la Agenda 2030 en el proceso de planeamiento estratégico del Estado.

Los desafíos que afronta el Perú para lograr el desarrollo sostenible se pueden enmarcar en las dimensiones que establece la Agenda 2030. En la dimensión social, de las personas, reducir la discriminación y avanzar hacia la protección efectiva de los derechos humanos es clave para erradicar la pobreza y la desigualdad en el país; en la dimensión del planeta, es fundamental hacer frente al alto riesgo de desastres en uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático; para avanzar en la dimensión económica, la prosperidad, se busca mejorar la productividad económica para una mayor competitividad y acceso a mercados internacionales y reducir, además, las altas tasas de informalidad; para avanzar en la dimensión política e institucional, asegurando la paz, se deben acometer profundas reformas institucionales en los tres poderes del Estado para mejorar su funcionamiento, luchar contra la corrupción y garantizar la total realización de los derechos humanos.

La CE en Perú focalizará su contribución a los ODS y metas priorizadas por Perú teniendo como principales referencias: La Agenda 2030; el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), también denominado «Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021»; la Propuesta de Imagen de futuro del Perú al 2030; y la Política General de Gobierno al 2021, todo en ello en concordancia con lo establecido en el V Plan Director de la Cooperación Española.

La CE mantiene en Perú un diálogo permanente con el Gobierno en todos los niveles del estado, sustentado en la interacción directa con los responsables públicos, el acompañamiento de procesos, y el establecimiento de relaciones de confianza, y continuidad para promover cambios o políticas de desarrollo. Apoya la estrategia de la Unión Europea para el fortalecimiento de la Sociedad Civil, que ha logrado una mayor articulación entre las distintas organizaciones a través de procesos de trabajo conjunto, la priorización colectiva de temas y la construcción de posiciones y opiniones compartidas. Además, la CE mantiene los compromisos de la cooperación internacional para mejorar el impacto y la eficacia de la ayuda, siguiendo las directrices de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo para un mayor alineamiento con el país.

La CE en Perú contribuirá por medio de sus diferentes instrumentos y actores, y en diferentes grados a la consecución de los ODS en Perú, de forma interrelacionada entre sí, sin dejar a nadie atrás, generando alianzas entre diferentes actores y bajo el enfoque de los derechos humanos.

Por medio de la implementación de la Agenda 2030, la CE contribuirá a apoyar al Estado Peruano en su responsabilidad de respetar, proteger y promover los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas, sin hacer distinción alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento, discapacidad o cualquier otra condición, de acuerdo con la Carta de Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

A través de los distintos instrumentos y modalidades de la CE y de sus diferentes actores, (AECID, resto de la AGE, la Cooperación Descentralizada, Entidades Locales, Universidades y ONGDs, Fundaciones y sector privado) se contribuirá a las siguientes 23 Metas de los 16 ODS en Perú, agrupadas según las siguientes dimensiones de la Agenda 2030: Las personas, el planeta, la prosperidad y la paz.

ODS	Metas
Las personas
ODS 1 Fin de la pobreza.	Meta 1.5 Fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones vulnerables.
ODS 2 Hambre cero.	Meta 2.2 Poner fin a todas las formas de malnutrición.
ODS 3 Salud y bienestar.	Meta 3.8 Contribuir a la cobertura sanitaria universal.
ODS 4 Educación de calidad.	Meta 4.4 Aumentar la población con las competencias técnicas y profesionales para acceder al empleo. Meta 4.7 Asegurar la adquisición de conocimientos necesarios para promover el desarrollo sostenible en todas sus variantes.
ODS 5 Igualdad de generó.	Meta 5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas. Meta 5.5 Velar por la plena y efectiva participación de las mujeres y la igualdad de oportunidades.
ODS 6 Agua limpia y saneamiento.	Metas 6.1 Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable. Meta 6.2 Ampliar la cobertura a servicios básicos de saneamiento e higiene.
La prosperidad
ODS 7 Energía asequible y no contaminante.	Meta 7.2 Aumentar la proporción de energías renovables.
ODS 8 Trabajo digno y crecimiento económico.	Meta 8.5 Lograr empleo digno y de calidad. Meta 8.9 Políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y productos locales. Meta 8.10 Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para fomentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos.
ODS 9 Industria, innovación e infraestructura.	Meta 9.3 Aumentar el acceso de las pequeñas industrias a los servicios financieros y su integración en las cadenas de valor en los mercados.
ODS 10 Reducción de las desigualdades.	Meta 10.7 Facilitar la migración y la movilidad ordenada y bien gestionada.
ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles.	Meta 11.3 Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para una planificación y gestión participativa, integrada y sostenible. Meta 11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural.
El Planeta
ODS 12 Producción y consumo responsables.	Meta 12.6 Alentar a las empresas a adoptar prácticas sostenibles e incorporar información sobre sostenibilidad en sus informes.
ODS 13 Acción por el clima.	Meta 13.2 Incorporar medidas relativas a Cambio Climático en las políticas, estrategias y Planes Nacionales
ODS 14 Vida submarina.	Meta 14.4 Regular eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva.
ODS 15 Vida de ecosistemas terrestres.	Meta 15.1 Asegurar la conservación y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres.
La Paz
ODS 16 Paz, justicia e instituciones solidas.	Meta 16.3 Promover el Estado de Derecho y garantizar el acceso a la justicia. Meta 16.6 Crear instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.

En el marco del ODS 17, que se refiere a las alianzas para el desarrollo como quinta dimensión de la Agenda 2030, la CE promoverá la construcción y fortalecimiento de alianzas o asociaciones con los diferentes actores comprometidos en contribuir a los ODS en Perú. Para ello se incentivará el alineamiento de los distintos actores (públicos, privados y agentes sociales) con los ODS de forma que se puedan armonizar los criterios de intervención y la medición de las contribuciones.

El Marco de Asociación será el marco de referencia para impulsar las relaciones horizontales entre organismos homólogos de España y Perú, así como para el establecimiento de alianzas a diferentes niveles en Perú y con la CE. Se fomentará la construcción de estrategias de sustentabilidad entre los diferentes actores de desarrollo a fin de ubicar el desarrollo sostenible como vector en sus acciones.

Tendrán especial incidencia en el desarrollo del Marco de Asociación la Administración General del Estado y otras entidades que integran el sector público institucional estatal, las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, las Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo, el sector privado empresarial, los Organismos Multilaterales, la Cooperación Iberoamericana, la Unión Europea y el Programa Iberoamericano de Cooperación Sur-Sur y Triangular.

En el marco de una dilatada trayectoria de colaboración entre la CE y el sector privado en el país, a través de varias iniciativas llevadas a cabo con la Cámara Oficial de Comercio Española y diversas empresas asociadas, y dada la gran presencia de empresas y fundaciones empresariales con importantes programas en el ámbito de desarrollo sostenible, se buscará profundizar en la interlocución con estos actores e impulsar programas y alianzas multiactor que propicien la integración efectiva del sector privado en las políticas para el desarrollo, en el marco de la Agenda 2030.

En cuanto a los riesgos a enfrentar en el próximo periodo se tendrá en cuenta que las proyecciones de crecimiento para Perú son vulnerables a impactos externos como una caída de precios de las materias primas o un ajuste de las condiciones financieras internacionales. Además, Perú es uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático y debe estar siempre alerta a los desastres naturales, por lo que el fortalecimiento de políticas de reducción del riesgo y el mejor manejo fiscal de los desastres continuarán siendo una prioridad.

En cuanto a la previsión de recursos se espera que se pueda mantener el mismo nivel de financiación que para el anterior MAP (en torno a los 18 millones de euros anuales), sin embargo, su asignación definitiva se realizará en los procedimientos anuales correspondientes, estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria y se realizará con cargo a los créditos ordinarios de los distintos actores implicados.

Con respecto a la transparencia y la rendición de cuentas, el MAP 2019-2022 potenciará y mejorará el Mecanismo de Seguimiento con el que ya cuenta la AECID en Perú, alineado con los mecanismos de seguimiento nacionales, lo que permitirá tener una actualización anual del avance de los indicadores del nivel de resultados intermedios definidos en el Marco de Desarrollo 2019-2022 (ver Anexo 2). Como resultado del Mecanismo de Seguimiento se contará con un Informe Anual de Seguimiento que contemple el avance en su consecución y la contribución de la CE a los resultados de desarrollo del país. Este Informe será validado por el CCCEP y compartido también con la Agencia Peruana de Cooperación Internacional y el Comité Paritario de Seguimiento del MAP.

Complementariamente, también servirán para la rendición de cuentas los distintos mecanismos y espacios de coordinación en los que la AECID participa junto a otros agentes de cooperación.

2. Antecedentes

a. Agenda 2030. Contexto de desarrollo y retos país

En relación con los ODS, a partir de septiembre de 2016, el Estado peruano ha orientado sus esfuerzos para una primera incorporación de los lineamientos de la Agenda 2030 dentro de sus políticas y planes.

El seguimiento de la implementación de la Agenda 2030 se ha organizado en tres niveles. En primer lugar, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), como ente rector del Sistema Estadístico Nacional, ha desarrollado un «Sistema de Monitoreo y Seguimiento a los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)», sobre la base del marco global de indicadores desarrollado por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas. De este modo, se cuenta con una plataforma (1) con los indicadores y datos disponibles para Perú que permite visualizar los indicadores y subindicadores de cada meta, así como las fichas metodológicas correspondientes. En abril de 2017, de los 241 indicadores asociados a las 169 metas de los ODS, 110 indicadores estaban disponibles con línea de base.

En segundo lugar, el CEPLAN ha planteado indicadores ilustrativos asociados a la propuesta de imagen de futuro acorde con las cinco dimensiones de la Agenda 2030 (personas, prosperidad, planeta, paz y alianzas), a fin de facilitar la difusión de información para el diálogo acerca del futuro del Perú al 2030. En tercer lugar, destaca el seguimiento concertado llevado a cabo por el Estado y la sociedad civil de manera conjunta, a través de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP). De esta forma, Perú presentó su primer Informe Nacional Voluntario en 2017 (2) . Este primer informe se centra en el proceso inicial de implementación de la Agenda 2030, dejando el reporte de los progresos de la implementación para los siguientes informes, que profundizarán en el análisis temático, los medios de implementación y el seguimiento detallado a indicadores.

En cualquier caso, un logro importante de esta etapa inicial es que Perú ha logrado incorporar la Agenda 2030 en el proceso de planeamiento estratégico del Estado y ha actualizado su visión de futuro en base a estos parámetros.

Partiendo de la Agenda 2030 en donde se establecen las 5 dimensiones para lograr el desarrollo sostenible y teniendo en cuenta el contexto y prioridades del Perú, se abordan a continuación estos ámbitos y los desafíos que afronta el país para lograr ese desarrollo sostenible al que se aspira.

i. Contexto social (Las Personas):

Según el último Censo de Población (2017), Perú tiene 31,2 millones de habitantes (50,6% de mujeres), siendo el sexto país más poblado de Latinoamérica. Su población es joven (50% menor de 30 años); y presenta una alta concentración en la costa (58%), frente a la sierra (28,1%) y la selva (13,9%). Es además pluricultural, un cuarto de la población se autoidentifica como indígena y el 3,57% es afrodescendiente.

El PIB per cápita, según datos del BM para el 2017 (3) , es de 6.571,9 USD en 2017 (4) , lo que le sitúa en el grupo de Países de Renta Media Alta. No obstante, este promedio esconde una acusada desigualdad territorial, siendo la renta exponencialmente mayor en la costa que en la sierra o Amazonía. Así, los niveles de pobreza monetaria (datos INEI (5) ), alcanzaron en 2017 el 21,7% de la población y la pobreza extrema afectó al 3,8% de la población. El Índice de Desarrollo Humano del Perú (2017) alcanzó el 0,75. El coeficiente de Gini, según datos del Banco Mundial para el año 2016, alcanza el 43, (6) (7) sitúa a Perú en el lugar 48 de los 144 países examinados. Sin embargo, todavía persisten altas brechas de género en el acceso a los programas y servicios de salud y educación, trabajo y participación política con mayor incidencia en el ámbito rural.

Durante las últimas dos décadas, Perú ha experimentado un gran avance en la reducción de la pobreza, así como en el desarrollo de políticas sociales. No obstante, aún persisten importantes desigualdades, relacionadas no solo con los ingresos sino también con diferentes dimensiones del bienestar social, y que afectan sobre todo a colectivos vulnerables, siendo el lugar de nacimiento, el origen étnico o el género, determinantes para el ejercicio de derechos, el acceso a los servicios básicos, la participación en las políticas públicas y oportunidades de desarrollo. En ese sentido, reducir la discriminación y avanzar hacia la protección efectiva de los derechos humanos es clave para erradicar la pobreza y la desigualdad en el país.

Finalmente, un tema importante que actualmente enfrenta Perú es la crisis migratoria producida por la situación económica, política y social en Venezuela. A finales de noviembre de 2018, se estiman en 850.000 las personas venezolanas en Perú, y se calcula que a finales de 2019 podría llegar el millón.

ii. Contexto económico (La prosperidad):

La economía peruana, según las proyecciones oficiales del Marco Macroeconómico Multianual 2019-2022 (8) se encuentra al inicio de una fase de aceleración, resultado de la implementación de una política macroeconómica contracíclica y de un entorno externo favorable, no exento de incertidumbres y riesgos. A pesar de los riesgos del contexto externo –posibles bajas de los precios de los metales, alzas del petróleo, además de tensiones por las políticas arancelarias de USA y China principales socios comerciales del Perú– la proyección es seguir creciendo hasta alcanzar el 4,7% en 2022.

En 2018, tras varios años de contracción de su economía, el Perú ha cerrado con una tasa de crecimiento del 4%, sin embargo, debe crecer con tasas superiores al 5% para reducir la pobreza, consolidar la clase media, generar empleo y garantizar un mayor bienestar de su población. Aparte de la necesidad de diversificar su canasta exportadora –centrada principalmente en materias primas–, son muchas las barreras que afectan directamente al crecimiento económico sostenible del país la baja productividad, limitada inversión en innovación, las brechas entre tamaños de empresa, el escaso cumplimiento de estándares de calidad, la mano de obra poco cualificada, la elevada tasa de informalidad y el desigual desarrollo económico y social de las regiones. Así, los esfuerzos se están concentrando en implementar medidas y reformas, buscando la mejora de la productividad económica para una mayor competitividad y acceso a mercados internacionales, así como la reducción de las altas tasas de informalidad, que en 2018 alcanzó al 73% de la masa laboral.

iii. Medio Ambiente y cambio climático (El Planeta):

La heterogeneidad de la geografía y las condiciones climáticas convierten a Perú en uno de los diez países con mayor diversidad del planeta y en uno de los más vulnerable a los efectos del cambio climático, a pesar de haber contribuido de manera mínima (0,4% del total mundial, según PNUD, 2013) al proceso de calentamiento global a través de la emisión de gases de efecto invernadero (GEI).

El alto riesgo de desastres es un aspecto fundamental y transversal, de carácter estructural, en la mayor parte del país; es clave para la dimensión ambiental del desarrollo y para la social, económica y político institucional. Por su geografía, ubicación en el continente e historia geológica, así como las persistentes brechas y desigualdades en el nivel de desarrollo, la población e infraestructura en el Perú siguen siendo altamente vulnerables ante fenómenos naturales. Los riesgos a los cuales el país se encuentra más expuesto son los generados por los fenómenos de El Niño y de La Niña, sequías, inundaciones, deslizamientos, huaicos, incendios forestales, «friajes» (episodios de frío inusual en la Amazonia), sismos y tsunamis. Como consecuencia del cambio climático, la frecuencia e intensidad de los eventos extremos está en aumento (UNDAF 2017-2021).

iv. Institucionalidad y políticas públicas (La Paz):

Perú cuenta a nivel subnacional con 25 regiones, 196 provincias y 1671 municipalidades con una gran disparidad entre, tamaños y provincias y con casi un 20% de fronteras con problemas de definición. La Ley de descentralización del 2002 estableció tres tipos de competencias basadas en el principio de subsidiaridad: exclusivas, compartidas, y delegadas. El país enfrenta fuertes retos en materia de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno.

Por otro lado, los resultados de las elecciones nacionales de 2016 desembocaron en una situación política complicada que provocó la salida del presidente electo, en 2017, asumiendo la Presidencia, el entonces vicepresidente del país, Martín Vizcarra, en marzo de 2018. Esta configuración política ha generado una cierta tensión entre el Parlamento y el Ejecutivo, planteando una gobernanza compleja y riesgos para la implementación de las reformas, de mediano y largo plazo, y la consecución de los objetivos del gobierno. Muestra de ello son las diversas crisis políticas que se han producido en este periodo, a las que se añaden los casos de redes de tráfico de influencias y corrupción. Este contexto ha puesto en evidencia la necesidad urgente de acometer profundas reformas institucionales en los tres poderes del Estado a fin de mejorar su funcionamiento.

Otro de los desafíos importantes para este periodo reside en al ámbito de los Derechos humanos. Si bien Perú ha tenido grandes avances en reducción de la pobreza y en el desarrollo de políticas sociales y redistributivas, aún mantiene desigualdades estructurales que impactan negativamente en el goce efectivo de los derechos humanos. Persisten, de hecho, desafíos que deben superarse, en especial aquellos relacionados con el acceso a una educación y salud pública de calidad, a la vida libre de violencia, el trabajo infantil, la violencia y discriminación contra la mujer, las niñas, los colectivos excluidos como la población LGTB, personas con discapacidad, población indígena y afroperuana, el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos, el derecho al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas y afroperuanos, la protección de los defensores de derechos humanos o las reparaciones a víctimas de violaciones de derechos humanos.

b. Planes Nacionales de Desarrollo

Las políticas de Estado definen lineamientos generales que orientan el accionar del Estado en el largo plazo a fin de lograr el bienestar de las personas y el desarrollo sostenible del país. Son el resultado del consenso alcanzado en el Foro del Acuerdo Nacional en el año 2002 (sociedad civil, Estado y partidos políticos) y están contenidas en el Acuerdo Nacional (35 Políticas agrupadas en cuatro ejes temáticos: (i) Democracia y Estado de derecho; (ii) Equidad y justicia social; (iii) Competitividad del país; y (iv) Estado eficiente, transparente y descentralizado).

Estas políticas se concretan en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), también denominado «Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021», aprobado en 2011. Es un plan de largo plazo que contiene las políticas nacionales de desarrollo que deberá seguir el Perú hasta el 2021, año en que se conmemorarán los 200 años de la proclamación de Independencia. El PEDN está sustentando en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el concepto de desarrollo humano como libertad y en las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional. Se enmarca en seis ejes estratégicos: (i) Derechos fundamentales y dignidad de personas; (ii) Oportunidades y acceso a los servicios; (iii) Estado y gobernabilidad; (iv) Economía, competitividad y empleo; (v) Desarrollo regional e infraestructura; y, (vi) Recursos naturales y ambiente. Para cada uno de ellos, el PEDN define un objetivo estratégico nacional, lineamientos de política y objetivos específicos con indicadores y metas, acciones estratégicas, programas estratégicos y proyectos.

El PEDN es el documento orientador del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN), que es el conjunto de órganos, subsistemas y relaciones funcionales cuya finalidad es coordinar y viabilizar el planeamiento estratégico nacional para promover y orientar el desarrollo armónico y sostenido del país. El SINAPLAN lo conforman los Ministerios (19), Entidades Públicas del Poder Ejecutivo (73), Congreso de la República, Poder Judicial y Academia de la Magistratura, Organismos Constitucionales Autónomos (9) (55), Gobiernos Regionales (26) y Locales (1.864) y el Foro del Acuerdo Nacional que integra a Partidos Políticos y Organizaciones de la Sociedad Civil (36 entidades). Este entramado tiene como organismo rector al Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), especializado en el desarrollo de la planificación estratégica como instrumento técnico de gobierno y gestión.

En 2017 CEPLAN aprobó una directiva (10) para la actualización al 2030 del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) en el marco del ciclo de planeamiento para la mejora continua. Hasta la aprobación del nuevo PEDN, los integrantes del SINAPLAN utilizarán las políticas de Estado, el PEDN vigente (Plan Bicentenario), la Política General de Gobierno y la imagen de futuro al 2030 para el planeamiento nacional, sectorial, multisectorial, territorial e institucional.

La Política General de Gobierno (PGG) (11) es el conjunto de políticas priorizadas que se desarrollan a través de políticas nacionales durante un periodo de Gobierno. La actual Política General de Gobierno al 2021 se desarrolla en torno a cinco ejes con sus respectivos lineamientos prioritarios, a saber: (i) integridad y lucha contra la corrupción, (ii) fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, (iii) crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible, (iv) desarrollo social y bienestar de la población y (v) descentralización efectiva para el desarrollo. Estos ejes orientan el desarrollo y actualización de políticas nacionales, planes e intervenciones gubernamentales; y se encuentran en concordancia con las Políticas de Estado, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y la Propuesta de imagen de futuro del Perú al 2030.

Las Políticas Nacionales se concretan en los planes estratégicos sectoriales multianuales (PESEM) en el caso de las sectoriales y los planes estratégicos multisectoriales (PEM). Por su parte, los gobiernos regionales y locales formulan políticas regionales y locales, en sus respectivos ámbitos territoriales, en concordancia con las políticas nacionales y conforme a lo dispuesto en sus Leyes Orgánicas. Se concretan en los Planes de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) y los Planes de Desarrollo Local Concertado (PDLC).

En relación con la Cooperación Internacional para el Desarrollo, el Perú cuenta con una Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional (PNCTI), aprobada en enero de 2019, que recoge la reflexión sobre la eficacia de la ayuda y está alineada con la Agenda 2030, el Plan Bicentenario, la Política General del Gobierno al 2021, el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM). El objetivo afianzar la contribución de la CTI al desarrollo sostenible, acorde al rol dual del país y a la Política Exterior y los compromisos del Perú ante la OCDE: Desarrollo Inclusivo; Gobernanza; Conservación y sostenibilidad ambiental y; competitividad. Los lineamientos, orientados a contribuir a este objetivo, se enfocan en reforzar la eficacia de la CTI, fortalecer la Cooperación Sur-Sur (específicamente la oferta nacional de cooperación técnica) y Triangular, fortalecer la participación del Perú en mecanismos y espacios de integración y diálogo regional y foros internacionales en materia de CTI, fortalecer espacios de diálogo y coordinación de la CTI, impulsar la gestión descentralizada de la CTI, impulsar el diálogo y coordinación entre diversos actores, las Alianzas Multiactor, propiciar un entorno favorable de relacionamiento con las organizaciones de la sociedad civil y la gestión del conocimiento.

c. Diálogo de la Cooperación Española

Con el Gobierno de Perú.

El diálogo de políticas se ha establecido en distintos niveles, desde el nacional al sectorial, en el que destaca el mecanismo establecido por AECID para el proceso de seguimiento anual del MAP, en el que participan instituciones contrapartes, ONGD españolas, organizaciones de la sociedad civil peruanas y sus redes, aliados estratégicos, y otros donantes.

Hay que destacar también la participación de la CE en los diferentes espacios y grupos de coordinación sectoriales con otros donantes. En algunos casos, cuentan también con la participación del Gobierno de Perú, y en todos los casos mantienen una estrecha y directa vinculación con las instituciones rectoras respectivas. Destacan entre estos espacios, la participación de la CE en el subgrupo de Democracia y Derechos Humanos, MESAGEN, la Mesa Verde, el Grupo Agua, y el Grupo de Descentralización y Modernización del Estado.

El diálogo de la CE con el gobierno se ha sustentado en la interacción directa con los responsables públicos y otros actores internacionales, el acompañamiento de procesos, y el establecimiento de relaciones de confianza, y continuidad para promover cambios o políticas de desarrollo. El diálogo de políticas se ha apoyado también en estudios e investigaciones para suministrar y difundir conocimiento y en campañas públicas.

Con la Sociedad Civil.

Con respecto al diálogo con la sociedad civil, cabe destacar la participación de la CE en la Comisión de Seguimiento de la Hoja de Ruta (HdR) del compromiso de la Unión Europea con la Sociedad Civil peruana, firmada en julio de 2014 tras de un proceso de coordinación entre los Estados Miembros (EEMM) y la participación de diversos representantes de la sociedad civil. En la Comisión, además de los EEMM participan también representantes de plataformas de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC): ONGD, gremios, grupos mixtos, etc. El principal logro de esta HR 2014-2017, según las mismas plataformas y redes de sociedad civil ha sido el fortalecimiento de su articulación a través de procesos colectivos que han requerido el trabajo conjunto, la priorización colectiva de temas y la construcción de posiciones y opiniones compartidas.

d. Alineamiento de la Cooperación Española con el país

Entre los compromisos de la cooperación internacional para mejorar el impacto y la eficacia de la ayuda, en el marco de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo (AGCED), se establece la voluntad de: a) utilizar los sistemas nacionales adecuados a la labor que desempeñan en el manejo y gestión de programas y proyectos; b) la no creación de nuevas unidades ejecutoras paralelas a las ya existentes en el aparato público del país socio; c) el empleo del diagnóstico sobre situación macroeconómica y sobre gestión de las finanzas públicas del país socio; d) el empleo de los sistemas y procedimientos nacionales de licitación.

Tal y como se acordó en abril de 2013, en la reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Hispano-Peruana, teniendo en cuenta el desarrollo de los sistemas nacionales peruanos y en cumplimiento de los compromisos en materia de eficacia de la ayuda, en 2016 se completó el proceso de disolución y liquidación de la Asociación Fondo de Cooperación Hispano Peruano (FONCHIP). De este modo, en el periodo de ejecución del anterior MAP, se ha incrementado el uso de sistemas nacionales por parte de la Cooperación Española bilateral.

3. Estrategia de desarrollo sostenible

La Agenda 2030 se fundamenta en la integralidad, interconectividad e indivisibilidad de los 17 ODS, todos ellos imprescindibles y prioritarios en la misma medida. La CE en Perú contribuirá por medio de sus diferentes instrumentos y actores, y en diferentes grados a los ODS en Perú, de forma interrelacionada entre sí, sin dejar a nadie atrás, generando alianzas entre diferentes actores y bajo el enfoque de los derechos humanos.

El espíritu de la Agenda 2030 nos insta a contribuir al desarrollo de Perú de forma abierta, sin constricción geográfica o sectorial, buscando la apropiación por parte del estado peruano, así como de la sociedad civil y el sector privado, el alineamiento a las políticas públicas y la armonización de la CE.

Por medio de la implementación de la Agenda 2030, la CE contribuirá apoyar al Estado Peruano en su responsabilidad de respetar, proteger y promover los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas, sin hacer distinción alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento, discapacidad o cualquier otra condición, de acuerdo con la Carta de Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

A través de los distintos instrumentos y modalidades de la CE y de sus diferentes actores, (AECID, resto de la AGE, la Cooperación Descentralizada, Entidades Locales, Universidades y ONGDs, Fundaciones y sector privado) se contribuirá las siguientes Metas y Líneas de Acción de los 17 ODS en Perú, agrupadas según las 5 dimensiones de la Agenda 2030: Las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas.

Las personas

El Gobierno peruano se ha comprometido en el marco de la Agenda 2030 a que todas las personas en el 2030 puedan realizar su potencial. A pesar de que entre 2006 y 2016 más de 7 millones de peruanos y peruanas dejaron la pobreza, en 2016 aún subsistían alrededor de seis millones de personas que no pudieron alcanzar un nivel de gasto suficiente para cubrir la canasta básica de consumo por persona. En este sentido la CE contribuirá a la Política General del Gobierno peruano, aprobada en mayo de 2018 que establece entre sus 5 ejes el «desarrollo social y el bienestar de la población» a través del cual se compromete a: a)reducir la anemia infantil en niños y niñas; b) brindar servicios de salud de calidad con enfoque territorial; c) mejorar los niveles de aprendizaje de los estudiantes d) aumentar la cobertura de agua y saneamiento; e) mejorar la seguridad ciudadana; y d) promover la igualdad y la no discriminación.

Entre las líneas de trabajo que se realizarán en el periodo, tendrá una especial incidencia la contribución de la CE a los esfuerzos de las instituciones y sociedad civil peruana en la prevención de la violencia de género para lo cual también se trabajará en la salud sexual reproductiva. Además, se invertirá en mejorar el sistema de prevención y gestión de riesgos, se contribuirá a la lucha contra la desnutrición infantil y la anemia, se invertirá en innovación en la medicina en lugares aislados de la Amazonía, se apoyará la inserción laboral de jóvenes, se fomentará la cultura como factor del desarrollo y se continuará aumentando la cobertura de agua potable y saneamiento.

Todas las acciones y proyectos que se realicen tendrán el enfoque de derechos, sin dejar a nadie atrás, buscando la igualdad entre hombres y mujeres, con especial atención a los colectivos más vulnerables del país, integrando a las personas con discapacidad, y velando por los derechos de la población indígena y afrodescendiente.

En esta dimensión de la Agenda 2030 se contribuirá específicamente a los ODS 1, 2, 3, 4, 5 y 6, si bien este último ODS 6 (agua potable y saneamiento) está íntimamente relacionado con la dimensión planeta:

ODS 1: Fin de la pobreza

Debido a que Perú está ubicado al borde del Cinturón de Fuego del Océano Pacífico, asentado sobre dos placas tectónicas en pugna (Nazca y Sudamericana) y atravesado por la Corriente de Humboldt; El país está expuesto a diversos desastres de origen natural como sismos, deslizamientos, derrumbes, erosiones, inundaciones y sequías, así como a variaciones climáticas extremas debidas al Fenómeno del Niño y de la Niña. Dichas condiciones afectan por desigual a hombres y mujeres, así como a las poblaciones más vulnerables, impidiendo que éstas superen los niveles de pobreza.

Como contribución al ODS 1 el trabajo de la CE se concentrará en contribuir a la siguiente meta y Linea de Acción (L.A.) del vigente Plan Director de la CE:

Meta 1.5 Fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones vulnerables. L.A. 1.5.A. Apoyar a las Administraciones Públicas para garantizar una prevención y respuesta efectiva ante desastres.

En el periodo 2019-2022 la CE contribuirá a fortalecer el Sistema nacional de Gestión del Riesgo de Desastres- SINAGERD, con especial atención en incrementar las capacidades de prevención, preparación y respuesta frente a sequías e inundaciones en contexto de variabilidad y cambio climático, de entidades públicas con competencias sectoriales, en los tres niveles de gobierno. Para favorecer la gobernanza en la GRD, se promoverá la conformación de mecanismos de coordinación interinstitucionales; el diseño de sistemas de alerta temprana funcionales y se mejorarán las capacidades para el monitoreo conjunto y la provisión de servicios climáticos.

Con apoyo del Ministerio de Interior de España a través de la Dirección General de Protección Civil (DGPC), se facilitará a INDECI y CENEPRED la articulación con la Escuela Nacional de Protección Civil y se contribuirá en el diseño y revisión de protocolos de actuación ante emergencia y desastres. Adicionalmente, el Ministerio de Defensa de España podrá apoyar al Ministerio de Defensa del Perú en la gestión de emergencias, a través de asesoramiento, formación y capacitación especializada.

ODS 2: Hambre cero

A pesar de los avances de los últimos años Perú todavía afronta grandes retos en materia de desnutrición y anemia en algunas regiones del país. Según la última Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES 2017) la prevalencia de anemia en niñas y niños de 6 a 35 meses es de 43,6% y del 12,9% en desnutrición crónica infantil. Si bien en los últimos años Perú ha reducido la incidencia de la anemia en algo más de trece puntos porcentuales, desde 2011 muestra un ligero ritmo de aumento promedio anual. Por otra parte, la tasa de anemia también esconde grandes diferencias según regiones del país y entre zonas urbanas o rurales.

La Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2013 - 2021 (ENSAN 2013-2021), contiene las líneas de acción que guían la intervención del Estado con el propósito de garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de la población peruana en el marco de las cinco dimensiones de la seguridad alimentaria y nutricional: disponibilidad, acceso, utilización, estabilidad e institucionalidad.

Meta 2.2 Poner fin a todas las formas de malnutrición L.A. 2.2.A. Fomentar intervenciones que permitan que las personas en riesgo de inseguridad alimentaria tengan acceso físico local a alimentos nutritivos.

Por medio del trabajo de las ONGDs españolas se apoyarán programas de asistencia o ayuda alimentaria para asegurar que la población accede a alimentos y nutrientes adecuados y en cantidad suficiente que complementen nutricionalmente su dieta habitual, focalizados especialmente en la población infantil y mujeres embarazadas.

ODS 3: Salud y bienestar

Si bien, el sector salud fue considerado un sector de salida en el MAP 2013-2018, la CE en Perú se focalizará en apoyar a al país en el cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de acceso a la salud sexual y reproductiva. Además, la CE contribuirá a fortalecer la atención primaria en áreas aisladas de la Amazonía mediante experiencias piloto de innovación en la telemedicina. Por otra parte, las intervenciones del Fondo del Agua contribuirán no sólo a ampliar la cobertura sino también a mejorar la calidad de los servicios de saneamiento, con una repercusión directa sobre la disminución de las enfermedades de trasmisión hídrica, en particular se contribuirá a la siguiente meta del ODS 3:

Meta 3.8 Contribuir a la cobertura sanitaria universal L.A. 3.8.A. Mejorar la calidad de los Servicios sanitarios Nacionales de Salud en áreas aisladas de la Amazonía por medio del uso de modalidades que utilicen innovación tecnológica.

L.A. 3.8.B Reforzar el acceso a la salud sexual y reproductiva. La CE trabajará para brindar a la población, especialmente a mujeres y niñas, la atención a las necesidades específicas en la defensa y promoción de sus derechos y salud sexuales y reproductivos mediante la prevención de la violencia sexual y del embarazo en adolescentes.

ODS 4: Educación de calidad

La CE tiene una amplia y relevante trayectoria de trabajo en el sector educación con enfoque de género en Perú, no sólo por el trabajo de AECID sino también por el de otras organizaciones y fundaciones españolas que han realizado y realizan importantes contribuciones para la mejora de la calidad y el acceso a la educación de la población más vulnerable. El mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes, con énfasis en los grupos con mayores brechas, constituye uno de los lineamientos prioritarios de la Política General de Gobierno al 2021 en el marco del eje de Desarrollo social y bienestar de la población.

Por otra parte, la CE también ha focalizado su trabajo en las Escuelas Taller del Programa Patrimonio para el Desarrollo, y desde el año 1992 ha impulsado la creación de varias escuelas de las que tres continúan en funcionamiento. En este ámbito también se sitúa parte importante del trabajo de fundaciones empresariales y acciones de responsabilidad social de empresas españolas con presencia en el país que contribuirán a las siguientes metas y líneas de acción del ODS 4:

Meta 4.4 Aumentar la población con las competencias técnicas y profesionales para acceder al empleo L.A. 4.4.A. Capacitar a los más vulnerables en su formación técnica y profesional para favorecer su empleabilidad.

La CE trabajará para fomentar la inclusión social y laboral de jóvenes y otros colectivos en situación de vulnerabilidad, incluyendo las personas con discapacidad y buscando igualmente eliminar la desigualdad de género. Para ello, se potenciará el Programa de Escuelas Taller, elevando el programa a la categoría de política pública bajo el liderazgo del Ministerio de Trabajo de Perú. Para ello se contará con el apoyo técnico y la contribución financiera del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de España, además de la AECID.

Meta 4.7 Asegurar la adquisición de conocimientos necesarios para promover el desarrollo sostenible en todas sus variantes L.A. 4.7.B. Fomentar las actividades culturales alternativas.

A través del programa de actividades desarrollado por el Centro Cultural de España en Lima así como otros actores de la cooperación española se fomentará el acceso a la cultura a colectivos vulnerables, la participación ciudadana, la capacitación y la creación, mediante procesos vinculados con la innovación social y con enfoque de género, contribuyendo así al fortalecimiento del sector cultural peruano, la integración del espacio cultural iberoamericano y la creación de ciudadanía y cultura de paz.

ODS 5: Igualdad de género

La violencia de género es una manifestación extrema de la discriminación contra la mujer basada en las desiguales relaciones de poder y arraigados prejuicios y estereotipos socioculturales que la legitiman y perpetúan. Perú enfrenta altos niveles de violencia basada en género contra las mujeres y una alta tolerancia social a esta grave situación. Hasta ahora la respuesta del Estado se ha focalizado en la atención, siendo un desafío el desarrollo de una estrategia de prevención nacional que revierta la situación, bajo el marco de referencia de las recomendaciones del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará. En este contexto, la CE contribuirá a las siguientes metas del ODS 5:

Meta 5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas L.A. 5.2.A. Trabajar para garantizar que las mujeres víctimas de violencia de género están amparadas por marcos integrales que protegen eficazmente sus derechos.

La CE en Perú se focalizará en apoyar al gobierno y particularmente al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para fortalecer su rol rector en materia de prevención de las múltiples formas de violencia de género reconocidas en el país y que afectan a las mujeres en su diversidad desde las niñas, adolescentes, las mujeres con discapacidad, mujeres indígenas y afrodescendientes o las mujeres lesbianas, bisexuales o trans o migrantes.

El rol rector incluye además la articulación con los otros sectores e instituciones del estado y no estatales que tienen responsabilidades en materia de prevención y cuyo desempeño y resultados deben ser fortalecidos para un mejor funcionamiento del sistema nacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia. En este sentido se fortalecerán capacidades de instituciones y operadores públicos que tienen obligaciones en materia de prevención incluidos los gobiernos regionales y locales. Para ello se contará con la asistencia técnica -entre otros- de la Delegación de Gobierno para la Lucha contra la Violencia y del Ministerio de Interior de España. Tendrán especial relevancia los dos convenios con consorcios de ONGDs firmados en 2018 así como los proyectos financiados a ONGDs españolas por Comunidades Autónomas.

Meta 5.5 Velar por la plena y efectiva participación de las mujeres y la igualdad de oportunidades L.A. 5.5.A. Apoyar un marco jurídico e institucional propicio para la incorporación de la igualdad de género en las políticas públicas y en la sociedad.

Para ello se fortalecerá no solamente al Estado para cumplir con sus obligaciones de respetar proteger y cumplir el derecho a la vida libre de violencia sino también a la sociedad civil y a la ciudadanía en sus capacidades de articulación, vigilancia, exigencia, propuesta y colaboración para el desarrollo de las políticas de prevención. En este sentido se realizaran procesos de desarrollo de capacidades a líderes de organizaciones de la sociedad civil (mujeres, feministas, defensoras de derechos humanos, victimas, LGTB, niños, niñas y adolescentes, mujeres con discapacidad, indígenas, derechos humanos, etc.) para la exigibilidad del derecho a una vida libre de violencia de género, la participación en espacios de articulación y propuesta para la prevención a nivel nacional y local, agentes con habilidades de comunicación, comunidades educativas y ciudadanos en general.

Además, la CE fortalecerá las capacidades del estado para contar con una estrategia nacional de prevención de las diferentes violencias de género que articule a los diferentes actores implicados, con lineamientos y herramientas para la prevención de la violencia en los ámbitos nacionales y subnacionales en el marco del Sistema Nacional para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

ODS 6: Agua limpia y saneamiento

Pese al crecimiento sostenido de los últimos años, aún persisten en Perú importantes brechas para alcanzar la cobertura total de agua potable y saneamiento digno. Según datos del INEI de 2016, la estimación de cobertura alcanza al 94,5% de la población en el ámbito urbano en agua potable, y al 88.3% con servicio de alcantarillado. En el ámbito rural en cambio la cobertura es de 71.2% en agua potable y 24.6% en alcantarillado u otra forma de disposición de excretas, lo que significa que aproximadamente 3,4 y 8,3 millones de personas aún carecen en Perú de acceso a los servicios de agua potable y saneamiento respectivamente. Estas cifras esconden, a su vez, importantes diferencias según regiones, aunque el mayor porcentaje de población sin acceso agua potable y saneamiento se sitúa en la región de Lima (el 28.9% y 25.3% del total de la población carente de dichos servicios). El aumentar la cobertura sostenible de los servicios de agua y saneamiento es uno de los lineamientos prioritarios de la Política General de Gobierno al 2021, siendo el compromiso asumido el cerrar las brechas de cobertura en el área urbana en el año 2021 y en el 2030 para el área rural y, de esta manera, cumplir con la Meta 6 de los ODS para el cual la CE se compromete a contribuir a las siguientes metas:

Metas 6.1 y 6.2 Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable L.A. 6.1.A y B Ampliar la cobertura del servicio de agua potable y saneamiento.

El Fondo de Cooperación para Agua Potable y Saneamiento (FCAS) de la Cooperación Española, cuenta con presencia en el país desde 2011 a través de dos Programas bilaterales y uno Multilateral (PROCOES), todos ellos encaminados a cerrar brechas en el área rural. Por su magnitud, destaca este último administrado por el Banco Interamericano de desarrollo (BID) y ejecutado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Perú (MVCS) que finalizado en 2018 ha beneficiado a 335 localidades rurales y seis pequeñas ciudades de cinco regiones de la sierra sur del país (Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Cuzco y Puno) y con cerca de 35.000 conexiones domiciliarias. En el siguiente período, FCAS continuará la ejecución de proyectos en las regiones de Cuzco y Apurímac, por intermedio del Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) del MVCS, para ampliar la cobertura en agua y saneamiento en área rural con perspectiva de género y un enfoque de derechos. A esto hay que añadir el trabajo de ONGD españolas especializadas en este ámbito que ejecutan proyectos con recursos de la cooperación descentralizada.

La Prosperidad

Si bien la economía peruana se encuentra en proceso de crecimiento gracias a su política de contención del déficit y la deuda externa, así como a la promoción de la inversión extranjera y la explotación de bienes primarios. Sin embargo, tiene grandes retos que afrontar entre los que se encuentran la baja presión fiscal y el alto nivel de informalidad de la economía, lo que impacta directamente en la calidad del empleo y en la desigualdad entre hombres y mujeres. Además, cuenta con una distribución muy desigual de la riqueza entre regiones del país y una baja diversificación de la economía. Por otro lado, enfrenta grandes retos asociados a la falta de ordenamiento territorial, la urbanización informal y la migración interna.

Para afrontar dichos retos, el Gobierno Peruano ha establecido entre una de sus 5 prioridades de su Política General del Gobierno el «Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible», para lo cual se ha comprometido a: a) Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas; b) Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible; c) Reducir la pobreza y la pobreza extrema; d) Acelerar el proceso de la reconstrucción con cambios con cambios; e) Fomentar la competitividad y la generación de empleo.

Alineado con estas prioridades, la CE en Perú invertirá sus esfuerzos en aumentar el acceso a la energía eléctrica en comunidades aisladas de la Amazonía mediante sistemas de energía fotovoltaica; promoverá el empleo digno y de calidad con enfoque de género mediante la asistencia técnica; fomentará el turismo sostenible mediante el intercambio de experiencias con España; promoverá el acceso a los microcréditos mediante cooperación reembolsable; y apoyará a las PYMES y la competitividad a nivel regional por medio de la innovación en alianza con la Unión Europea y Alemania. Además, la CE apoyará al Estado Peruano y las organizaciones de la sociedad civil en afrontar la crisis migratoria debido a la situación en Venezuela. Por último, se continuará trabajando en apoyar el ordenamiento territorial y el planeamiento urbano, así como la conservación del patrimonio cultural y los centros históricos.

Para ello se contribuirá a los ODS 7, 8, 9, 10, y 11, en las siguientes Líneas de Acción:

ODS 7: Energía asequible y no contaminante

Perú tradicionalmente produce energía hidroeléctrica y pertenece a los países con una alta tasa de energías renovables. En general, la mitad de la electricidad generada proviene del agua y la otra de hidrocarburos (principalmente gas). El diésel solamente tiene cierta importancia en zonas que no están conectadas a la red del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) donde se produce la energía eléctrica localmente. La generación de energía de fuentes renovables no tradicionales alcanzó en 2016 el 2,56% (2.17% de fuentes eólicas y 0.51% de fuentes solares). Esta participación aumentará con la puesta en marcha de los nuevos parques eólicos y solares en los años 2018-2019.

El reto actual de Perú no es tanto el aumentar la capacidad de producción, sino mejorar la distribución de energía a las vastas áreas del territorio nacional sin cobertura, así como la mejora de la calidad del suministro (estabilizar la red, reducir pérdidas, evitar apagones en zonas periféricas, etc.). La política energética de Perú 2010-2040, tiene como objetivos, entre otros, contar con una matriz energética diversificada con énfasis en las fuentes renovables y la eficiencia energética; el acceso universal al suministro energético, y desarrollar un sector energético con mínimo impacto ambiental y bajas emisiones de carbono.

La CE apoyará la política energética mediante su contribución a la siguiente meta del ODS 7:

Meta 7.2 Aumentar la proporción de energías renovables L.A. 7.2.A. Fomentar el uso de fuentes renovables de energía.

La CE está apoyando el trabajo de una fundación empresarial en Cajamarca (desde 2009) y en Loreto (desde 2014). A partir de 2018 se espera extender y escalar la implementación del modelo de provisión de servicio eléctrico con energía solar para comunidades de la Amazonía peruana. De esta manera se contribuirá a reducir las desigualdades entre los entornos urbano y rural de Perú. En particular en el caso de la Amazonía peruana, con un alto porcentaje de población rural (33% en el departamento de Loreto) y diferentes grupos indígenas, que viven en un entorno básicamente fluvial lo que dificulta su comunicación y acceso a servicios e infraestructuras básicos.

ODS 8: Trabajo digno y crecimiento económico

Perú se caracteriza por tener una alta tasa de informalidad, por ello, su principal reto en materia laboral tiene por objetivo impulsar políticas públicas encaminadas a extender la cobertura de seguridad social al conjunto de los trabajadores y promover con ello la formalización de la fuerza laboral del país.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en el marco del dialogo social y en el seno del Consejo Nacional del Trabajo y la Promoción del Empleo impulsa un «Plan de acción contra la informalidad». Se pretende generalizar el trabajo digno y apoyar cambios que contribuyan a lograr un crecimiento económico estable y sostenido en el marco de la incorporación de Perú como miembro a la OCDE para lo que la CE contribuirá a las siguientes metas del ODS 8:

Meta 8.5 Lograr empleo digno y de calidad L.A. 8.5.A. Apoyar un marco regulatorio y de políticas que garantice unas condiciones laborales formalizadas y estables.

El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de España fortalecerá en el próximo periodo a la Administración laboral peruana, mediante el programa de Asistencias Técnicas que permite que expertos de la Administración laboral española realicen asesorías en los diferentes ámbitos de competencia de los Ministerios de Trabajo y Promoción del Empleo, y de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y en sus distintos organismos dependientes.

Meta 8.9 Políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales L.A. 8.9.A. Impulsar iniciativas de turismo rural como generador de empleo alternativo en las zonas rurales.

Para la consecución de esta meta se tendrá en cuenta para la contribución a esta meta el Memorando de Entendimiento en materia turística que España y Perú suscribieron en Madrid (España) el 18 de enero del 2012. La CE apoyará en la puesta en marcha de proyectos piloto con participación de los sectores turismo y cultura, para la conservación y desarrollo turístico de pueblos con valor patrimonial como estrategia integral de desarrollo local a través del patrimonio y del turismo.

Meta 8.10 Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para fomentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos.

La CE seguirá apoyando a las instituciones financieras peruanas, a través de la cooperación financiera reembolsable, buscando ampliar la oferta financiera ya existente en el país, ampliar la cobertura geográfica del Fondo para la Promoción del Desarrollo y apoyar a expansión de los servicios hacia zonas rurales.

ODS 9: Industria, innovación e infraestructura

Perú tiene la firme voluntad de ingresar en los próximos años en la OCDE. Para tal propósito, se ha propuesto mejorar sus índices de competitividad y productividad económica, siendo la innovación y la tecnología una de las estrategias priorizadas. En este contexto, el Estado peruano ha previsto diseñar Estrategias de Desarrollo Económico Regional en cada uno de los departamentos del país, siendo la metodología RI3 la seleccionada para determinar las potencialidades económicas de cada territorio a efectos que tanto actores públicos como privados, junto con la academia y la sociedad civil, determinen conjuntamente las prioridades a la par que suman esfuerzos. La CE apoyará el desarrollo de esta visión y contribuirá al desarrollo de la base de la pirámide con enfoqu de género mediante su contribución a las siguientes metas y líneas de acción del ODS 9:

Meta 9.3 Aumentar el acceso de las pequeñas industrias a los servicios financieros y su integración en las cadenas de valor en los mercados L.A. 9.3.A. Apoyar la elaboración de un marco favorable para el desarrollo de actividades económicas.

Se trabajará el desarrollo de un conjunto de medidas y políticas públicas, económicas y sociales, para promover el crecimiento económico sostenible con enfoque de género, con un impacto especial en las zonas rurales para el fomento de la infraestructura productiva y de apoyo a producción y desarrollo local, sistemas y programas de crédito e impulso a la innovación.

Todo esto se abordará, por un lado, fortaleciendo a las pymes, así como mediante proyectos de innovación que mejoren la inserción en los mercados nacionales o internacionales. Por otro lado, se contribuirá a mejorar las capacidades existentes en Perú en materia de innovación, impulsando procesos de transferencia tecnológica. En esta línea se desarrollarán acciones de asistencia técnica, intercambio, pasantías entre entidades, universidades o centros de investigaciones de ambos países.

Por último, se potenciarán las iniciativas de innovación social y con enfoque de género que mejoren las condiciones de vida de la población y sus derechos, potenciando el trabajo en redes y alianzas, con un rol destacado del sector privado empresarial español en Perú y sus aliados.

ODS 10 Reducción de las desigualdades

El crecimiento con igualdad, la integración entre las regiones, así como la migración, son temas prioritarios para Perú. La inmigración proveniente de Venezuela se ha incrementado considerablemente en los dos últimos años. Según las cifras oficiales, al mes de octubre de 2018, han ingresado a Perú más de 456 mil venezolanos y venezolanas. Este flujo migratorio, fenómeno complejo, que ha rebasado los procedimientos administrativos formales, dificulta que las entidades públicas nacionales generen mecanismos adecuados de respuesta y atención a la población migrante. Por ello la CE contribuirá con acciones en el marco de la siguiente meta del ODS 10:

Meta 10.7 Facilitar la migración y la movilidad ordenada y bien gestionada L.A. 10.7.A. Apoyar la elaboración en los países socios de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas.

Se trabajará en apoyar a Perú en la atención a la población venezolana emigrante en situación de riesgo mediante el fortalecimiento de los servicios del Estado, así como la atención directa a las personas en situación de alta vulnerabilidad con especial atención a las necesidades de las mujeres e la infancia.

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles

Una de las características de las últimas décadas en Perú es la explosión demográfica de las ciudades –principalmente de la costa– como consecuencia del constante flujo migratorio rural hacia los grandes núcleos urbanos, contribuyendo a que actualmente el 74% de su población sea urbana. Sin embargo, el crecimiento de estas ciudades se sigue produciendo de forma desordenada, siendo la informalidad el principal problema del desarrollo urbano. La falta de modelos viables de ordenamiento territorial y planeamiento urbano, así como de políticas públicas por parte del Estado capaces de generar suelo urbano, hace que sean los invasores y traficantes de tierras los que determinen el crecimiento de la ciudad sin planificación, muchas veces en lugares inapropiados o de alto riesgo, y sin dotación de servicios básicos.

A este problema se suma la autoconstrucción informal. Más de un 80 % de las edificaciones en Perú se ejecutan sin proyecto ni supervisión técnica y fuera de las normas técnicas de construcción, y al menos un 70% de estas son altamente vulnerables frente a sismos de media o alta intensidad.

Este contexto de informalidad afecta también a áreas urbanas consolidadas y centros históricos. A la ausencia de catastro y la precariedad de la propiedad (80% de edificaciones carecen de título de propiedad) se suma un proceso de deterioro social y físico por la sobreutilización del espacio, generando la pérdida de las funciones urbanas tradicionales y la destrucción de su patrimonio. En este contexto, la CE contribuirá a las siguientes metas del ODS 11:

Meta 11.3 Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para una planificación y gestión participativa, integrada y sostenible L.A. 11.3.A. Apoyar políticas que fomenten el desarrollo territorial integrado.

Para lograr esto se trabajará apoyando a las instituciones y actores en favor de una gobernanza territorial sostenible inclusiva y participativa, reforzando la planificación y el diseño urbanos y territoriales integrados. Se aprovechará la experiencia acumulada a nivel nacional en territorios inteligentes para capacitar en el conocimiento en materia de ciudades y territorios inteligentes, dando también cabida al ámbito rural de manera que se fomente la construcción de resiliencia de poblaciones y ciudadanos.

Meta 11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural L.A. 11.4.A. Apoyar planes de actuación de rehabilitación del patrimonio histórico y cultural.

Se trabajará por conservar el valor intrínseco del patrimonio histórico y cultural de manera integral considerando además la creación de empleo, formación profesional, turismo y regeneración de espacios urbanos y rurales. Se facilitará apoyo a los centros históricos en la formulación de planes maestros de rehabilitación y creación de unidades de gestión, así como se impulsará el trabajo en red entre las distintas ciudades y centros históricos, creando espacios comunes de intercambio de conocimientos y experiencias en planeamiento y gestión urbana. Tanto para esta línea de acción como para la anterior se contará –entre otros– con la asistencia técnica del Ministerio de Fomento.

El planeta

Perú es uno de los países con mayor biodiversidad del planeta, (84 de las 104 zonas de vida identificadas en el planeta y 27 de los 32 climas del mundo); es el segundo país con mayor extensión de bosques naturales a escala de Sudamérica y noveno a escala mundial; cuenta con uno de los ecosistemas marino-costeros más ricos en el mundo y comprende el 71% de los glaciares tropicales. Debido a ello Perú es uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático afectando a las poblaciones más vulnerables y en especial a las mujeres por lo que el país enfrenta grandes retos en materia de adaptación en todos los sectores.

Por otro lado, la actividad del sector privado y los patrones de consumo tienen un alto impacto en el medio ambiente y los ecosistemas terrestres y marinos, que al mismo tiempo son una fuente de producción agrícola y pesquera muy importante para la población más vulnerable del país.

Por ello, el gobierno peruano se ha propuesto en su Política Nacional del Ambiente (PNA), promover la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, la puesta en valor de la diversidad biológica y la calidad ambiental en beneficio de las personas y el entorno.

De manera alineada con las políticas públicas la CE promoverá en Perú la adopción de mejores prácticas empresariales sostenibles, socialmente responsables y dirigidas a disminuir la desigualdad entre hombres y mujeres. Además, la CE contribuirá a la adaptación de la agricultura al cambio climático, así como a mejorar la información meteorológica de base. Por otro lado, contribuirá al desarrollo social y económico sostenible del sector de la pesca artesanal y contribuirá a la protección de la biodiversidad por medio de su aporte a los ODS 12, 13, 14, y 15:

ODS 12: Producción y consumo responsables

El Plan Bicentenario de Perú persigue una política económica estable y previsora para alentar el crecimiento económico sostenido mediante la inversión privada y pública en actividades generadoras de empleos dignos. Por su parte, el Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 2018-2021, en su quinto lineamiento, reconoce el rol fundamental de la actividad empresarial en la economía nacional en el marco de una política de desarrollo sostenible, en armonía con el respeto y garantía de los Derechos Humanos, teniendo plena conciencia del impacto de la actividad empresarial en la vida de las personas. En el 2021, de acuerdo con la meta de su incorporación como miembro a la OCDE, Perú tiene la voluntad de haber implementado los estándares internacionales sobre Empresa y Derechos Humanos, para lo cual se pretende contar en 2019 con un Plan Nacional de Acción en Empresas y DDHH. En España se aprobó un plan similar en julio de 2017, cuya finalidad es aplicar en el ámbito nacional los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre empresas y Derechos Humanos. En este ámbito la CE concentrará sus esfuerzos en contribuir a la siguiente meta del ODS 12:

Meta 12.6 Alentar a las empresas a adoptar prácticas sostenibles e incorporar información sobre sostenibilidad en sus informes L.A. 12.6.A. Fomentar la transformación de los modelos de negocio para la alineación del sector empresarial con prácticas sostenibles.

La AECID apoyará, en alianza con la Cámara Oficial de Comercio Española en Perú, empresas y fundaciones empresariales, la promoción de cambios en los modelos de gestión empresarial hacia prácticas más sostenibles, inclusivas y equitativas, procurando que un mayor número de empresas, peruanas y españolas con presencia en el país, alineen sus estrategias y sumen a los ODS. Se sensibilizará a las empresas sobre los ODS y los DDHH, apoyándolas en la incorporación de las recomendaciones de la Estrategia de Responsabilidad Social y del futuro Plan Nacional de Acción de Empresas y DDHH.

ODS 13: Acción por el clima

La CE española contribuirá por medio de sus instrumentos regionales de apoyo a la realización de proyectos dirigidos a la lucha contra el cambio climático y también con cooperación delegada a la siguiente meta del ODS 13:

Meta 13.2 Incorporar medidas relativas a Cambio Climático en las políticas, estrategias y Planes Nacionales L.A. 13.2.A. Apoyar a los socios en actuaciones dirigidas a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Por medio del apoyo a las mujeres productoras agrarias rurales en proyectos productivos que incorporen criterios de adaptación a la variabilidad climática se potenciarán los medios de la agricultura familiar, así como de pequeñas y medianas explotaciones agropecuarias, forestales y piscícolas en las zonas rurales. Para ello, se apoyará la mejora del conocimiento sobre las amenazas y el cambio climático, se estimulará alianzas públicas y privadas para la promoción de prácticas y negocios agrarios sostenibles. Se impulsarán sistemas de alerta temprana de riesgos de introducción y diseminación de virus, plagas y enfermedades en la producción agrícola. Asimismo, se promoverán prácticas agrícolas basadas en la gestión sostenible de los recursos naturales, generando sinergias entre los saberes locales y científicos para lograr resiliencia y capacidad adaptativa.

Destacar también la existencia de numerosas actuaciones de cooperación regional financiadas por España en las que Perú juega un papel activo: la Conferencia de Directores de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Iberoamericanos (CIMHET); la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático (RIOCC); y la Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua (CODIA).

ODS 14: Vida submarina

La confluencia de varias corrientes marinas a lo largo de su vasto litoral hace del mar peruano uno de los de mayor riqueza natural del mundo. El sector de la pesca y acuicultura se configura como determinante para el desarrollo económico y social del país. Sin embargo, existen numerosos retos relacionados con la falta de capacitación del sector, la escasa innovación tecnológica, la sobreexplotación de recursos y el limitado desarrollo comercial de la actividad pesquera, así como su sostenibilidad ambiental. El Gobierno peruano considera dentro del Plan Bicentenario el sector de la pesca y acuicultura clave para diversificar la producción. El Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2015-2021 tiene entre sus prioridades promover en forma especial el incremento del consumo per cápita de alimentos marinos como fuentes de proteína para la población en general y especialmente para la de bajos recursos económicos. En este contexto, la CE contribuirá a la siguiente meta del ODS 14:

Meta 14.4 Regular eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva L.A. 14.4.A. Apoyar programas de gestión sostenible de la pesca.

En el marco del Memorándum de Entendimiento Marco para la Cooperación entre el Ministerio de la Producción de Perú y la Xunta de Galicia firmado en 2015, el gobierno gallego apoyará acciones de desarrollo y asistencia técnica en el ámbito de la pesca artesanal y de la acuicultura, desde una perspectiva integral, multiactor y participativa.

ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres

La estratégica ubicación geográfica de Perú y su marcada amplitud altitudinal hacen que sea uno de los países más ricos del mundo en ecosistemas. Su biodiversidad y recursos naturales han sido históricamente la base y sustento del desarrollo en Perú, siendo necesaria su conservación y aprovechamiento sostenible de la mano de las comunidades indígenas y campesinas que habitan en su interior e inmediaciones. Sin embargo, la demanda tanto legal, como ilegal, singularmente de maderas tropicales, y también de especies faunísticas está poniendo en seria amenaza esta biodiversidad. La mejora de la capacitación de los técnicos y gestores de los recursos naturales, así como de los guardas y vigilantes forestales en la lucha contra el tráfico ilegal es un aspecto crítico para el mantenimiento de la biodiversidad en Perú. Por ello la CE contribuirá en el próximo periodo a la consecución de la siguiente meta del ODS 15:

Meta 15.1 Asegurar la conservación y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres L.A.

15.1. A Apoyar planes de conservación de la biodiversidad.

A través del Plan de Acción Español contra el Tráfico Ilegal y el Furtivismo Internacional (TIFIES) se prestará apoyo a las Autoridades CITES de Perú para la realización de Dictámenes de Extracción No Perjudicial (DENP), la formación y capacitación de la guardería forestal, y la promoción de actividades socioeconómicas de desarrollo sostenible para aportar alternativas económicas al furtivismo.

La Paz

El Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, reconoció en 2018 avances en materias tan importantes como la discriminación y el racismo. Sin embargo, persisten retos en derechos humanos que deben superarse en materia del derecho a la vida libre de violencia, el trabajo infantil, la violencia y discriminación contra la mujer, las niñas, los colectivos excluidos como la población LGTB, personas con discapacidad, población indígena y afroperuana, el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos, el derecho al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas y afroperuanos, la protección de los defensores de derechos humanos o bien las reparaciones a víctimas de violaciones de derechos humanos.

Para ello, el gobierno peruano ha impulsado varios mecanismos como la conformación de la Comisión Nacional contra la Discriminación y la plataforma «Alerta contra el Racismo», o la elaboración del tercer Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, con la inclusión de las personas LGBTI y estándares internacionales en materia de empresas y derechos humanos.

Por otro lado, otro de los 5 lineamientos principales de la Política General del Gobierno para este próximo periodo es el «fortalecimiento institucional para la gobernabilidad» para lo que se compromete a construir consensos políticos y sociales, así como a fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas.

Por todo ello, la CE de manera alineada con las prioridades del gobierno en materia de derechos humanos, continuará apoyando tanto al Viceministerio de Derechos Humanos en su roll de ministerio rector como a la sociedad civil en su labor de incidencia. Además, continuará trabajando en mejorar las capacidades de los funcionarios de la administración pública como medio para mejorar la prestación de servicios a la población, lo que contribuirá específicamente al ODS 16, a la metas 16.3 y 16.6.

ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones sólidas

Meta 16.3 Promover el Estado de Derecho y garantizar el acceso a la justicia L.A.

16.3. A Apoyar los sistemas judiciales sólidos e independientes para la protección integral de los derechos humanos.

A través del apoyo de las ONGDs españolas al trabajo de las organizaciones de DDHH en Perú, fomentando una veeduría eficaz y la elaboración de propuestas concretas, se procurará incidir en los titulares de obligaciones para la aprobación de leyes y medidas que garanticen el amparo de la población por un marco legal e institucional que proteja eficazmente sus derechos y evite la discriminación, con especial atención a las medidas que beneficien a la población LGBTI y a las minorías étnico-raciales. Esta labor se verá complementada con el apoyo de la AECID al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para la implementación del PNDH 2018-2021, que involucra a todos los sectores del Estado en la coordinación de acciones destinadas a garantizar el goce efectivo de los derechos humanos de la población de manera integral, y para garantizar la participación de los grupos de especial protección en el seguimiento de la implementación del Plan. Además, se apoyarán los esfuerzos del Estado en la búsqueda de personas desaparecidas desde una perspectiva humanitaria y la elaboración de propuestas de reformas normativas e institucionales, con especial atención a los gobiernos locales, que permitan mejorar los programas de reparaciones a las víctimas de la violencia ocurrida entre los años 1980 y 2000. Por último, se podrá contar con la asistencia técnica del Ministerio de Justicia de España en apoyo al poder judicial y Ministerio de Justicia de Perú.

L.A. 16.3.B Trabajar para garantizar que los ciudadanos conozcan sus derechos legales y cómo ejercerlos. La CE trabajará para fomentar el acceso a la información pública de manera regular y fiable, y apoyará al gobierno y las organizaciones de la sociedad civil para fomentar que la ciudadanía demande que se garanticen sus derechos. Se fomentará que los funcionarios y funcionarias del Servicio Civil, en todos los niveles del Estado, incorporen el enfoque de derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario en la gestión pública, promoviendo de esta manera el ejercicio pleno de la ciudadanía y una cultura de paz. Se apoyarán campañas de sensibilización y programas de capacitación, procurando garantizar una medición efectiva del impacto de estas acciones.

Meta 16.6 Crear instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas L.A. 16.6.A. Fortalecer los sistemas de gestión del sector público.

Con la base del Memorando de Entendimiento firmado en 2017 entre el Instituto Nacional de Administración Pública de España y SERVIR a través de su Escuela Nacional de Administración pública, la CE potenciará la capacitación de los gestores públicos como base para contribuir a la definición de políticas públicas y el desarrollo de proyectos que reviertan en una gestión más eficiente y transparente de servicios públicos. La CE seguirá apoyando en este periodo el desarrollo de instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas en todos los niveles del Estado, e impulsará la generación de capacidades en instituciones y actores encargados de desarrollar e implementar políticas públicas encaminadas a conseguir una mayor cohesión social en el Perú y un mayor impacto en el desarrollo.

En el anexo III se adjunta la tabla de indicadores que servirá para el seguimiento del MAP 2019-2022; en dicha tabla se incluye referencia a aquellos ODS para los cuales se han identificado Resultados Intermedios (R.I.) de la Cooperación Española que cuentan con el compromiso de los actores involucrados de medir sus indicadores. En el Anexo II se adjunta el Cuadro de Asociación en el que se incluyen los diferentes actores de la CE que se han comprometido a participar en la medición de los indicadores reflejados en el Anexo III (Matriz de Previsión de Recursos).

4. Alianzas para el desarrollo (ODS 17)

La CE promoverá la construcción y fortalecimiento de alianzas o asociaciones con los diferentes actores comprometidos en contribuir a los ODS en Perú. Para ello se incentivará el alineamiento de los distintos actores (públicos, privados y agentes sociales) con los ODS de forma que se puedan armonizar los criterios de intervención y la medición de las contribuciones. Ello exigirá un esfuerzo de formación y puesta en común de conceptos, así como de la propia Agenda 2030, a veces desconocida entre actores no relacionados con la cooperación al desarrollo.

El Marco de Asociación será el marco de referencia para impulsar las relaciones horizontales entre organismos homólogos de España y Perú, así como para el establecimiento de alianzas a diferentes niveles en Perú y con la CE. Esta Alianza entre diferentes actores de la CE con las instituciones públicas y agentes sociales de Perú es un proceso continuó, que se produce a escala, reforzando el protagonismo y liderazgo del país, y con el más objetivo de reforzar la democracia por medio del fortalecimiento de las instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil. En este marco, se fomentará la construcción de estrategias de sustentabilidad entre los diferentes actores de desarrollo a fin de ubicar el desarrollo sostenible como vector en sus acciones.

Para ello la CE, desde su capacidad de poner en relación a organismos públicos, privados y agentes sociales frente a un objetivo común, impulsará las alianzas multiactor como medio para contribuir a las metas establecidas desde las diferentes capacidades de cada actor.

Además, se fomentará la creación de redes multidisciplinares alrededor de algunas de las metas priorizadas, apoyándose en las redes ya existentes en el país y de la cooperación española. El trabajo en red deberá contribuir a la generación de conocimiento, accesible y gratuito.

El periodo de intervención del MAP se producirá de forma paralela que su incorporación a la OCDE, prevista para el 2021. El carácter dual de Perú, como receptor y oferente, así como su futura incorporación al grupo de países de renta alta tendrá un fuerte impacto en la disminución de recursos disponibles para el fortalecimiento de la sociedad civil peruana. Por tanto, durante este periodo la CE trabajará en una estrategia de salida responsable que pueda garantizar el fortalecimiento de las organizaciones de base y agentes sociales, generando alianzas entre la sociedad civil, el Estado y el sector privado, tanto de España como de Perú.

Tendrán especial incidencia en el desarrollo del Marco de Asociación los siguientes actores españoles, regionales, multilaterales, Unión Europea y de otros países de la región:

• a. Administración General del Estado y otras entidades que integran el sector público institucional estatal

  La AGE está presente en Perú a través de la Embajada y sus Consejerías, entre las que cabe mencionar la Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Consejería de Interior y la Consejería Cultural, así como también la Oficina Económica y Comercial (OFECOM) del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Por otra parte, hay que mencionar a la propia AECID y su Oficina Técnica de Cooperación (OTC) y al Centro Cultural de España en Lima, como Unidades de Cooperación en el Exterior (UCE) del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

  La CE se apoyará en la AGE para la prestación de asistencia técnica en varias de las metas de los ODS. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a través de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe y la Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible es el órgano responsable de planificar, dirigir, ejecutar y evaluar la política de cooperación internacional para el desarrollo. Además, destacan el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de España que fortalecerá en el próximo periodo a su homólogo peruano mediante su programa de asistencias técnicas, así como su contribución al Programa de Escuelas Taller (ODS 4 y 8). Por otra parte, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de la Secretaría de Turismo podrá compartir su experiencia, buenas prácticas y conocimientos en distintas áreas de su especialidad (ODS 8). Además, el Ministerio de Interior podrá contribuir con asistencia técnica a la lucha contra la violencia de género en Perú (ODS 5). Por otro lado, el Ministerio de Defensa se centrará en apoyar al país en mejorar el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres (ODS 1). Adicionalmente, el Ministerio de Transición Ecológica contribuirá a la protección de la biodiversidad (ODS 15). El Ministerio de Fomento podrá apoyar al país en los temas relacionados con el planeamiento urbano y la conservación del patrimonio (ODS 11). El Ministerio de Justicia podrá contribuir con asistencia técnica a promover el estado de derecho y la lucha contra la violencia de género (ODS 5 y 16) y el Ministerio de Igualdad a través de la Delegación de Gobierno para la lucha contra la violencia de género contribuirá al ODS 5 en Perú.

  Hay que mencionar también la labor que realizan la Fundación Carolina con sus programas de formación, impulso a la internacionalización de universidades y centros de estudio así como la Fundación Internacional e Iberoamericana (FIIAPP) que a través de sus programas de cooperación delegada contribuirá al fortalecimiento de las instituciones peruanas.

  La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

  La AECID, que está adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación a través de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe es el órgano de fomento, gestión y ejecución de la política española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

  La AECID contribuirá a la consecución de los ODS en Perú a través de todos sus instrumentos, programas regionales, fondos y programas temáticos entre los que destacan el Programa INTERCOONECTA, el Programa Indígena, el Programa Afrodescendiente, el Programa Araucaria, Programa ACERCA, Programa de Patrimonio para el Desarrollo, el Programa de Ciudades Sostenibles (PRECISO), el Fondo del Agua, el Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) de cooperación reembolsable y la cooperación delegada (Programas Euroclima + y otros).

  Para la ejecución de las actividades de los proyectos la AECID contará con el procedimiento COOTEC para la prestación de asistencias técnicas, la concesión de subvenciones de estado tanto dinerarias como en especie reguladas por el Real Decreto 794/2010 y la Ley 36/2010 del FONPRODE entre otros. Dada la previsión de recursos de cooperación bilateral, así como de cooperación delegada y la seña de identidad de la actividad de la AECID en Perú, ésta concentrará su esfuerzo principalmente en las siguientes 3 metas de los ODS:

  • – Meta 5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas.
  • – Meta 9.3 Aumentar el acceso de las pequeñas industrias a los servicios financieros y su integración en las cadenas de valor en los mercados.
  • – Meta 11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural.

  Además, se incluirá a Perú como país elegible en las sucesivas convocatorias abiertas y concurrentes a proyectos de innovación, convenios y proyectos de desarrollo vía ONGDs, reguladas por sus correspondientes órdenes de base. Las convocatorias de ONGD de la AECID podrán incluir otras metas, dentro de las recogidas en este documento para la totalidad de actores de la CE.

• b. Comunidades Autónomas y Entidades Locales

  En el sistema español de cooperación al desarrollo Comunidades Autónomas (CCAA) y Entidades Locales (EELL) aportan buena parte de la AOD española a los países socios, básicamente canalizada vía subvenciones en procedimientos concursables a ONGD. En el caso de Perú, un 62% de la AOD desembolsada entre 2013 y 2016 fue aportada por las CCAA, entre las que cabe destacar la Xunta de Galicia con su contribución al ODS 14 en el sector de la pesca artesanal. Destacan además, tanto por su trayectoria en el país como por el volumen de recursos, a la Junta de Andalucía, la Comunidad Valenciana y al País Vasco, así como Navarra, Asturias, Islas Baleares y Castilla y León, entre otras. La mayoría de CCAA considera a Perú entre sus prioridades geográficas. Así por ejemplo, alguna CCAA lo sitúa como «país preferente» a los que se dedica un porcentaje determinado de recursos de cooperación (caso de Islas Baleares), es considerado como «país prioritario para la cooperación técnica» en contraste con países priorizados para la «cooperación económica» (caso de Navarra en su Plan Director 2018-21), o como «país de atención especial» vinculado al sector de pueblos indígenas (Asturias Plan Director 2017-21), entre otros.

  Mención aparte merecen las Entidades Locales (EELL) españolas, ayuntamientos y diputaciones provinciales, que aportan hacia Perú numerosas ayudas, normalmente canalizadas a través de ONGD españolas, y que son muy significativas en número: más de 50 EELL en 2016, lo que evidencian los estrechos vínculos de colaboración y solidaridad entre España y Perú.

• c. Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo

  Las ONGDs españolas son uno de los principales actores de la CE en el país y canalizan en alianza con sus socios peruanos más del 60% de la AOD española hacia Perú, contribuyendo con ello al desarrollo del país y al fortalecimiento de la sociedad civil.

  Históricamente ha existido una fuerte vinculación entre las ONGDs españolas y las Organizaciones de la Sociedad Civil peruana. En la actualidad se puede estimar en unas 50 las ONGD españolas que desarrollan algún proyecto de cooperación en el país si bien más de 20 con representación en el país, de las cuales 20 están asociadas en al Foro de ONGD españolas en Perú. A través de esta instancia se canalizan los procesos de dialogo y participación con las ONGD en el país y permite que dispongan de cuatro asientos en el Consejo de Coordinación de la Cooperación Española en Perú (CCCEP).

  Las ONGD españolas en Perú también participan en espacios de coordinación con otras ONGD internacionales con presencia en Perú a través de la Coordinadora de Entidades Extranjeras de Cooperación Internacional (COEECI), en la actualidad 56 organizaciones afiliadas.

  El papel de las ONGDs españolas es estratégico a la hora de establecer una estrategia de fortalecimiento de la sociedad civil peruano, en el contexto de disminución de recursos disponibles de la cooperación internacional.

• d. Sector privado empresarial

  La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible otorga un papel destacado al sector privado y a las empresas, cuya participación mediante diversas fórmulas puede resultar de especial relevancia para la consecución de las metas que persigue. En ese sentido, el ODS 17 pone el énfasis en la conformación de alianzas entre diversos actores, sector privado, sector público, países y OOII donantes, organizaciones de la sociedad civil y academia, capaces de capitalizar el valor añadido de cada uno de ellos en la agenda de desarrollo.

  En la actualidad, Perú destaca como un importante receptor de Inversión Extranjera Directa (IED), manteniendo esta, tasas de crecimiento anual por encima del 10%, desde 2010. En 2017, España se convirtió en el primer inversor extranjero en Perú, representando el 18% de la IED en el país. La creciente presencia de empresas españolas en Perú ha abierto un campo de posibilidades de integración del sector privado en las políticas para el desarrollo, en el marco de la Agenda 2030.

  Las empresas españolas han desarrollado un importante número de intervenciones en el ámbito del desarrollo sostenible, que abarcan la práctica totalidad de los ODS que componen la Agenda 2030. La Cámara Oficial de Comercio de España en Perú, asociación civil y sin ánimo de lucro, reconocida oficialmente por el Estado español y orientada a estimular las relaciones comerciales y el intercambio económico entre ambos países destaca en su misión y valores institucionales aspectos como el fomento de «modelos de gestión socialmente responsables» y la «promoción de buenas prácticas empresariales».

  Para el próximo periodo, se profundizará en la interlocución de la CE con las fundaciones y programas de RSC de las empresas españolas en Perú, para generar sinergias en diferentes ámbitos de su actividad. Esta mayor interlocución contribuirá al establecimiento de alianzas multiactor en la que cada uno de los actores aproveche su ventaja comparativa para generar un valor añadido a la intervención, en el marco de una acción común e integrada. Además, se impulsará la creación de un modelo de seguimiento y evaluación de impacto social integral para cumplir con los estándares de transparencia exigibles. Asimismo, se promoverá una relación más estrecha con el Estado, especialmente en las regiones, a través de una mayor presencia en lo local. Por otro lado, se tratará de promover una mayor participación de PYMES, con el fin de lograr una participación más plural en el seno de la asociación en el que la Cooperación Española puede colaborar a través de su rol articulador de actores. Por último, se promoverá un mayor intercambio de experiencias entre los distintos actores.

  En la línea de lo señalado, la CE, a través de la AECID, contribuirá a dar impulso a la implementación de las Alianzas Multiactor de la Cooperación para el Desarrollo Sostenible un esquema que viene siendo promovido por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). En ese sentido, se propiciará un trabajo conjunto entre ambas partes, para alcanzar este objetivo común.

• e. Universidades y centros docentes y de investigación

  En el período 2013-2016 la AOD aportada al Perú vía Universidades ha sido de 1,6 millones de Euros (un 1,6% de la AOD neta total en este período). Si bien es cierto, que el aporte resulta relativamente pequeño en términos cuantitativos, se considera en cambio cualitativamente significativo e intensivo en cuanto a intercambio de conocimientos y el establecimiento de vínculos entre instituciones homologas. En 2016, 27 universidades españolas tenían presencia en Perú mediante algún tipo de instrumento de cooperación universitaria al desarrollo (Proyectos, Becas, Investigación, Asistencias Técnicas, Programas de voluntariado, etc.). Por otra parte, Perú aparece en todos los casos entre los diez países que concentra más recursos en todos los instrumentos de Cooperación Universitaria al Desarrollo considerados (Informe del Observatorio de la Cooperación Universitaria al Desarrollo. OCUD 2016).

• f. Organismos Multilaterales, Cooperación Iberoamericana y Unión Europea

  El Sistema de las Naciones en Perú (SNU), bajo el liderazgo del Coordinadora Residente del SNU está conformado por varias de las agencias y fondos con presencia y actuaciones en el país: FAO, UNICEF, UNFPA, PMA, PNUD, Banco Mundial, UNODOC, UNOPS, OIM OPS-OMS, FIDA, OIT, GEF, Fondo contra el Sida la Malaria y la Tuberculosis. Cuentan con un marco de acción conjunto: el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDAF) que define su estrategia de desarrollo para el período 2017-2021. La AECID está colaborando con varias de las Agencias en Perú como OIT (Iniciativa Regional de lucha contra erradicación trabajo infantil. ODS 8), PNUD (cambio climático, ODS 13), UNESCO (patrimonio, ODS 11), FAO (Iniciativa Regional América Latina y Caribe sin hambre. ODS1), UNFPA (violencia de género. ODS 5). Se espera continuar la colaboración con el SNU, a través de esta modalidad de cooperación.

  En el ámbito de la cooperación con Instituciones Financieras de Desarrollo-IFDs, se seguirá potenciando la colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo, en el marco del «Acuerdo Marco de Financiamiento España-BID» y con aquellas otras IFID´s con las que AECID establezca marcos de colaboración.

  A nivel regional hay que destacar las líneas de trabajo con la Secretaria General Iberoamericana-SEGIB con oficina para la región andina en Perú o con la Organización de Estados Iberoamericanos-OEI (en temas de educación y cultura), con los que se continuará trabajando y estableciendo sinergias durante la vigencia de este MAP.

  La Unión Europea, en conjunto con los Estados Miembro (EEMM), son el principal donante con el país. A través de la presencia de la Delegación de la Unión Europea se impulsa el Programa Indicativo Nacional de Cooperación, y se coordina la cooperación del conjunto de EEMM que contribuyen con AOD al país. A través de cooperación delegada de la Unión Europea la CE contribuirá al ODS 9 y en conjunto con la cooperación alemana.

• g. Cooperación Sur-Sur y Triangular

  La CE, de manera alineada con el Programa Iberoamericano de Cooperación Sur Sur y Triangular, impulsa la cooperación horizontal entre países de América Latina y el Caribe, contribuyendo desde las capacidades en la región al éxito de los resultados establecidos en los Marcos de Asociación con cada país.

  Durante el próximo periodo se promoverá las alianzas conjuntas de España con países de la región latinoamericana y del Caribe para la consecución de los ODS en Perú, así como se promoverá la contribución conjunta de Perú y España al desarrollo de terceros países, compartiendo su experiencia y capacidades.

5. Análisis de riesgos

La heterogeneidad de la geografía y las condiciones climáticas convierten a Perú en uno de los diez países con mayor diversidad en el planeta y en uno de los más vulnerable a los efectos del cambio climático, a pesar de haber contribuido de manera mínima (0.4% del total mundial, según PNUD, 2013) al proceso de calentamiento global a través de la emisión de gases de efecto invernadero (GEI). Es el cuarto país con mayor cobertura boscosa tropical y alberga el 71 % de los glaciares tropicales en el mundo. La desforestación es la principal causa de las emisiones de GEI, por tanto, la conservación de los bosques es primordial para Perú (MINAM).

En cuanto a los riesgos sociales asociados a conflictos medio ambientales, si bien el Gobierno peruano ha avanzado en el diseño e implementación de las regulaciones ambientales y sociales, un porcentaje importante de los conflictos mineros en Perú está asociado a problemas de índole social y ambiental. Las comunidades aledañas a los emprendimientos mineros perciben que la mediana y gran minería amenazan a sus medios de subsistencia, y su calidad y modo de vida.

La infraestructura de los sectores educación, salud, energía y vivienda, son los más susceptibles al riesgo sísmico del país. Adicionalmente, los impactos de eventos hidrometeorológicos extremos, como el Fenómeno El Niño (FEN), plantean retos importantes para reducir los efectos negativos sobre la población, en particular la más vulnerable. La infraestructura pública y los sectores productivos como la pesca y la agricultura son vitales. En ese sentido, el fortalecimiento de políticas integrales en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) y en particular, las políticas de reducción del riesgo y el mejor manejo fiscal de los desastres deberían continuar siendo una prioridad.

Entre 2014 y 2017, la expansión de la economía peruana se desaceleró a un promedio de 3,1% anual, sobre todo como consecuencia de la caída del precio internacional de las materias primas, entre ellas el cobre, principal producto de exportación peruano. Esto generó una contracción de la inversión privada, menores ingresos fiscales y una reducción del consumo. A partir de 2018 se inició un repunte en el crecimiento impulsado por una recuperación en la demanda interna. Por un lado, los precios más altos de las materias primas se vienen traduciendo en una nueva ola de inversiones mineras. Además, la inversión pública se ha acelerado debido a una mejor ejecución del gasto fiscal.

Las proyecciones de crecimiento para Perú son vulnerables a impactos externos como una caída de precios de las materias primas o un ajuste de las condiciones financieras internacionales. Algunos eventos que podrían desencadenar estos efectos son una escalada de las medidas proteccionistas en el ámbito comercial, una desaceleración del crecimiento de China o una mayor incertidumbre acerca de la viabilidad financiera de otras economías emergentes. Además, la economía está expuesta a riesgos naturales, incluyendo fenómenos climáticos recurrentes como El Niño. Frente a estos riesgos, la economía peruana ha establecido amortiguadores monetarios, cambiarios y fiscales que permitirían atenuar sus efectos.

6. Recursos

La AOD bilateral total bruta de España con Perú se ha mantenido casi constante desde el año 2014 en el entorno de los 18 millones de euros, de los cuales una media del 27% corresponde a la Administración General del Estado a través de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social; un 67% corresponde a las Comunidades Autónomas, a través de las convocatorias a ONGDs donde destaca el País Vasco con más de 7 millones de euros anuales; y un 5% a entidades locales y universidades. Se espera que para el próximo periodo se pueda mantener el mismo nivel de financiación.

En cuanto la previsión de porcentaje de distribución de recursos por ODS, periodo 2019-2022, se adjunta en el anexo III la» Matriz de Previsión de Recursos» por ODS/Líneas de Acción/Resultados de Desarrollo.

*Existen dos intervenciones en activo que contribuyen a dos ODS cada una: Una de ellas (0,41% del total de recursos), incluida en el ODS 11, contribuye de igual modo al ODS 4. La otra (0,55% del total de recursos), incluida en el ODS 3, contribuye de igual modo con el ODS 9.

Los recursos financieros citados son estimativos y no conllevan compromisos financieros; su asignación definitiva se realizará en los procedimientos correspondientes, estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria y se realizará con cargo a los créditos ordinarios de los distintos actores implicados.

En el caso de los fondos a ONGD que se canalizan, en su mayor parte, a través de procesos de concurrencia competitiva, nos son completamente previsibles, por lo que se trata de estimaciones que pueden variar en función de la resolución de adjudicación de las convocatorias.

7. Seguimiento, evaluación y rendición mutua de cuentas

a. Seguimiento

El sistema de seguimiento para el MAP 2019-2022 de Perú será un sistema articulado con los sistemas de seguimiento del país y con los de las intervenciones de los diferentes actores de la CE. Se centrará en el seguimiento de los resultados intermedios de la CE a través de la medición de los indicadores propuestos en la Matriz de Seguimiento de Resultados (MSR). Para medir la contribución de la CE, se hará el seguimiento de las intervenciones que cada actor desarrolla en el país ligadas a los resultados intermedios a los que la CE va a contribuir con productos específicos, concretos y medibles. Los actores de la CE que aparecen en la MSR ligados a un resultado intermedio se comprometen a proporcionar la medición de los indicadores. Anualmente se presentará un informe de seguimiento, que en el último año hará balance de todo el periodo.

La MSR representa la cadena lógica de resultados con tres niveles: Resultados de Desarrollo (Nivel 1) definidos por el país socio y con un efecto-impacto a largo plazo, Resultados de la Cooperación (Nivel 2) definidos por el conjunto de actores de la CE. El tercer nivel de resultados: Productos (Nivel 3) estará vinculado con cada actor de la CE en el país y no se incluye en esta Matriz.

Por otro lado, la MSR solo recoge aquellos Resultados de Desarrollo Intermedio, cuyos indicadores la CE se compromete a medir anualmente para el seguimiento del MAP y de cara a la rendición de cuentas mutua. Para ello cada actor que aparece reflejado en el Marco asume la responsabilidad de proporcionar la información necesaria del MAP.

La MSR establece además de la correlación entre todos los instrumentos de planificación (Planes Nacionales de Desarrollo, ODS -metas- y Líneas de Acción del Plan Director), los Resultados de Desarrollo y Resultados Intermedios a los que se pretende contribuir.

A continuación, un Cuadro Resumen que contiene los RD y los RI establecidos por la CE:

Cuadro II. Resumen Rd y RI CE

R.D del país (Nivel 1) (Efectos)	R.I de la CE (Nivel 2) (Efectos impactos)
1. Cambiar patrones socioculturales que reproducen relaciones desiguales de poder y diferencias jerárquicas que legitiman y exacerban la violencia de género, que afecta desproporcionadamente a las mujeres en su diversidad (entre ellas las niñas, adolescentes, adultas y adultas mayores; mujeres indígenas, afrodescendientes y mestizas; mujeres urbanas y rurales; mujeres heterosexuales, lesbianas, bisexuales y trans; mujeres con discapacidad; mujeres migrantes; mujeres viviendo con VIH, mujeres en prostitución y mujeres privadas de libertad), en la familia, sociedad e instituciones públicas y privadas. (Objetivo Estratégico 1 del Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2016 - 2021).	Las mujeres víctimas de violencia de género están amparadas por marco legal que protege eficazmente sus derechos.
	Las mujeres víctimas de violencia de género confían en los canales de denuncia establecidos y denuncian las agresiones.
	Las denuncias de delitos de violencia de género son eficazmente investigadas y judicializadas.
	La sociedad reivindica los derechos de las mujeres, combate los estereotipos de género y el sexismo y muestra una menor tolerancia hacia la violencia contra las mujeres, participando de manera activa en su prevención.
	El marco jurídico e institucional propicia la incorporación de la igualdad de género y el derecho a una vida libre de violencia de género en las políticas públicas y en la sociedad.
Mejorar y fortalecer el desempeño de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica en el país. (Objetivo de la Política Nacional e Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica CONCYTED 2016).	Las mypes y unidades productivas son más competitivas e inclusivas y mejoran su inserción en mercados internos y externos.
	Instituciones públicas y actores nacionales y locales peruanos relacionados con la innovación han fortalecidos sus capacidades.
	Fortalecidos procesos de innovación social en el marco de alianzas entre entidades sociales, sector privado y público peruano.
Asegurar una calidad ambiental adecuada para la salud y el desarrollo integral de las personas, previniendo la afectación de ecosistemas, recuperando ambientes degradados y promoviendo una gestión integrada de los riesgos ambientales, así como una producción limpia y ecoeficiente. (OE- 2, PLANAA 2013-2021).	Se han incrementado las capacidades técnicas de los servicios climáticos nacional y local, para la gestión y monitoreo de riesgos de desastres, así como para mejorar los sistemas locales de información y alertas temprana.
	Se han construido modelos resilientes para el bienestar, conciliando la gobernanza ambiental, la gestión de riesgos de desastres, la conservación de los ecosistemas y la reducción de la pobreza.
Atender a la población sin acceso a los servicios, y de manera prioritaria a la de escasos recursos. (O Específico del eje de Política 1 Acceso a la población a los Servicios de Saneamiento. Política Nacional de Saneamiento 2017).	Ampliada la cobertura del servicio de agua potable.
	Ampliada la cobertura del servicio de saneamiento.
	Sistemas de agua potable y saneamiento con un adecuado funcionamiento del servicio.
Incrementar la cobertura y asegurar una oferta de educación técnico-productiva de calidad articulada a las demandas de desarrollo local y nacional. (Lineamiento de Política 5 de Educación. Plan Bicentenario.)	Los colectivos vulnerables acceden a un sistema de formación profesional que proporciona competencias adecuadas a la demanda laboral existente.
Garantizado el respeto irrestricto y la vigencia de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución y los reconocidos en los diversos tratados internacionales suscritos por el Perú. (Primer lineamiento de política de Derechos Humanos del «PLAN BICENTENARIO: El Perú hacia el 2021».)	La población está amparada por un marco legal-institucional que protege eficazmente sus derechos y evita la discriminación.
	Los ciudadanos, especialmente los grupos en situación de vulnerabilidad conocen sus derechos legales y cómo ejercerlos.
	Servidores/as y funcionarios/as civiles incorporan el enfoque de derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario en la gestión pública, promoviendo el ejercicio pleno de la ciudadanía y la cultura de paz.
Implementados los estándares internacionales sobre Empresa y Derechos Humanos (Lineamiento estratégico N°5 del PNDH 2018-2021).	Las empresas asumen prácticas de diligencia debida para evitar impactos negativos en los derechos fundamentales en sus actividades lucrativas.
La ciudadanía participa equitativa y eficientemente en los procesos de democratización política, toma de decisiones públicas y descentralización institucional para el desarrollo del país, a fin de asegurar su confianza en las instituciones públicas y la gobernabilidad en los distintos niveles de gobierno (OE2 del Eje Estratégico 3 «ESTADO Y GOBERNABILIDAD» del «PLAN BICENTENARIO: El Perú hacia el 2021»).	El desarrollo territorial y urbanístico incorpora mecanismos de gobernanza colaborativa.
	Fortalecidas las capacidades para la gestión, puesta en valor y conservación del patrimonio histórico y cultural.

El mecanismo de seguimiento permitirá verificar si el MAP Perú se ejecuta conforme a lo previsto y contribuye al logro de los Resultados propuestos. Para ello será necesario elaborar información no solo en torno a los datos de los indicadores sino también analizar los elementos críticos que condicionan el MAP y que puedan determinar la adopción de medidas. El seguimiento identificará los cambios del contexto de cada resultado que determinan su consecución, así como los puntos críticos para alcanzar las prioridades. Permitirá construir una asociación más sólida entre los socios identificados con los resultados de desarrollo propuestos, y su contribución efectiva, a través de la participación en el sistema de seguimiento, permitirá la revisión y reconstrucción de la lógica de intervención de forma continua durante todo el proceso.

Los Anexos II y III, Cuadro de Asociación y MSR se actualizarán anualmente por acuerdo de la Comisión Paritaria y recomendación del CCEP, para poder incluir nuevos aportes e indicadores en función del contexto. Para ello no será necesaria la modificación del Acta de Comisión Mixta.

b. Evaluación

Durante el último año de ejecución del MAP y previa información a la DGPOLDES, se procederá a realizar una evaluación externa final del MAP bajo su acompañamiento metodológico. Se establecerá un Comité de Gestión liderado por la AECID y la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) quienes se encargarán de la aprobación formal de los términos de referencia, del contrato del equipo de evaluación y velar por que la evaluación se desarrolle según las diferentes fases previstas, coordinando y promoviendo la participación del resto de actores.

Todo este proceso será liderado en terreno por la AECID y la APCI quienes mantendrán una comunicación continua y fluida con los actores tanto de Perú como de España involucrados en el desarrollo del Marco de Asociación. La OTC será también la responsable de elaborar en coordinación con el Comité de Gestión y el resto de los actores, la respuesta de gestión y el plan de mejora. El informe final y un resumen ejecutivo del mismo también serán publicados en la web de la AECID.

c. Rendición Mutua de Cuentas

Durante el proceso de seguimiento del MAP se activarán el conjunto de reuniones con instituciones contrapartes, ONGD españolas y sus socias locales, actores estratégicos, etc. en relación a cada una de las Líneas de Acción y ODS priorizados, las que acabarán dando como resultado un Informe Anual de Seguimiento. Este Informe será validado por el CCCEP y remitido a AECID y DGPOLDES para su revisión con el resto de actores implicados. Si hubiese consideraciones pertinentes, se incorporarán al documento y será finalmente validado por la SECIPIC. El informe final será difundido a través del CCCEP con los distintos actores participantes en el proceso, será también compartido con la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) y el Comité Paritario de Seguimiento del MAP. El documento será también publicado en la web de la AECID como forma de rendición de cuentas y transparencia.

Complementariamente, también servirán para la rendición de cuentas los distintos mecanismos y espacios de coordinación en los que AECID participa junto con otros países y OOII donantes. Es el caso de la aplicación de la Matriz Integrada de Proyectos de Cooperación Internacional (MIPCI) de la APCI para el reporte de información de la cooperación oficial. Asimismo, el Foro de Cooperantes convocado por la APCI se continuará constituyendo en el espacio de diálogo entre el Estado Peruano y representantes de los países y OOII presentes en el país. Además, se continuarán celebrando las reuniones de trabajo de Jefes de Cooperación de los países miembros de la UE, lideradas por el jefe de la sección de cooperación de la Delegación de la UE (DUE) y, por último y en un nivel temático y/o sectorial, las distintas mesas de armonización que comparte con países y OOII donantes, sector público y privado en las que participa AECID.

8. Glosario de Acrónimos

AECID: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

AGE: Administración General del Estado.

AGCED: Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo.

AOD: Ayuda Oficial al Desarrollo.

APCI: Agencia Peruana de Cooperación Internacional.

BID: Banco Interamericano de Desarrollo.

BM: Banco Mundial.

CCAA: Comunidades Autónomas.

CCCEP: Consejo de Coordinación de la Cooperación Española en el Perú.

CE: Cooperación Española.

CENEPRED: Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres.

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.

CIMHET: Conferencia de Directores de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Iberoamericanos.

CITE: Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica.

CODIA: Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua.

COEECI: Coordinadora de Entidades Extranjeras de Cooperación Internacional.

CONCYTED: Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica.

CTI: Cooperación Técnica Internacional.

DDHH: Derechos Humanos.

DENP: Dictamen de Extracción no Perjudicial.

DGPC: Dirección General de Protección Civil.

DGPOLDES: Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible.

DUE: Delegación de la Unión Europea.

EELL: Entidades Locales.

EEMM: Estados Miembros.

ENDES: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

ENSAN: Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

EPU: Examen Periódico Universal.

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

FCAS: Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento.

FEN: Fenómeno de El Niño.

FIDA: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola.

FIIAPP: Fundación Internacional e Iberoamericana.

FONCHIP: Fondo de Cooperación Hispano Peruano.

GDR: Gestión del Riesgo de Desastres.

GEF: Fondo para el Medio Ambiente Mundial.

GEI: Gases de Efecto Invernadero.

HR: Hoja de Ruta.

IDH: Índice de Desarrollo Humano.

IED: Inversión Extranjera Directa.

IFD: Institución Financiera de Desarrollo.

INDECI: Instituto Nacional de Defensa Civil.

INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

LA: Línea de Acción.

LGTB: Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales.

LGTBI: Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales.

LOPE: Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

MAP: Marco Asociación País.

MEF: Ministerio de Economía y Finanzas.

MESAGEN: Mesa de Género de la Cooperación Internacional en el Perú.

MCLCP: Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza.

MINAM: Ministerio del Ambiente.

MIPCI: Matriz Integrada de Proyectos de Cooperación Internacional.

MVCS: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

OCUD: Observatorio de la Cooperación Universitaria al Desarrollo.

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible.

OEI: Organización de Estados Iberoamericanos.

OFECOM: Oficina Económica y Comercial.

OIM: Organización Internacional para las Migraciones.

OIT: Organización Internacional del Trabajo.

ONGD: Organización No Gubernamental para el Desarrollo.

ONG: Organización No Gubernamental.

OPS/OMS: Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud.

OSC: Organizaciones de la Sociedad Civil.

OSCE: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.

OTC: Oficina Técnica de Cooperación.

PCM: Presidencia del Consejo de Ministros.

PCS.

PD: Plan Director.

PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado.

PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado.

PEDN: Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Anual.

PEM: Plan Estratégico Multisectorial.

PGG: Política General del Gobierno.

PIB: Producto Interior Bruto.

PLANAA: Plan Nacional de Acción Ambiental.

PMA: Programa Mundial de Alimentos.

PNA: Política Nacional del Ambiente.

PNCTI: Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional.

PNDH: Plan Nacional de Derechos Humanos.

PNSR: Programa Nacional de Saneamiento Rural.

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

PROCOES: Programa de Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua y Saneamiento en Perú.

PYMES: Pequeñas y Medianas Empresas.

RD: Resultado de Desarrollo.

RI: Resultado Intermedio.

RIOCC: Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático.

RSC: Responsabilidad Social Corporativa.

SEACE: Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado.

SECIPIC: Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe.

SEGIB: Secretaria General Iberoamericana.

SEIN: Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

SERVIR: Autoridad Nacional del Servicio Civil.

SIAF: Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público.

SINAGERD: Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

SINAPLAN: Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.

SNIP: Sistema Nacional de Inversión Pública.

SNU: Sistema de las Naciones Unidas.

TIFIES: Plan de Acción Español contra el Tráfico Ilegal y el Furtivismo Internacional.

UCE: Unidad de Cooperación en el Exterior.

UE: Unión Europea.

UNDAF: Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas.

UNICEF: Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia.

UNODOC: Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito.

UNOPS: Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos.

El presente Acuerdo internacional administrativo entró en vigor el 28 de febrero de 2019, fecha de su firma.